Los legisladores españoles deberían rechazar una Proposición de Ley “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas” que está siendo discutida en el Congreso de los Diputados. Diversos estudios realizados en Europa muestran de manera consistente que las leyes que penalizan la contratación de actos sexuales, lo que se conoce como modelo nórdico, agravan la violencia sexual y el acoso contra trabajadoras y trabajadores sexuales, y no tienen un efecto demostrable de reducción de la trata de personas ni de la demanda por sexo.
A través de estudios encargados por el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte, se demostró que “no hay evidencia” de que la criminalización de la contratación de actos sexuales, establecida en 2015 en dicho país, haya generado una menor demanda de servicios sexuales. También se concluyó que la ley había tenido “un efecto disuasivo limitado en el comportamiento de los clientes”. En Francia, el establecimiento en 2016 del modelo nórdico creó entre quienes usan estos servicios el temor a ser detenidos, lo cual obligó a las personas que realizan trabajo sexual en la calle a hacerlo en lugares apartados y peligrosos, y esto provocó un aumento drástico en el número de homicidios. Las estadísticas de UglyMugs.ie, una organización de trabajadores sexuales con sede en Irlanda, mostraron un aumento del 92 % en las denuncias de delitos violentos contra trabajadores sexuales en el país durante los dos primeros años después que se adoptara el modelo nórdico en 2017. En 2022, un informe financiado por el Departamento de Justicia irlandés concluyó que una quinta parte de las personas que ejercen el comercio sexual entrevistadas había sido objeto de explotación sexual por policías, y que la legislación había “marginado en forma drástica” a una población en riesgo.
La Proposición de Ley española también amenaza el derecho a la vivienda y prevé penas de hasta cuatro años de prisión para quienes (incluidas otras trabajadoras sexuales) alquilen un espacio con el fin de “facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento”. Esto podría llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales que, como medida de seguridad, viven y trabajan juntas.
El Grupo Consultivo sobre Trabajo Sexual del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) señaló, en 2009, refiriéndose a la criminalización de actividades asociadas con la comercialización de actos sexuales como brindar transporte a trabajadores sexuales en peligro o poseer un establecimiento donde se vende sexo que, “Por consiguiente… las trabajadoras sexuales y quienes gestionan su trabajo, e incluso familiares suyos, pueden enfrentar cargos penales”.
La criminalización también socava y pone en riesgo el trabajo de activistas y defensoras de derechos humanos. Un informe de 2021 concluyó que las leyes contra el trabajo sexual hacen que sea peligroso para las y los defensores reunirse en forma presencial, organizarse en línea, contactar a víctimas de trata y realizar acciones de divulgación sobre salud en establecimientos donde se ejerce el comercio sexual , por temor a ser detenidas.
Los legisladores españoles deberían actuar en función de lo que muestran en forma sistemática los datos que emanan de fuentes confiables: criminalizar a los clientes no resulta en mayor seguridad para las trabajadoras y los trabajadores, ni tampoco elimina la demanda por trabajo sexual. Por el contrario, crea las condiciones para una mayor explotación, obliga a quienes ejercen el trabajo sexual a realizarlo sin tomar las medidas de seguridad necesarias y pone en riesgo la labor de las y los defensores de derechos humanos.
