(Washington, D. C.) – Las fuerzas de seguridad de Haití y contratistas privados que trabajan con ellas han llevado a cabo extensos ataques letales con drones que parecen constituir violaciones del derecho internacional, señaló hoy Human Rights Watch. Los ataques, que en algunos casos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales deliberadas, se han llevado a cabo en zonas urbanas densamente pobladas con drones cuadricópteros armados con explosivos, que en algunos casos han asesinado y herido a decenas de personas, incluidos niños y otros residentes que no son miembros de grupos criminales.
Según datos de múltiples fuentes obtenidos por Human Rights Watch, al menos 1.243 personas fueron asesinadas en ataques con drones en 141 operaciones ocurridas entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, incluidos al menos 43 adultos que, según informes, no eran miembros de grupos criminales, así como 17 niños. Los datos también muestran que los ataques con drones hirieron a 738 personas, de las cuales al menos 49 no serían miembros de grupos criminales.
“Decenas de haitianos de a pie, entre ellas muchos niños, han sido asesinados y heridos en estas letales operaciones con drones”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades haitianas deberían controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados antes de que mueran más niños en estos ataques”.
La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití ha atribuido los ataques con drones en el país a una Fuerza de Tareas Especializada (“Task Force”) establecida por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que opera con el apoyo de la empresa militar privada Vectus Global. El embajador de Estados Unidos en Haití ha confirmado que el Departamento de Estado de Estados Unidos otorgó una licencia a Vectus Global para exportar servicios de defensa a Haití.
Human Rights Watch entrevistó a cinco familiares de personas asesinadas o heridas en un ataque perpetrado el 20 de septiembre de 2025, así como a seis líderes comunitarios, médicos y otras personas que visitaron el lugar o hablaron con las víctimas o las atendieron posteriormente. Los investigadores también entrevistaron a un familiar de una mujer que fue asesinada en otro ataque con drones ocurrido el 1 de enero de 2026. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y el Comité de Protección Infantil de la Ciudad Eterna (KPTSL por sus siglas en criollo haitiano), dos organizaciones de la sociedad civil haitiana, facilitaron las entrevistas con los familiares.
En el ataque del 20 de septiembre, un dron armado con un dispositivo explosivo detonó cerca del complejo deportivo y cultural “Nan Pak”, en el barrio de Simon Pelé de Puerto Príncipe, la capital, donde niños se habían reunido para una distribución de regalos del grupo criminal Simon Pelé. Human Rights Watch concluyó que 10 personas, incluidos 9 niños entre 3 y 12 años que no eran miembros de grupos criminales, fueron asesinadas.
El número de ataques con drones armados en Puerto Príncipe ha aumentado significativamente en los últimos meses: 57 casos han sido reportados entre noviembre de 2025 y el 21 de enero de 2026, casi el doble de los 29 reportados entre agosto y octubre de 2025. Más del 40 % de los asesinatos reportados tuvieron lugar entre el 1 de diciembre y el 21 de enero. El promedio de personas asesinadas por operación es de 8,8, mientras que la operación más letal dejó 57 personas asesinadas.
Los ataques ocurrieron en nueve comunas del departamento del Oeste: Cabaret, Cité Soleil, Croix-Des-Bouquets, Delmas, Kenscoff, Léogâne, Pétion-Ville, Puerto Príncipe y Tabarre. Human Rights Watch revisó información de múltiples fuentes sobre estas operaciones.
Los investigadores también analizaron siete videos publicados en redes sociales o compartidos directamente con Human Rights Watch que muestran el uso de drones cuadricópteros armados, y geolocalizaron cuatro de ellos en Puerto Príncipe. Los videos muestran el uso reiterado de drones equipados con explosivos para atacar vehículos y personas, algunas de ellas armadas, pero ninguna que parezca estar involucrada en actos de violencia ni representar una amenaza inminente para la vida. Estos videos refuerzan la impresión de que muchos de los ataques con drones buscan atacar y asesinar extrajudicialmente a personas, en lugar de constituir operaciones de aplicación de la ley que pudieran justificar un uso deliberado de la fuerza letal.
Los drones cuadricópteros pueden maniobrar entre edificios mientras siguen a personas y vehículos en movimiento. Transmiten imágenes de video detalladas en tiempo real a sus operadores, quienes controlan tanto el vuelo de los drones como el uso de las armas.
Algunas personas que viven en Puerto Príncipe dijeron a Human Rights Watch que los drones son una fuente constante de terror, lo que ha ocasionado que algunas tengan miedo de salir de sus casas. “Vivo con este miedo, esta ansiedad, todo el tiempo”, dijo un comerciante que vive en Martissant. “Rezo para que los drones ya no estén en nuestra zona”.
El primer ministro Fils-Aimé, la Policía Nacional de Haití y la empresa militar privada Vectus Global no respondieron a las solicitudes de información de Human Rights Watch.
Los investigadores recibieron información sobre dos pruebas fallidas de drones armados realizadas por parte de miembros de grupos criminales en mayo de 2025. La Dirección Central de la Policía Judicial está investigando a personas presuntamente involucradas en el tráfico de drones para grupos criminales a través de República Dominicana. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití informó que los líderes de grupos criminales han intentado usar y adquirir drones. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas de un uso generalizado de drones por parte de los grupos criminales.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Haití ha ratificado, protege el derecho a la vida. Según estándares internacionales de derechos humanos, los Estados deben garantizar que los agentes encargados de hacer cumplir la ley, incluidos aquellos empleados por contratistas de seguridad privada trabajando en nombre del gobierno, busquen minimizar los daños y preservar la vida humana.
El uso deliberado de fuerza letal con armas de fuego y otras armas solo está permitido cuando es estrictamente inevitable para proteger la vida de cualquier persona. Cualquier uso de la fuerza debe ser necesario y proporcionado a las amenazas existentes.
Las autoridades haitianas no han dado ninguna indicación de que los ataques con drones fueran una respuesta a una amenaza contra la vida que pudiera justificar el uso deliberado de fuerza letal mediante este tipo de ataques. Por el contrario, muchos de estos ataques parecen ser intentos de atacar y asesinar a personas en circunstancias que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Las autoridades haitianas y cualquier actor militar privado que colabore con ellas deben establecer salvaguardias sólidas para garantizar que cualquier uso deliberado y letal de drones armados con explosivos u otras armas ocurra únicamente en circunstancias muy limitadas en que el derecho internacional de los derechos humanos lo permite.
Las autoridades también deben investigar de manera transparente todas las denuncias de ejecuciones ilegales, judicializar a los responsables y proporcionar reparaciones a las familias afectadas. Asimismo, deben aclarar públicamente la estructura de mando relacionada con los ataques con drones y el papel que desempeñan los contratistas militares privados en estas operaciones.
La Fuerza de Represión de las Bandas, una fuerza internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ayudar a luchar contra los grupos criminales en Haití, debe abstenerse de proporcionar apoyo operativo a las fuerzas de seguridad haitianas hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas para prevenir las ejecuciones ilegales, y debe exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades haitianas como condición para cualquier tipo de cooperación.
Human Rights Watch ha documentado anteriormente el uso de drones cuadricópteros armados en ataques contra civiles en zonas pobladas en el contexto de conflictos armados en Ucrania y Sudán. Human Rights Watch no tiene conocimiento de ninguna otra situación en la que se hayan utilizado reiteradamente drones cuadricópteros armados con explosivos en el contexto de aplicación de la ley.
“Restablecer la seguridad en Haití es esencial”, dijo Goebertus. “Pero los ataques ilegales con drones armados añaden una nueva capa de abusos a la violencia que ha devastado a las comunidades haitianas durante años”.
Ataque del 20 de septiembre y sus consecuencias
El densamente poblado barrio Simon Pelé, donde ocurrió el ataque del 20 de septiembre de 2025, está controlado por el grupo criminal Simon Pelé. El grupo impone sus propias reglas y comete graves abusos contra la población, incluidos asesinatos y violencia sexual. Residentes dijeron que sus teléfonos son revisados regularmente, tanto en sus hogares como cuando intentan salir del barrio, y que temen ser asesinados si el grupo sospecha que están cooperando con la policía.
Muchas familias que viven en situación de pobreza extrema dependen de la ayuda que distribuye el grupo criminal, según dijeron residentes y líderes comunitarios. “Estamos hablando de un área en la que no hay servicios: no escuelas, no atención médica, no saneamiento”, afirmó Rosy August Ducena, directora de programas de RNDDH. “La mayoría de las personas allí viven por debajo de la línea de pobreza”.
El día del ataque, el líder del grupo criminal Simon Pelé, Albert Steevenson, alias Djouma, se preparaba para distribuir regalos a niños en un complejo recreativo como parte de la celebración de su cumpleaños. Líderes comunitarios dijeron que este tipo de celebraciones es una práctica común entre los grupos criminales. Los videos verificados por investigadores de Human Rights Watch confirman que el complejo recreativo, un gran espacio semicerrado con coloridos murales, se había utilizado previamente como sede de conciertos y ha seguido utilizándose como lugar de distribución de regalos y espacio recreativo al aire libre para niños desde el ataque.
Las personas entrevistadas dijeron que muchos de los niños afectados estaban jugando cerca del complejo, esperando la distribución de regalos o acompañando a sus cuidadores que estaban haciendo diligencias allí. Los familiares y testigos describieron una escena de caos y pánico cuando ocurrió la explosión, con decenas de personas heridas esperando ayuda.
Según Médicos Sin Fronteras, al menos 17 personas heridas en el ataque fueron atendidas en hospitales ese día, 9 de las cuales, incluidos 3 niños, fallecieron. Una doctora que atendió a las víctimas dijo que las lesiones más comunes que observó fueron amputaciones traumáticas parciales y completas, y que la mayoría de los pacientes que atendió perdieron al menos una extremidad y presentaban fracturas abiertas y complejas.
La doctora dijo que las lesiones por fragmentación causadas por la explosión también fueron comunes. Las heridas más graves parecían haber sido causadas por traumatismos contundentes, ya que la explosión probablemente lanzó a las personas contra objetos o edificios o hizo que objetos las golpearan.
Los familiares dijeron que el ataque ocurrió justo fuera del complejo recreativo en algún momento entre las 7 y las 8:30 p.m. Los residentes afectados dijeron que se encontraban cerca del complejo, algunos de ellos haciendo diligencias mientras sus hijos jugaban en la zona cercana al lugar de distribución de regalos, cuando ocurrió la explosión.
Una residente que perdió a su hija de 3 años y a su esposo, un artesano que trabajaba al aire libre en el lugar de la explosión, dijo:
Escuché el sonido de la explosión... Mi esposo y mi hija estaban juntos en el lugar donde mi esposo hace sus artesanías... Cundió el pánico y quise ir a ver qué había pasado... No vi [sus cuerpos] en el lugar. Vi sangre en las zonas donde habían estado... Me llevaron al hospital Terre Noire para verlos. Cuando los vi, mi hija tenía el pie aplastado y otros agujeros en el cuerpo. [Mi pareja] también tenía el pie aplastado y muchos agujeros en el cuello.
Otra mujer, cuya hija de 6 años fue asesinada, dijo que estaba lavando ropa en su casa, cerca del complejo “Nan Pak”, y que salió un momento a comprar comida mientras su hija jugaba cerca: “Cuando llegué cerca del vendedor, escuché una explosión. Era un caos, había personas mutiladas, ruidos por todas partes... Estaba lleno de niños y niñas. Muchas personas habían muerto”.
Enterró a su hija inmediatamente, por su cuenta, explicando que estaba demasiado conmocionada para esperar ayuda. “Su cara y su caja torácica, e incluso la zona alrededor del corazón, toda esa zona había resultado afectada”, dijo.
Un residente que llegó poco después de la explosión vio a una mujer sentada en el lugar con su bebé. “La explosión le había arrancado los dos pies al bebé”, dijo. “Dos mujeres y un hombre también habían perdido los pies. No llegué allí de inmediato, así que debe haber habido más heridos”.
Otra mujer dijo que su hija de 21 años había resultado herida mientras compraba comida cerca del complejo. Un fragmento de metal impulsado por la explosión atravesó el cuerpo de su hija, impactando cerca de la cadera y saliendo por la espalda, dijo. Su hija sobrevivió, pero pasó 22 días hospitalizada.
Una miembro de la comunidad de otro barrio, Cité Soleil, dijo que aceptó ayudar a cuidar a unos gemelos de 3 años cuando su padre le dijo que su madre había sido asesinada en el ataque.
El análisis de Human Rights Watch de las imágenes de las consecuencias del ataque indica que los daños son compatibles con la detonación de un artefacto con explosivos de alta potencia y fragmentos preformados. Los daños también son compatibles con una carga explosiva de alta potencia del tamaño y peso que pueden transportar los drones cuadricópteros que operan en Haití.
Varios residentes dijeron que la explosión ocurrió en una zona llena de familias. La mujer que perdió a su hija de 6 años dijo: “En los lugares donde están las pandillas hay gente inocente, gente que cría a sus hijos, que sigue caminos normales”.
Algunos residentes dijeron que miembros del grupo criminal impidieron que las familias recuperaran los cuerpos o enterrar a sus familiares, lo que, en su opinión, tenía como objetivo mantener el control sobre el barrio y la información sobre los ataques con drones.
Un hombre, cuyo hijo de 43 años vendía jugos en la zona y fue asesinado, dijo que algunos miembros del grupo criminal transportaron personas heridas a un hospital cercano en sus coches. Afirmó que su hijo no formaba parte del grupo criminal.
El padre de un hombre que fue asesinado y otras personas dijeron que el grupo criminal organizó y controló el acceso al funeral dentro del complejo “Nan Pak”. “Solo podíamos mirar desde fuera, observar como cualquier transeúnte, como si no fuéramos nadie”, dijo el padre. Algunos residentes dijeron que solo se había permitido asistir al funeral a las personas que habían aceptado dinero o apoyo del grupo criminal.
La mujer que perdió a su hija y a su pareja dijo que no tenía dinero para el entierro y que tuvo que dejar los cuerpos en la morgue.
Residentes entrevistados en noviembre de 2025 dijeron que los drones seguían sobrevolando la comunidad a diario. Una residente dijo que veía drones “todo el día, todos los días” y que la gente mantenía a sus hijos cerca cuando los veían por miedo a lo que había ocurrido el 20 de septiembre.
Ataque del 1 de enero y otros ataques
Human Rights Watch entrevistó a un testigo de otro ataque con drones que tuvo lugar el 1 de enero de 2026 en el centro de Puerto Príncipe y que asesinó al menos una persona que no era miembro de un grupo criminal. Human Rights Watch confirmó la fecha y el lugar del ataque gracias a una fuente con conocimiento confiable de estas operaciones.
Una comerciante dijo que entre las 12:30 y la 1:00 p.m. estaba viajando con su prima al centro de Puerto Príncipe en vehículos separados cuando vio caer un dron y explotar sobre el camión que transportaba a su prima.
La mujer huyó de la explosión, pero regresó al lugar unos minutos más tarde, donde encontró a su prima muerta. Dijo que no había podido recuperar el cuerpo porque habría tenido que pagar a los grupos criminales por obtener los restos.
Afirmó que no había visto ni escuchado ninguna señal de amenaza antes de la explosión. “Estaba hablando por teléfono con mi prima cuando ocurrió la explosión, así que supe que su [camión] había sido alcanzado, pero no sé por qué impactaron ese [camión]”, dijo.
Human Rights Watch también revisó y analizó videos e imágenes que muestran el uso de drones cuadricópteros con explosivos en otros aparentes ataques contra personas, vehículos y edificios en Puerto Príncipe.
Recopilación de videos publicada en la red social X el 16 de junio de 2025 que muestra cuatro drones cuadricópteros atacando un edificio en Martissant.
Los videos analizados por Human Rights Watch muestran drones cuadricópteros volando hacia su objetivo y detonando en el momento del impacto o momentos antes. Los videos que Human Rights Watch geolocalizó muestran ataques con drones cuadricópteros contra personas en la calle, así como contra edificios y vehículos en las zonas de Martissant y Village de Dieu, en Puerto Príncipe. Un video subido a las redes sociales el 17 de junio muestra la transmisión en tiempo real de cuatro drones cuadricópteros atacando a personas y dos edificios en Martissant.
Video publicado en la red social X el 31 de mayo de 2025 que muestra un ataque con dron armado contra un patio en Village de Dieu.
En otro video, un dron graba a un dron cuadricóptero volando hacia un patio en Village de Dieu y explotando justo sobre el suelo. Nueve personas, dos de las cuales parecen estar armadas, corren a refugiarse poco antes de que el dron explote. El video no muestra que las personas atacadas estuvieran participando en algún acto de violencia ni que pudieran suponer una amenaza inminente para la vida antes del ataque. No queda claro en el video si hubo heridos o muertos. Luego el video pasa a una carretera, también en Village de Dieu, donde un dron con su cámara sigue a un vehículo. Un segundo dron impacta contra el automóvil.
Los investigadores también revisaron fotografías y videos publicados en redes sociales de drones cuadricópteros encontrados en el suelo, supuestamente en la capital de Haití, junto con lo que parecen ser municiones sin detonar. Las municiones parecen similares a diseños de municiones para drones impresos en 3D que se pueden encontrar en Internet. Los investigadores no pudieron confirmar la ubicación de los drones y las municiones debido a la falta de información geográfica en las imágenes.
Las municiones sin explotar que dejan atrás los drones armados que no funcionan correctamente suponen un grave riesgo y pueden resultar en pérdidas de vida o lesiones graves que pueden generar una discapacidad permanente o cicatrices y traumas psicológicos de por vida.
Fuerzas de seguridad haitianas y el papel de los contratistas privados
El 1 de marzo de 2025, el primer ministro Fils-Aimé anunció que él y el Consejo Presidencial Transicional habían creado una Fuerza de Tareas Especializada para detener el avance de los grupos criminales. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití dijo que la Oficina del Primer Ministro, la Unidad de Seguridad del Primer Ministro y la Unidad General de Seguridad del Palacio Nacional coordinan esta fuerza de tarea, que es responsable de las operaciones con drones.
El primer ministro ha señalado que la fuerza de tarea funcionaba inicialmente bajo la dirección del inspector general de la policía, Vladimir Paraison. Paraison se convirtió en jefe interino de la Policía Nacional de Haití el 8 de agosto de 2025. A partir del 4 de enero de 2026, la policía y Paraison publicaron en redes sociales varias operaciones conjuntas entre la policía y la fuerza de tarea.
La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y otras fuentes informadas señalaron que la fuerza de tarea opera con el apoyo de Vectus Global, una empresa militar privada dirigida por Erik Prince. La anterior empresa militar privada de Prince, Blackwater, estuvo implicada en graves crímenes en Irak en septiembre de 2007, cuando sus empleados abrieron fuego contra civiles iraquíes, asesinando a 17 personas.
Prince ha declarado que Vectus Global firmó un contrato de un año con el gobierno transicional de Haití y que contrató a operadores salvadoreños para apoyar a la policía haitiana en el uso de drones armados.
Human Rights Watch envió cartas al primer ministro de Haití, a la Policía Nacional de Haití y a Vectus Global compartiendo sus hallazgos sobre los ataques con drones documentados y solicitando una respuesta. Al momento de redactar este informe, ninguno había respondido.
Human Rights Watch también analizó dos videos publicados en mayo de 2025 en una cuenta de la red social X llamada “Haitian Security Task Force”, en los que se muestran seis ataques con drones, dos de los cuales los investigadores geolocalizaron en Puerto Príncipe. Los videos están superpuestos con un emblema que dice “Task Force Haïti Sécurité”. Una fuente que archivó las imágenes y las compartió con los investigadores de Human Rights Watch dijo que la cuenta publicó por primera vez el 8 de mayo y fue eliminada el 26 de mayo.
El primer ministro Fils-Aimé declaró al Wall Street Journal en agosto de 2025 que las operaciones con drones habían “detenido el derramamiento de sangre” y obligado a los miembros de los grupos criminales a esconderse. También afirmó que “mantener a los ciudadanos inocentes a salvo es una prioridad del gobierno” y que “la muerte de un solo civil ya es demasiado”. Sin embargo, al momento de redactar este informe, las familias de las víctimas entrevistadas afirmaron no haber tenido contacto alguno con funcionarios del gobierno en relación con los asesinatos, ni habían tenido acceso a justicia o reparaciones.
Normas aplicables del derecho internacional de los derechos humanos
Al menos algunos de los ataques con drones analizados por Human Rights Watch parecen ser intentos de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades haitianas no han hecho declaraciones que contradigan este análisis y no han respondido a las solicitudes de información sobre este y otros puntos. Las ejecuciones extrajudiciales son violaciones ilegítimas de los derechos a la vida y al debido proceso según el derecho internacional, y los funcionarios responsables de tales asesinatos deben rendir cuentas ante la justicia.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, el uso deliberado de fuerza letal en contextos de aplicación de la ley solo puede ser permitido cuando sea inevitable para proteger la vida. Algunos expertos de las Naciones Unidas han advertido que el uso de drones puede despersonalizar la actuación policial, lo que hace difícil garantizar que la fuerza se aplique de manera mínima y adecuada, especialmente en entornos urbanos complejos y densamente poblados.
Un manual de referencia de la ONU sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego en la aplicación de la ley señala que el uso de “armas militares”—que incluirían los drones cuadricópteros armados con explosivos diseñados para atacar objetivos y producir efectos en un área—“puede ser inapropiado para el mantenimiento del orden público, y dada su naturaleza, puede dificultar el cumplimiento de la obligación de aplicar la fuerza mínima necesaria para lograr el objetivo legítimo”.
El manual también señala que los instrumentos militares “de tipo ofensivo” generalmente no deben utilizarse “en el mantenimiento del orden público” y que, “si son necesarios para una situación particular, deben ser utilizados solo por una unidad especial capacitada en su empleo, bajo supervisión especial y después de una estricta autorización en los niveles más altos”.
Las autoridades haitianas deben abstenerse de utilizar drones armados equipados con explosivos, debido a la dificultad de utilizar estas armas de una manera compatible con la obligación de aplicar la fuerza mínima necesaria para alcanzar un objetivo legítimo de aplicación de la ley. El uso de explosivos diseñados para producir efectos letales en una zona, incluidos aquellos con fragmentación preformada o natural, debe como mínimo restringirse severamente en las operaciones de aplicación de la ley.
Cualquier uso adicional o propuesto de este tipo de drones armados y de los distintos tipos de municiones explosivas que transportan debe evaluarse formal y exhaustivamente para determinar si, y en qué circunstancias, estas armas podrían utilizarse de manera compatible con las normas internacionales de derechos humanos.
Cualquier evaluación debe incluir una evaluación técnica, que tenga en cuenta las limitaciones, la fiabilidad y la precisión de los drones; una valoración de sus efectos, incluidos los riesgos del uso de explosivos en ciudades y zonas pobladas; y una evaluación del impacto potencial general de su uso sobre los derechos humanos.
Las autoridades también deben garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en relación con cualquier muerte ilegítima resultante de una operación de seguridad, y llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e independientes para revelar, en la mayor medida posible, el número y la identidad de las víctimas, y proporcionar una reparación adecuada cuando se hayan producido violaciones.
