Nicaragua: Acusaciones fabricadas contra críticos
Condiciones de detención abusivas, violaciones al debido proceso y procesamientos arbitrarios

La excesiva concentración de poder en el ejecutivo ha permitido que el gobierno del presidente Daniel Ortega cometa graves abusos contra críticos con absoluta impunidad. En abril de 2018, agentes de policía, en concertación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimieron brutalmente protestas contra el régimen, generando un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y detenciones arbitrarias de manifestantes. Desde entonces, el gobierno nicaragüense ha intensificado la represión contra la sociedad civil y periodistas independientes y ha expulsado a varias organizaciones internacionales que daban seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país. El presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021, por medio de elecciones que la Organización de los Estados Americanos no consideró libres ni justas, y que estuvieron precedidas por numerosas detenciones de críticos del gobierno, incluyendo de varios candidatos presidenciales.
Condiciones de detención abusivas, violaciones al debido proceso y procesamientos arbitrarios
Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua
Hay casos no reportados; Manejo irresponsable de la pandemia por el gobierno
Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua
Cierres arbitrarios de organizaciones socavan derechos y obstaculizan la provisión de asistencia humanitaria
El Consejo de Derechos Humanos adopta resolución para investigar abusos
Se necesita una investigación internacional independiente para garantizar justicia
Se trata de la última arremetida del gobierno para consolidar autoritarismo
Consejo de Derechos Humanos - Actualización oral provisional de la Resolución 46/2 sobre Nicaragua
Puede que se esté agotando el tiempo para que Washington y sus aliados hagan que los gobiernos de la región rindan cuentas