(Washington D. C.) – Autoridades de El Salvador detuvieron arbitrariamente a dos defensores de derechos humanos que protestaban pacíficamente contra el desalojo de una comunidad y los ha sometido a detención provisional desde fines de mayo de 2025, señaló hoy Human Rights Watch. Human Rights Watch revisó vídeos y documentos judiciales que demuestran que las detenciones fueron arbitrarias y los cargos infundados.
La policía detuvo a José Ángel Pérez, un pastor y líder comunitario de 55 años, y a Alejandro Antonio Henríquez, un abogado y defensor ambiental de 29 años, quienes se manifestaban pacíficamente contra el desalojo de decenas de familias de la comunidad El Bosque en el distrito de Santa Tecla, cerca de San Salvador. Las autoridades los acusaron de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos” y los enviaron a detención provisional.
“Las pruebas que hemos revisado revelan que estos líderes comunitarios fueron detenidos simplemente por ejercer su derecho de reunión pacífica”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Cuando las autoridades criminalizan la protesta pacífica, el mensaje para la sociedad es inequívoco: guardar silencio o enfrentar la cárcel.”
La fiscalía acusó a Pérez y Henríquez de “resistencia agresiva”, que la legislación salvadoreña define como la interferencia en acciones policiales o judiciales “por medio de violencia, intimidación o amenaza”, y de “desórdenes públicos”, un delito que requiere obstruir las vías públicas o el acceso a ellas, impedir la libre circulación o tránsito o invadir instalaciones o edificios. Las penas por estos delitos van de dos a seis años de prisión.
El 12 de mayo, decenas de miembros de la comunidad El Bosque se reunieron cerca del barrio residencial en el que vive el presidente Nayib Bukele para protestar contra una orden de desalojo que amenazaba con desplazar a unas 300 familias de sus hogares en el cercano distrito de Santa Tecla. Tres días después de la protesta, el tribunal que había emitido la orden decidió revocarla.
Human Rights Watch revisó 16 videos grabados antes, durante y después de la protesta y del arresto de Pérez, así como fotografías, publicaciones en redes sociales y documentos judiciales. Las imágenes muestran a miembros de la comunidad reunidos pacíficamente en una amplio boulevard, similar a un parque, ubicada en medio de la carretera C-A4. Los videos también evidencian que Pérez no incurrió en conductas violentas, intimidatorias o amenazantes al momento de su detención, a diferencia de lo que sostuvieron los fiscales.
En un video se observa a Pérez y Henríquez hablando tranquilamente con agentes de policía, cuando uno de ellos toma a Henríquez por la mochila y lo aparta, mientras la unidad antidisturbios se aproxima a los manifestantes. Luego, los agentes detienen a Pérez y lo conducen hasta una patrulla policial. Aunque las imágenes muestran que Henríquez, Pérez y otros manifestantes actuaban de forma pacífica, los fiscales sostuvieron que la detención de Pérez era necesaria para evitar el “inevitable” “inicio de acciones agresivas” por parte de los manifestantes, según consta en los documentos judiciales.
La policía detuvo a Henríquez al día siguiente en San Salvador, cerca de su lugar de trabajo. Los fiscales alegaron que Henríquez desobedeció comandos policiales de “alto, policía”. Sin embargo, los documentos judiciales no aportan pruebas de que Henríquez hubiera incurrido en amenazas, intimidación o actos de violencia, que son requisitos necesarios para configurar el delito de “resistencia agresiva” según la legislación salvadoreña.
Los fiscales también acusaron a Pérez y Henríquez de “desórdenes públicos”, alegando que “se obstáculizó el acceso a la vía pública”. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que no presentaron pruebas que respaldaran esta afirmación. En su lugar, citaron la declaración de un guardia de seguridad privado, quien afirmó que comenzó a cerrar las entradas y salidas del barrio residencial donde trabaja después de que las protestas se tornaran desordenadas hacia las 10 de la noche, una hora después de la detención de Pérez.
Los fiscales también citaron un informe del Viceministerio de Transporte que sostenía que la protesta representaba “un riesgo latente y potencial” de obstrucción debido a su “naturaleza y magnitud”. Sin embargo, el documento no indica que hay ocurrido una obstrucción real del tráfico.
Human Rights Watch revisó varios videos que muestran que el tráfico circulaba con normalidad a ambos lados del boulevard poco antes de los arrestos. Un video, grabado unos 40 minutos antes del arresto de Pérez, muestra a la policía bloqueando el tráfico durante unos 30 segundos para que algunos manifestantes pudieran recoger agua y comida de un automóvil.
La ausencia de pruebas que respalden los delitos imputados demuestra que, en realidad, las autoridades buscan castigar a Pérez y Henríquez por su papel en la organización y liderazgo de una protesta pacífica, señaló Human Rights Watch.
Al imputar a Henríquez, los fiscales afirmaron que los testigos lo identificaron como “la persona que asesoró la realización de [las] manifestaciones”. Los fiscales también alegaron que, como abogado, Henríquez sabía que “los mecanismos jurisdiccionales para impugnar una resolución judicial no son mediante una protesta, mucho menos una protesta realizada en la[s] afueras de la residencia particular de un funcionario público que no está relacionado con el órgano judicial”.
Tras una audiencia celebrada el 30 de mayo, una jueza ordenó que Pérez y Henríquez fueran enviados a detención provisional en una delegación policial del distrito de Colón, en el departamento de La Libertad. Más de una semana después, fueron trasladados a la prisión La Esperanza, conocida comúnmente como Mariona, donde permanecen incomunicados, sin acceso a sus familiares ni a sus abogados. Human Rights Watch ha documentado condiciones inhumanas en Mariona y otras prisiones de El Salvador, incluyendo la falta de acceso a alimentación, agua y atención médica adecuadas, incomunicación durante meses y años, así como torturas y otros malos tratos.
El 13 de mayo, el presidente Bukele afirmó, sin presentar ninguna prueba, que los manifestantes habían sido “manipulados” por “grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas”. Anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que gravaría con un 30 % los fondos internacionales recibidos por las organizaciones de la sociedad civil. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, aprobó la llamada “Ley de Agentes Extranjeros” el 20 de mayo.
En virtud de la ley y su reglamento de aplicación, publicado en junio, cualquier persona u organización de El Salvador que reciba, directa o indirectamente, fondos, bienes o servicios de origen extranjero debe inscribirse como “agente extranjero” en el Registro de Agentes Extranjeros, un nuevo departamento del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. El registro tiene amplia discrecionalidad para conceder exenciones basadas en criterios vagos y para sancionar actividades que considere contrarias al “orden público” o que “amenacen la estabilidad social y política del país”.
Las recientes detenciones de defensores de derechos humanos y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros forman parte de una campaña más amplia de represión contra las voces críticas en El Salvador.
En mayo, las autoridades detuvieron a Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, y a Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Ambos se encuentran detenidos en régimen de incomunicación, mientras que sus procesos han sido puestos bajo reserva.
Los jueces a cargo de estos casos deben garantizar audiencias públicas y asegurar que los acusados puedan comunicarse con sus familiares y abogados, señaló Human Rights Watch.
El Salvador es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben restricciones a la libertad de reunión pacífica, salvo aquellas que sean “necesarias en una sociedad democrática” para proteger una serie de intereses importantes, entre ellos el orden público, la seguridad pública y los derechos de los demás.
“Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales deben intensificar sus condenas a los abusos en El Salvador y exigir al gobierno de Bukele que retire los cargos infundados contra defensores de derechos humanos”, afirmó Goebertus.
