Resumen

De cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, el gobierno del Presidente Daniel Ortega ha iniciado una campaña de detenciones arbitrarias y persecución contra críticos del gobierno, incluidos prominentes opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.

A su vez, el gobierno se ha aprovechado de su mayoría en la Asamblea Nacional para adoptar restricciones amplias que socavan gravemente derechos humanos fundamentales, así como una “reforma” electoral que, en la práctica, facilita la posibilidad de inhabilitar a opositores políticos. El gobierno también ha retenido el control del Consejo Supremo Electoral (CSE), el organismo de supervisión electoral de Nicaragua, luego de que la Asamblea Nacional designara a nuevos miembros del CSE, todos ellos afines al gobierno. Pocos días después, este órgano canceló la personería jurídica de un partido de oposición que funcionaba como el vehículo electoral de una de las dos principales coaliciones opositoras.

Desde fines de mayo de 2021, mientras se estaba finalizando este informe, y a lo largo de una semana, las autoridades nicaragüenses detuvieron a destacados candidatos presidenciales opositores e impulsaron investigaciones penales contra ellos que parecen responder a motivaciones políticas:

• Cristiana Chamorro está siendo investigada por presunto lavado de dinero y “falsedad ideológica”, entre otros cargos. El Ministerio de Gobernación la acusó de utilizar fondos internacionales, enviados a través de una fundación que trabaja por la defensa de la libertad de expresión, para cometer “actos de terrorismo y desestabilización”. El Ministerio Público luego solicitó la inhabilitación de Chamorro para postularse a la presidencia por estar sujeta a un proceso penal. Posteriormente la policía allanó su casa y se dispuso su arresto domiciliario.
• Arturo Cruz Sequeira fue detenido por la policía al bajar de un avión procedente de Estados Unidos, por supuestamente “atentar contra la sociedad nicaragüense”. Desde su detención, Cruz ha estado incomunicado en la Dirección de Auxilio Judicial (conocida también como la cárcel de El Chipote), un centro de detención donde los detenidos han sufrido abusos en reiteradas ocasiones. Cruz prácticamente no ha tenido acceso a su abogado o familiares.
• Félix Maradiaga está siendo investigado por supuestamente “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” e “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Al momento de preparación de este documento, Maradiaga encontraba incomunicado y, al parecer, en la cárcel de El Chipote.
• Juan Sebastián Chamorro fue detenido el mismo día que Maradiaga. Se lo acusó de los mismos delitos. También se encontraba incomunicado y, al parecer, en El Chipote.

Las autoridades llevaron a cabo una ola de nuevos arrestos durante los días siguientes, y, hasta el 14 de junio, habían detenido a otros nueve reconocidos críticos del gobierno. El 20 de junio detuvieron, además, a otro candidato presidencial de oposición, Miguel Mora Barberena. Al igual que Maradiaga y Chamorro, estas personas están siendo investigadas por presuntamente “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” e “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

Los arrestos de prominentes opositores políticos y críticos, junto con otras graves violaciones de derechos humanos que Human Rights Watch documentó durante la investigación para este informe, parecen formar parte de una estrategia gubernamental más amplia para reprimir el disenso, infundir temor y restringir la participación política. En las condiciones actuales, los nicaragüenses enfrentan obstáculos enormes —y probablemente infranqueables— para el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como de sus derechos a votar y a postularse a cargos públicos en elecciones libres y justas.

Entre febrero y junio de 2021, Human Rights Watch entrevistó de forma telefónica a 53 personas en Nicaragua, incluidos 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que habían sido víctimas de hostigamiento o habían sido sometidos a detenciones arbitrarias. También revisamos fotografías y videos de las detenciones y del asedio policial, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales y organismos internacionales de derechos humanos. El 14 de mayo, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre el estado de las investigaciones relativas a detenciones y actos de hostigamiento, pero no había recibido una respuesta al momento de la publicación del informe.

A menudo, el gobierno despliega a miembros de las fuerzas de seguridad —incluidos militares, policías antidisturbios y policías de civil— y a partidarios del gobierno frente a las viviendas de críticos. Hemos documentado casos en los cuales los oficiales impidieron que los críticos, y a veces sus familiares, pudieran salir de sus casas, y tomaron fotografías a quienes entraban o salían de las residencias o les pidieron sus documentos de identidad. Algunas de las personas que han sido blanco de estas tácticas del gobierno han informado que esta vigilancia los desalienta de participar en manifestaciones o actividades relacionadas con grupos opositores y que también intimida a sus vecinos. Además, la policía ha impuesto restricciones específicas a la circulación de dirigentes de oposición, como prohibirles que se trasladen fuera de las ciudades donde viven para asistir a eventos partidarios, impidiéndoles participar en actividades de sus partidos.

Las víctimas explicaron que la policía permanece apostada frente a sus viviendas, a veces en forma intermitente, en ocasiones por períodos de algunas horas y, en algunos casos, durante días o meses. En ciertos casos, la policía se presenta fuera de sus viviendas durante la noche y despierta a las personas con las sirenas de las patrullas policiales. Muchas víctimas manifestaron sentirse aisladas y no poder visitar a amistades o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas. En dos casos que se documentan en este informe, las acciones policiales perjudicaron a menores de edad. En un caso, la policía impidió que dos niñas asistieran a la escuela durante tres días; y en otro, demoró el acceso de un niño a la atención sanitaria.

Para comprar alimentos, ir a trabajar o visitar familiares, algunas víctimas tuvieron que salir de forma encubierta o eligieron hacerlo solo cuando la policía no estuviera presente frente a sus casas. Incluso en esos casos, la policía las siguió en varias oportunidades, generalmente en motocicletas. En dos casos que documentamos, policías y miembros de grupos armados partidarios del gobierno golpearon y detuvieron a quienes habían salido de sus casas. La prensa y organizaciones de derechos humanos han informado que la policía obligó a críticos a borrar de sus celulares videos o fotografías de manifestaciones, además de hostigar y golpear a quienes cubrían protestas o eventos de oposición.

Algunas de las personas que sufrieron acoso fueron sometidas a detención arbitraria reiteradas veces, en general por períodos que iban desde horas hasta días. La policía detuvo a críticos del gobierno en retenes policiales, en la vía pública o en sus viviendas, en general sin mostrar una orden de allanamiento. En la mayoría de los casos, la policía no les indicó por qué estaban siendo detenidas ni les mostró órdenes de detención. Documentamos tres casos en los cuales mujeres sufrieron acoso y agresión sexual mientras estuvieron detenidas.

La policía acusó a algunas de estas personas de “golpistas”, de “trabajar para Estados Unidos” y/o de “odiar al gobierno”. A su vez, quienes habían sido detenidos anteriormente durante la brutal represión de las protestas contra el gobierno en 2018, y sometidos a procesos judiciales plagados de abusos, han sufrido acoso y vigilancia policial regularmente desde que fueron liberados. En varios casos, las autoridades los interrogaron sobre su activismo político. Y en al menos siete casos, las fuerzas de seguridad volvieron a arrestarlos, aunque por hechos en principio no vinculados con las causas impulsadas en su contra en 2018.

A menudo, la policía amenazó a personas al momento de su liberación, advirtiéndoles que podría matarlas o volver a detenerlas. Varias refirieron haber recibido maltratos durante la detención y, en al menos dos casos que documentó Human Rights Watch, es probable que esto abusos constituyan torturas. Estos casos incluyen golpizas violentas, obligar a mujeres a hacer sentadillas desnudas sin ningún fin aparente más que humillarlas e intimidarlas, y someter a una persona reiteradamente a la práctica de sumergir su cabeza bajo el agua.

Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación nicaragüenses han informado sobre más de 400 casos que reflejan un patrón similar al que documentó Human Rights Watch. Estos abusos adquieren un carácter más notorio en el contexto electoral actual, dado que parecen estar orientados a limitar la participación política de críticos y opositores.

Ante los intentos flagrantes del gobierno de Ortega por debilitar las instituciones democráticas fundamentales y avasallar los derechos de los nicaragüenses, es crucial que los actores internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia respondan con mayor contundencia. Human Rights Watch insta a la comunidad internacional a redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a la escalada represiva actual, aseguren que los responsables sean llevados ante la justicia y garanticen que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos políticos en elecciones libres y justas.

 

Recomendaciones

A fin de asegurar rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, impedir que continúen y garantizar que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos políticos, es fundamental que se intensifique la presión internacional sobre el gobierno de Nicaragua. Concretamente:

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deberían:

• Exhortar al gobierno de Nicaragua a que cumpla con la resolución A/HRC/46/L.8 del Consejo, del 12 de marzo de 2021, así como supervisar su cumplimiento. La resolución insta al gobierno a que “derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, y a “aprobar [...] reformas electorales e institucionales que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles, de acuerdo con las normas internacionales, que prevean la presencia de observadores electorales independientes nacionales e internacionales”^[1].
• Seguir atentamente las actualizaciones e informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH) y cerciorarse de que se realice un escrutinio constante de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, lo cual incluye exhortar al gobierno nicaragüense a que permita el acceso del equipo de la OACNUDH a Nicaragua para monitorear y documentar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el país desde abril de 2018.
   

El Secretario General de la ONU António Guterres debería:

• Continuar dando seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua y manifestar públicamente su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
• Sobre la base de su Llamado a la acción por los derechos humanos y de conformidad con el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, señalar la crisis en Nicaragua a la atención del Consejo de Seguridad e instar a sus miembros a que lleven a cabo una sesión abierta sobre este tema.
• Exhortar al Consejo de Seguridad de la ONU a que apoye los esfuerzos de la OACNUDH y del Consejo de Derechos Humanos con respecto a Nicaragua.
• Expresar públicamente el apoyo a los esfuerzos internacionales para llevar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua ante la justicia.

Los Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deberían:

• Invitar tanto al Secretario General como a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a informar a los miembros del Consejo acerca de la situación en Nicaragua en una sesión pública formal o informal.
• Incluir a Nicaragua a la agenda del Consejo de Seguridad y considerar la implementación de sanciones individuales contra los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Los Procedimientos Especiales pertinentes de la ONU deberían:

• Monitorear e informar al Consejo de Derechos Humanos acerca de las violaciones de derechos humanos que se hayan producido y que se enmarquen dentro de sus mandatos; por ejemplo, con respecto a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, la libertad de opinión y expresión, la situación de los defensores de derechos humanos, la violencia contra las mujeres y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular lo relativo a las prácticas abusivas de las autoridades nicaragüenses contra quienes critican al gobierno.

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE), los Estados Miembros de la UE, los gobiernos de América Latina y otros gobiernos preocupados por la situación en el país deberían:

• Ejercer presión sobre el gobierno de Ortega para que autorice a los organismos internacionales de derechos humanos que fueron expulsados en 2018 —la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos— a que vuelvan a ingresar a Nicaragua con el fin de dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el país.
• Imponer sanciones individuales (o mantenerlas, si ya se han implementado), incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, incluidos:
  • El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio. Miembros de la Policía Nacional han cometido graves violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2018, incluyendo el uso desproporcionado de la fuerza que, en algunas oportunidades, llevó a ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; gran cantidad de detenciones arbitrarias o ilegales; frecuentes malos tratos, y casos de violencia sexual en centros de detención. A su vez, el gobierno del Presidente Ortega ha reprimido selectivamente a defensores de derechos humanos mediante amenazas de muerte, ataques físicos, detenciones arbitrarias, allanamientos abusivos y cierres forzosos de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, así como con legislación abusiva que restringe la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
  • La Vicepresidenta Rosario María Murillo de Ortega, quien generalmente se considera que comparte las facultades presidenciales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la ha señalado como la “copresidenta de facto” de Nicaragua, y ha indicado que tiene “acceso e influencia” sobre la policía. Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que los discursos de Murillo “avala[ron]” y ayudaron a “acrecent[ar]” la represión de 2018[2]. Murillo también ha expresado públicamente su apoyo a las reformas legislativas represivas, incluida la reforma constitucional sobre “crímenes de odio” a la que se hace referencia en este informe.
  • El diputado Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional y aliado cercano del gobierno. Bajo el liderazgo de Porras, la Asamblea Nacional promulgó leyes que debilitan a las instituciones y los procesos democráticos, incluidas la Ley Especial de Ciberdelitos; la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz; y una Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 para delitos cometidos en el contexto de las protestas de 2018, que contribuyó a limitar las investigaciones penales contra los responsables de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos en el país.
  • El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada oficialista —el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— que tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Bajo su liderazgo, los legisladores del FSLN han sancionado varias reformas que restringen gravemente la libertad de expresión y asociación, incluidas la Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma constitucional sobre crímenes de odio, así como la Ley de Amnistía.
  • La Fiscal General Ana Julia Guido Ochoa, quien fue nombrada en 2014 y continúa en el cargo el día de hoy, encabezaba el Ministerio Público cuando se produjeron procesos penales arbitrarios contra opositores durante las protestas de 2018 y seguía ejerciendo ese cargo cuando se llevaron adelante las investigaciones y los procesos penales documentados en este informe. Bajo su liderazgo, el Ministerio Público impulsó investigaciones penales arbitrarias contra líderes de la oposición y críticos.
  • El Director General de la Policía Nacional Francisco Javier Díaz, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre la fuerza; inicialmente como subdirector y luego como director general durante las protestas contra el gobierno en 2018. Como jefe de la fuerza, Díaz es responsable por la actuación de los agentes que son sus subordinados, dado que él sabía o debería haber sabido sobre sus acciones represivas, incluidas las formas de represión selectiva que la policía lleva a cabo en la actualidad.
• Exhortar al gobierno a que cree una unidad de investigación independiente con expertos internacionales que se ocupen de supervisar investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas, llevadas a cabo por el Ministerio Público, sobre la presunta responsabilidad de altos mandos de la policía en graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión en 2018 y posteriormente.
• A través de sus representantes y embajadas en Nicaragua, realizar un seguimiento riguroso de la situación en el terreno, incluso mediante el monitoreo de juicios contra opositores y críticos, si resulta posible, y visitas a los detenidos en prisión o bajo arresto domiciliario, si les es permitido; y condenar abiertamente los abusos contra medios independientes y defensores de derechos humanos, además de brindar apoyo a su labor.
• Exhortar al gobierno a que ponga fin a las violaciones de derechos humanos contra críticos, como las que se documentan en el informe, incluida la violencia sexual y otros malos tratos —que, en algunas ocasiones, constituyen torturas— a los detenidos.
   

Los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían:

• Presionar al gobierno de Ortega para que autorice una visita al país por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a que su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) vuelva a ingresar en el país.
• Continuar realizando un seguimiento riguroso e informando sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluso en relación con las elecciones presidenciales de 2021, como parte de su presente análisis respecto de las obligaciones asumidas por Nicaragua conforme a la Carta Democrática Interamericana.

Los Estados Miembros de la Convención contra la Tortura de 1984 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura deberían:

• Ejercer la jurisdicción penal, en la medida en que lo permita el derecho interno, respecto de funcionarios nicaragüenses responsables de torturas, de conformidad con el artículo 5 de la Convención contra la Tortura de la ONU.

 

Leyes represivas y reforma electoral en Nicaragua

El Presidente Daniel Ortega ha estado en el poder de manera ininterrumpida desde 2007. En 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que le permitió ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato consecutivo[3]. Y una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido —que controlaba (y aún controla) la Asamblea Nacional— derogó los límites al período presidencial, permitiéndole que volviera a postularse a un tercer mandato en 2016[4]. Su gobierno ejerce pleno control sobre todos los poderes del Estado, incluyendo el poder judicial y el Consejo Supremo Electoral[5]. Ortega busca la reelección para un cuarto mandato el 7 de noviembre de 2021[6].

Una serie de cambios en la normativa electoral, junto con la sanción de nuevas leyes y reformas, han reducido drásticamente la posibilidad de los opositores al gobierno y de otros individuos de manifestar sus críticas a las políticas gubernamentales. Estas medidas de amplio alcance son incompatibles con los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como los derechos a votar y presentarse a cargos públicos en elecciones libres y justas, lo cual implica que Nicaragua está violando sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[7]. A su vez, la Carta Democrática Interamericana insta a los Estados Miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a “promover y defender” la democracia, incluyendo mediante el respeto de los derechos humanos y la eliminación de barreras para la participación en organizaciones políticas y en la vida pública[8].

Falsa reforma electoral

En octubre de 2020, la OEA adoptó una resolución exhortando al gobierno de Ortega a implementar reformas electorales, incluidas “misiones de observación electoral integradas por observadores internacionales independientes y acreditados” y “la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”[9].

En lugar de ello, el 4 de mayo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó una reforma electoral que consolida el control gubernamental sobre el proceso electoral y que parece estar diseñada para distorsionar aún más el contexto para favorecer al Presidente Ortega[10]. Específicamente, la reforma:

• Tipifica conductas que permiten excluir a candidatos presidenciales. Prohíbe la participación de los denominados “traidores a la patria” y personas que reciban “financiamiento extranjero”, términos excesivamente amplios y con definiciones vagas que podrían ser aplicados de manera selectiva contra opositores políticos para evitar que se presenten a elecciones o se postulen a algún cargo público[11].
• No exige que haya observadores electorales nacionales o internacionales independientes, un requisito que la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han considerado fundamental para que haya escrutinios creíbles de las elecciones[12].
• Regula las facultades de la Policía Nacional para autorizar manifestaciones en espacios públicos, incluidos eventos públicos de campaña electoral. Dada la participación directa de la policía en la represión contra opositores, y la falta de independencia del poder judicial para controlar sus excesos, es sumamente improbable que la Policía Nacional vaya a ejercer estas facultades s de una forma que favorezca la participación política[13].

El 4 de mayo, Ortega se aseguró el férreo control sobre el órgano de supervisión electoral, el Consejo Supremo Electoral (CSE), cuando la Asamblea Nacional (controlada por el partido gobernante, el FSLN) designó a nuevos miembros leales a su partido. De acuerdo con las leyes nicaragüenses, la Asamblea Nacional tiene la facultad de designar a los miembros del CSE “en consulta con las organizaciones civiles pertinentes”[14]. No solo no se consultó a la sociedad civil, sino que tampoco se eligió ni un solo miembro que hubiera sido propuesto por la oposición[15]. El actual CSE está conformado por siete miembros y tres suplentes, la mayoría de los cuales son miembros del partido de gobierno o exfuncionarios gubernamentales[16]. Seis de ellos fueron propuestos por el FSLN y el resto por partidos aliados con Ortega[17].

El 18 de mayo, el Consejo Supremo Electoral resolvió cancelar la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD) —que representa a los movimientos cívicos y políticos que conforman la Coalición Nacional opositora—, bajo el argumento de que el PRD había violado los “postulados que sirvieron de simiente para la constitución del partido”[18]. Como consecuencia, el PRD tiene prohibido participar en las próximas elecciones presidenciales.

El 3 de junio, el CSE emitió una declaración inhabilitando a los candidatos presidenciales que “no cumplieran” con las leyes de Nicaragua; por ejemplo, las leyes sobre los denominados “agentes extranjeros” y “traidores a la patria”, que incluyen disposiciones sumamente amplias que se prestan a abusos, tal como se describe más abajo[19].

Leyes represivas

La reforma electoral se suma a la adopción de otras leyes y reformas sancionadas por la Asamblea Nacional oficialista en los últimos meses que vulneran gravemente derechos fundamentales y el Estado de derecho, y que contribuyen a generar un contexto en el cual es imposible llevar a cabo elecciones libres y justas. Estas leyes violan el debido proceso establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y podrían utilizarse para disuadir expresiones críticas, restringir la libertad de reunión, dar apariencia de legalidad a detenciones arbitrarias, inhibir la participación de opositores en elecciones y mantener encarcelados a críticos sin presentar acusaciones formales, con el propósito de restringir o limitar su participación política.

La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley N° 1055), de diciembre de 2020, prohíbe que los denominados “traidores a la patria” se postulen a cargos públicos o los ocupen. Emplea términos sumamente imprecisos para definir quiénes son “traidores a la patria”; por ejemplo, considera “traidores” a aquellos que “menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación” o “lesionen los intereses supremos de la nación”. La ley no indica cómo se llegaría a esa determinación ni quién la realizaría[20].
 

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de octubre de 2020 exige que las personas físicas y jurídicas que reciban fondos del extranjero se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación[21]. A su vez, prohíbe que las personas registradas como “agentes extranjeros” intervengan en “cuestiones, actividades o temas de política interna y externa”, y establece que, de hacerlo, podrían aplicárseles sanciones penales indeterminadas. La ley también establece que aquellos que no se registren en el término de 60 días, a partir de la entrada en vigencia de la ley, podrían ser sujetos a multas, la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes[22].
 

La Ley Especial de Ciberdelitos, también sancionada en octubre de 2020, prevé penas de hasta cuatro años de prisión para quienes, usando las tecnologías de la comunicación, “publiquen” o “difundan” información “falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra”. También pena con hasta cinco años de prisión a quienes publiquen “información falsa o tergiversada” que “incita al odio y a la violencia, [o] pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”, aunque estos términos no se definen en la ley[23].
 

En una reforma constitucional adoptada en enero de 2021, se establece la pena de prisión perpetua por “delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”[24]. La reforma podría allanar el camino para nuevos abusos, dado que el gobierno a menudo ha acusado, sin fundamentos, a críticos y opositores políticos de cometer “delitos de odio”[25].
 

Una reforma del Código Procesal Penal de febrero de 2021 habilita a los fiscales a mantener a personas detenidas durante largos períodos sin presentar una acusación[26]. Previamente, los fiscales tenían que acusar o liberar a detenidos pasadas las 48 horas en detención. La reforma ahora permite que los jueces extiendan el plazo de detención por hasta 90 días. Al analizar la solicitud de extensión, un juez debe tomar en consideración diversos factores, como la “gravedad del hecho”, “la complejidad de la investigación” y si “se trata de delitos de relevancia social y trascendencia nacional”. Sin embargo, la ley en cuestión no define qué constituye un delito de “relevancia social” o de “trascendencia nacional”.

Detención arbitraria y hostigamiento selectivo

La brutal represión de manifestantes por miembros de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno en 2018 dejó un saldo de más de 300 muertos y 2.000 heridos, además de cientos de personas detenidas arbitrariamente y procesadas[27]. Más de 100 personas detenidas durante las manifestaciones fueron liberadas en el marco de una amplia Ley de Amnistía adoptada en junio de 2019[28]. Debido en parte a esa ley, al momento de redacción de este informe no habían investigaciones ni procesos penales en curso para identificar y condenar a los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la represión de 2018. En 2019, el Presidente Ortega ascendió a altos funcionarios implicados en abusos[29].

En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución sobre la situación en Nicaragua, en la cual manifestó que policías y grupos armados seguían cometiendo abusos, incluidos “ataques violentos y ... repetidos actos de intimidación y hostigamiento”[30]. Nuestra investigación demuestra que, desde que se aprobó la Ley de Amnistía, el gobierno de Ortega ha utilizado acciones de represión selectiva, como vigilancia, acoso, amenazas, torturas y detenciones arbitrarias contra la miembros de la sociedad civil y opositores políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a conclusiones similares[31].

La organización de derechos humanos nicaragüense Mecanismo de Reconocimiento de Presos Políticos informó que, sobre la base de las denuncias recibidas e informes de prensa, el gobierno había detenido a 402 personas arbitrariamente en 2020. De esas 402 personas, 65 enfrentaron procesos penales y 45 fueron condenadas. No se formularon cargos contra la mayoría de los detenidos, quienes fueron liberados después de varias horas o días[32].

Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua indican que, a junio de 2021, otras 124 personas percibidas como críticas del gobierno continuaban detenidas arbitrariamente[33]. Muchas han estado detenidas por más de un año.

Para este informe, Human Rights Watch documentó 46 casos de hostigamiento de críticos, incluida la detención arbitraria y la persecución penal de cuatro reconocidos candidatos presidenciales de la oposición. En 15 de los 44 casos, agentes de seguridad impidieron a los críticos abandonar sus hogares por días o incluso semanas, en circunstancias que constituyen detención y arresto arbitrarios. Varios fueron amenazados con ser sometidos a procesos judiciales o siguen bajo investigación.

A continuación se describen detalladamente los casos de hostigamiento contra 20 líderes opositores y críticos.

Detenciones y procesamiento arbitrario de líderes de la oposición

Cristiana Chamorro

Cristiana Chamorro, de 67 años, es periodista y precandidata presidencial en las elecciones de 2021. El 20 de mayo, Chamorro recibió dos citaciones del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público^[34]. En ambas se le ordenaba presentarse ante dichos organismos. El Ministerio de Gobernación notificó a Chamorro de una investigación penal iniciada en su contra por presunto “lavado de dinero, bienes y activos” a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización civil que promueve la libertad de prensa^[35]. Chamorro dirigió la fundación hasta la suspensión de sus actividades el 5 de febrero de 2021, tras la adopción de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que, como se describe en el capítulo anterior, intenta controlar a las organizaciones que operan en Nicaragua y reciben financiamiento externo^[36].

El mismo día que se enviaron las citaciones, la policía allanó la sede de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, junto con la sede de El Confidencial, un medio independiente que dirige el hermano de Cristiana Chamorro, Carlos Fernando Chamorro. Durante el allanamiento, las autoridades confiscaron equipos y detuvieron a un camarógrafo y a un periodista por algunas horas.

En respuesta a la citación del Ministerio de Gobernación, Chamorro se presentó en las oficinas del ministerio el 20 de mayo, donde las autoridades la interrogaron acerca de las fuentes de financiamiento de la fundación. La retuvieron allí durante tres horas y no permitieron el ingreso de su abogada^[37].

El 21 de mayo, Chamorro se presentó en las oficinas del Ministerio Público, cumpliendo con la segunda citación. Inicialmente, las autoridades le indicaron a Chamorro que su abogada no podía estar presente durante el interrogatorio. Tras negarse a declarar sin su abogada presente, las autoridades permitieron el ingreso de su abogada. Cuando su abogada exigió saber cuál era la acusación en contra de Chamorro, las autoridades hicieron referencia a la citación del Ministerio de Gobernación, sin mencionar cuáles hechos constituían la base de la investigación^[38].

Verbalmente, las autoridades del Ministerio Público le informaron que se la acusaba de haber utilizado fondos extranjeros desviados a través de la fundación para cometer “actos de terrorismo y desestabilización” desde 2018. La investigación está basada en la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en julio de 2018^[39].

El 1 de junio, el equipo de defensa de Chamorro encontró una acusación en su contra en el sistema en línea del poder judicial. Los fiscales no le notificaron a ella ni a sus abogados sobre los cargos que figuraban en la acusación. El mismo día, la Fiscalía emitió una declaración pública en la que anunció que se investigaba a Chamorro por “los delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva”, y solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos porque, al encontrarse imputada de un delito, no estaba “en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”^[40]. Conforme al derecho nicaragüense, la inhabilitación para ocupar cargos públicos es una sanción que solo puede adoptar el Consejo Supremo Electoral luego de que haya concluido un proceso judicial^[41]. La solicitud para inhabilitar a Chamorro fue anunciada el día después de que ella anunciara públicamente su intención de postularse a la presidencia, presentándose a las primarias de la Alianza Ciudadana por la Libertad, una coalición conformada por el partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a movimientos sociales^[42].

Asimismo, el Ministerio Público congeló los activos de Chamorro, levantó el sigilo bancario y le prohibió irse del país, asistir a ciertos lugares y reuniones, así como comunicarse con personas que tuvieran relación con la investigación^[43]. El derecho nicaragüense permite la adopción de estas medidas cuando sea necesario para una investigación penal^[44].

El 2 de junio, según la defensa de Chamorro, oficiales de la policía en motocicletas junto con agentes antidisturbios y personas de civil arribaron al domicilio de Chamorro, allanaron su vivienda sin presentar una orden judicial y dispusieron su arresto domiciliario. Posteriormente, la policía le ordenó a la trabajadora doméstica que se encontraba en la vivienda de Chamorro que se retirara. La abogada de Chamorro no pudo verla ni hablar con ella, y la policía agredió a periodistas que cubrían el allanamiento^[45]. A la fecha de elaboración de este informe, Chamorro continuaba prácticamente incomunicada dentro de su vivienda.

En un comunicado de prensa que se publicó el 2 de junio, el Ministerio Público anunció que una jueza había autorizado el allanamiento y la detención de Chamorro. Ese señalamiento no se corrobora con un documento disponible en el sistema en línea del poder judicial que, según sostiene su abogada, únicamente revela que la jueza “convalidó” el accionar de la policía el 3 de junio, esto es, un día después de que ocurrió^[46].

Según el derecho nicaragüense, la policía solo puede realizar allanamientos sin una orden judicial en casos urgentes muy específicos, como por ejemplo cuando se está ante la comisión de un delito o cuando una persona pide ayuda, y dicho allanamiento debe ser convalidado por un tribunal durante las 24 horas posteriores^[47]. Dado que el proceso de convalidación tiene por objetivo obtener una autorización judicial ex post facto, para allanamientos policiales en los cuales no se haya solicitado una orden judicial previa, la orden de convalidación en el caso de Chamorro sugiere claramente que el Ministerio Público y la policía no actuaron sobre la base de una autorización judicial preexistente. Dicha conclusión se apoya en el hecho de que la policía no exhibió una orden de allanamiento previo a su ingreso en el domicilio de Chamorro.

Asimismo, existen serias dudas acerca de la legitimidad del allanamiento que tuvo lugar en el domicilio de Chamorro y su posterior convalidación; según pudo determinar Human Rights Watch, no se cumplieron ninguna de las condiciones necesarias para realizar un allanamiento sin orden judicial previa.

Al 16 de junio, el equipo de defensores de Chamorro no había podido acceder al expediente judicial de su caso, más allá de la limitada información disponible en el sistema judicial en línea.

A su vez, oficiales acompañados de personas vestidas de civil intimidaron a una integrante del equipo de abogados de Chamorro cuando ella se retiraba de las oficinas del Ministerio Público el 27 de mayo, luego de presentar un documento vinculado a la causa. Oficiales y personas de civil la interceptaron en la vía pública, así como también a un periodista que había declarado en la causa y al abogado del periodista, y les solicitaron sus documentos de identificación. Luego, los separaron para interrogarlos y le dijeron a la integrante del equipo de abogados de Chamorro que se fuera a su auto. Oficiales le tomaron fotografías al vehículo y le preguntaron: “¿No tienes miedo de que alguien se lleve tu auto?”^[48]. Luego, la dejaron irse sin dar ninguna explicación. Una fotografía en la cual se observa a las tres personas siendo interceptadas por la policía corrobora este relato^[49].

Marco Fletes y Walter Gómez, el ex contador y el gerente financiero de la fundación, respectivamente, están siendo investigados en la misma causa por presunto “lavado de dinero”. La noche del 28 de mayo, Fletes fue arrestado por personas de civil y Gómez fue detenido por policías, ambos en Managua, según trascendió en la prensa^[50]. La abogada de Gómez dijo a Human Rights Watch que ambos han estado incomunicados y que desde el momento del arresto se les impidió a sus familias y abogados verlos o hablar con ellos. Se encontrarían detenidos en la cárcel de El Chipote, pero no existe información oficial que confirme su paradero. Ambos seguían bajo investigación a la fecha de redacción de este informe^[51].

En relación con la causa de Chamorro, el 25 de mayo, el Ministerio Público citó a Guillermo Medrano y a Lourdes Arróliga, dos miembros de la fundación, y a María Lilly Delgado, una periodista que había trabajado como consultora para la fundación^[52]. Cuando pidieron asistir acompañados por sus abogados, los fiscales les dijeron que si solicitaban declarar junto con sus abogados “iban a pasar de ser testigos a imputados”^[53]. Los tres se abstuvieron de declarar y, de acuerdo con una persona con conocimiento legal del caso, desconocen de qué delitos se les acusa. El 1 de junio, el Ministerio Público les prohibió salir del país, asistir a ciertos lugares y reuniones, y comunicarse con personas que tuvieran relación con los hechos objeto de investigación^[54].

 

Arturo Cruz Sequeira

Arturo Cruz Sequeira, de 67 años, es exembajador a los Estados Unidos y precandidato presidencial por la coalición opositora, Alianza Ciudadana por la Libertad. La policía lo arrestó el 5 de junio, cuando llegaba al aeropuerto de Managua en un vuelo proveniente de Estados Unidos^[55]. Durante varios días, Cruz estuvo incomunicado en la cárcel de El Chipote, sin acceso a su abogado ni a sus familiares.

El 5 de junio, el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa en el cual informaba que Cruz estaba siendo investigado por “fuertes indicios de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de Nicaragua”^[56]. El comunicado citaba la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley N.° 1055) promulgada en diciembre de 2020, que, como se sostuvo anteriormente, parece haber sido diseñada para impedir la participación de candidatos opositores en las elecciones.

Tal como se describe en este informe, la ley prohíbe a los llamados “traidores a la patria” (a quienes se define en términos imprecisos y amplios) ocupar o postularse para cargos públicos. El equipo de defensores de Cruz manifestó no contar con información adicional relativa a los hechos que constituyen la base de la investigación.

La policía allanó el domicilio de Cruz el 7 de junio. Su chofer, quien estuvo presente durante el allanamiento, informó al abogado que la policía se había llevado “documentación”, pero que no conocía su contenido. El abogado de Cruz también dijo a Human Rights Watch que la policía le mostró a un guardia de seguridad que se encontraba afuera del domicilio de Cruz una orden de allanamiento, pero que no había podido acceder al documento a través del sistema en línea del poder judicial.

Al abogado se le impidió participar en una “audiencia especial de tutela de garantías constitucionales” el 7 de junio, donde se designó a un defensor público en su lugar. El objetivo de dichas audiencias, que fueron creadas tras la reforma del Código Procesal Penal en febrero, como se describe más arriba en este informe, es evaluar las solicitudes para extender el tiempo que pueden permanecer detenidas las personas bajo investigación. El Ministerio Público pidió extender el plazo de detención de Cruz a 90 días, y argumentó que el delito presuntamente cometido por él (“provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”) era grave y complejo, y que Cruz probablemente obstruiría la investigación judicial^[57]. Según su abogado, el juez otorgó la extensión.

Félix Maradiaga

Félix Maradiaga, de 44 años, es académico y precandidato presidencial por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Maradiaga ha sufrido acoso policial reiteradamente desde septiembre de 2021^[58]. Oficiales seguían a Maradiaga a todos los sitios a donde iba, incluyendo a sus actividades políticas. En numerosas oportunidades, cuando intentó trasladarse a otras ciudades para asistir a reuniones y eventos políticos, la policía le indicó que no podía salir de Managua.

El 17 de diciembre de 2020, Maradiaga intentó salir de su domicilio pero los agentes le dijeron que “no tenía permiso para salir”. Maradiaga intentó salir pese a la advertencia policial, pero los agentes respondieron violentamente y le fracturaron dos dedos de la mano derecha. Una fotografía en los registros de Human Rights Watch corrobora las lesiones sufridas por Maradiaga^[59]. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, varios oficiales estuvieron apostados durante todo el día en el exterior del domicilio de Maradiaga.

Posteriormente, la policía vigiló a Maradiaga diariamente y lo siguió a todos los lugares que iba. Algunos días, sin explicación alguna, oficiales le impidieron salir de su domicilio.

El 8 de junio de 2021, Maradiaga cumplió con una citación del Ministerio Público y se presentó en las oficinas del Ministerio. Los fiscales lo interrogaron en relación con los fondos que recibió para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, una organización no gubernamental que había dirigido previamente. También le preguntaron si “había pedido sanciones para funcionarios y por el gobierno”, informó su abogado a Human Rights Watch[60]. Se presume que se referían a sanciones impuestas por gobiernos extranjeros a funcionarios nicaragüenses.

Inmediatamente después de que Maradiaga saliera de la fiscalía, agentes de policía lo sacaron violentamente de su vehículo y lo golpearon en el rostro, contó uno de los abogados que presenció los hechos. La policía lo detuvo por presuntamente “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” e “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”^[61]. Desde entonces, al parecer se encuentra incomunicado en El Chipote.

Juan Sebastián Chamorro

Juan Sebastián Chamorro, de 50 años, es director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana por la Libertad^[62]. Es primo de Cristiana Chamorro.

Juan Sebastián Chamorro relató a Human Rights Watch que varios policías, a menudo seis o siete oficiales, y a veces en compañía de agentes antidisturbios, se apostaron frente a su domicilio en Managua de manera casi constante desde el 26 de septiembre de 2020. Chamorro indicó que, en octubre, cuando salía para participar en una reunión con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en otra ciudad, la policía le indicó que no podía salir de Managua.

Los agentes también seguían a Chamorro a donde fuera y le tomaban fotografías. En febrero de 2021, cuando un policía lo siguió a un restaurante, Chamorro le dijo que dejara de “invadir [su] privacidad”. El agente respondió dándole tres puñetazos en el pecho a Chamorro.

Durante una semana en mayo, los agentes le impidieron a Chamorro salir de su domicilio. Le decían que “no tenía derecho a salir”. Human Rights Watch tuvo acceso a un video en el cual se ve a policías que impiden su salida del domicilio^[63].

El 8 de junio, Chamorro recibió una notificación del Ministerio Público citándolo a presentarse en las oficinas del Ministerio el 9 de junio^[64]. No obstante, horas más tarde, la policía detuvo a Chamorro y allanó su domicilio. De acuerdo con el abogado de Chamorro, su esposa, que estaba presente en ese momento, le dijo que los oficiales no les mostraron una orden de allanamiento.

En un comunicado de prensa del 8 de junio, la policía indicó que Chamorro estaba siendo investigado por presuntamente “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” e “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. El comunicado hacía referencia a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley N.°1055)^[65]. Al momento de terminar este informe, al parecer se encontraba incomunicado en El Chipote.

Otros casos de detenciones y arrestos arbitrarios, incluyendo el arresto domiciliario de facto

Valeska Sandoval

Valeska Sandoval, de 22 años, activista por los derechos humanos y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, fue detenida arbitrariamente durante las protestas de 2018. La golpearon mientras estaba detenida y fue liberada después de algunos días^[66]. Sandoval dijo haber pedido asilo en EE. UU. en 2020, pero haber sido deportada.

El 24 de abril de 2021, Sandoval estaba en un centro comercial de Managua con unos amigos cuando notó que alguien los seguía, según contó.

Después de separarse de sus amigos intentó llamar a un taxi, pero un policía la tomó del brazo. Luego, tres policías antidisturbios la subieron por la fuerza a un vehículo policial y la llevaron a la prisión El Chipote sin ofrecer ninguna explicación.

Dos policías la llevaron a un lugar que ella describió como una “bodega” dentro de El Chipote y le ataron las manos con un cable al techo, obligándola a estar de pie con las manos sobre la cabeza. Uno de los oficiales le dijo: “Quiero saber qué fue lo que fuiste a hablar con Estados Unidos”. Luego, policías antidisturbios la abofetearon y la golpearon en el estómago; lo que provocó que le “dislocaran” dos costillas, según dijo. Human Rights Watch revisó fotografías donde se ven contusiones en el rostro, los brazos y el abdomen de Sandoval que son consistentes con su relato[67].

Los policías le desataron las manos y le sumergieron la cabeza en un tanque de agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos, según relató. Después, volvieron a atarle las manos con cables y la dejaron en la bodega todo el día. “La próxima vez que volvamos a verte, te vamos a matar”, le dijo esa noche un policía, “porque sigues posteando, y llamando a desobediencia civil en tus cuentas de redes sociales”. Después de dos días detenida, los policías usaron un dispositivo para administrarle fuertes descargas eléctricas en el brazo y el cuello, dijo Sandoval. Como consecuencia, perdió el conocimiento. Finalmente se despertó cuando la arrojaron de un vehículo policial a la vereda frente a la casa de su tía el 26 de abril.

En ningún momento se presentaron cargos contra Sandoval por ningún delito[68].

Constanza Gutiérrez (seudónimo)

Constanza Gutiérrez, de 38 años, representa la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a nivel local[69]. El 8 de septiembre de 2020, seis policías se presentaron en su casa, le ordenaron a su esposo que abriera la puerta e ingresaron sin mostrar una orden de allanamiento, según contó Gutiérrez a Human Rights Watch.

Luego procedieron a arrestarla, diciéndole que estaba “siendo investigada”. Cuando ella preguntó por qué, un policía le respondió: “[Te detengo] porque esas son mis órdenes”, relató Gutiérrez.

En la dependencia policial, la acusaron de enviar una amenaza de muerte “anónima” a un oficial, lo cual Gutiérrez negó. El día antes del arresto había estado pegando panfletos con críticas al gobierno; la policía le exigió durante el interrogatorio que proporcionara “el listado de las personas que pegaron las papeletas”. Como Gutiérrez se rehusó a hacerlo, los policías la llevaron a una celda sin baño y le dijeron que no la liberarían hasta que les proporcionara la lista.

Después de algunas horas, los policías reanudaron el interrogatorio y le ordenaron que les diera la contraseña de su teléfono. Cuando se negó a hacerlo, le ordenaron que se desvistiera y que hiciera dos sentadillas, completamente desnuda, mientras una cámara la filmaba y hombres y mujeres policías pasaban al frente de la puerta abierta, la miraban y se reían. Temía que los policías la violaran, contó.

Luego la volvieron a trasladar a su celda. Gutiérrez solicitó ropa abrigada o mantas porque hacía mucho frío en la celda, pero los policías se negaron a proporcionárselas. Después de algunas horas volvieron a interrogarla, e insistieron en que les diera la contraseña del teléfono. Al negarse, volvieron a obligarla a desvestirse y a hacer sentadillas desnuda. Gutiérrez fue interrogada numerosas veces durante las 48 horas en las que estuvo detenida. Durante la detención, recibió comida en mal estado y no le dieron agua.

La policía la liberó sin presentar cargos y le dijeron que la responsabilizarían por “cualquier alboroto que ocurriera en [la ciudad donde vive]”. Gutiérrez se mudó a otra ciudad.

Bryan Quiroz

Bryan Quiroz, de 26 años, de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), estuvo detenido en tres oportunidades en 2020[70]. Anteriormente, en respuesta a su participación en actividades opositoras durante las protestas de 2018, había sido arrestado de manera arbitraria. Quiroz estuvo en prisión preventiva por un período prolongado y fue condenado por cargos que respondían a motivaciones políticas. Las violaciones de derechos durante su procesamiento en 2018 incluyeron maltratos durante la detención y restricciones a su derecho a disponer de representación legal; no pudo comunicarse libremente y de manera confidencial con su abogado[71].

Su arresto y detención más reciente fue el 20 de noviembre de 2020, cuando policías lo detuvieron en la ciudad de Somoto, adonde había ido para asistir a una reunión de la Coalición Nacional, integrada por partidos y movimientos sociales. Él y otros dos miembros de la coalición esperaban un autobús cuando la policía les pidió sus identificaciones. Tras verificar la identificación de Quiroz, cuatro policías antidisturbios lo subieron por la fuerza a un vehículo, le confiscaron el teléfono y lo llevaron a la estación policial de Somoto, contó Quiroz. Nunca le explicaron por qué.

En la estación, un policía le pidió la contraseña de su teléfono. Quiroz se negó a dársela y el oficial lo amenazó con encarcelarlo por supuestamente intentar “desestabilizar al país”. Un policía de la Unidad de Inteligencia se sumó al interrogatorio y le preguntó quién “financia[ba] la coalición”. Los policías obligaron a Quiroz a desvestirse y ponerse un uniforme azul.

Quiroz no tuvo acceso a un abogado mientras estuvo en la estación policial; después de su liberación se enteró que su abogada se había presentado en la estación una hora después de su arresto, pero no le habían permitido verlo.

Cuando fue liberado cuatro horas más tarde, un policía lo amenazó diciéndole: “Aquí mucha gente te quiere matar. Un balazo puede venir de cualquier lado”.

Victoria González and José Valenzuela (seudónimos)

El 8 de diciembre de 2020, policías antidisturbios en una ciudad cercana a la frontera con Honduras arrestaron a Victoria González, de 26 años, y a José Valenzuela, de 53, ambos abogados que trabajan para un organismo local de derechos humanos[72].

Los dos estaban de visita en dicha ciudad para ayudar a la familia de una persona asesinada en Honduras a recuperar el cuerpo. Varios policías les indicaron que detuvieran el auto y les pidieron el registro. González y Valenzuela grabaron el incidente en sus teléfonos celulares. En los videos del teléfono de Valenzuela se ve a policías arrestándolos, lo cual coincide con la descripción de ambos de lo ocurrido[73]. Cuando dijeron que trabajaban para una organización de derechos humanos, los policías se rieron y confiscaron sus documentos sobre el caso de Honduras.

En la dependencia policial, los oficiales los mantuvieron en oficinas separadas. Dos mujeres policías registraron a González, tocándole los senos reiteradamente, según relató. La interrogaron durante 20 minutos, mientras la insultaban y le decían que ella y Valenzuela “mentían” sobre lo que estaban haciendo en la ciudad.

El policía que interrogó a Valenzuela dijo que sus actividades “perjudicaban el actuar del gobierno”, según recordó, y le preguntó “quién los financiaba”.

Los policías liberaron a González y Valenzuela después de dos horas, y amenazaron con volver a arrestarlos si no se iban de la ciudad.

Santiago Fajardo

Santiago Fajardo, de 29 años, del movimiento político juvenil Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue detenido arbitrariamente durante las protestas de 2018, liberado gracias a una Ley de Amnistía aprobada en 2019 y detenido nuevamente por la policía antidisturbios en su vivienda en la ciudad de Masaya, el 4 de febrero de 2021[74].

Ese día, policías le exigieron que abriera la puerta, lo obligaron a acostarse boca abajo en el suelo y le apuntaron con sus fusiles, según relató. Human Rights Watch accedió a un video en el cual se ve a tres policías que detienen a Fajardo y le apuntan con fusiles[75]. Los policías llevaron a Fajardo a una celda en la cárcel de El Chipote. Lo obligaron a desvestirse y lo interrogaron durante aproximadamente una hora, preguntándole los nombres de otros miembros de la Alianza. Lo liberaron después de 19 horas, y nunca le explicaron el motivo por el cual lo habían detenido[76]. Fajardo había estado ayudando a juntar firmas para exigir que Ortega implemente reformas electorales; durante su detención, un policía le había dicho “que no podía poner volantes o iba preso nuevamente”.

 

Lenin Salablanca

Lenin Salablanca, un comerciante de 38 años y miembro de la Coalición Nacional, fue detenido arbitrariamente durante las protestas de 2018, acusado de “terrorismo” y liberado por la Ley de Amnistía[77].

Salablanca ha sido detenido y arrestado en al menos cuatro oportunidades desde entonces. El 4 de diciembre de 2020, Salablanca vio a policías fuera de su domicilio en la ciudad de Juigalpa y salió para grabarlos con su teléfono. Los agentes intentaron tomar su teléfono, contó Salablanca, y lo arrojaron al suelo, provocando la dislocación de un dedo de su mano izquierda. Más tarde, la policía lo arrestó fuera de su vivienda[78].

Los policías le dijeron que lo arrestaban por ser un “activista en contra del buen gobierno”, según relató Salablanca, y lo subieron por la fuerza a un vehículo policial, donde lo golpearon y lo amenazaron diciendo “no te vamos a dejar marcas”, para que no pudiera “poner denuncias”.

En la dependencia policial, un agente le pisoteó reiteradamente el pie izquierdo desnudo con su bota, lo cual le provocó graves lesiones en un dedo. La policía lo interrogó y lo liberó después de cuatro horas. No se presentaron cargos en su contra.

Otros casos de hostigamiento

Kalúa Salazar

Kalúa Salazar, de 27 años, jefa de prensa de la estación de radio La Costeñísima, de la municipalidad de Bluefields, es asediada desde 2019, según relató[79]. Policías antidisturbios y agentes vestidos de civil suelen presentarse en su domicilio por la mañana; a veces al amanecer. Hacen sonar las sirenas de sus patrulleros, golpean el portón de la casa de Salazar y se retiran después de algunas horas. A veces, introducen los cañones de sus armas a través de los barrotes de su portón.

Salazar salía de su vivienda rumbo al trabajo el 19 de abril de 2021, cuando un grupo de aproximadamente 30 policías la interceptaron[80]. Cuando comenzó a grabar el incidente con su teléfono, un policía antidisturbios intentó quitarle el aparato, torciéndole el cuello hasta que intervino otro oficial. Oficiales la empujaron hacia el interior de su vivienda y permanecieron fuera las 24 horas durante tres días. Además, no permitieron que ella ni sus hijas, de 5 y 11 años, salieran durante el día. Como consecuencia, las menores no pudieron asistir a la escuela.

María Laura Jiménez (seudónimo)

María Laura Jiménez, de 44 años, miembro de una organización local de derechos humanos, manifestó que policías vigilaron su vivienda desde el 28 de noviembre de 2020 hasta fines de marzo de 2021[81]. Jiménez relató que muchas veces, oficiales le impedían salir de su casa y la llamaban “traidora”. Cuando le permitían salir, a menudo la seguían con vehículos. Ella pudo eludirlos varias veces, pero explicó que se sentía secuestrada en su propia casa.

El 2 de abril de 2021, policías antidisturbios y oficiales se ubicaron frente a su casa y no permitieron que nadie saliera, según señaló Jiménez, ni siquiera para comprar alimentos. Cuando pidió una explicación, la patearon en el estómago y la golpearon con un bastón, causándole contusiones en el brazo. Human Rights Watch revisó fotografías de las lesiones que coinciden con la descripción de Jiménez sobre lo ocurrido[82].

Pablo Hernández (seudónimo)

Pablo Hernández, de 60 años, defensor de derechos humanos, activista sindical y exprofesor universitario, fue detenido en septiembre de 2018, procesado por participar de protestas pacíficas y liberado en 2019[83].

Hernández relató que la vigilancia policial en su vivienda comenzó en octubre de 2019 y se intensificó en diciembre de 2020, cuando la policía permaneció apostada fuera de su hogar desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. todos los días, impidiéndole salir. En varias oportunidades, colocaron conos de tránsito para impedir que Hernández saliera en su automóvil. Además, fotografiaban su vivienda y a las personas que entraban y salían de su casa. Human Rights Watch revisó varias fotografías en las cuales se ve a policías en el exterior del domicilio de Hernández, lo cual corrobora parte de su relató[84].

El 18 de diciembre de 2020, Hernández salió de su casa en medio de la noche, cuando los policías no estaban vigilando. Desde ese momento, ha vivido al menos en cinco casas diferentes, y debe mudarse cuando quienes lo acogen sienten miedo a sufrir represalias policiales por albergarlo.

Ramiro Cruz (seudónimo)

Ramiro Cruz, de 56 años, líder campesino, fue golpeado y detenido por policías en noviembre de 2018, que lo acusaron del delito vago de “terrorismo” debido a su participación en protestas pacíficas. Fue liberado en el marco de la Ley de Amnistía de 2019[85].

Desde septiembre de 2020, grupos partidarios del gobierno, policías y oficiales antidisturbios vigilan su vivienda, ubicada en Managua, desde las 4:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. todos los días, según reveló. A veces, se retiran del lugar al mediodía por algunas horas. Cuando Cruz intenta salir de su domicilio, los policías le impiden abrir el portón y, en algunas ocasiones, bloquean la calle con sus vehículos. También pasan patrulleros en medio de la noche y, a través de los altavoces, comunican mensajes como “Sabemos dónde viven los golpistas” y “Estamos a una orden del comandante”. Cruz interpreta estos mensajes como una amenaza de muerte.

Tomás Cáceres (seudónimo)

Tomás Cáceres, de 55 años, un médico de Managua que brindó atención médica a manifestantes y críticos del gobierno, fue despedido del hospital donde trabajaba cuando detuvieron a su hijo Manuel Cáceres (seudónimo), en mayo de 2018, en el contexto de las protestas contra el gobierno[86]. Después de la detención de su hijo, autoridades del Ministerio de Salud le quitaron su sello médico, necesario para ejercer la medicina. Desde ese momento, no ha podido trabajar como médico. Su hijo obtuvo la libertad condicional en diciembre de 2019.

Desde octubre de 2020, policías y partidarios del gobierno vigilan la vivienda de Cáceres todos los días durante varias horas, y él siente temor de intentar salir de su casa. Cuando preguntó por qué lo vigilaban, los policías le respondieron: “Porque atiendes a presos políticos”. Cáceres ha brindado asistencia médica, por teléfono o por videollamada, a críticos del gobierno que se encuentran detenidos y a sus familias.

Cáceres relató que policías amenazaron con cortar el suministro de agua a su casa y con “enviar a [su] hijo de vuelta a la cárcel”. Afines de marzo, las autoridades efectivamente habían cortado el servicio de agua a su vivienda.

El 9 de abril, el sobrino de Cáceres intentó ingresar en la vivienda para darle dinero, pero un grupo de personas partidarias del gobierno se lo impidieron y lo golpearon con puños y con bastones. Al darse cuenta de la situación Cáceres salió rápidamente de la casa, y comenzó a recibir golpes en la espalda por parte de policías y partidarios del gobierno, que lo agredieron con bastones. Human Rights Watch revisó fotografías de las lesiones que presentaba Cáceres que coinciden con su descripción de lo ocurrido[87].

Jimena Acosta (seudónimo)

Desde diciembre de 2020, policías montan guardia día y noche en el exterior de la vivienda de Jimena Acosta, de 50 años, abogada y defensora de derechos humanos[88]. Cuando sale policías amenazan con detenerla, y regularmente llegan refuerzos para impedir que se vaya. El hijo de 12 años de Acosta, quien vive con ella, comenzó a manifestar síntomas de Covid-19 en enero de 2021. Oficiales no le permitieron salir de la casa para buscar atención médica para su hijo. Acosta tuvo que llamar al padre del niño, que vive en otra localidad, para que llevara al niño a una clínica.

Francisco Torres (seudónimo)

Francisco Torres, de 23 años, miembro un movimiento estudiantil, fue detenido arbitrariamente y procesado en relación con las protestas de 2018[89].

Torres afirmó que después de que lo liberaran por aplicación de la Ley de Amnistía, la policía lo asedió constantemente, y partidarios del gobierno se apostaron en el exterior de su vivienda. Transcurrida una semana, esta situación se tornó “insoportable” y Torres se mudó a una vivienda segura en Managua. Pero la policía también lo seguía allí, incluso cuando salía para ir al cine o estudiar en la universidad. Policías y partidarios del gobierno lo fotografiaban en plazas públicas. En varias oportunidades salió del país, y las autoridades de migraciones lo retuvieron durante dos o tres horas cada vez que viajaba. Le preguntaban a dónde se dirigía, quién pagaba su viaje y por cuánto tiempo se ausentaría.

A mediados de marzo de 2020, regresó a su ciudad para estar más cerca de su familia durante la pandemia. Un día, al regresar de hacer sus compras de alimentos, se encontró con que la policía había rodeado su vivienda. Permanecieron allí durante toda la tarde y le dijeron que tenían información de que él estaba “haciendo reuniones y planeando acciones para desestabilizar el país”. Entre marzo y junio, los policías permanecieron en el exterior de su domicilio durante algunas horas todos los fines de semana. En los feriados nacionales y en las fechas relacionadas con los aniversarios de las protestas de 2018, la cantidad de policías aumentaba. En esas oportunidades, lo obligaban a permanecer en la casa y le decían: “No puedes salir”. En los días en los que pudo salir, fue seguido por policías.

Torres manifestó que la vigilancia se ha intensificado desde junio de 2020, y contó “105 días de hostigamiento” desde el 1 de enero hasta mediados de abril de 2021. Los policías amenazaron con detener a su madre, y con “v[olver] a echar[lo] preso”.

 

Manuel Acosta (seudónimo)

Manuel Acosta, de 39 años, docente de física y matemática y activista, fue procesado por participar en actividades de protesta pacífica en 2018[90]. Desde su liberación en 2019, policías, agentes antidisturbios y partidarios del gobierno vigilan su vivienda durante varias horas todos los días, señaló Acosta. Cuando los oficiales están apostados frente a su casa no le permiten salir, y en algunas ocasiones le apuntan con armas, acusándolo de ser una “amenaza para el gobierno” y un “terrorista y golpista”. Acosta solo puede salir para recibir atención médica o para comprar alimentos cuando los oficiales se retiran.

En fechas relacionadas con el aniversario de las protestas de 2018, la cantidad de policías aumenta, señaló. Las fotografías y los videos que muestran a los policías frente a su vivienda son consistentes con la descripción de los acontecimientos dada por Acosta[91].

Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia

El 26 de marzo, siete directores departamentales de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia estaban participando en una reunión de planificación en la ciudad de Matagalpa cuando la policía llegó para interrumpirla, según lo señalaron dos testigos. La reunión se estaba realizando en una oficina de un bar que administra uno de los miembros de la Alianza, quien —según sostenían los policías— no tenía autorización para desarrollar esa actividad. Dos agentes subieron a la planta alta, donde se encontraba la oficina del dueño del bar, y cuando vieron a las personas reunidas en la sala anunciaron “Aquí están” a través de una radio policial. Según los testigos, los policías les dijeron que “no [tenían] permiso para reunirse”, y que iban a “llevarse a todos detenidos”.

Luego, los oficiales pidieron refuerzos y, poco después, llegaron policías antidisturbios. Tomaron fotografías de los miembros de la coalición y obligaron a las personas a salir del edificio empujándolas, insultándolas y amenazándolas, según nos lo refirió un testigo[92]. Esta persona manifestó que la policía no presentó una orden judicial para ingresar.

 

Agradecimientos

Este informe fue editado por Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina de la división de las Américas; José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas; Juan Pappier, investigador sénior de la división de las Américas; Margaret Knox, editora sénior de la división de las Américas; Ximena Casas, de la división de Derechos de la Mujer; Margaret Wurth, de la división de Derechos del Niño; Sarah Sadooun, de la división de Empresas y Derechos Humanos; Sarah Holewinski, Incidencia-Washington D.C.; Floriane Borel, Incidencia-Ginebra; Claudio Francavilla, Incidencia-Unión Europea; Farida Deif, directora para Canadá; y Louis Charbonneau y Widad Franco, Incidencia-Naciones Unidas. Joe Saunders, director interino de programas, y Michael García Bochenek, asesor legal sénior, se ocuparon de la revisión de programas y legales, respectivamente.

Oriana van Praag y Camilo Moraga-Lewy, asociados de la división de las Américas, junto con Jake Palmer, pasante de esa división, contribuyeron a la producción del informe. El informe fue preparado para la publicación por Fitzroy Hepkins, gerente administrativo; y José Martínez, coordinador administrativo sénior. Fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Human Rights Watch desea agradecer a las organizaciones, activistas y defensores de derechos humanos nicaragüenses que colaboraron con este informe, muchos de las cuales solicitaron no ser identificados. Human Rights Watch agradece en particular a las víctimas que nos transmitieron su testimonio, a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles que atraviesan muchas de estas personas.