En diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y “reorganizar” el poder judicial, en medio de graves acusaciones en su contra de corrupción. El Congreso lo destituyó y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Miles de manifestantes salieron a las calles pidiendo elecciones anticipadas y otras demandas. Aunque la gran mayoría de los manifestantes fueron pacíficos, algunos cometieron actos de violencia. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza desproporcionada. Decenas de manifestantes y transeúntes y un agente de policía murieron. También son motivo de grave preocupación las amenazas a la libertad de expresión y la violencia contra las mujeres y los defensores ambientales e indígenas.

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