Reportes

El informe, “‘Castigar al paciente’: Asegurar el acceso al tratamiento del dolor en Guatemala”, documenta evidencias de que las reglamentaciones sobre control de drogas en Guatemala —destinadas a prevenir el abuso de estupefacientes— hacen imposible que muchos pacientes con cáncer y otras enfermedades avanzadas obtengan medicamentos fuertes para el dolor, como morfina. Los pacientes describieron el dolor extremo y otros síntomas que padecían, y las dificultades que tenían para afrontar una prognosis poco auspiciosa. Dijeron que tuvieron que visitar a múltiples médicos porque muchos no pudieron tratar adecuadamente el dolor, y muchos señalaron que debían viajar largas distancias en autobuses repletos de gente para llegar a los hospitales donde se ofrece tratamiento del dolor.

El informe, “‘Like Walking Through a Hailstorm’: Discrimination against LGBT Youth in US Schools” [Adversidad constante: discriminación de jóvenes LGBT en escuelas de Estados Unidos], documenta una variedad de problemas a los cuales están expuestos los alumnos LGBT. Esto incluye acoso escolar y hostigamiento, la exclusión en los programas de estudio de temas relacionados a la comunidad LGBT o la carencia de recursos escolares, las restricciones a la posibilidad de formar grupos de estudiantes LGBT, así como la discriminación e intolerancia por parte de compañeros de clase y personal escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género.

El informe, “Quedar afuera: Restricciones al acceso de jóvenes transgénero a baños y vestidores en escuelas de EE. UU.”, analiza el modo en que los jóvenes transgénero se ven perjudicados por normas que les prohíben usar baños y vestidores que coincidan con su identidad de género. Los estudiantes transgénero describieron cómo estas normas han facilitado el hostigamiento verbal y físico, y han afectado negativamente su salud física y psíquica, su desempeño académico y su participación en la escuela.

El informe, “Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela,” analiza señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales. Un denominador común de todos estos casos, así como de otros abusos gubernamentales documentados por PROVEA y Human Rights Watch durante la última década, ha sido el grado en que las víctimas – o sus familiares – han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales.

El informe de 43 páginas, “Somos dominicanos, somos dominicanas: Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”, documenta cientos de casos en 13 provincias del país. Human Rights Watch concluyó que dominicanos de ascendencia haitiana todavía no pueden realizar actos cívicos básicos como inscribir hijos al momento del nacimiento, anotarse en la escuela y la universidad, participar en la economía formal o viajar por el país sin riesgo de expulsión.

El informe de 127 páginas documenta la falta de acceso de muchos pacientes a medicamentos para aliviar el dolor y otro tipo de asistencia conocida como cuidados paliativos.