La excesiva concentración de poder en el ejecutivo ha permitido que el gobierno del presidente Daniel Ortega cometa graves abusos contra críticos con absoluta impunidad. En abril de 2018, agentes de policía, en concertación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimieron brutalmente protestas contra el régimen, generando un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y detenciones arbitrarias de manifestantes. Desde entonces, el gobierno nicaragüense ha intensificado la represión contra la sociedad civil y periodistas independientes y ha expulsado a varias organizaciones internacionales que daban seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país. El presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021, por medio de elecciones que la Organización de los Estados Americanos no consideró libres ni justas, y que estuvieron precedidas por numerosas detenciones de críticos del gobierno, incluyendo de varios candidatos presidenciales.

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