El gobierno del presidente Nayib Bukele ha arremetido contra las instituciones democráticas, incluyendo mediante la destitución sumaria y el reemplazo del fiscal general y de todos los jueces que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. Tras conseguir la mayoría legislativa en mayo de 2021, los aliados de Bukele aprobaron leyes que limitaron la transparencia y debilitaron la independencia judicial al destituir de manera arbitraria a jueces de tribunales inferiores y fiscales, entre otras medidas.

En los últimos años, las fuerzas de seguridad del Estado han estado implicadas en abusos gravísimos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales y desapariciones forzadas. Las autoridades generalmente no investigan los crímenes y, en muchos casos, colaboraron con pandillas. Las pandillas ejercen control territorial, extorsionan a residentes y matan, desaparecen, violan o desplazan a quienes les ofrecen resistencia. Mujeres y niñas que presuntamente tuvieron abortos han sido encarceladas por homicidio.

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