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La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998. La corte empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. A 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, la CPI ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia. Pero también ha atravesado retrocesos, y a medida que proliferan las crisis de derechos humanos asociadas con delitos internacionales, ha quedado demostrado que su mandato es mucho más necesario y arduo de lo que anticiparon sus fundadores. Para asegurar su eficacia, la corte y sus países miembros tendrán que probar que están en condiciones de enfrentar este desafío.
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