La intensificación de la cooperación migratoria con Marruecos hizo que disminuyera considerablemente el número de personas que llegaban a España por mar y a través de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. La ley que permitía a los guardias fronterizos devolver sumariamente a los migrantes de los enclaves a Marruecos no se modificó a pesar de las críticas internacionales. El Tribunal Supremo condenó a 9 políticos y activistas catalanes independentistas por sedición y les impuso penas de entre 9 y 13 años por actos no violentos en relación con el referéndum de independencia de 2017, previamente considerados ilegales por los tribunales españoles. Se mantienen las disposiciones penales obsoletas relativas a la violencia sexual, a pesar de la indignación por la condena de varios hombres acusados de violación en grupo por cargos menores.

 

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