Resumen
El 28 de julio de 2024, un gran número de venezolanos acudió a votar a pesar de más de una década de represión sistemática y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Horas después del cierre de urnas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reelección de Maduro con más del 51 % de los votos. El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones, dijeron que el proceso carecía de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado. El Centro Carter señaló que las actas de escrutinio publicadas por la oposición, que parecían indicar que el candidato opositor Edmundo González había triunfado, eran fiables y “auténticas”. El CNE no publicó las actas de escrutinio oficiales y no llevó a cabo las auditorías ni los procesos de verificación ciudadana exigidos por la ley.
Miles de venezolanos salieron a manifestarse, en su mayoría de manera pacífica, para exigir un conteo justo y transparente de los votos. La respuesta de las autoridades fue una represión brutal.
Este informe, basado en más de 100 entrevistas con víctimas, sus familiares, testigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, así como en el análisis y la verificación de más de 90 videos y fotografías, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores a las elecciones. El informe implica a las autoridades venezolanas y a los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, en abusos generalizados a los derechos humanos. Estos abusos incluyen asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y de ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, y torturas y malos tratos a personas detenidas.
Human Rights Watch recibió información creíble sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en Venezuela inmediatamente después de las elecciones. La mayoría de estos asesinatos se produjeron los días 29 y 30 de julio. Las víctimas, en su mayoría, eran menores de 40 años y procedían de barrios de escasos recursos. Human Rights Watch recopiló evidencia creíble que implica a las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos; en otros, los “colectivos” parecen ser los responsables.
Los “colectivos” desempeñaron un rol clave en la represión de las manifestaciones. Al principio, las fuerzas de seguridad intentaron controlar o dispersar las protestas, usando barreras, lanzando gases lacrimógenos y llevando a cabo detenciones. Cuando las manifestaciones continuaban, miembros de los “colectivos” llegaban al lugar, a menudo con armas de fuego, para intimidar o atacar a los manifestantes.
Desde las elecciones de julio, más de 2.000 personas vinculadas a las protestas poselectorales o con actividades de oposición política y defensa de los derechos humanos han sido detenidas. Muchos han sido detenidos por participar en las manifestaciones, ser críticos al gobierno o apoyar a la oposición. Los fiscales acusaron a cientos de personas de delitos definidos de manera amplia en la legislación venezolana como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”, que conllevan penas de hasta 30 años de cárcel.
A menudo, las personas detenidas se han enfrentado a procesos plagados de abusos. Las autoridades han negado de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se han negado a proporcionar información sobre su paradero a los familiares, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. Ello ha obligado a las familias a buscar a sus seres queridos durante días o semanas en diversos centros de detención e incluso en morgues. Muchas de las personas detenidas han permanecido incomunicadas y privadas de visitas durante largos periodos; algunas, desde el día de su detención. A la mayoría no se les ha permitido ver a un abogado de su elección, a pesar de que ellos o sus familias lo han solicitado. Otras nunca se reunieron con el defensor público designado por el tribunal mientras estaban detenidas. Además, se les ha negado el acceso a sus expedientes judiciales en repetidas ocasiones. Muchas fueron acusadas en audiencias virtuales y grupales, lo que vulnera su derecho al debido proceso.
El 23 de octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Sofía Sahagún Ortiz, una ciudadana hispano-venezolana, cuando se disponía a abordar un avión en el aeropuerto de Caracas. El abogado de la familia solicitó información sobre su paradero al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que se negaron a proporcionar información. A mediados de diciembre, las autoridades permitieron a Sahagún Ortiz hacer una llamada a su familia. Ella les dijo que estaba detenida en una estación de policía de Caracas. En enero, la Defensoría del Pueblo informó a la familia que, en diciembre, había sido presentada en una audiencia virtual ante un juez que conoce casos de terrorismo y que al día siguiente había sido trasladada al Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Al momento de redacción de este informe, Sahagún Ortiz seguía detenida, enfrentando cargos penales, incluyendo “financiamiento del terrorismo”.
Según el Ministerio Público, aproximadamente 2.000 personas que fueron detenidas tras las elecciones han sido excarceladas. Muchas han sido obligadas a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o los procesos judiciales. En algunos casos, también se les obligó a grabar videos diciendo que sus derechos habían sido respetados durante la detención.
A principios de agosto, agentes de seguridad con uniformes negros se llevaron a Estuardo Pérez Olmedo (seudónimo), un defensor comunitario de derechos humanos, de su casa. Le dijeron que cumplían una “orden presidencial”. Durante cuatro meses, fue trasladado a seis centros de detención distintos, donde se enfrentó a malas condiciones, incluyendo falta de acceso a agua, comida y medicamentos. Las fuerzas de seguridad lo presionaron para que acusara falsamente a figuras de la oposición de organizar las protestas. En noviembre, Pérez Olmedo se enteró de que lo acusaban de provocar incendios durante las protestas que ocurrieron cerca de su casa los días 29 y 30 de julio. Él negó cualquier implicación, pero fue acusado de terrorismo e incitación al odio. En diciembre, al ser liberado, lo obligaron a firmar un documento en el que afirmaba que no se habían violado sus derechos. El proceso penal en su contra sigue abierto.
La represión poselectoral ha obligado a funcionarios electos, autoridades locales, coordinadores de campaña, personal de los centros de votación, defensores de derechos humanos y periodistas a abandonar el país. Muchos buscan protección en el exterior enfrentando sistemas de asilo plagados de retrasos en América Latina y procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por el gobierno de Donald Trump.
Una década después de que Maduro asumiera el poder, los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos en Venezuela se encuentran en un momento crítico. Pese a las críticas de la mayoría de los gobiernos contra el autoritarismo de Maduro, la represión en Venezuela no ha hecho más que intensificarse.
Años de diversas políticas internacionales y locales respecto de Venezuela (desde la “máxima presión” durante la primera administración del presidente Donald J. Trump en Estados Unidos hasta las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, respaldadas por la administración Biden, que contribuyeron a que se realizaran las elecciones de 2024) no han logrado una transición hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos. En un contexto de crecientes crisis globales, los fracasos del pasado pueden provocar una parálisis futura: es decir, el abandono de las iniciativas para proteger los derechos en Venezuela y la normalización de las graves violaciones de derechos humanos, las elecciones injustas y la represión política por parte del gobierno de Maduro.
La actual administración de Trump ha buscado la cooperación de Maduro en materia migratoria y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, mediante gestiones diplomáticas y sanciones sectoriales. Algunas declaraciones y decisiones adoptadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos muestran indicios preocupantes de que estaría priorizando estos dos objetivos por encima de esfuerzos más amplios para promover los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela. Dado el peso diplomático de Estados Unidos en la región y el creciente rechazo hacia la migración en América Latina, es probable que otros gobiernos adopten enfoques similares, relegando a un segundo plano las políticas basadas en principios hacia Venezuela. Al mismo tiempo, Colombia y otros países fronterizos con Venezuela podrían verse en la necesidad de buscar la cooperación de Maduro en diversos temas, incluyendo aquellos relacionados con seguridad.
Es probable que Maduro utilice esta cooperación a corto plazo para intentar legitimar su concentración de poder. Con ello, sentaría las bases para aumentar la represión en Venezuela, lo que podría causar nuevos éxodos de venezolanos, que se sumarían a los millones que ya han abandonado el país en la última década.
En lugar de abandonar la defensa de los derechos humanos en Venezuela, los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos deberían construir sobre los limitados avances alcanzados hasta el momento. Las elecciones de julio de 2024 y lo que ocurrió posteriormente privaron al gobierno venezolano de cualquier legitimidad democrática y contribuyeron a impulsar una renovada condena global sobre los abusos de Maduro. Esto se debe, en gran medida, a los valientes esfuerzos de venezolanos que se arriesgaron a sufrir, y en algunos casos sufrieron, graves violaciones de derechos humanos. Muchas de sus historias están documentadas en este informe.
Una cuestión fundamental es que, hasta la fecha, los esfuerzos tanto internacionales como locales no han logrado alterar los incentivos internos del régimen de Maduro, que premian a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas, para asegurar su lealtad, mientras castigan, torturan y obligan a exiliarse a los críticos, opositores e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos.
Para desmontar estos incentivos, los gobiernos extranjeros deberían apoyar plenamente los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto pasa por la imposición sanciones individuales y el apoyo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Este apoyo implica defender el trabajo y la independencia de la CPI, especialmente a la luz de las recientes sanciones impuestas contra el tribunal por la administración de Trump.
Asimismo, la comunidad internacional debería explorar maneras de limitar la asistencia de gobiernos extranjeros a la represión en Venezuela. Esto incluye a las autoridades cubanas que, según evidencia compilada por la FFM, “entrenaron, asesoraron y participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia” junto con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela y brindaron entrenamiento al SEBIN.
Los gobiernos extranjeros también deberían asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro busque mejoras verificables, aunque sean graduales o por etapas, en materia de derechos humanos; particularmente en la liberación de personas, tanto nacionales como extranjeras, que han sido forzosamente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.
Es importante que la comunidad internacional amplíe su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil venezolana, a los periodistas independientes y a otras personas que defienden la democracia y los derechos humanos. También debería ampliar urgentemente las medidas de protección para quienes se ven obligados a abandonar el país como consecuencia de la persecución y otras formas de abuso. En particular, el gobierno del presidente Trump debería restablecer las fuentes de asistencia económica que eran claves para estas organizaciones y que fueron suspendidas como parte de una reducción más amplia de la asistencia internacional de Estados Unidos. También debería considerar el restablecimiento del estatuto temporal de protección (TPS, por sus siglas en inglés) y los programas de reasentamiento para los venezolanos que han huido de su país. Los gobiernos latinoamericanos y europeos deberían subsanar las deficiencias en la financiación y ampliar el alcance de los programas para proteger a los venezolanos que huyen.
Con 8 millones de venezolanos en el exterior, la situación en Venezuela es la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el resto del hemisferio occidental. La región no puede rendirse ni dejar de apoyar lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Metodología
Este informe amplía una investigación previa de Human Rights Watch sobre la represión poselectoral en Venezuela de 2024. Incluye nueva evidencia sobre violaciones de derechos humanos, así como actualizaciones de casos que Human Rights Watch documentó inmediatamente después de las elecciones.[1]
Para investigar la represión poselectoral en Venezuela, Human Rights Watch entrevistó a 101 personas, incluyendo víctimas, familiares, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales. Muchos familiares, testigos y otras personas declinaron ser entrevistadas por temor a las represalias del gobierno. Human Rights Watch realizó entrevistas telefónicas con fuentes en Venezuela entre julio de 2024 y abril de 2025 y entrevistas presenciales con personas venezolanas que huyeron del país después del 28 de julio de 2024.
La mayoría de las personas entrevistadas hablaron bajo la condición de mantener su anonimato. En consecuencia, las citas omiten detalles que podrían conducir a su identificación. Cuando Human Rights Watch ha considerado que la publicación de la información podría poner en peligro a alguien, también ha omitido detalles sobre los casos o las personas involucradas, así como las imágenes.
Antes de cada entrevista, Human Rights Watch informó a los participantes del propósito de la misma, de su carácter voluntario y de cómo se utilizaría la información. Obtuvimos el consentimiento verbal de cada entrevistado. Ningún entrevistado recibió alguna compensación, beneficio u otro incentivo por entrevistarse con nosotros. En los casos en que resultó oportuno, Human Rights Watch proporcionó información de contacto de organizaciones que ofrecían servicios legales o de apoyo psicológico.
Además, Human Rights Watch analizó y verificó 76 videos y 17 fotografías relacionadas con la represión poselectoral, incluyendo imágenes de personas fallecidas y heridas, o de protestas u otros hechos relevantes publicados en redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas. En la medida de lo posible, los investigadores confirmaron los lugares exactos donde fueron tomadas las fotografías o los videos; utilizaron información como las sombras, los patrones meteorológicos y las horas de publicación para determinar el momento del día en que ocurrieron los hechos. También consultaron a expertos forenses, quienes analizaron las lesiones observadas en los videos y las fotos, y a expertos en armas, que analizaron las armas visibles o los sonidos que se podían escuchar en el material audiovisual. Human Rights Watch conserva estas imágenes y videos.
Los investigadores de Human Rights Watch también revisaron siete certificados de defunción de personas fallecidas en las protestas y otra documentación relacionada con detenciones y procesos penales.
Antecedentes
Una década de elecciones injustas
Semanas después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, su vicepresidente y sucesor designado, Nicolás Maduro, fue elegido presidente con el 50,6 % de los votos, frente al 49,1 % obtenido por el candidato opositor Henrique Capriles, según las autoridades electorales venezolanas.[2] El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazaron los recursos para impugnar dichos resultados que presentó Capriles.[3] La disputa sobre la veracidad de los resultados dio lugar a manifestaciones y contramanifestaciones. Las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y llevaron a cabo detenciones arbitrarias. Al menos nueve personas murieron y decenas más resultaron heridas.[4]
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno venezolano había puesto en peligro la integridad de las elecciones de 2014 al abusar del uso de recursos del Estado para favorecer a Maduro y que, con ello, había violado el derecho de Capriles a competir en igualdad de condiciones y el derecho de los venezolanos a elegir libremente a su presidente.[5]
Tras 16 años de dominio chavista en el poder legislativo, en 2015 la coalición opositora de la Plataforma Unitaria obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional.[6] Pero en 2017, Maduro convocó una Asamblea Constituyente progubernamental y le otorgó amplios poderes, que iban más allá de la reforma constitucional.[7] Esta medida, que socavó la autoridad de la Asamblea Nacional dirigida por la oposición, desencadenó protestas masivas, en las que decenas de miles de venezolanos salieron a las calles para oponerse a las acciones del gobierno.[8]
En 2018, Maduro se declaró victorioso en unas elecciones presidenciales anticipadas, marcadas por bajos niveles de participación. La inhabilitación de varios candidatos opositores llevó a la oposición a llamar al boicot de las elecciones.[9] El CNE informó que Maduro había obtenido el 67,8 % de los votos, seguido del candidato opositor Henri Falcón con el 21 %.[10] Las elecciones suscitaron críticas generalizadas por no cumplir con estándares internacionales de imparcialidad y transparencia. Gobiernos de todo el mundo rechazaron los resultados[11] y los observadores electorales documentaron irregularidades.[12]
Antes de la toma de posesión de Maduro a principios de 2019, cientos de miles de venezolanos volvieron a tomarse las calles. El líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino durante una manifestación multitudinaria.[13] Más de 50 gobiernos reconocieron a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela.[14] Maduro desconoció los llamados a convocar nuevas elecciones.
En 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) que monitoreó las elecciones locales de noviembre concluyó que los opositores políticos habían sido inhabilitados de manera arbitraria, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían socavado la imparcialidad y la transparencia de las elecciones.[15] En su informé, la misión incluyó 23 recomendaciones para garantizar unas elecciones libres y justas en Venezuela, incluyendo medidas para establecer un proceso de selección de jueces que fuera transparente, apolítico y basado en los méritos y para eliminar las facultades de la Contraloría General para despojar a los ciudadanos de sus derechos políticos mediante un procedimiento administrativo utilizado arbitrariamente contra opositores políticos. El informe también recomendaba reforzar la autoridad del CNE para hacer cumplir la ley, especialmente en relación con el uso de recursos gubernamentales en las campañas electorales y la cobertura de las campañas realizada por los medios de comunicación estatales.[16]
Elecciones de 2024
El 17 de octubre de 2023, los partidos de la oposición venezolana, aliados en la Plataforma Unitaria, y el gobierno de Maduro firmaron el Acuerdo de Barbados, como parte de una negociación que comenzó en México en 2021.[17] Acordaron respetar el derecho de los partidos políticos a elegir a sus candidatos presidenciales y celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, entre otras medidas.[18]
El gobierno de Estados Unidos, en este momento bajo la administración Biden, acordó levantar temporalmente ciertas sanciones a Venezuela a cambio de un compromiso de celebrar elecciones libres y justas.[19] Estados Unidos también liberó a Alex Saab, un empresario colombiano y aliado cercano de Maduro que había sido acusado en Estados Unidos de lavado de dinero. Sin embargo, el incumplimiento por parte del gobierno de Maduro de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Barbados llevó a Estados Unidos a restablecer algunas sanciones en enero y abril de 2024.[20]
El 28 de febrero de 2024, la Asamblea Nacional firmó un Acuerdo Nacional en el que se esbozaban los principios generales para las elecciones presidenciales de 2024, una propuesta de calendario electoral y una ampliación de las “garantías electorales”.[21] Los miembros de la Plataforma Unitaria quedaron fuera del proceso de consulta para redactar dicho acuerdo.[22] El 5 de marzo de 2024, el CNE anunció que las elecciones presidenciales se celebrarían el 28 de julio.[23]
Durante el periodo previo a las elecciones, las autoridades venezolanas tomaron nuevas medidas para socavar la imparcialidad del proceso. La Asamblea Nacional, ahora controlada por el chavismo, sustituyó a los 15 miembros del CNE por personas afines al gobierno. Las autoridades también detuvieron arbitrariamente a opositores políticos, inhabilitaron a candidatos y sustituyeron la dirección de los partidos políticos de la oposición.[24]
A finales de octubre de 2023, María Corina Machado ganó, con más del 90 % de los votos, las elecciones primarias organizadas por la oposición.[25] Sin embargo, en enero de 2024, el TSJ confirmó una decisión de junio de 2023 de la Contraloría General de inhabilitarla a ella y al líder de la oposición Henrique Capriles para presentarse a las elecciones.[26]
Machado intentó entonces nominar a la profesora universitaria Corina Yoris para que se presentara en su lugar, pero el CNE bloqueó su candidatura.[27] En marzo de 2024, el CNE permitió que Edmundo González, un diplomático de larga trayectoria, se inscribiera como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos de la oposición.[28]
La represión previa a las elecciones fue dura. Solo entre el 1 y el 27 de julio, las autoridades detuvieron arbitrariamente a 142 personas, según la organización venezolana Foro Penal.[29] Entre las personas detenidas en los meses previos a las elecciones se encuentra la destacada experta en seguridad y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida en febrero de 2024 y permanecía entre rejas en el momento de redacción de este informe.[30] También fueron detenidos dirigentes, trabajadores o voluntarios del partido de Machado, Vente Venezuela. Su jefe de seguridad, Milciades Avila, se encuentra entre ellos.[31]
Las autoridades venezolanas también hostigaron a personas percibidas como partidarias de la oposición, incluyendo a través del cierre o la imposición de multas a restaurantes u hoteles utilizados por Machado y González y la detención de quienes proporcionaban apoyo logístico, como equipos de sonido, para sus eventos de campaña.[32]
“Colectivos”, grupos criminales y otros grupos armados habrían intimidado a candidatos y votantes de la oposición durante la campaña electoral, especialmente en zonas fronterizas y mineras.[33]
En mayo, el CNE retiró la invitación que había hecho a la UE para observar las elecciones, una medida contraria al Acuerdo de Barbados.[34] El 17 de julio, en respuesta a una invitación de la oposición, un grupo de miembros del Parlamento Europeo aceptó enviar una delegación electoral para supervisar el proceso electoral, pero fueron impedidos de entrar y deportados a su llegada al aeropuerto.[35] Únicamente fue permitida la entrada al país de dos observadores electorales internacionales: el panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter.[36]
También se restringió el registro de votantes. Las autoridades exigieron visa de residente en el extranjero para los venezolanos que quisieran votar desde otro país. Esta medida permitió que solo se pudieran registrar 69.212 de los casi 5 millones de votantes venezolanos que viven en el extranjero.[37] Dos días antes de las elecciones, el gobierno venezolano cerró su frontera con Colombia, donde viven casi tres millones de venezolanos.[38]
El día de las elecciones
A pesar del contexto de intimidación y represión, más del 59 % de los votantes registrados participaron en las elecciones presidenciales.[39] Los expertos de Naciones Unidas observaron un ambiente electoral “en gran medida pacífico” y unas elecciones “logísticamente bien organizadas”.[40]
Observadores electorales, medios de comunicación y usuarios de redes sociales reportaron restricciones en el acceso a algunos centros de votación, así como cambios de ubicación de los centros a última hora.[41]
Los observadores del Centro Carter también identificaron “puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes”, conocidos como “puntos rojos”.[42] En la mayoría de casos, los puntos de control se utilizaron para registrar quién había votado, según el Observatorio Electoral Venezolano (OEV).[43]
Si bien el Centro Carter afirmó que la votación se había desarrollado “de manera cívica”, también documentó incidentes violentos de altercados o protestas en los alrededores de los centros de votación, así como intimidaciones por parte de grupos progubernamentales.[44]
En algunas partes del país, los “colectivos” habrían intimidado a votantes de la oposición y a observadores en los centros de votación.[45] Por ejemplo, varios testigos dijeron a Human Rights Watch que alrededor de las 3 a.m., un grupo de motociclistas armados, que ellos consideraban que formaban parte de los “colectivos”, llegaron a los centros de votación en San Antonio, estado de Táchira, en la frontera con Colombia, y dispararon al aire para intimidar a quienes habían estado haciendo cola desde temprano para votar.[46] Dos testigos nos dijeron que, al inicio de la jornada, las barreras de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET) les impidieron a los motociclistas acercarse a uno de los centros de votación. Sin embargo, entre las 6 y las 7 a.m., los agentes de la DAET retiraron las barreras, lo que les permitió acercarse al centro de votación e intimidar a los votantes.[47]
Después de las elecciones
Seis horas después del cierre de las urnas, el CNE anunció que Maduro había ganado las elecciones con algo más del 51 % de los votos.[48] El CNE no divulgó, y aún no lo ha hecho, las actas de escrutinio de las elecciones, ni realizó las auditorías o procesos de verificación ciudadana que exige la ley.[49] El 22 de agosto, la Sala Electoral del TSJ (que carece de independencia del ejecutivo[50]) ratificó los resultados del CNE.[51]
El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter dijeron que la elección presidencial había carecido de transparencia e integridad y cuestionaron los resultados anunciados.[52] La oposición afirma haber recogido alrededor del 85 % del total de las actas de escrutinio que, según el Centro Carter, pueden considerarse “auténticas”.[53] El Centro Carter también aseguró que esas actas mostraban que González había ganado con aproximadamente el 67 % de los votos, y calificó los resultados anunciados por el CNE como “estadísticamente imposibles”.[54]
Tras el anuncio del CNE el 29 de julio, miles de personas salieron a las calles para exigir un recuento justo de los votos en manifestaciones mayoritariamente pacíficas. Únicamente el 7 % de todas las protestas poselectorales fueron violentas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).[55] El OVCS también documentó que durante las 48 horas posteriores al anuncio del CNE se produjeron más de 900 protestas, la mayoría de ellas en los barrios más empobrecidos, tradicionalmente partidarios del chavismo.[56]
El gobierno respondió con la denominada “Operación Tun Tun”,[57] en un esfuerzo por intimidar, acosar y reprimir a los críticos y manifestantes de todo el país, especialmente en zonas de escasos recursos.[58] Las autoridades instalaron puestos de control, conocidos en Venezuela como “alcabalas”, en todo el territorio nacional y las fuerzas de seguridad detuvieron y a menudo extorsionaron a población civil.[59] En los puestos de control y requisas aleatorias en la calle, las fuerzas de seguridad registraban los celulares y las pertenencias de las personas.[60] Autoridades de alto nivel, incluyendo a Maduro, hicieron un llamado a los venezolanos para reportar a los críticos del gobierno y a los líderes de la oposición mediante aplicaciones móviles como VenApp, desarrollada por el gobierno.[61] Las agencias de seguridad e inteligencia publicaron mensajes y videos de detenciones en redes sociales con el propósito de infundir miedo. Estas publicaciones eran editadas para incluir música perturbadora de la película de terror Pesadilla en Elm Street y efectos visuales que recordaban este tipo de películas. Los videos también mostraban el texto “Operación Tun Tun. Sin lloradera” junto a los logotipos del Ministerio del Interior y de las fuerzas de seguridad.[62]
Los “colectivos” ayudaron en estos esfuerzos: reprimieron protestas,[63] intimidaron a personas en comunidades de escasos recursos,[64] y aparentemente marcaron las casas de críticos y miembros de la oposición con grafitis intimidatorios.[65]
Entre agosto y noviembre, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, también aprobó leyes que restringen gravemente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y criminalizan con hasta 30 años de prisión a quienes hacen incidencia en favor de sanciones en Venezuela, ya sean individuales o sectoriales.[66]
El 10 de enero de 2025, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, juramentó a Maduro como presidente de Venezuela.[67]
Asesinatos durante las protestas
Human Rights Watch recibió reportes creíbles de 25 asesinatos ocurridos en el contexto de protestas. Human Rights Watch recibió estos reportes por parte de organizaciones locales independientes como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), o los identificó en redes sociales. Entre las personas asesinadas hay 24 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La mayoría fueron asesinados entre el 29 y 30 de julio de 2024, cuando las protestas alcanzaron su punto más álgido; 22 de las 25 personas asesinadas tenían menos de 40 años y procedían, en su mayoría, de barrios de escasos recursos.[68]
En el Distrito Capital se registraron ocho casos, la mayoría en las parroquias populares de El Valle y Antímano. Otros siete ocurrieron durante una misma protesta en el barrio San Jacinto, en Maracay, estado Aragua. Los casos restantes ocurrieron en los estados Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, Portuguesa, Táchira, Yaracuy y Zulia.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró en varias ocasiones que 28 personas habían muerto “a manos de manifestantes violentos”.[69] También dijo que las muertes podían atribuirse a grupos que apoyaban la candidatura de Edmundo González, conocidos como “comanditos”.[70]
Las evidencias recolectadas en este informe vinculan a las fuerzas de seguridad, incluyendo a la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en algunos asesinatos. En otros casos, los responsables parecen ser los grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”.
Human Rights Watch documentó cómo, en muchos casos, las fuerzas de seguridad inicialmente trataron de controlar o dispersar las protestas utilizando barreras, lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a los manifestantes. En caso de que las manifestaciones continuaran, miembros de los “colectivos”, a menudo armados, llegaban a la zona para intimidar o atacar a los manifestantes.[71]
Casos seleccionados
Rancés Daniel Yzarra Bolívar y Jesús Gregorio Tovar Perdomo (estado Aragua, 29 de julio)
Rancés Daniel Yzarra Bolívar, un ingeniero civil de 30 años que trabajaba en un tráiler de comida, participó en manifestaciones en el barrio San Jacinto, en Maracay, estado Aragua, el 29 de julio. Vivía en un complejo de viviendas sociales que sufría apagones recurrentes. Un familiar de Yzarra Bolívar dijo que había estado esperanzado con las elecciones y habría participado en las protestas debido a una “frustración por la falta de cambio”.[72]
Jesús Gregorio Tovar Perdomo, de 21 años, trabajaba con su padre en el mercado local de Maracay. Sus familiares lo describieron como un joven tranquilo, que no hablaba mucho.[73]
En la mañana del 29 de julio, habitantes del barrio San Jacinto, en Maracay, una ciudad a unos 80 kilómetros al oeste de Caracas, hicieron un cacerolazo desde sus casas, en protesta por un apagón y por el resultado electoral anunciado.[74] Alrededor de las 2:30 p.m., los manifestantes salieron a las calles en dirección hacia el Obelisco de Maracay, un punto de referencia en la ciudad situado a 200 metros del complejo militar de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista del Ejército.[75]
Human Rights Watch verificó tres videos en los que se ve a miles de manifestantes alrededor del Obelisco. Dos de los videos, filmados desde un edificio alto, fueron publicados en Facebook el 29 de julio y grabados entre la 1:45 y las 3 p.m., según un análisis de las sombras presentes en las imágenes. El tercero, que fue filmado aproximadamente de las 2 p.m., muestra a un gran número de personas con banderas, cantando el himno nacional venezolano.[76]
Decenas de personas se acercaron a la brigada y pidieron a los soldados que salieran y se unieran a la protesta, nos dijo un testigo. Un soldado les pidió que se fueran. Algunos manifestantes lo hicieron, pero otros se quedaron. Aproximadamente media hora después llegó la GNB.[77]
Un video publicado en Instagram por un periodista y verificado por Human Rights Watch muestra la llegada de agentes de la GNB alrededor de las 5:00 p.m.[78] En el video, agentes en motocicletas equipados con material antidisturbios y acompañados por un vehículo antidisturbios avanzan por la Avenida 2 Oeste y forman una barrera frente a la brigada. También se observa a manifestantes, algunos en motocicletas y otros a pie, coreando pacíficamente “libertad, libertad” cerca de la entrada al complejo militar. Otros cuatro videos analizados por Human Rights Watch muestran a personas protestando pacíficamente cerca de la misma entrada.[79]
Un video de seis minutos publicado en Instagram por un periodista casi media hora después y verificado por Human Rights Watch muestra una nube de humo procedente de dos lugares en las inmediaciones de la brigada. Una voz fuera de cámara dice que son las 5:37 p.m. y que agentes de la GNB están utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.[80] Human Rights Watch geolocalizó el video a unos 150 metros de la brigada militar.
Un periodista dijo a Human Rights Watch que después de que la GNB intentara dispersar violentamente a la multitud, algunos manifestantes lanzaron piedras y quemaron motocicletas de la policía como represalia. En un video verificado por Human Rights Watch se ve a manifestantes lanzando bombas molotov en dirección a la brigada.[81]
Aproximadamente a las 6:00 p.m., una bala alcanzó a Yzarra Bolívar en el lado izquierdo del pecho, según un familiar.[82] Human Rights Watch analizó y geolocalizó cuatro videos en los que se veía a Yzarra Bolívar herido.[83] En un video verificado por Human Rights Watch, grabado por un periodista a las 5:50 p.m. y publicado en Instagram unos 20 minutos después, se ve a dos manifestantes llevando a Yzarra Bolívar a un lugar situado a unos 150 metros de la brigada militar. Se escucha a otros manifestantes gritar “lo mataron”. El video muestra posteriormente a otros tres manifestantes llevándolo a la parte trasera de una camioneta blanca, que se aleja.[84]
El certificado de defunción de Yzarra Bolívar, que Human Rights Watch revisó, dice que murió de un shock hemorrágico agudo debido a la perforación de órganos torácicos.[85]
Human Rights Watch analizó y geolocalizó un video que fue enviado directamente a los investigadores en el que se ve a otro manifestante, Tovar Perdomo, gravemente herido en la misma protesta.[86] En el video, grabado en la avenida Bolívar, aproximadamente a 25 metros de la brigada, se ve a un grupo de manifestantes tratando de subir desesperadamente en una motocicleta a un hombre que está inconsciente. En el video se oyen tres disparos y se puede ver al menos a un hombre uniformado con un escudo antidisturbios en el fondo. A continuación, la cámara se acerca al lado izquierdo de la cintura del hombre para mostrar una herida abierta de gran tamaño. Un tatuaje en el antebrazo izquierdo de la persona herida coincide con una fotografía de Tovar Perdomo enviada a Human Rights Watch por un familiar.[87]
El Grupo Independiente de Expertos Forenses (GIEF) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés) revisó un video de la herida de Tovar Perdomo y concluyó que fue causada por un disparo a alta velocidad o a corta distancia.[88]
En otro video publicado en la red social X, el 29 de julio, se ve a un hombre sin camisa, inmóvil en el suelo, boca abajo, en la avenida Bolívar, aproximadamente a 166 metros de la brigada.[89] Un grupo de manifestantes, algunos en motocicletas y otros a pie, se dirige hacia el hombre que yace en el suelo sin camisa para tratar de ayudarlo. Uno de ellos lleva un escudo antimotines de la GNB, aparentemente para protegerse. A la distancia se ve un grupo numeroso de oficiales de la GNB, aproximadamente a 135 metros, en la intersección entre la avenida y la brigada. Debido a la presencia del personal uniformado y a la vestimenta de uno de los manifestantes, parece que los dos videos fueron grabados más o menos al mismo tiempo. Human Rights Watch no pudo determinar la identidad del hombre tendido en el suelo.
Human Rights Watch también revisó evidencia relacionada con la muerte, durante la misma protesta, de José Antonio Torrents Blanca, un sargento primero de la GNB. El 30 de julio, el comandante general de la GNB, Elio Estrada, anunció la muerte de Torrents Blanca en la red social X y lo calificó como “víctima de la violencia desencadenada por grupos fascistas”.[90]
Human Rights Watch verificó un video que fue enviado directamente a los investigadores en el que se ve a agentes de la GNB cargando a una persona, aparentemente inconsciente, con uniforme militar. Una voz fuera de cámara dice: “Le dieron a Torrente”. El video fue grabado en lo que parece ser un estacionamiento a unos 50 metros frente a la brigada. En el fondo se ven columnas de humo que coinciden con la ubicación aproximada de los incendios que se observan en otros videos.[91] Un video ligeramente borroso, publicado el 30 de julio en la red social X, muestra a un grupo de agentes de la GNB subiendo a una persona inconsciente en la parte trasera de una motocicleta en el mismo lugar del video anterior.[92] No se pudo determinar la hora exacta de ambos videos ni las circunstancias de la muerte del sargento.
Human Rights Watch recibió reportes de que otras cuatro personas murieron a causa de las heridas infligidas durante la misma protesta en Maracay: Anthony David Moya Mantía, Jesús Ramón Medina Perdomo, Gabriel Ramos Pacheco y Andrés Alfonso Ramírez Castillo. Las organizaciones locales de derechos humanos que documentaron los casos dijeron a Human Rights Watch que aparentemente todos murieron por heridas de arma de fuego.[93]
La Encuesta Nacional de Hospitales, un grupo de trabajadores médicos que monitorea las condiciones sanitarias en Venezuela, informó que unas 50 personas heridas en protestas llegaron a tres hospitales de Maracay entre el 29 de julio y el 1 de agosto.[94] Human Rights Watch analizó y geolocalizó cuatro videos en los que se ve a ocho personas heridas o siendo transportadas por manifestantes.[95] Algunos de los pacientes heridos o fallecidos tenían heridas de arma de fuego, señaló el grupo de médicos.
Dos personas cercanas a las víctimas y un testigo presente durante la protesta dijeron que muchos manifestantes resultaron heridos por disparos procedentes del interior de la brigada.[96]
Human Rights Watch verificó un video grabado por un periodista local que recibió disparos en el abdomen y en la pierna derecha durante las protestas.[97] En el video, grabado frente a la brigada, de cara a la entrada, se oyen tres disparos. Tras oírse el último disparo, el periodista baja la cámara y deja de filmar la escena de la protesta. Con el objetivo de la cámara apuntando al suelo, se detiene junto a un árbol, donde varias personas se le acercan y parecen expresar preocupación por su bienestar. El periodista dijo a Human Rights Watch que el video fue filmado aproximadamente a las 5:30 p.m.[98]
Walter Loren Páez Lucena (estado Lara, 4 de agosto)
Walter Loren Páez Lucena, de 29 años y padre de dos hijos, se unió a un grupo de manifestantes en Carora, estado Lara, el 30 de julio.
La noche anterior, algunos manifestantes en motocicletas se reunieron frente a la oficina local del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como se puede ver en tres videos publicados en Instagram y en X durante la madrugada del 30 de julio.[99] En un video, un manifestante trepa la pared del edificio para quitar una propaganda electoral de Maduro, mientras otros lo animan. A otro manifestante se lo ve pintando con un espray en la pared del edificio “¿Hasta cuándo?”.
Al día siguiente, algunos manifestantes se reunieron cerca de la avenida Francisco de Miranda, junto a la plaza Ambrosio Oropeza. Un periodista y un testigo nos dijeron que la manifestación fue pacífica. Seis videos publicados en Facebook y verificados por Human Rights Watch en los que se ve a manifestantes ondeando banderas, haciendo un cacerolazo y entonando cánticos corroboran los testimonios.[100] Una fotografía publicada a las 12:58 p.m., subtitulada con la hora 11:40 a.m., muestra a cientos de personas reunidas pacíficamente cerca de la plaza.[101]
Los documentos de la investigación policial revisados por Human Rights Watch dicen que Páez Lucena fue herido de bala aproximadamente a las 2 p.m., cerca de la oficina local del PSUV, a cinco cuadras de la plaza Ambrosio Oropeza.[102] Varias fuentes, entre ellas un testigo que estuvo presente en el lugar de los hechos, confirmaron la hora aproximada de los hechos.[103]
Su madre y una prima informaron a la policía que la protesta había sido pacífica hasta que comenzaron los disparos.[104] Un testigo también dijo que los manifestantes reaccionaron solo después de que Páez Lucena recibiera un disparo y la GNB se hubiera ido. “Imagínate que estás protestando de manera pacífica y [desde la oficina del PSUV] te comienzan a lanzar plomo mientras la GNB se queda ahí viendo, eso te enardece”, nos dijo el testigo.[105]
Un video compuesto por cuatro clips y publicado en la tarde del 30 de julio en Facebook por Carora TV muestra a manifestantes reunidos pacíficamente, mientras decenas de agentes de la GNB con escudos antimotines permanecen organizados en fila a pocos metros de la oficina del PSUV.[106] Las sombras indicarían que el primer clip fue grabado alrededor de las 2 p.m., hora en la que Páez Lucena fue herido. El segundo clip del video muestra a oficiales de la GNB con equipo antimotines y al menos ocho motocicletas cuyos conductores usan ropa y cascos negros. En el tercer clip, el reloj de un hombre marca las 12:50 p.m. mientras los manifestantes en motocicletas se alejan aproximadamente 100 metros de la oficina en la calle Riera Silva. Otro video publicado en Instagram en la tarde y grabado en el mismo lugar entre las 3:30 y 4:00 p.m., según el análisis de las sombras, muestra a los manifestantes corriendo hacia el oeste. Se puede ver un pequeño fuego en la mitad de la calle.[107]
Los videos muestran el deterioro de las condiciones en el exterior de la oficina del PSUV durante la tarde, a medida que la situación escalaba antes de que anocheciera a las 7:30 p.m. En un video, se puede ver a un oficial de la GNB que parece intentar hablar con los manifestantes, algunos con la cara cubierta. Otro manifestante a la distancia lanza objetos en dirección a la oficina del PSUV, rompiendo algunas ventanas cercanas.[108] Un video publicado en línea por el gobernador del estado Lara muestra a manifestantes lanzando objetos contra agentes de la GNB.[109]
Testimonios, artículos de medios de comunicación, un informe del cuerpo de bomberos revisado por Human Rights Watch y videos y fotografías publicados en Facebook, Instagram y en X indican que los manifestantes prendieron fuego a la oficina del PSUV, dañando el edificio, y al menos a una decena de motocicletas.[110]
En los días posteriores a estos hechos, varios videos circularon en redes sociales, entre los que destacan los que fueron compartidos por una reportera de la emisora estatal VTV CANAL. Los videos muestran a varias personas vestidas de civil que están heridas y a una de ellas que es atacada con patadas, piedras y un machete.[111] Human Rights Watch no pudo vincular la ubicación de estos videos con la oficina del PSUV ni confirmar que correspondan a este incidente.
Tras ser herido, Páez Lucena recibió tratamiento inicial en la Policlínica de Carora, pero fue enviado a casa. Debido a que su estado empeoró, Páez Lucena regresó a la clínica, donde los médicos recomendaron una intervención quirúrgica inmediata. Debido a limitaciones económicas, su familia lo trasladó al Hospital Central Universitario ‘Antonio María Pineda’, en Barquisimeto (a una hora y media en carro), donde fue operado el 3 de agosto.[112]
Su pareja, María de los Ángeles Lameda Méndez, fue detenida esa noche, cuando salía del hospital a comprar insumos médicos para Páez Lucena. Según declaraciones que la madre y una prima de Páez Lucena dieron a la policía, alrededor de la 1 a.m. un fiscal informó a Páez Lucena que su esposa había sido detenida. Aproximadamente las 7 a.m. del 4 de agosto, Páez Lucena murió en el hospital.[113]
Los documentos policiales y el certificado de defunción indican que Páez Lucena murió de una sepsis causada por una peritonitis que fue originada por una herida de bala.[114] Un experto forense independiente revisó la autopsia de Páez Lucena y concluyó que las heridas podrían haber sido causadas por un arma de fuego de munición coincidente con el tipo de casquillos de bala encontrados en el lugar de los hechos.[115]
Antes de morir, Páez Lucena le dijo a su madre que hombres encapuchados habían disparado desde la parte interna del techo de la oficina del PSUV.[116] Según el análisis balístico de la policía, se encontraron casquillos de bala en el piso superior del edificio, lo que permite concluir que el tiroteo se habría producido desde allí.[117]
Lameda Méndez fue excarcelada a finales de diciembre, pero sigue siendo investigada por presunto terrorismo e incitación al odio.[118] Una fuente cercana a la familia dijo a Human Rights Watch que Lameda Méndez no participó en la protesta del 30 de julio.[119]
Carlos Oscar Porras (estado Miranda, 29 de julio)
El 29 de julio, Carlos Oscar Porras, un entrenador de fútbol y padre de dos hijos conocido como “Bigote”, participó en una protesta en Guarenas, estado Miranda.
Una periodista que cubrió las protestas en Guarenas los días 29 y 30 de julio dijo a Human Rights Watch que las manifestaciones comenzaron espontáneamente entre las 10:30 y las 11 a.m. del 29 de julio y que fueron pacíficas.[120] Los manifestantes hacían cacerolazos en los barrios populares de Guarenas. Inicialmente, los manifestantes se reunieron a lo largo de la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire. Más tarde, se desplazaron por la ciudad y llegaron a zonas como Trapichito, Menca de Leoni y La Vaquera, donde Porras estaba manifestándose, según su tía.
La periodista nos dijo que, aproximadamente a las 6 p.m., agentes de la GNB comenzaron a intimidar a los manifestantes que estaban en La Vaquera, en un esfuerzo por dispersarlos.[121] Un video enviado a nuestros investigadores y verificado por Human Rights Watch muestra un vehículo blindado de color blanco con marcas de la GNB que gira por la calle Oeste, en dirección a La Vaquera, mientras un grupo de motociclistas continúa por una calle principal.[122] A medida que el vehículo se aproxima, una nube de humo consistente con el gas lacrimógeno se observa cerca de los manifestantes. Los manifestantes huyen y al menos uno de ellos lanza un objeto hacia el vehículo blindado. En el video, también se ve cómo un hombre vestido con pantalón gris y camiseta blanca sale corriendo de detrás de un árbol. La tía de Porras identificó al hombre como su sobrino.[123] La ropa que lleva coincide con la que lleva Porras en otro video revisado por Human Rights Watch.[124] La baja posición del sol en el cielo y las luces del vehículo blindado sugieren que el video fue grabado aproximadamente a las 6 p.m. Cuando el vehículo de las fuerzas de seguridad se acerca, se oye de fondo el sonido de una detonación.
En otro video publicado en la red social X el 29 de julio a las 9:27 p.m., grabado en la noche desde un edificio ubicado en la misma calle, se ve a un grupo de manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad y lanzando bombas molotov.[125]
En un tercer video enviado directamente a los investigadores, grabado en la noche desde un piso alto de un edificio en La Vaquera, se ve a un hombre que camina lentamente hacia el norte por la Calle Oeste, junto con otros manifestantes. El hombre está vestido con ropa que coincide con el pantalón gris y la camiseta blanca que llevaba Porras. En el video también se ve a un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad en medio de la calle, rodeados de escudos antidisturbios, a 170 metros al norte de la ubicación de Porras, cerca de la vía principal.[126] A los ocho segundos del video se oye un disparo, el video vuelve a mostrar a un manifestante, que ahora está en el suelo. En el segundo 24, se ve un breve destello de luz naranja cerca de los escudos, seguido de un sonido de disparo. Una voz en el video dice: “Mira, están disparando”. En el segundo 38, se oye un disparo más fuerte y la misma voz dice: “Le dispararon a ‘Bigote’, le dispararon”. Debido la distancia entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en el momento de los disparos, Human Rights Watch determinó que estos no fueron hechos con armas cortas o armas menos letales.
Human Rights Watch no pudo confirmar si efectivamente la persona a la que se hacen referencia en el video es Porras, aunque el apodo coincide. Otro video publicado en la red social X el 30 de julio muestra un hombre tendido en el suelo mientras algunas personas le rasgan la camiseta e intentan tratarle una herida en el cuerpo. La tía de Porras lo identificó como su sobrino.[127]
Isaías Jacob Fuenmayor González (estado Zulia, 29 de julio)[128]
Isaías Jacob Fuenmayor González, de 15 años, salió de su casa en San Francisco, estado Zulia, cerca del mediodía del 29 de julio para practicar un baile con sus amigos para la fiesta de 15 años de un amigo, dijo su hermana a Human Rights Watch.[129] De camino a casa, indicó su hermana, Fuenmayor González se encontró con unos amigos que estaban en una manifestación cerca del liceo Mathías Lossada, que había funcionado como centro de votación el día anterior. Un video enviado a los investigadores y verificado por Human Rights Watch muestra a Fuenmayor González caminando entre los manifestantes, a medio camino entre el lugar del ensayo y su casa.[130] La luz en el cielo que se desvanece hacia el oeste indica que el video fue filmado a última hora del día.
Un periodista que estaba presente en las protestas dijo a Human Rights Watch que miembros de la GNB en motocicletas se dirigieron en repetidas ocasiones y en diferentes momentos de esa tarde hacia la multitud para intentar dispersar la protesta.[131] Human Rights Watch verificó dos videos que, de forma consistente con lo informado por el periodista, muestran a miembros de la GNB utilizando sus motocicletas para dispersar a los manifestantes.[132] Analizando las sombras, Human Rights Watch determinó que uno de los videos, publicado en la red social X a las 6:35 p.m., fue grabado alrededor de las 4:10 p.m. El periodista también afirmó que algunos manifestantes lanzaron piedras contra la sede local del PSUV, ubicada frente al liceo.[133]
El periodista, medios de comunicación locales y organizaciones de derechos humanos afirman que miembros de los “colectivos” atacaron a los manifestantes tras el enfrentamiento inicial de la GNB con los manifestantes.[134] Poco después de las 7:30 p.m., una bala impactó a Fuenmayor González en el cuello. Dos videos filmados por la noche, que Human Rights Watch verificó y geolocalizó en una esquina del liceo Mathías Lossada, frente a la oficina local del PSUV, muestran a un muchacho llevando a Fuenmayor González, claramente herido, hacia una motocicleta.[135]
Fuenmayor González fue trasladado en motocicleta al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, donde falleció. Su certificado de defunción, que Human Rights Watch revisó, indica que murió debido a una hemorragia causada por una herida de arma de fuego en el cuello.[136]
“Quiero que se haga justicia por el caso de mi hermano”, dijo la hermana de Fuenmayor González a Human Rights Watch. “Era un niño que no merecía eso, un niño que recién empezaba a vivir”.[137]
Anthony Enrique García Cañizalez y Olinger Johan Montaño López (Distrito de Caracas, 29 de julio)
En la tarde del 29 de julio, Anthony Enrique García Cañizalez, un estudiante de 20 años, salió de su casa en la parroquia de El Valle, Caracas, para llevar comida a un familiar en el Hospital Materno Infantil Comandante Supremo Hugo Chávez, dijo su tía a Human Rights Watch.[138] Cuando regresaba a casa, García Cañizalez se encontró con una protesta cerca de la escuela Abigail González, que había funcionado como centro de votación.
Olinger Johan Montaño López, de 23 años, quien trabajaba como barbero en la parroquia de El Valle, participó en la protesta junto a la escuela Simoncito Libertador, según un video de Facebook geolocalizado por Human Rights Watch, aproximadamente a 750 metros al noreste de la escuela Abigail González.[139] Montaño López era un apasionado de la música. Cantaba y escribía sus propias canciones bajo el nombre artístico de “Saffary”, según sus publicaciones en redes sociales.[140] “Es mejor morir en batalla que morir en miseria”, publicó en sus redes ese día.[141]
Human Rights Watch verificó tres videos filmados al noreste de la escuela Abigail González, en los alrededores de la Plaza Bolívar, que muestran a miembros de la GNB dispersando la protesta, incluso lanzando gases lacrimógenos o granadas de humo y disparando proyectiles de impacto cinético con armas antimotines.[142] En uno de los videos, filmado de noche, una persona que se identifica como periodista indica que son las 7:32 p.m. (aquel día anocheció a las 7:14 p.m.). En el video se ve a manifestantes lanzando lo que parecen ser piedras hacia los agentes de las fuerzas de seguridad, quienes lanzan lo que parecen ser gases lacrimógenos o granadas de humo y disparan armas no identificadas hacia fuera del encuadre de la cámara.
Dos videos filmados por la noche, y geolocalizados por Human Rights Watch a tan solo doscientos metros al noroeste de la escuela Abigail González, muestran a un grupo de personas cargando a una persona herida, que Human Rights Watch identificó como Montaño López, y a un grupo de personas alrededor de otra persona herida en una calle contigua.[143] Un video compartido en redes sociales muestra a un grupo de personas levantando a un hombre sin camiseta cubierto de sangre.[144] La tía de García Cañizalez identificó al hombre como su sobrino.[145] Human Rights Watch geolocalizó el video y determinó que fue filmado en el mismo lugar que los otros dos videos.
La tía de García Cañizalez dijo a los investigadores que su sobrino recibió un disparo alrededor de las 8:30 p.m., a 400 metros de distancia de su casa.[146] Montaño López dejó de responder a los mensajes de texto hacia las 8:40 p.m., dijo una fuente a Human Rights Watch.[147]
García Cañizalez murió ese mismo día en el Hospital de Coche. Su certificado de defunción indica que murió a causa de una hemorragia interna masiva provocada por heridas de arma de fuego.[148] “Era un chico joven, con ganas de vivir, a quien le arrebataron la vida”, dijo su tía.[149]
Montaño López también fue trasladado al Hospital de Coche, donde falleció. Su certificado de defunción dice que murió debido a un traumatismo torácico penetrante causado por una herida de arma de fuego.[150]
Aníbal José Romero Salazar (Distrito de Caracas, 29 de julio)
El 29 de julio, Aníbal José Romero Salazar, un obrero de 24 años conocido por sus amigos como “Pimpina”, participó en una protesta en Carapita, un barrio popular de la parroquia de Antímano, Caracas.
Human Rights Watch verificó dos videos filmados uno tras otro y publicados en la red social X a las 4:43 p.m. y a las 4:53 p.m. En ellos se ve a manifestantes en la avenida Intercomunal, a 300 metros hacia el suroeste de la estación de metro de Carapita, cantando pacíficamente y caceroleando mientras las motocicletas que pasan tocan la bocina. En un video, un grupo de hombres está de pie en una parada de autobús y en una estructura cercana.[151] Gracias a información meteorológica, Human Rights Watch pudo determinar que los videos fueron grabados entre las 2:30 p.m. y el momento de su publicación.
Un tercer video publicado en TikTok a las 5:31 p.m. del 29 de julio y filmado esa misma tarde muestra a cientos de manifestantes junto a un puente peatonal cercano.[152] Se puede ver a decenas de manifestantes lanzando objetos contra varios policías con uniformes oscuros y otros con chalecos amarillos que se escudan y huyen. Otros agentes parecen disparar sus armas contra los manifestantes.
Alrededor de las 7:00 p.m., una bala alcanzó a Romero Salazar en el lado derecho de la frente. En una fotografía publicada en la red social X a las 7:45 p.m. del 29 de julio y revisada por Human Rights Watch se ve la herida.[153] Romero Salazar se encontraba a unos 230 metros de los manifestantes en la avenida Intercomunal.
Human Rights Watch revisó un mensaje de audio enviado por un testigo a una organización local de derechos humanos.[154] El testigo, que dijo haber estado en la protesta con Romero Salazar, afirmó que cuando Romero Salazar resultó herido, agentes de policía de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) estaban disparando armas de fuego contra los manifestantes cerca de una iglesia local.[155] Un video subido a TikTok y grabado aproximadamente a 100 metros al sur de donde Romero Salazar recibió los disparos muestra a una persona armada con ropa oscura y letras blancas en la espalda, uniforme consistente con los que utiliza la DAET.[156]
Un video verificado por Human Rights Watch, publicado en YouTube el 2 de agosto y filmado desde un edificio cercano, muestra los 21 segundos previos al disparo contra Romero Salazar y algunos segundos posteriores.[157] Romero Salazar se encuentra fuera de la iglesia con un grupo de manifestantes, sosteniendo lo que parece ser un escudo casero. Se oye un disparo y Romero Salazar cae al piso. Otro video filmado en el mismo lugar, que fue compartido en la red social X a las 7:35 p.m. del 29 de julio, muestra a manifestantes cargando a Romero Salazar herido.[158]
El testigo, cuyo audio revisó Human Rights Watch, dijo que los agentes de policía no permitieron que los manifestantes llevaran a Romero Salazar al hospital.[159] Un video filmado al anochecer muestra a Romero Salazar acostado y herido en la parte trasera de una camioneta estacionada.[160] Finalmente, los manifestantes pudieron llevarlo al cercano Hospital Pérez Carreño, donde falleció.
Durante una rueda de prensa el 31 de julio, Maduro mostró una publicación de redes sociales que hacía referencia a la muerte de Romero Salazar y dijo que era una “noticia falsa”. Maduro afirmó que Romero Salazar había confesado que su muerte había sido fingida y, como prueba, mostró un video de un hombre afirmando que su propia muerte había sido simulada.[161]
Sin embargo, Human Rights Watch ha podido establecer que la afirmación de Maduro de que Romero Salazar no estaba muerto es manifiestamente falsa: el nombre utilizado por el hombre en el video que mostró Maduro y el lugar en el que afirmó que ocurrió el incidente no coinciden con el caso de Romero Salazar. Una organización local de derechos humanos que ayudó a la familia de Romero Salazar también confirmó que la persona del video que mostró Maduro no es él.[162]
Yorgenis Emiliano Leyva Méndez (estado Miranda, 30 de julio)
El 30 de julio, Yorgenis Emiliano Leyva Méndez, de 35 años, participó en las protestas de motorizados en el municipio Ambrosio Plaza, estado Miranda, contra los resultados electorales anunciados. La protesta del 30 de julio en Guarenas fue en su mayor parte pacífica, dijo a Human Rights Watch un periodista que cubrió la protesta. “Lo más violento que vi fue a gente arrancando propaganda electoral de Maduro y quemándola”, dijo.[163]
Human Rights Watch verificó un video de la protesta, grabado a las 4 p.m., de acuerdo con la información al pie del video y publicado una hora después en Instagram.[164] El video muestra a un grupo de personas coreando pacíficamente y portando banderas en la Avenida Intercomunal Guarenas-Guaitare, a 7,5 kilómetros de la Plaza Bolívar. Más tarde, la protesta se desplazó hacia Guarenas, dijo el periodista. Según testigos y un video revisado por Human Rights Watch, a las 5:50 p.m. un grupo de personas en motocicletas estaban gritando y haciendo sonar sus bocinas alrededor de la Plaza Bolívar.[165] En el video se ve a Leyva Méndez en una motocicleta entre el grupo.
La plaza estaba custodiada por la policía municipal y hombres armados que personas del lugar describieron como pertenecientes al “colectivo” Los Tupamaros, según el periodista que cubrió la protesta.[166] Esa tarde, el alcalde Freddy Rodríguez, partidario de Maduro, había publicado en Instagram que las “fuerzas revolucionarias” estaban “activadas” para “defender” la ciudad.[167] El día anterior, un grupo de al menos tres hombres no identificados lanzó una bomba molotov en la Plaza Bolívar. Human Rights Watch analizó y geolocalizó un video del incidente.[168]
Alrededor de las 6:30 p.m., una bala alcanzó a Leyva Méndez cerca de la Plaza Bolívar. El certificado de defunción, que Human Rights Watch revisó, indica que sufrió una hemorragia interna por una herida de arma de fuego que le laceró la arteria femoral.[169]
Human Rights Watch verificó un video que muestra a Leyva Méndez herido, con la ropa manchada de sangre, siendo cargado por dos personas y colocado en una motocicleta, aproximadamente a 100 metros de la Plaza Bolívar, donde se encuentra el edificio de la alcaldía.[170] En el video se oye a la gente decir que el disparo procedía de dicho edificio. Un periodista que cubría la protesta también dijo que desde allí dispararon a la gente.[171]
Desapariciones forzadas y abusos generalizados en los centros de detención
Aunque el número exacto sigue siendo incierto, más de 2.000 personas relacionadas con las protestas poselectorales y la oposición política han sido detenidas desde las elecciones del 28 de julio.
Según la organización venezolana Foro Penal, al menos 2.062 personas fueron detenidas entre el 28 de julio y el 31 de diciembre de 2024. El mayor número de detenciones tuvo lugar entre el 28 de julio y las dos primeras semanas de agosto.[172] A principios de agosto, Maduro dijo que 2.229 personas habían sido detenidas y las calificó de “terroristas” y “delincuentes”.[173]
Si bien la gran mayoría de detenciones se produjo entre julio y agosto, las detenciones arbitrarias continuaron, aun cuando las protestas disminuían, especialmente durante los días inmediatamente anteriores a la toma de posesión de Maduro el 10 de enero. Foro Penal documentó alrededor de 50 detenciones arbitrarias en ese periodo.[174]
Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, han dicho en varias ocasiones que los detenidos eran responsables de hechos violentos, terrorismo y otros delitos.[175] No obstante, Human Rights Watch ha recolectado evidencia de personas que fueron detenidas por realizar actividades que deberían estar protegidas conforme al derecho internacional de los derechos humanos, tales como participar en protestas, criticar al gobierno o ser parte de la oposición política. Estas personas fueron detenidas arbitrariamente o en virtud de procedimientos sin las debidas garantías procesales.
Desapariciones forzadas
En la mayoría de casos documentados por Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad no les mostraron a los detenidos una orden de detención en el momento de su arresto. Varios fueron detenidos por hombres encapuchados, que no se identificaron como miembros de las fuerzas de seguridad. Con frecuencia, las familias se enteraban de las detenciones por testigos, conocidos vinculados con las fuerzas de seguridad o denuncias anónimas.[176]
A menudo, las autoridades negaron haber realizado dichas detenciones o se negaron a entregar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares y a otras personas, lo según que el derecho internacional equivale a una desaparición forzada.[177]
Además, los jueces con frecuencia no resolvieron a tiempo las solicitudes de habeas corpus o las rechazaron por motivos irrazonables, tales como afirmar que eran los familiares quienes tenían la obligación de identificar el cuerpo de las fuerzas de seguridad responsable de la detención.[178]
Durante días o semanas, los familiares buscaron a sus seres queridos desaparecidos en varios centros de detención e incluso en morgues.[179] A menudo, el paradero de los detenidos solo se pudo confirmar por información transmitida por otros detenidos o porque los funcionarios de las prisiones recibían las pertenencias personales que las familias llevaban a los detenidos. Muchos consideraron esta recepción de las pertenencias como un reconocimiento tácito de que la persona estaba detenida en ese lugar.[180] A principios de abril, Foro Penal señaló que aún había 62 personas cuyo paradero seguía sin conocerse.[181]
Rafael Tudares Bracho
El 7 de enero de 2025, unos sujetos encapuchados interceptaron a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, cuando llevaba a sus hijos de 7 y 8 años al colegio. Según un relato escrito de la familia compartido con Human Rights Watch, los encapuchados apartaron violentamente a Tudares Bracho de su vehículo y dejaron a los niños en la calle.[182]
Mariana González, esposa de Tudares Bracho, realizó varios intentos para localizarlo. Visitó centros de detención en Caracas y sus alrededores, pero las autoridades le negaron sus pedidos de información. En uno de los centros, un guardia le permitió dejar ropa para Tudares Bracho. Sin embargo, cuando regresó, los funcionarios le dijeron que él nunca había estado allí. En otra ocasión, los agentes de seguridad le dijeron que Tudares Bracho estaba en la cárcel Rodeo I. Cuando fue a buscarlo, los guardias le dijeron que no estaba allí.
En febrero, González se enteró de que Tudares Bracho había sido presentado ante un juez el 10 de enero y había sido acusado de traición, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir, en “complicidad” con Edmundo González. Sin embargo, a principios de marzo, las autoridades le comunicaron que la audiencia se había celebrado el 18 de febrero, más de un mes después de la detención.
González se enteró de que las autoridades le asignaron a Tudares Bracho un abogado de oficio, a pesar de los esfuerzos de su familia por aportar un abogado privado de su elección. Según González, el abogado de oficio no estuvo presente en la audiencia en la que Tudares Bracho fue presentado ante un juez. Las autoridades se negaron a compartir el nombre del abogado de oficio con la familia.
“Ser yerno de mi padre no es un delito”, escribió González.
Sofía María Sahagún Ortiz
Agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron a Sofía María Sahagún Ortiz, ciudadana hispano-venezolana, el 23 de octubre cuando estaba por abordar un avión en el aeropuerto de Caracas con destino a Madrid.[183] Su familia dijo que Sahagún Ortiz envió un mensaje de texto a su esposo en el que aseguraba que había pasado el control de pasaportes. Al día siguiente, sus familiares se enteraron de que no le habían permitido abordar el avión, pero no les informaron sobre lo que ocurrió después. La familia solicitó en repetidas ocasiones a las autoridades venezolanas que la localizaran y clarificaran si había sido detenida.
Tras la desaparición de Sahagún Ortiz, agentes de la policía se presentaron varias veces en su domicilio, acosando a familiares y conocidos con preguntas sobre la familia, dijo su esposo a Human Rights Watch. Él y sus hijos se vieron obligados a mudarse de casa y, días después, a huir de Venezuela.
El 30 de octubre, el abogado de la familia envió una petición al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que investiguen el caso de Sahagún Ortiz.[184] Sin embargo, los fiscales se negaron a abrir una investigación, según informó el abogado a Human Rights Watch. Según documentos judiciales revisados por Human Rights Watch, los fiscales transfirieron el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), una rama de la policía encargada de llevar a cabo investigaciones forenses.[185]
El 19 de diciembre de 2024, es decir, 57 días después de su detención, le permitieron a Sahagún Ortiz llamar a su esposo y a su hermano. Ella les dijo que había sido detenida en el aeropuerto el 23 de octubre y que estaba recluida en el Centro de Control y Resguardo de Detenidos de la Policía Nacional, en El Valle, Caracas.[186]
Al día siguiente, sus abogados visitaron el centro policial para entregarle artículos de aseo, comida y ropa. Los policías les informaron que había sido trasladada, pero no indicaron adónde, y les devolvieron los objetos personales que Sahagún Ortiz llevaba consigo el día de su detención.
El 31 de enero de 2025, la Defensoría del Pueblo informó a la familia que Sahagún Ortiz había tenido una audiencia virtual el 19 de diciembre de 2024 ante un juez con competencia en casos de terrorismo y que al día siguiente había sido trasladada al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas.
El 3 de febrero, sus abogados fueron al Helicoide a preguntar por ella. Una autoridad les informó que Sahagún Ortiz estaba detenida allí y que no tenía permitido recibir visitas, hacer llamadas telefónicas o contratar a un abogado. A principios de abril, le permitieron, por primera vez desde su detención, tener una visita.
En el momento de redacción de este informe, Sahagún Ortiz permanece detenida y enfrenta varios cargos penales, incluyendo “financiamiento del terrorismo”.
Nahuel Gallo
Nahuel Gallo, un cabo primero de la Gendarmería argentina, de 33 años de edad, trabajaba en el paso fronterizo Los Libertadores, entre Argentina y Chile.[187] En diciembre de 2024, Gallo planeó un viaje a Venezuela para visitar a su esposa de nacionalidad venezolana, María Alexandra Gómez, y a su hijo de dos años.
Inicialmente, Gallo tenía previsto llegar a Venezuela en agosto en un vuelo comercial procedente de Ciudad de Panamá, nos dijo Gómez. Sin embargo, los vuelos fueron cancelados después de que Venezuela rompiera relaciones con Panamá debido a las críticas del gobierno panameño sobre las elecciones del 28 de julio. Finalmente, Gallo decidió volar a Colombia y cruzar la frontera por tierra. “Estaba muy emocionado con el viaje. Era la primera vez que salía de Argentina y tomaba un vuelo internacional”, dijo Gómez a Human Rights Watch.
El 8 de diciembre, Gallo cruzó el puesto de control de salida de Colombia en Cúcuta en un taxi. Cuando llegó a Venezuela, envió un mensaje de texto a Gómez diciéndole que los funcionarios venezolanos de la frontera querían hacerle unas preguntas. “No vimos nada extraño. Parecía un procedimiento bastante normal para entrar en un país”, comentó Gómez, pero no volvió a tener noticias de su esposo durante unas horas. A las 11 a.m., Gallo la llamó desde el teléfono del taxista para decirle que las autoridades venezolanas lo entrevistarían de nuevo. También le dijo que “no tenía más dinero”. El taxista le dijo a Gómez que unos hombres en un vehículo negro con el logotipo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se lo habían llevado.
En diciembre, el fiscal general Saab dijo que Gallo había sido acusado de conspiración, terrorismo, financiamiento del terrorismo y asociación al terrorismo por pertenecer a un grupo que intentó “ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”.[188] En enero, Maduro comentó públicamente sobre el caso. Dijo que Gallo tenía planes para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.[189] A pesar de esta acusación, la familia de Gallo no ha recibido, hasta la fecha, información de las autoridades sobre ninguna audiencia judicial, ni sobre dónde está detenido.
El 2 de enero, medios de comunicación venezolanos publicaron unas fotos y un video de Gallo vistiendo un uniforme azul de recluso. Gómez cree que las fotos fueron tomadas dentro de la cárcel Rodeo I. Cuando fue a esa cárcel a preguntar por él, los guardias le dijeron que Gallo no estaba ahí.
“Vivo angustiada y desesperada”, relató Gómez. “Duermo con el teléfono en el pecho por si alguien llama para darme información sobre él”.
A pesar de múltiples peticiones, el gobierno argentino no ha podido realizar visitas consulares ni ha sido informado sobre el paradero de Gallo.[190]
Detención en régimen de incomunicación y acusaciones de “terrorismo” y “odio”
Muchas de las personas detenidas, incluyendo 33 casos documentados por Human Rights Watch, han permanecido en régimen de incomunicación durante días, semanas o incluso meses, lo cual contradice estándares internacionales de derechos humanos.[191] Si bien parece que la mayoría de estas personas han podido recibir visitas en algún punto, a algunos se les ha prohibido recibir visitas desde el momento de su detención.[192]
A la mayoría de las personas detenidas se le ha negado el derecho a la representación legal por parte de un abogado privado de su elección, incluyendo en casos en que ellas o sus familias lo han solicitado explícitamente.[193] A las personas detenidas se les asignó un defensor público de oficio, pero algunos nunca hablaron con su defensor mientras estuvieron detenidos. También se les ha negado sistemáticamente el acceso a los expedientes judiciales de sus casos.[194]
Las autoridades han utilizado dos leyes que permiten condenas draconianas para llevar a cabo muchas de las detenciones.[195] En concreto:
La Ley contra el Odio de 2017, promulgada por la Asamblea Constituyente, impone penas de 10 a 20 años a quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”.[196]
La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de 2012 impone penas de entre 25 y 30 años por actos terroristas destinados a intimidar a una población o cometidos con el objetivo de “desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional”.[197]
Human Rights Watch documentó varios casos en que los detenidos han sido acusados en grupo durante audiencias virtuales con jueces de Caracas, lo que menoscaba el derecho de los acusados a tener una audiencia en la que las pruebas y los argumentos en su contra sean analizados de forma individualizada y justa.[198] Estos procedimientos grupales son inadecuados porque dificultan que jueces, fiscales y defensores públicos evalúen o presenten adecuadamente las pruebas y los argumentos relativos a cada caso.
Para el 7 de abril de 2025, Foro Penal reportó que 896 personas, a los que la organización califica como “presos políticos”, permanecían detenidas.[199] El 3 de marzo de 2025, el Ministerio Público informó que 2.006 personas detenidas en relación con los hechos posteriores al 28 de julio habían sido excarceladas.[200] Según el Ministerio Público, estas liberaciones fueron el resultado de una revisión de medidas como la prisión preventiva. De acuerdo con la legislación venezolana, los jueces pueden sustituir la prisión preventiva por medidas menos restrictivas como la detención domiciliaria, la presentación periódica ante el tribunal y la prohibición de salir del país o asistir a determinadas reuniones.[201]
A pesar de su liberación, estas personas siguen siendo objeto de investigaciones penales. Una de ellas, que fue liberada en diciembre, dijo a Human Rights Watch: “Ahora estoy en libertad, pero para ellos sigo siendo un terrorista. Cada día tengo miedo de que lleguen y me encierren de nuevo”.[202]
Además, quienes han sido excarcelados, así como sus abogados, han dicho que a muchos les exigieron firmar un documento en el que se comprometían a no revelar información sobre su caso o su detención. En algunos casos, les exigieron grabar un video diciendo que sus derechos habían sido respetados durante la detención.[203]
Muchas de las personas excarceladas dicen que les han exigido presentarse ante los tribunales de Caracas, que llevan los casos relacionados con el delito de “terrorismo”.[204] Muchos también han dicho que no pudieron presentarse en los tribunales cuando les fue requerido porque no tenían los medios o el dinero para el largo viaje hasta la capital.[205]
Torturas, malos tratos y condiciones de detención
La organización de derechos humanos PROVEA documentó 2.224 víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2024, incluyendo golpizas, falta de atención médica y privación de alimentos. La organización reportó un aumento del 88,1 % en este tipo de casos, en comparación con 2023, especialmente en las cárceles y estaciones de policía después del 28 de julio. PROVEA también registró 9 casos de tortura que afectaron a 60 víctimas, la mayoría de las cuales eran “presos políticos” recluidos en la cárcel Rodeo I.[206]
Human Rights Watch documentó 12 casos de malos tratos, algunos de los cuales equivaldrían a torturas. Entre los incidentes especialmente graves se incluyen palizas, descargas eléctricas, asfixia y aislamiento.[207] En la mayoría de casos, las víctimas fueron personas críticas o percibidas como críticas del gobierno. En varios casos, los responsables de los malos tratos trataron de extraer información sobre miembros de la oposición o forzar confesiones sobre la presunta implicación en hechos violentos.[208]
Detenidos y sus familiares contaron a Human Rights Watch que en algunos casos se sometió a las personas a descargas eléctricas y a asfixias con bolsas en la cabeza.[209] Dos personas que estuvieron detenidas entre julio y enero dijeron haber visto marcas parecidas a quemaduras en las costillas y los brazos de otros detenidos.[210] La madre de un adolescente detenido de tan solo 15 años dijo que su hijo fue sometido a descargas eléctricas que, según ella, le provocaron convulsiones.[211]
Human Rights Watch también documentó el uso de celdas de castigo. Cinco personas que estuvieron detenidas dijeron a Human Rights Watch que los guardias los encerraron (o amenazaron con encerrarlos) en celdas de castigo conocidas comúnmente como “tigritos”.[212] Los “tigritos” son celdas pequeñas, hacinadas y oscuras donde los detenidos permanecen aislados durante horas o días.[213] Un detenido dijo que tenía que dormir de pie, debido a la falta de espacio, pues permanecía con unas 30 personas en un área de 2 por 3 metros.[214]
Un detenido describió una celda conocida como “la cama de Adolfo” en la cárcel Tocorón como “una especie de cuartico de basura” no más grande que “una caja de lavadora”, donde tenía que permanecer siempre agachado. “Es un hoyo”, dijo. “Solo tiene una puertica. Está completamente oscuro, así que pierdes la noción del tiempo. Si necesitas ir al baño, no tienes otra opción que hacerlo allí mismo”.[215] Otro dijo haber sido despojado de su ropa y dejado en una zona de castigo en la cárcel Rodeo I.[216]
Algunas personas detenidas y sus familiares contaron a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad golpearon a los detenidos y los sometieron a otros abusos físicos, durante los traslados y en los centros de detención. Los golpes dejaron heridas visibles como hematomas, huesos rotos y fracturas.[217] Algunas personas detenidas dijeron haber visto a guardias golpear las manos de los detenidos con sus porras a través de los barrotes de las celdas. Otros mencionaron haber presenciado el “mata chivo”, un golpe en la nuca que aturde o deja inconsciente a quién lo recibe, o puñetazos en la parte superior central del abdomen, justo debajo de la caja torácica.[218]
Algunas de las personas detenidas dijeron que los guardias los obligaban a desnudarse en público al momento de entregarles los uniformes, particularmente durante los traslados a las prisiones de Tocorón y Tocuyito. También los golpeaban e insultaban mientras se cambiaban de ropa y les raparon la cabeza.[219]
Los entrevistados por Human Rights Watch que estuvieron detenidos describieron condiciones carcelarias marcadas por el hacinamiento y el limitado acceso a agua, alimentación y servicios básicos de salud.
En septiembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización de defensa de los derechos humanos de los detenidos, estimó que, teniendo en cuenta el tamaño de las celdas y el número de detenidos recluidos en ellas, cada persona disponía de menos de 1 metro cuadrado de espacio para dormir y moverse dentro de su celda.[220]
La calidad de los alimentos y del agua era deficiente en varios centros de detención. El OVP reportó que algunos detenidos de la prisión de Tocuyito contaban únicamente con dos vasos de agua al día.[221] Las personas detenidas dijeron a Human Rights Watch que les habían servido comida en mal estado. Otros, incluyendo alguien que perdió más de 40 kilos en cinco meses, padecían afecciones estomacales y desnutrición.[222] En otros centros, las personas detenidas dependían de sus familiares para alimentarse.[223]
Entre julio y noviembre de 2024, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) denunció que, en varias prisiones, las autoridades prohibieron a las familias suministrar medicamentos a los detenidos.[224] Las autoridades tampoco brindaron información a las familias sobre los problemas de salud de sus seres queridos.[225]
Al menos cuatro personas detenidas después del 28 de julio murieron bajo custodia, incluyendo dos miembros del partido de oposición Vente Venezuela. En dos casos, los fallecidos estaban recluidos en la cárcel de Tocuyito, en Carabobo. Según información de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación locales, las causas de las muertes estaban relacionadas con la falta de atención médica oportuna y los malos tratos.[226] Entre quienes murieron bajo custodia se encuentran:
Jesús Manuel Martínez Medina, miembro de Vente Venezuela, detenido el 29 de julio en el estado Anzoátegui. Murió el 14 de noviembre en un hospital después de que le amputaron ambas piernas debido a una necrosis. Según información a la que tuvo acceso Human Rights Watch, padecía diabetes.[227]
Jesús Rafael Álvarez, detenido junto con su esposa el 2 de agosto en el estado Bolívar tras las protestas. Murió el 12 de diciembre mientras estaba detenido en la prisión de Tocuyito. Según el OVP, a su hijo de 20 años nunca le permitieron visitarlo, ya que a la prisión únicamente se permitía el acceso a familiares mujeres. El hijo de Álvarez dijo al OVP y a los medios de comunicación que su padre estaba sano y que lo golpearon en la cárcel, lo que finalmente le causó la muerte.[228]
Osguald Alexander González Pérez, detenido junto con su hijo el 1 de agosto en el estado Lara, tras las protestas poselectorales. Murió el 15 de diciembre después de meses de detención en la cárcel de Tocuyito. Según el OVP, padecía una hepatitis, que no fue tratada de manera oportuna.[229]
Reinaldo Araujo, líder de Vente Venezuela en una parroquia del estado Trujillo, detenido el 1 de enero. Según información compartida con Human Rights Watch, tenía problemas en las piernas y problemas cardíacos por hipertensión. Murió el 24 de febrero, tras ser trasladado a un hospital.[230]
Condiciones en los principales centros de detención
Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón (estado Aragua); y Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito (estado Carabobo)
Tocorón es una prisión de máxima seguridad ubicada al sur del estado Aragua. Es conocida por haberse convertido en el bastión del “Tren de Aragua”, un grupo criminal que controlaba la prisión y la utilizaba como centro de operaciones.[231] Tocuyito es la principal prisión del estado Carabobo. En 2023, las autoridades venezolanas dijeron que habían desmantelado “todas [las] estructuras criminales” dentro de estas cárceles y que las reestructurarían físicamente.[232] Las organizaciones de derechos humanos siguen teniendo dudas y preocupaciones acerca de esta reestructuración.[233]
A principios de agosto de 2024, Maduro anunció en la red social X que “todos los criminales fascistas” serían enviados a Tocorón y Tocuyito.[234] Las autoridades han trasladado a cientos de presos a estas cárceles, sin notificar a sus familiares o considerar que muchos vivían lejos de los lugares a los que fueron trasladados.[235]
Los traslados se llevaron a cabo en autobuses fuertemente custodiados.[236] Un detenido que estuvo recluido en Tocuyito denunció que las fuerzas de seguridad lo sometieron a un “trato brutal” y a abusos psicológicos durante el traslado. Los detenidos permanecían con las manos esposadas a la espalda y las autoridades los obligaron a levantar los brazos, lo que le generó un fuerte dolor, dijo. También les dijeron que eran “terroristas” y “guarimberos asquerosos”, un término peyorativo utilizado para describir a quienes participan en protestas de la oposición.[237] Otro detenido que fue trasladado a Tocorón aseguró que mientras estaban en ruta, sin saber adónde iban, el autobús se detuvo y fue rodeado por agentes armados de las fuerzas de seguridad. “Todos pensamos que nos iban a matar”, dijo. Después de hacerlos esperar un rato, un agente armado subió al autobús y, riéndose, les dijo: “Tranquilos, no los vamos a matar, al menos no por ahora”.[238]
Las familias y los detenidos liberados denunciaron hacinamiento, restricciones de las llamadas telefónicas y las visitas y condiciones de detención inadecuadas.[239]
Centro de Control de Boleíta o Zona 7 (Distrito de Caracas)
Aunque inicialmente era un edificio administrativo, Zona 7 es un centro de detención de Policía Nacional Bolivariana (PNB) que cuenta con entre 14 y 16 celdas, según el OVP, y alberga a más de 400 personas.[240] Las condiciones de detención pueden variar significativamente dentro de Zona 7. A quienes pueden pagar les asignan celdas con mejores condiciones.[241]
Las personas que estuvieron detenidas allí dicen que el sótano, conocido como “inframundo”, es la peor parte del centro de detención. Dos describieron cómo las paredes “lloran” por la humedad y el hacinamiento.[242] Según el OVP, para enero de 2025 había aproximadamente 90 detenidos en una celda sin ventilación, luz natural, ni baños.[243] Quienes están recluidos en el sótano no tienen acceso a un baño y, según personas que estuvieron detenidas allí, las celdas tienen desechos humanos.[244] “Prefiero estar un mes en Tacorón que un día en Zona 7”, dijo a Human Rights Watch una persona que estuvo detenida en ambos centros.[245]
Human Rights Watch habló con personas que vieron a menores detenidos junto a adultos en Zona 7, antes de ser trasladados a otros centros de detención.[246] El OVP estima que más de 20 menores fueron retenidos allí entre finales de julio y principios de agosto de 2024.[247]
Centro Penitenciario Metropolitano Yare III (estado Miranda)
Yare III es una sección del Centro Penitenciario Metropolitano, adonde fueron enviados algunos de los detenidos después de las elecciones. En enero de 2025, el OVP dijo que a las familias de los detenidos les habían negado las visitas durante al menos dos meses y calculó que alrededor de 300 detenidos permanecían aislados.[248] Estas violaciones a sus derechos estaban acompañadas de cambios repentinos en los horarios de las visitas.[249]
Además, según CLIPPVE y el OVP, mujeres que han ido a esto centros a hacer visita han sido sometidas a registros invasivos.[250]
Helicoide (Distrito de Caracas)
El Helicoide es un antiguo centro comercial que funciona como sede del SEBIN y como una cárcel que alberga a muchos presos políticos. Human Rights Watch documentó casos de presos políticos que fueron llevados a este centro de detención, mantenidos en régimen de incomunicación y torturados durante las protestas nacionales de 2017.[251] La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de la ONU lo describe como un centro de detención con “salas de tortura”.[252]
En el momento de nuestra investigación, varias personas, la mayoría de ellas vinculadas de algún modo con la oposición, llevaban meses detenidas en el Helicoide sin recibir visitas de ninguna persona, incluyendo familiares y abogados, y sin que las autoridades informaran sobre su paradero.[253] Muchos solo saben que sus seres queridos están detenidos allí porque los guardias les han recibido objetos personales o porque otros detenidos les han dicho (véase la sección “Opositores políticos” más adelante).
Cárcel de El Rodeo (estado Miranda)
El Rodeo es una cárcel de alta seguridad en el estado Miranda. Organizaciones de derechos humanos han denunciado condiciones insalubres y aseguran que muchos detenidos permanecen en régimen de aislamiento.[254]
Algunos de los detenidos arbitrariamente tras las elecciones de julio de 2024 fueron enviadas a una sección dentro de la misma cárcel conocida como “Rodeo I”.[255] Un detenido que estuvo allí dijo que permaneció confinado en su celda casi todo el día durante 120 días. También dijo que él y otros detenidos a veces eran enviados a “zonas de castigo”, pequeñas celdas sin ventanas donde los detenidos tenían poco o ningún acceso a alimentos. Asimismo, describió la “tortura psicológica” ejercida por guardias encapuchados, que utilizaban pseudónimos y gritaban a los detenidos a los que nunca se les permitía salir.[256]
A los familiares de los detenidos en Rodeo I se les niegan a menudo las visitas. Un familiar de un miembro de la oposición detenido allí dijo a Human Rights Watch que, en las pocas ocasiones que pudieron visitarlo, los funcionarios de la DGCIM los encapuchaban para que no vieran otras partes de la cárcel y los llevaban a una sala donde podían hablar brevemente con su familiar, a quien podían ver a través de un vidrio.[257]
Perfiles específicos de las víctimas
Niños y niñas
Según Foro Penal, al menos 176 personas de entre 14 y 17 años (es decir, niños según el derecho internacional)[258] fueron detenidas entre el 28 de julio y el 31 de diciembre.[259] Al momento de redacción de este informe, cinco permanecen entre rejas.[260] Aunque la mayoría han sido excarcelados, las investigaciones penales en su contra continúan abiertas.
Familiares de los niños y niñas detenidos, personas que estuvieron detenidas y organizaciones de derechos humanos que les brindaron algún tipo de acompañamiento o asistencia dijeron a Human Rights Watch que algunos fueron detenidos junto a adultos.[261]
Durante los primeros días después de la detención, las autoridades les prohibieron a algunos niños y niñas recibir visitas, incluyendo de padres o tutores. Algunas madres dijeron que, aunque les permitían acompañar a sus hijos al juzgado, no les permitían realizar visitas periódicas en los centros de detención. Algunas también dijeron que, durante las visitas, no les permitían el contacto físico con sus hijos.[262]
Familiares de tres niños y niñas detenidos dijeron a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad los golpearon y maltrataron durante la detención. Como resultado, tenían golpes en la cabeza y huesos rotos, incluyendo algunas costillas, según contaron.[263] “Lo golpearon tanto que incluso yo, su madre, casi no podía reconocerlo”, dijo una madre entrevistada por Human Rights Watch.[264]
Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles sobre agentes de seguridad dentro de las cárceles que intentaron coaccionar a las niñas para que realizaran actos de naturaleza sexual a cambio de protección.[265] Una adolescente de 17 años contó a Human Rights Watch que algunos policías varones, junto con sus colegas mujeres, le insinuaron a un grupo de adolescentes, detenidas en un lugar aparte de los adultos, que debían acostarse con ellos a cambio de favores o ayuda.[266] La madre de otra niña nos dijo que un militar le pidió a su hija de 16 años que mantuvieran relaciones sexuales con él mientras estaba retenida en un recinto militar sin agua ni comida.[267]
Al igual que los adultos, los niños y niñas detenidos han sido acusados de terrorismo, incitación al odio y otros delitos con largas condenas. Muchos no comprenden la gravedad o el significado de estos cargos penales. La madre de uno de ellos dijo a Human Rights Watch: “Mi hijo me preguntó qué significaba ser ‘terrorista’ porque eso es lo que los guardias no dejaban de gritarle en la cárcel”.[268]
Las autoridades también les han negado el derecho a elegir un abogado privado y, en su lugar, les han asignado defensores públicos de oficio. Tampoco les han permitido acceder a información o documentación relacionada con sus casos.
Los niños y niñas detenidos han sufrido graves consecuencias para su salud mental. Human Rights Watch documentó casos donde las víctimas sufrieron ataques de pánico o ansiedad y que requirieron hospitalización, así como casos de intento de suicidio, problemas de sueño o miedo a salir de sus casas tras haber sido excarcelados.[269]
Opositores políticos
Según el comité de derechos humanos de Vente Venezuela, 285 personas vinculadas a partidos políticos de la oposición fueron detenidas entre noviembre de 2023 y abril de 2025. Hasta el 10 de abril de 2025, 185 permanecían detenidas y 100 habían sido excarceladas.[270]
Aunque la mayoría forma parte de Vente Venezuela, también miembros de otros partidos de la oposición han sido víctimas de persecución, incluyendo de Primero Justicia, Voluntad Popular y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI).[271]
Human Rights Watch documentó doce casos en que hombres encapuchados no identificados o miembros fuerzas de seguridad se llevaron a opositores políticos sin mostrar una orden de detención.[272] En al menos seis casos, las fuerzas de seguridad allanaron sus domicilios tras las detenciones, sin mostrar órdenes judiciales y se llevaron vehículo, computadores, dinero, ropa y otros objetos personales de los detenidos o sus familiares.[273]
En muchos casos, las autoridades negaron las detenciones o información sobre el paradero de los detenidos, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. En otros casos, sus familias y partidos políticos únicamente pudieron identificar su paradero gracias a testigos, información que recibieron del interior de los centros de detención o porque los guardias aceptaron recibir sus pertenencias personales.[274]
Muchos de los detenidos están acusados de “terrorismo” e “incitación al odio”. Son señalados de financiar o promover “actos desestabilizadores” y de conspirar contra el gobierno de Maduro.
Incluso cuando las familias y los abogados conocen el paradero de los detenidos, a menudo les niegan las visitas. En algunos casos, la única información que han recibido los familiares de sus seres queridos es a través de pequeñas notas que los guardias les leen en voz alta y en las que enumeran los objetos personales que los detenidos supuestamente piden.[275] Según la información proporcionada por el CLIPPVE y los familiares entrevistados por Human Rights Watch, a algunos detenidos no se les ha permitido ninguna visita desde el momento de su detención, incluyendo 24 detenidos que permanecen en El Helicoide, entre los que se encuentran:
Freddy Superlano, coordinador nacional de Voluntad Popular, detenido el 30 de julio.[276]
Américo De Grazia, dirigente opositor en el estado de Bolívar y miembro del equipo de campaña de Vente Venezuela, detenido el 7 de agosto.[277]
Williams Dávila, dirigente opositor del partido Acción Democrática, detenido el 8 de agosto.[278]
Perkins Rocha, coordinador jurídico de Vente Venezuela, detenido el 27 de agosto.[279]
Biagio Pilieri, coordinador nacional del partido político Convergencia y miembro del equipo de campaña de la oposición, detenido junto con su hijo Jesús Alfredo Pilieri el 28 de agosto. Su hijo fue liberado el día siguiente.[280]
Pedro Guanipa, director de la Alcaldía de Maracaibo del partido opositor Primero Justicia, detenido el 26 de septiembre.[281]
Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo de Primero Justicia, detenido el 1 de octubre.[282]
Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta y dirigente del partido opositor Acción Democrática, detenido el 24 de noviembre.[283]
Jesús Armas, miembro del equipo de campaña de la oposición, detenido el 10 de diciembre.[284]
Luis Palocz, activista político de Caracas, detenido el 14 de diciembre.[285]
Enrique Márquez, candidato presidencial en 2024 por un partido minoritario de la oposición que rechazó los resultados anunciados por el CNE, detenido el 7 de enero de 2025.[286]
Luis Somaza, dirigente opositor de Voluntad Popular, detenido el 12 de febrero de 2025.[287]
Maria Corina Machado
María Corina Machado, la líder de la coalición opositora que apoyó la candidatura de Edmundo González, fue detenida brevemente el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión de Maduro.
El 9 de enero, aproximadamente a las 2:20 p.m., Machado hizo su primera aparición pública en meses en una protesta en Chacao, Caracas, después de haberse escondido para evitar ser detenida.[288] Como se ve en los videos geolocalizados por Human Rights Watch, Machado se subió a un camión en la calle Elice para hablar a sus partidarios.
Dos videos verificados por Human Rights Watch muestran a agentes de la división motorizada de la PNB presentes en la manifestación. En uno de los videos, el reloj de un agente indica que eran aproximadamente las 3:10 p.m.[289] Ambos videos muestran a varios agentes avanzando con sus motos entre la multitud en dirección hacia el este por la Avenida Libertador, cerca de la manifestación.
A las 3:21 p.m., la cuenta X Comando ConVzla informó que Machado había sido interceptada cuando abandonaba la concentración de la oposición.[290]
Un video grabado hacia las 4 p.m., según el análisis de las sombras, muestra a hombres en motocicletas en el distribuidor de Altamira que detienen una motocicleta con dos pasajeros, aproximadamente a un kilómetro de la concentración.[291] Otra fotografía tomada desde un lugar desconocido muestra a algunos de los mismos hombres del video, entre ellos uno con uniforme de la división motorizada y otro con camiseta roja. En la imagen, se ve a Machado levantando el visor que rodea su casco para mostrar su rostro mientras un agente parece grabarla.[292]
Estas imágenes son consistentes con el relato de los hechos que hizo Machado en un video publicado en Instagram el 10 de enero, en el que afirmaba que agentes de policía la habían interceptado, la habían obligado a grabar un video de prueba de vida y, posteriormente, la habían liberado.[293]
Jesús Armas Monasterio
El 10 de diciembre, seis hombres encapuchados detuvieron a Jesús Armas Monasterio, profesor universitario, exconcejal de Caracas y miembro del equipo de campaña de María Corina Machado, cuando salía de una cafetería, a las 9 p.m., en Caracas.[294]
Días antes de su detención, Armas Monasterio había participado en eventos públicos junto a familiares de presos políticos. Sairam Rivas, la pareja de Armas Monasterio y quien estuvo detenida en 2014, dijo a Human Rights Watch que hombres que ella creía que formaban parte del SEBIN y de la DGCIM se presentaron en estos eventos y tomaron fotografías de los asistentes.
Rivas se enteró de la detención a través de un amigo que presenció cómo se llevaban a Armas Monasterio.
En los días siguientes, Rivas y los padres de Armas Monasterio visitaron varios centros de detención de Caracas para preguntar por él, pero las autoridades se negaron a entregar información sobre su paradero. También intentaron presentar una petición de habeas corpus los días 12, 13 y 16 de diciembre, pero los funcionarios del tribunal se negaron a aceptarla, alegando que necesitaban autorización de su supervisor para recibir el documento, según dijo Rivas a Human Rights Watch.[295]
El 16 de diciembre, seis días después de que se lo llevaran, Armas Monasterio llamó a Rivas, le dijo que estaba en el centro de detención Zona 7 y le pidió comida y ropa. Más tarde, Armas Monasterio pudo decirle a Rivas que había estado retenido en un centro de detención clandestina en Caracas, donde funcionarios del SEBIN lo asfixiaron con una bolsa en la cabeza, lo que los venezolanos llaman “bolsear”, mientras lo interrogaban acerca de María Corina Machado y otros miembros de Vente Venezuela.[296]
Después de tres días en el centro de detención clandestino, Armas Monasterio fue trasladado a la sede de la PNB en Maripérez, donde participó en una audiencia virtual junto con otro detenido. Su familia y su abogado no fueron informados de que sería presentado ante un juez.
El 18 de diciembre, los padres de Armas Monasterio intentaron visitarlo, pero las autoridades les negaron el acceso. Más tarde, sus familiares se enteraron de rumores que aseguraban que había sido trasladado al Helicoide. Al día siguiente, su madre preguntó a los guardias del Helicoide por el paradero de Armas Monasterio. Ellos le negaron que estuviera allí. Ese mismo día, un guardia del Helicoide le entregó a la familia de Armas Monasterio una lista de artículos que necesitaba y que había sido escrita a mano por él mismo. La lista incluía ropa, una silla y un recipiente de plástico, entre otras cosas.
“Desde que lo trasladaron al Helicoide, no ha tenido ningún contacto con el exterior”, dijo Rivas a Human Rights Watch. La única información que su familia ha recibido viene en pequeñas notas de papel que un guardia lee en voz alta sobre los artículos que Armas Monasterio pide. “A veces, pide cosas que ya le llevamos, lo que nos hace pensar que [él] podría no estar recibiendo todo lo que le llevamos”, nos dijo Rivas.
En febrero, la familia de Armas Monasterio sospechaba que había sido acusado de terrorismo, ya que aún no sabían quién era su defensor público de oficio. Su caso no estaba registrado en el sistema judicial, según la información que Rivas recibió del juzgado.
Ciudadanos extranjeros
A principios de enero de 2025, Nicolás Maduro afirmó que más de 150 “mercenarios” extranjeros habían sido detenidos en Venezuela. Dijo que procedían de 25 países diferentes, incluyendo Argentina, Colombia, Estados Unidos y Ucrania, entre otros, y que todos eran confesos y estaban colaborando con las autoridades venezolanas.[297]
Para abril de 2025, Foro Penal había documentado que al menos de 71 ciudadanos extranjeros permanecían detenidos.[298]
Las personas extranjeras detenidas tienen una variedad de trayectorias, incluyendo a trabajadores humanitarios, turistas y familiares de venezolanos. Human Rights Watch documentó varios casos de extranjeros que fueron detenidos en los puestos de control migratorio al entrar al país. Tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad para ser interrogados, muchos de ellos fueron sometidos a desaparición forzada.[299] En repetidas ocasiones, las autoridades venezolanas han ocultado información sobre los casos, incluyendo el paradero de los detenidos, y han negado la asistencia consular.[300]
Nacionales colombianos
Manuel Alejandro Tique es un trabajador de 32 años de la organización humanitaria Consejo Danés para los Refugiados (DRC) en Colombia.[301] El 14 de septiembre, Tique voló de Bogotá a Arauca para cruzar hacia Venezuela por tierra y viajar a Guasdualito por asuntos de trabajo.[302] Tique llevaba su pasaporte y una carta de invitación de DRC, dijo su hermana a Human Rights Watch. A las 2 p.m., tras cruzar la frontera en un vehículo de DRC con sus compañeros, miembros de la DGCIM lo detuvieron, según la información facilitada a su familia. Casi cinco horas después, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas informaron a los colegas de Tique, quienes lo estaban esperando, que había sido detenido.
Casi un mes después, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo en una rueda de prensa que Tique “se escondía tras la afiliación a una ONG”, pero que era un “reclutador” para los “grupos paramilitares”.[303]
Las autoridades venezolanas no han facilitado información sobre su paradero o los cargos que se le imputan ni a su familia, a las autoridades colombianas o a DRC, nos dijo su hermana. Su familia cree que Tique está retenido en Rodeo I porque un ciudadano estadounidense que estuvo detenido allí y fue liberado dijo que compartía celda con él.[304]
Arlei Danilo Espitia Lara, un agricultor de Boyacá de 24 años, cruzó la frontera con Venezuela el 13 de septiembre para acompañar a una conocida venezolana a renovar sus documentos.[305] Su familia se enteró de que miembros de la GNB lo detuvieron cuando cruzaba la frontera desde Cúcuta, Colombia. El ministro del Interior Cabello lo describió en una rueda de prensa como el “líder de los ‘paracos’”, en referencia a los grupos paramilitares de Colombia.[306] Las autoridades venezolanas han negado a su familia cualquier información sobre su paradero o los cargos que se le imputan.
La familia de Brayan Sair Navarro Cáceres, un conductor de 28 años, supo de él por última vez el 6 de enero. Navarro Cáceres regresaba a Venezuela, donde había estado trabajando durante tres meses, después de pasar las festividades con su familia.[307] Alrededor de las 9 a.m., Navarro Cáceres envió un mensaje de texto a un familiar diciendo que miembros de la GNB lo habían bajado del autobús en el que viajaba para interrogarlo. A las 11:20 a.m., su familia perdió la comunicación con él. Al momento de redacción de este informe seguían sin saber qué le ocurrió.
“Mami, estoy ahorrando: de este año no pasa que te visite”, le dijo Danner Gonzalo Barajas Luque, un joven trabajador de la construcción, a su madre que vive en Venezuela, después de cinco años sin verla.[308] Barajas Luque viajó a Venezuela en noviembre. Por las autoridades colombianas, su familia pudo saber que Barajas selló su pasaporte en Arauca, Colombia, y cruzó el puente internacional José Antonio Páez hacia Venezuela, pero no cuentan con más información. El mototaxista que lo llevó les dijo que la GNB lo detuvo para un interrogatorio de rutina. Dos familiares lo buscaron en la frontera, pero un oficial les dijo que lo buscaran en Caracas. Su madre ha viajado a la capital unas 10 veces desde noviembre y ha preguntado por su hijo en centros de detención, sedes de la DGCIM y tribunales. Sigue sin poder averiguar dónde está.
Kevin José Saavedra Basallo, de 22 años, fue a Venezuela con su novia y su suegra para un viaje corto el 24 de octubre.[309] A su regreso, el día 29, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en Venezuela. Su familia supo por una persona que estaba con él que lo detuvieron tras mostrar su libreta de servicio militar colombiano. Su suegra lo buscó sin éxito en centros de detención de San Juan de los Morros, estado Guárico, y en Caracas.
Algunas de estas familias denunciaron haber sido contactadas por personas que les pedían dinero a cambio de información o para supuestamente entregar alimentos y otros bienes de primera necesidad a sus familiares desaparecidos. Todos ellos se han puesto en contacto con las autoridades colombianas que, según nos contaron, les han dicho que las autoridades venezolanas no les brindan información.
David Guillaume y Jeralmy Barradas
El jueves 19 de septiembre de 2024, David Guillaume, un enfermero estadounidense de 30 años, y su prometida Jeralmy Barradas, una estudiante venezolana de 25 años que vivía en Colombia, se acercaron a la frontera venezolana en Cúcuta, Colombia. Guillaume no tenía visado y pidió a los funcionarios un visado para entrar como turista.[310]
Un funcionario venezolano en la frontera le dijo que tenía que responder a algunas preguntas. El funcionario los llevó a una oficina en el lado venezolano de la frontera. Allí los retuvieron durante varias horas y les confiscaron los teléfonos y los pasaportes.
Esa misma noche, los funcionarios los llevaron a San Cristóbal, una ciudad del estado Táchira, donde dijeron que tenían que hacerles más preguntas por “razones de seguridad del Estado”. Guillaume y Barradas fueron retenidos e interrogados en la oficina de la DGCIM en San Cristóbal.
El domingo por la mañana, los funcionarios los llevaron, esposados, en vehículo hacia Caracas. El viaje demoró nueve horas. Los llevaron a las oficinas de la DGCIM, donde los funcionarios les hicieron preguntas sobre “espionaje” y “terrorismo” con un polígrafo, dijo Guillaume. En repetidas ocasiones, le preguntaron si había recibido “instrucciones” de la oposición o de otras personas para atacar al gobierno o asesinar a Maduro.
Guillaume y Barradas fueron retenidos durante 14 días en lo que Guillaume describió como una “sala de espera” en la sede de la DGCIM, donde dormían en colchones en el suelo.
El 3 de octubre, agentes de las fuerzas de seguridad trasladaron a Guillaume y a otros ciudadanos de Estados Unidos, Perú y Brasil a la cárcel Rodeo I. “Una vez en Rodeo I, nos dimos cuenta de que esto era más grande de lo que pensábamos”, dijo. “Había decenas de extranjeros, todos de diferentes orígenes y países, y el número [de extranjeros] seguía creciendo”.
Entre octubre de 2024 y enero de 2025, los guardias retuvieron a Guillaume casi todo el día en su celda, que dice haber compartido con el trabajador humanitario colombiano Manuel Tique (véase el caso descrito anteriormente). A pesar de sus múltiples pedidos, nunca se le permitió comunicarse con su familia ni con su abogado. Según nos dijo, los funcionarios le asignaron un abogado de oficio de la DGCIM.
El 14 de diciembre, los detenidos organizaron una “revuelta”: gritaban que eran inocentes y golpeaban las puertas de sus celdas para intentar que los visitantes los escucharan. Los guardias los reprimieron con gas pimienta y golpes, contó Guillaume. Lo llevaron a un lugar que los guardias denominaron “zona de castigo”, una pequeña celda sin ventanas donde lo desnudaron y dejaron solo durante tres días.[311]
A la madre de Barradas, las autoridades le negaron información sobre su paradero. Ella viajó de Bogotá a San Cristóbal y luego a Caracas, donde durmió en la calle mientras los buscaba.[312] El 17 de octubre, el ministro del Interior Cabello dijo en una rueda de prensa que Guillaume estaba detenido en Venezuela y afirmó que había sido reclutado para “prestar ayuda en caso de heridos durante actividades terroristas”. Cabello también mostró una foto de Barradas. Según Cabello, algunos de los extranjeros detenidos tenían parejas venezolanas, como Barradas, y afirmó que ellas tenían vínculos con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Tren del Llano.[313]
El 31 de enero, los agentes llevaron a Guillaume a una habitación aparte en Rodeo I. Allí le pidieron que firmara un documento y grabara un video en el que decía que lo habían tratado bien y le habían respetado sus derechos. Más tarde le llevaron al aeropuerto, donde él y otros cinco ciudadanos estadounidenses fueron entregados a una delegación estadounidense encabezada por el enviado de Estados Unidos para misiones especiales, Richard Grenell.[314]
Al momento de redacción de este informe, Barradas permanece detenida, en la sede de la DGCIM. Su familia pudo confirmar que estaba allí solo después de la liberación de Guillaume, cuando un agente accedió a llevarle objetos personales y le entregó a la familia unas cartas de Barradas. Aún no han podido verla o hablar con ella por teléfono.
“Es una cacería de brujas, y los extranjeros se han convertido en fichas de cambio”, dijo Guillaume.
Lucas Hunter
La familia de Lucas Hunter, un turista franco-americano de 37 años, supo de él por última vez el 8 de enero, cuando le dijo a su hermana que las fuerzas de seguridad venezolanas lo habían detenido en Paraguachón, Colombia, en la frontera con el estado Zulia, Venezuela.[315]
Una foto del pasaporte de Hunter, revisada por Human Rights Watch, confirma que entró en Colombia el 28 de diciembre.[316] Sophie Hunter, su hermana, dijo a Human Rights Watch que estaba allí por turismo. Su familia supo más tarde que había alquilado una bicicleta en Palomino, en el departamento colombiano de La Guajira.
Según la hermana de Hunter, el 8 de enero, las fuerzas de seguridad venezolanas lo detuvieron en Paraguachón. En un mensaje de audio enviado a su familia ese día, Hunter les dijo que había sido detenido e interrogado durante cuatro horas por agentes de la policía y del ejército. También les dijo que los agentes redactaron un informe en el que aseguraban que Hunter había cruzado accidentalmente la frontera y había intentado regresar a Colombia, y que el agente que lo detuvo le ordenó que lo siguiera. En su último mensaje, Hunter dijo que quizás lo llevarían a Caracas y que esperaba que las autoridades le permitieran marcharse.[317]
Una geolocalización y una fotografía que Hunter envió a su familia confirman que se encontraba en territorio venezolano, cerca de las oficinas de migración del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en el estado Zulia. La fotografía, que Human Rights Watch geolocalizó y confirmó, fue tomada aproximadamente a las 3 p.m., a unos 185 metros de la frontera, entre Colombia y Venezuela.[318]
Al momento de redacción de este informe, el paradero y los motivos de la detención de Hunter siguen siendo desconocidos. Los consulados estadounidense y francés no han podido obtener ninguna información sobre su caso, nos dijo un familiar.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos también se han enfrentado a detenciones arbitrarias desde las elecciones, además de acoso e intimidación por parte del gobierno.[319]
Entre ellos se encuentran:
Kennedy Tejeda, abogado de Foro Penal, detenido el 2 de agosto cuando prestaba asistencia jurídica gratuita a las familias de detenidos tras las elecciones. Al momento de redacción de este informe, Tejeda seguía detenido.[320]
Edward Ocariz, del Comité de Derechos Humanos de Coche, Caracas, detenido la madrugada del 2 de agosto y liberado en diciembre.[321]
Yendri Omar Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de la Violencia LGBTIQ+, detenido el 3 de agosto en el aeropuerto de Caracas cuando salía para participar en una sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra. Fue liberado horas después.[322]
Edni López, activista y defensora de derechos humanos, detenida en el aeropuerto de Caracas el 4 de agosto y liberada cinco días después.[323]
Henry Gómez Fernández, abogado y defensor de derechos humanos del estado Amazonas, detenido el 17 de agosto.[324]
Carlos Correa Barros, director de la organización para la defensa de la libertad de expresión Espacio Público, detenido el 7 de enero y liberado días después.
Además, dos defensores de derechos humanos que fueron detenidos antes de las elecciones siguen tras las rejas:
Rocío San Miguel, reconocida experta en seguridad y defensora de derechos humanos, detenida en febrero en el aeropuerto de Caracas, cuando viajaba con su hija. San Miguel está detenida en el Helicoide. Organizaciones de derechos humanos venezolanas y su abogado solicitaron su liberación por “razones humanitarias”, ya que debe someterse a una operación quirúrgica por una fractura en el hombro derecho. Al momento de redacción de este informe, aún seguía en prisión.[325]
Javier Tarazona, director de la organización de Fundaredes, que denunció abusos de los grupos armados en la frontera entre Venezuela y Colombia. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron a él y a otros dos miembros de la organización el 2 de julio de 2021. Los últimos dos fueron liberados el 26 de octubre, pero Tarazona, a pesar de su delicado estado de salud, sigue detenido. Su audiencia ha sido aplazada varias veces.[326]
Este trato abusivo no se limita a quienes trabajan en organizaciones de derechos humanos, sino que se extiende a quienes realizan esfuerzos cruciales para defender los derechos de los venezolanos, incluyendo a quienes apoyan a los familiares de los detenidos y quienes desempeñan un rol clave en la defensa del derecho al voto, como los testigos electorales.
Carlos Correa Barros
El 7 de enero, en Caracas, hombres encapuchados subieron a un auto no identificado a Carlos Correa Barros, director de la destacada organización para la defensa de la libertad de expresión Espacio Público, según una publicación compartida por su organización en la red social X esa misma noche.[327]
Durante los nueve días siguientes, su familia luchó por determinar su paradero. Visitaron múltiples instituciones, incluyendo la sede de la PNB en Maripérez, el Centro de Control de Boleíta de la PNB conocido como Zona 7, el Helicoide y la sede del SEBIN en Maripérez, así como los centros de detención de la PNB y la GNB en Cotiza.[328]
El 8 de enero los hicieron esperar durante siete horas para presentar un habeas corpus.[329] Ese mismo día, Cabello dijo en una entrevista que Correa Barros había sido detenido por su presunta implicación en un “plan conspirativo”.[330]
El 15 de enero, la esposa de Correa Barros publicó un video en la red social X en el que decía que un fiscal le había confirmado la detención de su esposo, pero no le había dado ningún detalle sobre su paradero o los cargos que se le imputaban. El fiscal le dijo que Correa Barros había comparecido ante un juez el 9 de enero por delitos relacionados con el terrorismo. Su familia no fue notificada de la audiencia y a Correa Barros se le nombró un defensor público, en lugar de su abogado de confianza.[331]
Su caso recibió una notable atención internacional. Correa Barros fue liberado el 16 de enero de 2025.[332]
Estuardo Pérez Olmedo (seudónimo)
Estuardo Pérez Olmedo, defensor comunitario de los derechos humanos, fue sacado a la fuerza de su casa por un grupo de agentes de seguridad vestidos con uniformes negros tras las elecciones del 28 de julio.[333] En repetidas ocasiones, pidió que le mostraran la orden o el motivo de su detención, pero le negaron esa información. En su lugar, durante los más de cuatro meses que estuvo encarcelado, Pérez Olmedo escuchó varias veces que había sido detenido “por orden presidencial”.
Entre agosto y diciembre, fue trasladado a seis centros de detención diferentes. Aunque las condiciones de detención variaron, constantemente tuvo que hacer frente a problemas de acceso a agua, comida y medicamentos. También sufrió malos tratos por parte de los guardias y otras autoridades, que lo amenazaron y presionaron para que acusara falsamente a María Corina Machado, Edmundo González y a otros de pagar a personas para que protestaran y dañaran bienes públicos.
Pérez Olmedo también dijo a Human Rights Watch que su teléfono fue registrado por agentes de la PNB sin autorización judicial, tanto manualmente como con un dispositivo al que los agentes se refirieron como “chupacabras”. La descripción de este dispositivo se asemeja a la de un dispositivo de extracción forense (UFED, por sus siglas en inglés) capaz de saltarse las contraseñas y el cifrado para extraer y analizar la información de un celular. Según un video revisado por Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad venezolanas tienen acceso a dispositivos UFED fabricados por la empresa Cellebrite.[334]
Su audiencia preliminar tuvo lugar dos días después de su detención en la cárcel Zona 7, por medio de una llamada telefónica en la que apenas pudo escuchar al juez. En la cárcel también vio brevemente a su hermana, que le había buscado por múltiples centros de detención antes de que las autoridades penitenciarias admitieran que estaba en Zona 7. Pérez Olmedo no pudo volver a ver a ningún familiar hasta finales de septiembre, dijo a Human Rights Watch.
Durante su audiencia preliminar Pérez Olmedo supo que estaba acusado de provocar incendios durante las protestas del 29 y 30 de julio cerca de su casa. Él negó cualquier implicación en estos hechos.
Tras su excarcelación en diciembre, las autoridades lo obligaron a firmar un documento en el que declaraba que no se habían violado sus derechos y a grabar un video. Después fue abandonado cerca de las 10:30 p.m. en una zona remota, junto con otras personas que habían sido liberadas, sin dinero ni forma de contactar a su familia.
En febrero de 2025, seis meses después de su detención, mientras continuaba la investigación en su contra, Pérez Olmedo pudo por fin reunirse en persona con su defensora pública. La defensora le dijo que no podría ver el expediente de su caso y admitió que ni siquiera ella tenía una copia. Según Pérez Olmedo, la defensora también le desaconsejó buscar representación legal privada: “No lo permiten”, le dijo. Pérez Olmedo recuerda el momento en que la defensora lo miró y le dijo: “Sabes que aquí la ley no se está cumpliendo”.
Críticos obligados a huir
Cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014.[335] La actual emergencia humanitaria en Venezuela dificulta el acceso a alimentos y medicamentos a muchas familias. Otros han tenido que huir de los abusos, la persecución y la violencia de las fuerzas de seguridad, los grupos armados y grupos criminales.[336]
Human Rights Watch documentó varios casos en los que críticos del gobierno tuvieron que huir de Venezuela por cuenta de la intimidación, la persecución y otros abusos ocurridos luego de las elecciones. A algunos les allanaron sus casas, las marcaron con pintadas, las vandalizaron o las atacaron con disparos. A otros los vigilaban personas no identificadas que permanecían frente sus casas u oficinas o los amenazaron. A algunos los advirtieron sobre órdenes de aprehensión o investigaciones penales en su contra.
Entre las personas que fueron víctimas de esta intimidación se encuentran representantes electos, autoridades locales, coordinadores de campaña de Vente Venezuela, personas que trabajaron en los centros de votación o que fueron fundamentales para recolectar y resguardarlas actas electorales recolectadas por la oposición y exmiembros de las fuerzas de seguridad.[337]
Varios de los entrevistados por Human Rights Watch están a la espera de una decisión sobre sus solicitudes de asilo en países de América Latina, especialmente en Colombia. Algunos dijeron que habían solicitado el reasentamiento a Estados Unidos a través de las Oficinas de Movilidad Segura, pero sus solicitudes quedaron “suspendidas” tras la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa de reasentamiento.[338]
Casos seleccionados
Gabinete de gobierno del municipio de Torres[339]
En 2021, Javier Oropeza ganó las elecciones a la alcaldía del municipio Torres, estado Lara, en representación de la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Su victoria puso fin a años de control por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).[340]
El día de las elecciones presidenciales de 2024, en una entrevista publicada en Instagram, Oropeza animó a los votantes a participar y a esperar “tranquila y pacíficamente” los resultados.[341] Sin embargo, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reelección de Maduro, comenzaron las protestas en el municipio. Oropeza habló con el prefecto del estado, Elvis Méndez, un funcionario local encargado de asuntos de seguridad vinculado al PSUV, “para expresarle [su] disposición a cooperar y garantizar que las fuerzas de seguridad pública estuvieran alertas, dado que el municipio no cuenta con fuerzas del orden propias”, dijo a Human Rights Watch.
El 30 de julio, manifestantes pacíficos se reunieron cerca de la Plaza Ambrosio Oropeza, en el centro de Carora. Personas que se encontraban en el interior de la sede local del PSUV presuntamente dispararon a los manifestantes. Un manifestante, Walter Loren Páez Lucena, fue herido mortalmente durante la protesta. Posteriormente, la situación escaló afuera de la sede del PSUV. Videos verificados por Human Rights Watch muestran enfrentamientos, incendios, propiedades dañadas y motocicletas destruidas (véase la sección “Asesinatos durante las protestas” para más detalles sobre este caso).
Posteriormente, miembros del PSUV acusaron a Oropeza y a su equipo de orquestar el ataque, incluyendo a Jesús Guillermo Gómez, director general de la alcaldía, quien ya había huido de la ciudad.[342] Oropeza y otros cinco miembros de su gabinete dijeron a Human Rights Watch que no habían participado en la manifestación y negaron cualquier implicación en la violencia.
En los días posteriores a las protestas, Oropeza dio varias declaraciones haciendo un llamado a la calma y a la celebración de manifestaciones pacíficas.[343] La noche del 30 de julio, una persona cercana a las fuerzas de seguridad les advirtió a él y a Wilman Montero, un concejal del partido opositor Acción Democrática, que pronto serían detenidos. Oropeza y Montero pasaron la noche escondidos y abandonaron Carora al día siguiente. Mientras se escondían, se enteraron de que sus casas estaban siendo vigiladas por drones y por las fuerzas de seguridad.
Oropeza dijo que las autoridades incautaron algunas de sus propiedades, incluyendo los medios de comunicación locales Diario El Caroreño y Diario de Lara. “Mis abogados buscaron cualquier documentación legal que justificara la incautación de mis propiedades, pero no existe ninguna”, dijo a Human Rights Watch.
Dos miembros del equipo de Oropeza, Iraida Timaure y Jesús Camacaro, y el concejal de Primero Justicia, Ronald Marchán, permanecieron en Carora, tratando de impedir que el PSUV se tomaran la alcaldía.
El 6 de agosto, un juez llegó a la alcaldía, acompañado por concejales del PSUV. Dijeron que iban a confirmar la ausencia del alcalde. Al día siguiente, un hombre, presuntamente miembro del SEBIN, entró a las oficinas de la alcaldía buscando a Marchán. Marchán nos dijo que, cuando escuchó su nombre, salió por una puerta trasera. Dos días después huyó del país.
El 8 de agosto, la alcaldía estaba rodeada por las fuerzas de seguridad. A la 1:30 p.m., el equipo de Oropeza decidió marcharse. “Sentíamos que habíamos perdido la batalla, que todo estaba perdido”, dijo Camacaro a Human Rights Watch. Mientras se alejaban, un vehículo color vino se les acercó y se detuvo frente a ellos. Un hombre se bajó y sacó una pistola. Todos corrieron, excepto Endrick Medina, director de gobierno abierto de la alcaldía, quien levantó las manos. Fue detenido allí mismo. Al momento de redacción de este informe permanecía detenido.
Camacaro huyó de Venezuela el 9 de agosto. Timaure, por su parte, permaneció en la clandestinidad inicialmente, aunque luego regresó a la alcaldía, pues Oropeza le había pedido que asumiera el cargo. Miembros del PSUV se lo impidieron. El 17 de agosto, los concejales del PSUV nombraron como nueva alcaldesa a Lasmit Verde, miembro del PSUV. “Fue esencialmente un pequeño golpe [de Estado] dentro del municipio”, nos contó Oropeza.
Timaure vio drones sobrevolando su casa la noche antes de abandonar Carora. Días después huyó del país. En septiembre, las fuerzas de seguridad llegaron a su casa. Su esposo, que se había quedado en Venezuela, tuvo que esconderse. Allanaron su casa y confiscaron sus vehículos. Timaure mostró a Human Rights Watch fotos de hombres con vestimentas de color negro que concuerdan con los uniformes de las fuerzas de seguridad junto a una vivienda que, según ella, era su casa. “Incluso ahora, recibo fotos en las que aparecen agentes de la PNB en mi casa”, nos dijo.
Según una lista que Oropeza compartió con Human Rights Watch, 42 personas, incluyendo siete menores, entre familiares y miembros del gabinete del alcalde, están ahora exiliadas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Los que están en Colombia luchan por reconstruir sus vidas, sin poder trabajar mientras esperan que se tramiten sus solicitudes de asilo.[344] Algunos habían solicitado el reasentamiento a Estados Unidos, a través de las Oficinas de Movilidad Segura, pero se les notificó que sus casos habían sido suspendidos.[345]
“Nos lo quitaron todo”, nos dijo Camacaro. “Nuestra paz, nuestros sueños, nuestras carreras, nuestras propiedades... todo”.
Luis Carrero y Judith Álvarez
Luis Carrero, de 53 años, y Judith Álvarez, de 61, ambos profesores universitarios jubilados, nunca se consideraron activos políticamente.[346] Sin embargo, movidos por una profunda preocupación por el futuro de su país, se unieron al movimiento opositor de Venezuela, según dijeron a Human Rights Watch. Carrero fue coordinador regional y director de la campaña de Vente Venezuela en el estado Táchira. Álvarez hizo lo propio en el municipio de Junín, en el mismo estado.
Su compromiso los llevó a trabajar en la campaña desde las primarias de la oposición. Durante la campaña para las presidenciales de julio de 2024, hombres que Carrero consideró que eran agentes del SEBIN lo seguían constantemente cada vez que viajaba a reuniones en municipios de todo Táchira. Vehículos con vidrios polarizados lo seguían y le tomaban fotografías. Los vecinos les advirtieron que agentes del SEBIN habían visitado su casa, tomado fotografías y preguntado por su paradero. El 28 de junio, día en que María Corina Machado visitó Táchira, apareció una pintada con las iniciales de Carrero “LC” en su casa en el municipio de Rubio. Human Rights Watch obtuvo y revisó dos fotografías de su casa.[347]
En los días previos a la votación, Carrero y Álvarez evitaron dormir en casa por temor a ser detenidos o a que les confiscaran el material de campaña. El 27 de julio, ambos regresaron brevemente para recoger ropa. A las 6:30 a.m., un grupo de cinco personas armadas (cuatro hombres y una mujer, todos encapuchados y con armas largas) llegó a su casa. Cuando Álvarez entró en una de las habitaciones de su casa, uno de los encapuchados la agarró por el hombro, según nos relató. La mujer del grupo le dijo: “Te callas o te mato” y la empujó sobre la cama. Uno de los hombres le dijo a la mujer “Déjala, no hay orden de matarlos”, nos dijo Álvarez. Human Rights Watch revisó una foto en la que aparecían dos hombres encapuchados vestidos de negro, uno de ellos porta un arma larga, junto a una puerta blanca metálica que coincide con la puerta de la casa de Carrero y Álvarez.
Mientras tanto, en el garaje, tres hombres agarraron a Carrero. Él intentó huir, gritando “¡Auxilio!”. Los encapuchados lo persiguieron hasta la calle y dispararon sus armas. Cuando Carrero se quedó inmóvil, lo golpearon en la cabeza y lo arrastraron de nuevo al interior de la casa, donde lo agredieron cuando intentó escapar por segunda vez. Carrero recuerda que un vecino gritaba: “¡No maten al profesor!”. Dentro del garaje, lo obligaron a tirarse al suelo y le apuntaron con las armas. “Yo pensé que iban a matarme”, dijo a Human Rights Watch. Uno de los encapuchados le dijo que no tenían órdenes de matarlos, pero le advirtió: “Si llega a pasar algo, ya sabemos dónde está tu familia”. Cuando los encapuchados se fueron, se llevaron sus teléfonos y computadores, pero no el dinero u otros objetos de valor. Esa noche, Carrero y Álvarez fueron a esconderse a una finca.
Al día siguiente, votaron en las elecciones y después ayudaron a recoger y escanear todas las actas de escrutinio de los municipios fronterizos. Se escondieron en el segundo piso de una tienda y sus copartidarios entraban con las actas de escrutinio, fingiendo que iban a comprar algo.
Dos días después de las elecciones, una foto de Carrero circuló ampliamente en redes sociales. Human Rights Watch encontró la foto, publicada el 31 de julio en diferentes plataformas. Tenía los logotipos de la PNB y de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) en la parte superior y un título que decía: “Líderes guarimberos de Táchira”. Ese mismo día, una persona vinculada con las fuerzas de seguridad ayudó a Carrero y Álvarez a salir del país.
La madre y los amigos de Álvarez siguen contándoles que personas desconocidas toman fotos de su casa con frecuencia. “Tememos por nuestras familias”, dijeron. Incluso fuera de Venezuela, desconocidos les han tomado fotos y se sienten observados.
Carrero decidió solicitar asilo en Colombia, y aún espera la respuesta. Álvarez tiene la doble nacionalidad colombo-venezolana. Venden comida para pagar el alquiler y dependen del dinero que les envían sus hijas, que viven en el extranjero.
“La gente [con la que huimos del país] se trazó el 10 de enero [día de la toma de posesión] como la fecha en la que íbamos a regresar”, nos dijeron. Sin embargo, casi un mes después, seguían fuera de Venezuela sin perspectivas de regresar.
Beatriz Mora
Beatriz Mora, de 57 años, su pareja Sergio Olano, de 57, y su hijo Juan Eduardo Olano, de 25, siempre trabajaron en defensa de los derechos humanos, contaron Mora y Olano a Human Rights Watch.[348] Mora actuó como observadora nacional de Vente Venezuela, Olano formó a testigos electorales y su hijo organizó el sector juvenil para la visita de María Corina Machado a Táchira en junio.
Mora dijo a Human Rights Watch que, tras la visita de Machado, recibió una llamada de una persona vinculada con las fuerzas de seguridad que le sugirió que sacara a su hijo del país porque las autoridades pretendían acusarlo de terrorismo. Esa misma noche, a pesar de la reticencia de su hijo, sus padres organizaron su salida de Venezuela.
Mora y Olano permanecieron en Venezuela para desempeñar sus funciones electorales. El 28 de julio, hacia las 4 p.m., Mora dio una rueda de prensa en la que expresó su preocupación por la información según la cual el CNE se negaría a publicar las actas de escrutinio.[349]
Esa noche comenzaron las protestas y una persona fue asesinada frente a un centro de votación.[350] A las 9 p.m., Mora y Olano decidieron trasladarse a un lugar más seguro dentro de la ciudad.
El 8 de agosto, los vecinos les informaron que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) habían llegado a su casa para allanarla. En una orden de allanamiento, que Human Rights Watch revisó, figuraba la dirección de su casa y decía que allí “podrían” encontrarse armas de fuego, equipos electrónicos, drones, morteros y bombas molotov.[351]
Durante 10 días, Mora y Olano se escondieron con la ayuda de familiares y amigos. El 16 de agosto, Mora recibió un mensaje desde la cuenta de Instagram de un miembro del PSUV en la Asamblea Nacional que decía “Te estabas portando mal. Tun tun”, en referencia a la operación gubernamental del mismo nombre, con la que fueron detenidas cientos de personas. Esa misma noche, huyeron del país. Mora dijo más tarde: “No cometimos ningún delito y, sin embargo, tuvimos que huir como criminales”.
Mora está a la espera de que se reconozca su condición de refugiada en Colombia. Su casa en Venezuela permanece vigilada, según nos dijo. Human Rights Watch verificó una foto de un automóvil blanco con el logotipo de la División de Investigaciones de Extorsión y Secuestro del CICPC dentro del estacionamiento del complejo residencial donde vivía en Táchira.[352]
Mora cree que también la vigilan en Colombia. Human Rights Watch vio fotos de un vehículo con matrícula venezolana que, según contó ella, estaciona frente a su casa durante horas.
Mora y Olano trabajan como voluntarios en una fundación que presta ayuda a personas desplazadas. Para ahorrar dinero, a menudo comen únicamente dos veces al día. Habían solicitado el reasentamiento a Estados Unidos, donde viven el hermano de Mora y su hijo, pero el proceso fue suspendido. Su hijo, que entró en Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, teme verse obligado a abandonar el país.
La respuesta internacional a la crisis
La represión y la evidencia de fraude electoral en Venezuela han suscitado una preocupación generalizada a nivel global.
Solo un puñado de gobiernos reconocieron a Maduro como ganador de las elecciones, incluyendo Rusia, China y, en América Latina y el Caribe, Honduras, Cuba, Bolivia y Nicaragua. En gran medida, se trata de aliados de larga data de Maduro, como el gobierno cubano. Según evidencia recopilada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, durante años los cubanos “entrenaron, asesoraron y participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia” con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y ha proporcionado entrenamientos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela.[353]
El 16 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que están representados todos los Estados miembros, aprobó por consenso una resolución para instar a las autoridades venezolanas a publicar todas las actas de escrutinio y realizar una “verificación imparcial” de los resultados electorales. También instó a las autoridades a respetar los derechos humanos.[354]
Los gobiernos de Colombia, Brasil y, en menor medida, México, llamaron a un diálogo con el gobierno de Maduro y lo instaron públicamente, sin ningún éxito, a hacer públicas las actas de escrutinio.[355] Estos gobiernos presentaron propuestas para buscar una solución negociada a la crisis, incluyendo mecanismos para repartirse los poderes del Estado, la repetición de las elecciones y la concesión de amnistías.[356]
Tras la decisión de Venezuela de cortar lazos con Argentina y otros gobiernos, Brasil también asumió la custodia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde seis miembros de la oposición pidieron asilo el 20 de marzo de 2024. Uno de ellos abandonó la embajada en diciembre de 2024 y murió en febrero de 2025. La embajada está fuertemente vigilada por miembros de la inteligencia y de las fuerzas de seguridad venezolanas, que se han hecho con el control de las casas ubicadas alrededor de la embajada. Las fuerzas de seguridad no permiten que los asilados reciban visitas y limitan su acceso a alimentos y medicinas. Desde diciembre, la compañía eléctrica estatal cortó el suministro de energía a la embajada.[357]
Durante la administración de Joe Biden, Estados Unidos instó al gobierno de Maduro a hacer públicas las actas de escrutinio, llevar a cabo una verificación de los resultados y respetar la voluntad del pueblo.[358] En septiembre de 2024 y en enero de 2025, el gobierno estadounidense impuso sanciones individuales a 16 funcionarios venezolanos que obstruyeron las elecciones, incluyendo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a otros ocho funcionarios que “dirigen organismos económicos y de seguridad clave que permiten la represión de Nicolás Maduro”, incluyendo al presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).[359]
La administración Biden dijo que restablecería algunas de las sanciones que levantó cuando el gobierno de Maduro y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados en octubre de 2023.[360] Después de las elecciones, el gobierno estadounidense no revocó una licencia concedida en noviembre de 2022 que permitía a Chevron operar en Venezuela, en parte debido a la preocupación de que hacerlo pudiera empeorar la situación en el país.[361]
La Unión Europea (UE) también instó a Maduro a publicar las actas de escrutinio y a respetar la voluntad popular.[362] El 10 de enero, la UE amplió las sanciones que tenía sobre 54 personas y añadió a otras 15, incluyendo a miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el poder judicial y las fuerzas de seguridad, mientras reiteraba el apoyo de la Unión Europea al pueblo venezolano.[363] También en enero, la UE lamentó la decisión de las autoridades venezolanas de “reducir sustancialmente el personal diplomático acreditado de varios Estados miembros en Caracas”.[364]
La administración Trump y sus efectos en Venezuela
El 31 de enero, tan solo 10 días después de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, su enviado especial, Richard Grenell, visitó Caracas y se reunió con Maduro. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la visita se centró en la búsqueda de acuerdos migratorios y en la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Grenell logró la liberación de seis de ellos y Maduro accedió a enviar aviones para ayudar en la deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos hacia Venezuela.[365]
Al día siguiente, el 1 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) renovó automáticamente la licencia de 2022 que permitía a Chevron operar en Venezuela.
Grenell dijo que la administración Trump buscaba una “relación diferente” con Maduro, y señaló que el presidente Trump “quiere hacer un cambio de régimen”.[366] Grenell también contó lo que habló con Maduro: “Le dije ‘no estamos aquí para darte nada’. Para lo que vinimos es para decirte: ‘vine a Caracas, estoy sentado en tu palacio pidiéndote que hagas cosas’. Tienes cámaras por todas partes, vas a utilizar este momento, le dirás a la gente que estoy aquí, solo eso es un regalo’”.[367]
El 5 de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, finalizó la resolución, vigente desde 2023, que permitía a los venezolanos en Estados Unidos solicitar el estatuto temporal de protección (TPS, por sus siglas en inglés) a partir del 7 de abril de 2025.[368] Según Noem, “hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia que permiten que estos nacionales sean devueltos a su país de origen de forma segura”.[369] La decisión de Noem también señaló, sin presentar pruebas específicas, que el TPS había facilitado la entrada a Estados Unidos de miembros del Tren de Aragua, una organización criminal que el presidente Trump designó como “organización terrorista extranjera”.[370] El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también finalizó los programas de parole humanitario vigentes desde 2022 y 2023 para nacionales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.[371]
En febrero, la administración Trump reanudó los vuelos de deportación hacia Venezuela.[372] También en febrero, Estados Unidos envió a 200 venezolanos a la prisión militar de Guantánamo. El centro de detención de Guantánamo es conocido por las torturas que sufrieron personas sospechosas de terrorismo enviadas allí desde 2002 y es usado, en gran medida, para limitar el acceso de los detenidos a protecciones legales y evitar el escrutinio público en Estados Unidos.[373] Igualmente, más de 200 deportados fueron enviados a El Salvador, donde los recluyeron en una cárcel de máxima seguridad conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en condiciones que constituyen desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias conforme al derecho internacional.[374] En muchos casos, las autoridades estadounidenses han señalado a los deportados venezolanos, sin presentar pruebas creíbles, de ser miembros del Tren de Aragua.[375]
El 26 de febrero, el presidente Trump anunció que ponía fin a la licencia de Chevron para operar en Venezuela. Dijo que su decisión se debía a las condiciones electorales en Venezuela “que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro” y a que el gobierno venezolano no estaba recibiendo de regreso en Venezuela a los “criminales violentos” al “ritmo que habían acordado”.[376] Algunos medios de comunicación estadounidenses dijeron que la decisión se produjo en medio de presiones de tres representantes de la Florida en el Congreso estadounidense, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar.[377] El 4 de marzo, la OFAC revocó formalmente la licencia a Chevron y le otorgó 30 días para liquidar sus operaciones en Venezuela.[378]
Algunas decisiones más amplias adoptadas por la administración Trump también han tenido impacto en los esfuerzos para garantizar la justicia y los derechos humanos en Venezuela.
En particular, el 20 de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que pausaba la asistencia exterior de Estados Unidos en todo el mundo.[379] El 10 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el gobierno estadounidense había cancelado más del 80 % de los contratos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en inglés) y miles de programas de ayuda exterior del Departamento de Estado.[380] Estas decisiones han suspendido la financiación de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que desempeñan un papel clave en Venezuela, incluyendo a periodistas independientes y a quienes prestan apoyo jurídico, entre otros, a personas detenidas arbitrariamente y a sus familias.
La Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal internacional creado para juzgar a individuos, incluyendo altos funcionarios, acusados de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión.[381] La CPI es un tribunal complementario, que interviene solo cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren llevar a cabo procesos judiciales legítimos para alcanzar la justicia.
La Fiscalía de la CPI inició una investigación formal sobre la situación en Venezuela. Con ello, la Fiscalía pretende determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, tal y como se definen en el Estatuto de Roma, y si los responsables deben ser llevados a juicio[382]
En febrero, el gobierno Trump emitió una orden ejecutiva que autoriza el uso de sanciones contra funcionarios de la CPI y otras personas que apoyen el trabajo de la Corte en investigaciones a las que el gobierno estadounidense se oponga.[383] Aunque el gobierno estadounidense no se ha opuesto específicamente a la investigación de la CPI sobre la situación en Venezuela, las sanciones parecen diseñadas en parte para frenar una cooperación más amplia con la CPI e intimidar a los funcionarios de la Corte. Esta decisión puede afectar los derechos de las víctimas en todo el mundo, incluyendo en Venezuela.
Recomendaciones
A los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos:
- Instar de manera pública y privada al gobierno de Maduro a cesar las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos humanos.
- Asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro sea para lograr mejoras verificables, aunque sean progresivas, en materia de derechos humanos, en particular para:
- Dar a conocer el paradero y la suerte de todas las personas detenidas a sus familias y garantizar que se respeten los derechos de las personas detenidas a la comunicación, representación legal y acceso a sus expedientes judiciales.
- Permitir que las personas detenidas reciban visitas periódicas de sus familiares y abogados.
- Liberar a las personas detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada.
Archivar los procesos penales contra personas que se enfrentan a procesos arbitrarios, incluyendo por violaciones infundadas de la legislación contra el terrorismo y contra el odio.
Garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones internacionales en materia de detención de niños y niñas, incluyendo el uso de la detención como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Además, se debe garantizar que los niños y niñas detenidos estén siempre separados de los adultos y a salvo de todo tipo de abusos en detención.
- Reformar la composición actual del Consejo Nacional Electoral (CNE) y permitir el registro de votantes y auditorías electorales antes de las elecciones locales previstas para mayo de 2025.
Instar a los gobiernos extranjeros, incluyendo al de Cuba, a finalizar toda asistencia al gobierno de Venezuela que contribuya directamente con la represión y los abusos.
Adoptar medidas para garantizar que los responsables de violaciones generalizadas de derechos humanos rindan cuentas de sus actos, entre otras:
- Ampliando las sanciones individuales contra miembros de las fuerzas de seguridad, los “colectivos” y funcionarios venezolanos responsables de graves violaciones de derechos humanos.
- Impulsando la investigación y enjuiciamiento de los delitos más graves cometidos en Venezuela, incluyendo en virtud del principio de jurisdicción universal, en la medida en que lo permita la legislación de sus países.
- Garantizando que la Corte Penal Internacional (CPI) cuente con los recursos y la independencia necesarios para avanzar en su labor a nivel mundial y condenando públicamente los intentos de intimidar o interferir en su trabajo, funcionarios o en quiénes cooperan con la institución.
- Garantizando que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas disponga de los recursos necesarios para avanzar en su labor e instando a Venezuela a que les permita el acceso al país.
- Garantizando que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) disponga de los recursos necesarios para avanzar en su trabajo e instando a Venezuela a que garantice su pleno retorno al país.
- Ampliar el acceso a la protección internacional para los venezolanos que huyen del país:
- Implementando procesos que prioricen y agilicen el análisis de las solicitudes de asilo de los venezolanos que huyen del país como respuesta a la persecución política, las detenciones arbitrarias u otras formas de represión después de las elecciones, en particular de aquellos que enfrentan amenazas inminentes en Venezuela y en el país de acogida, y garantizando que sus solicitudes sean evaluadas en un plazo razonable.
- Garantizando que ningún solicitante de asilo venezolano sea deportado u obligado a regresar a un país donde pueda sufrir persecución, como exige el principio de “no devolución”.
- Implementando un estatuto temporal de protección en toda la región que conceda a todos los venezolanos un estatus legal temporal por un plazo razonable y renovable, incluso cuando no cumplan los requisitos para obtener el estatus de refugiado según la legislación nacional.
- Eliminando, de conformidad con la Declaración de Los Ángeles de 2022 sobre Migración y Protección, las medidas que impiden de facto el acceso al asilo y que llevan a las personas a utilizar rutas peligrosas, incluyendo mediante la flexibilización progresiva de los requisitos de visado y la creación de regímenes de visados de fácil acceso u otras medidas para quienes permanecen legalmente en el país, teniendo en cuenta la necesidad de que estos mecanismos sean económicamente accesibles y garantizando el acceso a las personas queno tengan toda la documentación requerida por razones ajenas a su voluntad.
- Apoyar a las organizaciones venezolanas, incluyendo las que trabajan desde el exilio, enfocadas en la promoción de los derechos humanos, la democracia y la ayuda humanitaria, garantizando que puedan representar y proteger de forma eficaz los derechos de todos los venezolanos y salvaguardando la seguridad e integridad de sus miembros.
- Promover un proceso de negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición política con el objetivo de buscar una transición hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Al gobierno de Estados Unidos:
- Apoyar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela:
- Revocando la Orden Ejecutiva 14203 que autoriza las sanciones relacionadas con la CPI.
- Considerando la posibilidad de imponer sanciones individuales adicionales a los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad y los “colectivos” venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos, garantizando que los responsables se enfrenten a consecuencias individuales.
- Adoptar medidas para garantizar la protección de los migrantes y solicitantes de asilo venezolanos:
- Rediseñando el estatuto temporal de protección (TPS) para los venezolanos, reconociendo las condiciones y riesgos a los que se enfrentan en su país.
- Restableciendo vías seguras para migrar para los venezolanos que huyen de la persecución, incluyendo a aquellos que solicitaron el reasentamiento y cuyos procedimientos fueron suspendidos.
- Considerando otras vías seguras y legales, como visas de reunificación familiar, visas de trabajo temporal; y las visas temporales para testigos de delitos graves, tal y como se enumeran en los criterios de elegibilidad para los visados U.
- Suspendiendo las deportaciones, ya sean directas o a través de un tercer país, hacia Venezuela hasta que se realice una evaluación precisa del riesgo para determinar si las personas deportadas podrían sufrir persecución en caso de ser devueltos a Venezuela.
- Garantizando la evaluación oportuna y justa de las solicitudes de asilo de los exiliados venezolanos.
- Reanudar la financiación de programas humanitarios y de derechos humanos que ayuden a los venezolanos, incluyendo programas que brindan apoyo legal y psicológico a víctimas de la represión, e implementar mecanismos de protección adecuados para quienes trabajan en estas organizaciones.
A los gobiernos de América Latina:
- Usar los foros regionales e internacionales, incluyendo la próxima Cumbre Unión Europea-CELAC, que se celebrará en Colombia en noviembre de 2025, para instar a las autoridades venezolanas a liberar a las personas detenidas arbitrariamente y a poner fin a la represión.
- Colaborar para garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas que se encuentran actualmente refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas, que está bajo la protección de Brasil, entablando negociaciones directas con el gobierno venezolano para garantizar la salida de los asilados a un tercer país donde puedan recibir una protección adecuada.
A los gobiernos de la Unión Europea:
Incluir la situación en Venezuela en la agenda de la Cumbre Unión Europea-CELAC, que se celebrará en Colombia en noviembre de 2025, y garantizar un espacio para la participación de la sociedad civil.
Al secretario general de las Naciones Unidas:
Tomar medidas para que, de manera personal o a través de un enviado especial, pueda promover un proceso negociado entre el gobierno de Maduro y la oposición con el objetivo de buscar una transición hacia un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Publicar el informe con las conclusiones finales del panel de expertos electorales de la ONU sobre las elecciones de 2024.
Desarrollar e implementar estrategias a través del equipo de la ONU en Venezuela para proteger a las organizaciones de la sociedad civil que se enfrentan a una escalada de acoso y represión, sobre todo teniendo en cuenta la posible criminalización de su trabajo tras el proceso de registro de organizaciones que ordena la Ley de Fiscalización, Regularización, Funcionamiento y Financiación de las Organizaciones No Gubernamentales y las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
A los Estados miembros de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos:
Elevar la atención sobre la crisis de derechos en Venezuela, planteando las preocupaciones en materia de derechos humanos durante las reuniones y debates del Consejo, incluyendo mediante declaraciones individuales y conjuntas que destaquen la cuestión crítica de las desapariciones forzadas y condenando las violaciones de derechos humanos después las elecciones, incluyendo contra niños y niñas, opositores políticos y ciudadanos extranjeros.
Instar, en el Consejo, al gobierno venezolano a que permita el pleno restablecimiento de la presencia de la ACNUDH en Venezuela, garantizando total transparencia sobre las condiciones de su operación. El restablecimiento debería incluir el acceso a los centros de detención, a los procedimientos judiciales y a los lugares donde presuntamente se cometen abusos contra los derechos humanos para permitir el monitoreo y la presentación de informes independientes.
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
- Monitorear de cerca e informar públicamente sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, expresando públicamente su preocupación por los asesinatos, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y otras formas de represión.
- Aumentar el compromiso con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y los periodistas independientes para documentar exhaustivamente los abusos, contrarrestar las herramientas estatales para restringir su trabajo y proteger a los perseguidos.
Agradecimientos
Este informe fue escrito por Martina Rapido Ragozzino, investigadora para el Norte de los Andes de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El informe se basa en investigaciones realizadas por un equipo de investigadores de Human Rights Watch: Gabi Ivens, directora de Investigación de Fuentes Abiertas; Ekin Urgen, asociada del Laboratorio de Investigaciones Digitales; Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas; Santiago Menna, asistente de investigación sénior de la División de las Américas; Nelson González, asistente de investigación de la División de las Américas; y Martina Rapido Ragozzino.
El informe fue revisado y editado por Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas; Juan Pappier; Delphine Starr, oficial de Edición de la División de las Américas; Sam Dubberley, director de Investigaciones Digitales; Bill Frelick, director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes; Cristina Quijano Carrasco, investigadora de la División de Derechos de la Mujer; Elin Martínez, investigadora sénior de la División de Derechos del Niño; Friederike Mager, coordinadora de incidencia en la Unión Europea; Hilary Power, directora de incidencia en Naciones Unidas en Ginebra; Kate Weine, coordinadora sénior de incidencia en Washington D. C.; Louis Charbonneau, director de incidencia en Naciones Unidas en Nueva York; Mark Hiznay, director asociado de la División de Crisis, Conflictos y Armas; Michelle Reyes Milk, consejera sénior de Justicia Internacional; Sarah Yager, directora de incidencia en Washington D. C.; Zach Campbell, investigador sénior sobre Vigilancia. Joseph Saunders, subdirector de Programa, y Chris Albin-Lackey, asesor jurídico sénior, se encargaron de la revisión de Programa y legal, respectivamente.
Johan Romero, asociado sénior de la División de las Américas, y Delphine Starr contribuyeron a la producción del informe. Travis Carr, coordinador de publicaciones, y José Martínez, coordinador sénior de administración, prepararon este informe para su publicación. Ivana Vasic, diseñadora gráfica senior, creó los gráficos de este informe.
Human Rights Watch desea agradecer a las organizaciones y defensores de derechos humanos venezolanos que proporcionaron información importante para esta investigación, entre ellos: Comité por la Libertad de los Presos Políticos; Foro Penal; Justicia, Encuentro y Perdón; Observatorio Venezolano de Conflictividad Social; Observatorio Venezolano de Prisiones; y PROVEA.
Estamos profundamente agradecidos con todos los venezolanos que, a pesar del miedo a la represión y la persecución, nos han confiado sus historias.
