(Nueva York) – Treinta y ocho gobiernos han dado un paso importante para garantizar la documentación de posibles crímenes de guerra al solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación en Ucrania, señaló hoy Human Rights Watch. El 28 de febrero de 2022, el fiscal de la CPI, Karim Khan, señaló su intención de tratar de abrir una investigación formal.
El 2 de marzo de 2022, un grupo de países miembros de la CPI remitió la situación de Ucrania al fiscal del tribunal para que la investigara. Lituania hizo otra remisión independiente a la fiscalía de la CPI el 28 de febrero. La lista completa de países se encuentra más adelante.
“La solicitud de una investigación de la CPI refleja la creciente alarma entre los países sobre la escalada de atrocidades y la crisis de derechos humanos que está haciendo estragos en Ucrania”, dijo Balkees Jarrah, directora interina de justicia internacional de Human Rights Watch. “Estos gobiernos están dejando claro que no tolerarán los delitos graves y que el tribunal tiene un papel esencial que desempeñar para garantizar la justicia”.
Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado graves violaciones de las leyes de guerra por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, incluido el uso de municiones de racimo que detonó en un hospital y un centro preescolar. Según las Naciones Unidas, las víctimas civiles de los primeros días del conflicto ascienden a 536, entre ellas 136 muertos.
La remisión se produce tras el anuncio del fiscal de la CPI de que tratará de abrir una investigación formal sobre Ucrania que incluirá el examen de cualquier presunto delito grave en el conflicto actual. Cuando los países miembros de la CPI remiten el caso al tribunal, la fiscalía puede abrir una investigación sin tener que pedir primero la aprobación de un grupo de jueces del tribunal. Tras recibir la remisión, Khan anunció que su oficina procedería inmediatamente a una investigación sobre Ucrania.
Ucrania no es miembro de la CPI, pero aceptó la jurisdicción del tribunal sobre presuntos delitos cometidos en su territorio desde noviembre de 2013, y con ello la obligación de cooperar con la corte. En diciembre de 2020, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, concluyó su examen preliminar de la situación y anunció que se cumplían los criterios del tratado fundacional de la CPI, el Estatuto de Roma, para abrir una investigación. Sin embargo, la fiscalía no solicitó posteriormente la aprobación judicial para abrir una investigación, tal y como exige el procedimiento del tribunal, alegando “dificultades operativas”, como la limitación de recursos y el impacto de la pandemia de Covid-19.
En un anuncio reciente, Khan confirmó que creía que había una base para abrir una investigación, con respecto a los presuntos delitos cometidos en Crimea y el este de Ucrania, así como cualquier nuevo presunto delito en el conflicto actual. El 2 de marzo, la presidencia de la CPI asignó la situación de Ucrania a un grupo de jueces tras un memorando del fiscal en el que indicaba su intención de solicitar autorización para abrir una investigación formal. Tras recibir la remisión, Khan notificó a la Presidencia del tribunal sus planes de proceder inmediatamente a una investigación.
Como Rusia no es miembro de la CPI, sus autoridades no están obligadas a cooperar con el tribunal. Sin embargo, en virtud de las normas que rigen la jurisdicción del tribunal, el fiscal de la CPI tiene el mandato de investigar imparcialmente las denuncias de crímenes cometidos en Ucrania por todas las partes del conflicto, independientemente de la nacionalidad del presunto responsable. La decisión de Bensouda de estudiar la posibilidad de investigar en Ucrania precipitó la “no firma” por parte de Rusia del tratado de la Corte en 2016, una medida con un efecto principalmente simbólico.
La jurisdicción de la CPI en Ucrania abarca el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. La rendición de cuentas por estos crímenes no se limita a quienes llevan a cabo los actos, sino también a los que ordenan, ayudan o son cómplices de otro modo de los crímenes. Esto incluye la responsabilidad de mando, según la cual los funcionarios militares y civiles, hasta la cúspide de la cadena de mando, pueden ser considerados penalmente responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados, cuando sabían o deberían haber sabido que se estaban cometiendo dichos crímenes, pero no tomaron medidas razonables para detenerlos.
Dado que ni Ucrania ni Rusia son miembros de la CPI, el tribunal no tiene jurisdicción sobre el delito de agresión en esta situación.
El mandato de la CPI se refiere a casos contra presuntos autores individuales, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) examina las disputas entre Estados. El 26 de febrero, Ucrania presentó una solicitud ante la CIJ para iniciar un procedimiento contra Rusia en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Convención sobre el Genocidio). El caso es un litigio “de Estado a Estado” que se rige por las disposiciones legales de la Carta de la ONU, el Estatuto de la CIJ y la Convención sobre el Genocidio. La CIJ celebrará audiencias públicas en el caso entre el 7 y el 8 de marzo sobre la solicitud de medidas provisionales de Ucrania.
Con la investigación sobre Ucrania, el número de situaciones de países abiertos que se están investigando ante el tribunal ha aumentado a 17, incluida una investigación sobre los crímenes cometidos durante la guerra de 2008 entre Georgia y Rusia. Otras investigaciones en curso se refieren a graves crímenes internacionales cometidos en todo el mundo, como en Bangladesh/Myanmar, Afganistán y Palestina.
Los países miembros de la CPI deben dar un paso adelante para garantizar que el tribunal cuenta con los medios y el respaldo político suficientes para llevar a cabo su vital labor en favor de las víctimas de graves abusos en todo el mundo, incluso frente a cualquier obstrucción. Una CPI eficaz, respaldada por el fuerte apoyo de la comunidad internacional, es más necesaria que nunca para enviar el mensaje de que no se tolerará la impunidad de ningún delito grave, señaló Human Rights Watch.
El fiscal de la CPI encargó a su oficina que explorara todas las posibilidades de preservar las pruebas para una investigación en Ucrania. Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) tiene previsto votar esta semana, durante un debate urgente sobre la situación en Ucrania, un proyecto de resolución que crearía una comisión de investigación para documentar las violaciones graves de derechos humanos, preservar las pruebas e identificar a los presuntos responsables de delitos graves.
Los esfuerzos de documentación serán vitales para los procesos de rendición de cuentas internacionales y nacionales, incluso por parte de los funcionarios judiciales nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal. Los gobiernos comprometidos con la justicia en Ucrania deberían apoyar y reforzar estas iniciativas, señaló Human Rights Watch.
“La decisión del fiscal de la CPI de abrir una investigación envía un mensaje a los actuales y a los posibles abusadores de los derechos, sin importar lo poderosos que sean, de que la justicia puede alcanzarlos algún día”, dijo Jarrah. “Un amplio apoyo a la labor del tribunal será fundamental para el éxito de la investigación y ayudará a garantizar que las víctimas de Ucrania dispongan de un camino hacia la justicia que tanto necesitan”.
Los países que han solicitado la investigación son: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía.
