Reportes

El informe documenta los esfuerzos de gobiernos sudamericanos para responder al número masivo de ciudadanos venezolanos que cruzan sus fronteras, así como los retrocesos recientes que dificultan que los venezolanos puedan obtener protección. En algunas islas del Caribe, se detiene arbitrariamente y se deporta a venezolanos. Otro problema cada vez más preocupante son los incidentes de xenofobia.

Partiendo del análisis de expertos médicos independientes, el informe examina los 15 “informes de defunción de detenidos” emitidos por el ICE entre diciembre de 2015 y abril de 2017. El ICE todavía tiene que publicar su informe para otra muerte en ese período. Ocho de las 15 evaluaciones públicas de defunción muestran que una atención médica inadecuada contribuyó o condujo a la muerte de la persona. Los médicos que llevaron a cabo el análisis también encontraron evidencia de prácticas médicas precarias en todas las demás evaluaciones menos en una.

Cuando Lenín Moreno asumió la presidencia en mayo de 2017, heredó una economía que dependía en gran medida de las industrias extractivas y un poder ejecutivo que, en la década anterior, había acumulado amplios poderes para coartar el debate público sobre políticas ambientales y otros asuntos de interés público. Durante el gobierno de su antecesor, el Presidente Rafael Correa, las autoridades abusaron de sus facultades para perseguir, intimidar y castigar a ecuatorianos que se oponían a proyectos de extracción de petróleo y minería apoyados por el presidente.

El informe de 109 páginas, “Los Deportados: Inmigrantes desarraigados del país que consideran su hogar”, junto con un sitio web interactivo al cual se puede acceder desde el 5 de diciembre, documenta 43 casos de inmigrantes —muchos de ellos residentes desde hace muchos años y con firmes lazos familiares y de otros tipos en EE. UU.— que fueron deportados mediante procedimientos que, generalmente, ignoraron derechos fundamentales de los inmigrantes y casi nunca consideraron sus hogares y familias estadounidenses. Varios equipos de investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a las personas deportadas en México. El informe analiza, asimismo, datos del gobierno estadounidense sobre detenciones y deportaciones correspondientes a los primeros siete meses del gobierno de Trump.

El informe de 59 páginas, “Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”, documenta un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público guatemalteco. 

El informe muestra que el gobierno gastó apenas entre el 2 % y el 3 % de su presupuesto anual en salud y educación en 2008 y 2011, los años para los cuales hay datos disponibles, mientras que destinó cerca del 80 % a proyectos de infraestructura a gran escala, que en algunos casos fueron cuestionables. El informe también expone cómo, según las pruebas presentadas en investigaciones sobre lavado de dinero impulsadas en varios países, altos funcionarios gubernamentales obtienen ganancias formidables mediante contratos de obras públicas adjudicados a empresas que son, total o parcialmente, de su propiedad, en muchos casos en asociación con empresas extranjeras, mediante un proceso que se distingue por la opacidad y la falta de competencia.