Agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen abusos aberrantes, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas, en un contexto en el cual continúa la brutal represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El poder judicial venezolano, cómplice de los abusos, carece de independencia y ha contribuido a que estos crímenes queden impunes. En 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, que ha privado a millones de personas de acceso a atención médica básica y una nutrición adecuada. Las autoridades hostigan y persiguen penalmente a organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes. Más de 6 millones de venezolanos han huido del país, generando la mayor crisis migratoria de América Latina.

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