Este EPU es una oportunidad para que el gobierno ecuatoriano, durante la gestión de Moreno, reconozca que no ha implementado recomendaciones clave en materia de libertad de expresión y asociación que había aceptado durante su examen anterior, en 2012. Instamos al gobierno de Moreno a aprovechar esta oportunidad y se comprometa a derogar estas normas problemáticas y a abordar otros problemas de derechos humanos que existen en el país.