Reportes

El informe documenta cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud. El país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.

El informe documenta un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis. Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.

El informe documenta los esfuerzos de gobiernos sudamericanos para responder al número masivo de ciudadanos venezolanos que cruzan sus fronteras, así como los retrocesos recientes que dificultan que los venezolanos puedan obtener protección. En algunas islas del Caribe, se detiene arbitrariamente y se deporta a venezolanos. Otro problema cada vez más preocupante son los incidentes de xenofobia.

Partiendo del análisis de expertos médicos independientes, el informe examina los 15 “informes de defunción de detenidos” emitidos por el ICE entre diciembre de 2015 y abril de 2017. El ICE todavía tiene que publicar su informe para otra muerte en ese período. Ocho de las 15 evaluaciones públicas de defunción muestran que una atención médica inadecuada contribuyó o condujo a la muerte de la persona. Los médicos que llevaron a cabo el análisis también encontraron evidencia de prácticas médicas precarias en todas las demás evaluaciones menos en una.

Cuando Lenín Moreno asumió la presidencia en mayo de 2017, heredó una economía que dependía en gran medida de las industrias extractivas y un poder ejecutivo que, en la década anterior, había acumulado amplios poderes para coartar el debate público sobre políticas ambientales y otros asuntos de interés público. Durante el gobierno de su antecesor, el Presidente Rafael Correa, las autoridades abusaron de sus facultades para perseguir, intimidar y castigar a ecuatorianos que se oponían a proyectos de extracción de petróleo y minería apoyados por el presidente.