- Decenas de presos políticos en Venezuela llevan semanas, meses y, en algunos casos, más de un año detenidos en régimen de incomunicación.
- La falta de comunicación y la denegación de visitas se han convertido en una forma de tortura que inflige sufrimiento no solo a quienes están tras las rejas, sino también a sus familiares.
- Los gobiernos extranjeros deben aprovechar los foros regionales e internacionales para exigir el respeto de los derechos de los presos políticos, poniendo fin a la incomunicación y garantizando su libertad incondicional. El Vaticano debería hacer lo mismo aprovechando la próxima canonización de dos ciudadanos venezolanos.
(Washington, D. C.) – Decenas de presos políticos en Venezuela llevan semanas, meses y, en algunos casos, más de un año detenidos en régimen de incomunicación, señalaron hoy Human Rights Watch y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE).
“Los casos de presos políticos aislados completamente de sus familias y abogados son un ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión en Venezuela”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos extranjeros no deben escatimar esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación de estos detenidos”.
Human Rights Watch y el CLIPPVE documentaron 19 casos de detención en régimen de incomunicación. Las organizaciones entrevistaron a familiares de los detenidos y revisaron documentos y solicitudes presentadas por las familias y sus abogados ante las autoridades venezolanas para pedir derechos de visita, todas ellas sin respuesta.
En la mayoría de los casos documentados, las personas detenidas tenían vínculos con partidos políticos de la oposición y se les ha impedido recibir visitas o realizar llamadas telefónicas desde el día de su detención.
El 24 de agosto de 2025, las autoridades venezolanas liberaron a 13 presos políticos, algunos de los cuales habían permanecido en régimen de incomunicación. Entre ellos se encontraba Américo De Grazia, líder opositor del estado Bolívar y miembro del equipo de campaña de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Hombres encapuchados lo habían privado de la libertad el 7 de agosto de 2024, cuando se dirigía a una cita médica. Su familia pasó más de 380 días sin poder comunicarse con él.
La mayoría de los detenidos en régimen de incomunicación están en el centro de detención del Helicoide, un antiguo centro comercial de Caracas que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas ha concluido que el Helicoide cuenta con salas de tortura.
Freddy Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, permanece incomunicado desde que unos hombres encapuchados lo privaron de la libertad el 30 de julio de 2024. El 6 de agosto, un funcionario del SEBIN en el Helicoide confirmó que se encontraba allí. Su esposa dijo que solo sabía que estaba vivo porque los guardias de la prisión le entregaban su ropa sucia y pequeñas notas escritas por él, en las que le pedía que le lleve artículos de primera necesidad. El 31 de agosto de 2025, su esposa fue informada extraoficialmente de su traslado junto con Roland Carreño, periodista del mismo partido incomunicado desde el 2 de agosto de 2024. Las autoridades no han confirmado su paradero.
Otros presos políticos están recluidos en Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad en el estado Miranda. Los presos políticos, incluidos los extranjeros, recluidos allí han pasado meses en régimen de incomunicación. Sin embargo, en mayo se permitió a algunos de ellos hacer una llamada telefónica.
En muchos casos, las autoridades negaron de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. Esto obligó a las familias a buscar a los detenidos en centros de detención e incluso en morgues. Muchas familias lograron conocer el paradero de sus seres queridos solo a través de pistas extraoficiales, cuando los guardias del centro de detención aceptaban recibir sus pertenencias personales, o mediante llamadas de los defensores públicos, a menudo varios días después de la detención.
Incluso cuando las familias lograron conocer el paradero de los detenidos, se les negó sistemáticamente el derecho a visitarlos. Muchos familiares afirmaron que la única prueba que tienen de que sus familiares siguen vivos son la ropa sucia y las notas escritas de puño y letra por los detenidos que reciben en la cárcel. Algunas familias que viven en otros estados del país deben viajar cientos de kilómetros hasta Caracas solo para mantener estos mínimos contactos.
Algunos presos padecen enfermedades preexistentes que requieren tratamiento médico, mientras que otros parecen haber desarrollado problemas de salud durante su detención. Los familiares dijeron que no han recibido información oficial actualizada sobre su estado de salud ni recetas médicas formales para medicamentos.
Muchos de los presos se enfrentan a cargos de “terrorismo” e “incitación al odio”. Se les acusa de financiar o promover “actos desestabilizadores” y de conspirar contra el gobierno de Maduro. En muchos casos, fueron acusados en audiencias virtuales, en las que se les negó el derecho a un abogado de su elección. En algunos casos, las familias presentaron escritos designando abogados particulares, pero estos fueron rechazados porque los detenidos no podían firmarlos, ya que se encontraban recluidos en régimen de incomunicación. A menudo, los familiares solo fueron informados de estas audiencias después de que se llevaron a cabo.
“La única forma que tenemos de demostrar nuestro amor y que pensamos en ellos es enviándoles comida, ropa y medicamentos”, dijo un familiar. Pero el 4 de agosto de 2025 las autoridades del Helicoide restringieron las entregas de comida y artículos personales a los viernes, poniendo fin a las entregas diarias de alimentos y a los envíos de paquetería que antes podían hacerse varios días a la semana.
En otros casos, las autoridades penitenciarias permitieron las visitas durante un tiempo, pero luego las denegaron de manera arbitraria durante semanas o meses. Josnars Baduel, detenido en 2020 por su supuesta participación en un fallido ataque marítimo destinado a derrocar a Nicolás Maduro, lo que su familia niega, permaneció incomunicado durante los primeros cinco meses de 2025, y desde agosto se le ha vuelto a negar toda comunicación con el exterior.
La detención prolongada en régimen de incomunicación puede equivaler a tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que aislar a los detenidos del mundo exterior causa sufrimiento psicológico, los coloca en una posición vulnerable y aumenta el riesgo de abusos en las prisiones.
Los gobiernos extranjeros deben aprovechar los foros regionales e internacionales para exigir el respeto de los derechos de los presos políticos, afirmaron Human Rights Watch y CLIPPVE. Entre ellos se encuentra la próxima cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), que se celebrará en Colombia en noviembre.
El Vaticano también debería aprovechar la próxima canonización de dos ciudadanos venezolanos, prevista para octubre, para presionar por el fin de la detención en régimen de incomunicación y la liberación incondicional de todos los presos políticos. Los gobiernos extranjeros también deberían presionar a las autoridades venezolanas para que permitan que profesionales médicos independientes evalúen las condiciones de salud de los detenidos.
“La falta de comunicación y la denegación de visitas se han convertido en una forma de tortura, que inflige sufrimiento no solo a los que están tras las rejas, sino también a sus familiares”, afirmó Sairam Rivas, coordinadora del CLIPPVE y pareja del preso político Jesús Armas. “Nos vemos obligados a vivir en una angustia e incertidumbre constante, aferrándonos a señales de vida tan mínimas como la ropa sucia o una solicitud de medicamentos”.
A continuación, se presentan algunos casos seleccionados.
Para ver la lista completa de casos de personas que permanecen detenidas en régimen de incomunicación documentados por Human Rights Watch y CLIPPVE, haga clic aquí: https://www.hrw.org/es/detenidos-en-regimen-de-incomunicacion-en-venezuela
A menos que se indique lo contrario en el texto, los relatos que figuran a continuación se basan en entrevistas realizadas por Human Rights Watch y CLIPPVE a familiares de las víctimas.
Freddy Superlano
El 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, dos vehículos y cuatro motocicletas persiguieron a Freddy Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, cuando se dirigía a la sede del equipo de campaña de la oposición, Comando Con Venezuela, en Caracas. Según su esposa, hombres no identificados salieron de los vehículos y se llevaron a Superlano y a otras dos personas. La detención fue grabada y compartida en redes sociales, en un video que Human Rights Watch verificó.
Durante siete días, su esposa lo buscó en todos los centros de detención de Caracas, según contó. Cuando visitó el Helicoide, las autoridades inicialmente negaron que estuviese en aquel lugar. Pero el 6 de agosto su esposa volvió a visitar el centro de detención y un funcionario del SEBIN le confirmó que estaba detenido allí.
Su esposa e hijos no han podido ponerse en contacto con él. “Nuestra única fe de vida son su ropa sucia y una pequeña nota con su letra en la que solicita medicamentos, artículos de higiene personal y comida”, dijo su esposa.
Su esposa, que vive en el estado Barinas, a 500 kilómetros de Caracas, ha tenido que reorganizar su vida y el cuidado de sus hijas para poder estar una semana en Barinas y otra en Caracas para visitar el centro de detención.
Su esposa presentó una petición de hábeas corpus en los primeros días de la detención de Superlano y recibió una respuesta un mes después, cuando ya conocía su paradero. Human Rights Watch y CLIPPVE también revisaron los escritos que su familia presentó ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los tribunales para poder visitarlo. Las peticiones quedaron sin respuesta, dijo su esposa.
“Esto es muy difícil para las familias que están fuera, sin saber qué les está pasando”, dijo.
A principios de agosto 2024, un fiscal acusó a Superlano de terrorismo, incitación al odio, traición, conspiración y asociación para delinquir en una audiencia virtual. Su esposa dijo que se le negó el derecho a ser representado por un abogado de su elección y, según habría admitido la propia defensora designada de oficio, esta tampoco lo ha podido visitar.
Hasta principios de agosto de 2025, su esposa había podido enviarle comida a diario y entregarle objetos personales y ropa limpia dos veces por semana. Pero ese mismo mes, las autoridades le informaron que las entregas se reducirían a una sola vez por semana.
El 31 de agosto de 2025, su esposa fue informada de manera extraoficial de su traslado. Las autoridades aún no han confirmado su paradero actual.
Perkins Rocha
El 27 de agosto de 2024, unos hombres encapuchados vestidos de negro secuestraron a Perkins Rocha, coordinador jurídico del partido opositor Vente Venezuela, fuera de una farmacia en Caracas. Ese mismo día, agentes de las fuerzas de seguridad allanaron su apartamento y se llevaron algunas de sus pertenencias, como un computador, ropa e incluso perfumes, según contó su esposa.
Dos días después, cuando un defensor público le envió un mensaje de texto, su esposa recibió confirmación oficial de su detención y de que estaba en el Helicoide. Durante varios meses, los guardias le entregaban pequeños pedazos de papel con la letra de su marido en los que solicitaba objetos personales. A veces, el guardia le permitía escribir una respuesta en el reverso. Sin embargo, esto variaba según los cambios de autoridades penitenciarias y guardias. La única otra prueba que tiene de que él está en el Helicoide es que cada semana los guardias le permiten dejarle ropa y le entregan aquella sucia, dijo.
Según información compartida con la familia por el defensor público, el 29 de agosto las autoridades presentaron a Rocha ante un juez, en una audiencia virtual, para acusarlo de traición a la patria, terrorismo, conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir. Las autoridades le han negado acceso a un abogado de su elección, a pesar de las solicitudes escritas firmadas por su esposa que Human Rights Watch y CLIPPVE revisaron.
Rocha tiene una válvula cerebral, antecedentes de tuberculosis cerebral y un abdomen frágil tras múltiples cirugías. Su esposa dijo que también ha estado solicitando medicamentos para tratar otras afecciones.
Desde que se endurecieron las condiciones carcelarias el 4 de agosto, la familia solo puede llevarle comida una vez por semana, entre las 10 a.m. y las 2 p.m., y hasta 10 litros de agua cada ocho días, dijo su esposa. Ahora, las personas que llevan paquetes y comida deben firmar un formulario y posar para fotografías de cuerpo entero sosteniendo las bolsas que llevan. “Es muy degradante”, dijo.
Su esposa ha presentado denuncias y solicitudes, algunas de las cuales han sido revisadas por Human Rights Watch y CLIPPVE, ante la Defensoría del Pueblo, la dirección general de protección de los derechos humanos del Ministerio Público y los tribunales, entre otros organismos, para solicitar permiso para visitarlo. No ha recibido respuesta.
“La incomunicación es una tortura para todos nosotros”, dijo. “Todos somos rehenes junto con él”, dijo su esposa.
Biagio Pilieri
El 28 de agosto, varios vehículos y motocicletas persiguieron en Caracas a Biagio Pilieri, coordinador nacional del partido político Convergencia, periodista y miembro del equipo de campaña de la oposición, según afirmó su esposa. Funcionarios del SEBIN se lo llevaron a él y a otras tres personas, entre ellas su hijo y la persona que conducía el vehículo en el que viajaba.
La familia supo ese mismo día que Pilieri y su hijo habían sido trasladados al Helicoide, gracias al rastreo del GPS. Su hijo y el otro pasajero del vehículo fueron puestos en libertad al día siguiente. Pilieri y el conductor del vehículo siguen tras las rejas.
El 30 de agosto, un defensor público informó a su familia de que había sido acusado de terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. Las autoridades han negado a la familia el derecho a designar un abogado privado y no han podido visitarlo ni verlo desde ese día, según informaron.
Pilieri sufre graves problemas gastrointestinales, hipertensión inducida por el estrés, problemas en las rodillas y pólipos, según su esposa. A través de unas notas escritas a mano que los guardias leen a su familia, Pilieri ha solicitado medicamentos para problemas respiratorios y de próstata. Su familia no ha recibido ninguna información sobre si tiene acceso a tratamiento médico. Un funcionario en el Helicoide les dijo una vez que Pilieri estaba “bien”.
Human Rights Watch y CLIPPVE revisaron algunas de las numerosas peticiones que la familia ha presentado ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. También presentaron un hábeas corpus y dos amparos constitucionales. Todos han sido denegados o ignorados.
En los últimos meses, a la familia le ha resultado aún más difícil tener alguna forma de contacto con Pilieri. Los guardias solían leerles notas de él, pero estas se han vuelto menos frecuentes, según dijo su esposa a las organizaciones. Desde agosto, los guardias también han restringido la entrega de paquetes y de comida a una vez por semana.
Su familia dijo que no poder verlo ha sido “inhumano” y “doloroso”, más aún cuando su suegra, quien vive con Pilieri, es una paciente oncológica desde hace dos años.
Jesús Armas
El 10 de diciembre, seis hombres encapuchados detuvieron a Jesús Armas, exconcejal de Caracas y miembro del equipo de campaña de la oposición, cuando salía de una cafetería a las 9 de la noche en Caracas, según contó a su familia un amigo que presenció la detención.
En los días siguientes, su pareja, Sairam Rivas, que también es coordinadora del CLIPPVE, y los padres de Armas visitaron varios centros de detención en Caracas para preguntar por él, pero las autoridades se negaron a proporcionar información sobre su paradero. Sus familiares intentaron presentar una petición de hábeas corpus los días 12, 13 y 16 de diciembre, pero el personal del tribunal se negó a aceptarla.
El 16 de diciembre, Armas llamó a Rivas y le dijo que estaba detenido en el centro de detención Zona 7 de Caracas y le pidió comida y ropa. Más tarde, Armas pudo decirle a Rivas que había estado retenido en un centro de detención clandestino en Caracas, donde funcionarios del SEBIN lo asfixiaron con una bolsa en la cabeza mientras lo interrogaban.
Según Rivas, después de tres días en el centro clandestino, Armas fue trasladado a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez. Armas le dijo que lo habían llevado ante un juez en una audiencia virtual junto con otro detenido, sin avisarle a su familia ni a su abogado. A través de su defensor público, su familia se enteró de que Armas había sido acusado de financiación al terrorismo, conspiración con gobierno extranjero, traición a la patria y asociación para delinquir.
El 18 de diciembre, los padres de Armas intentaron visitarlo en Zona 7, pero las autoridades penitenciarias les negaron el acceso. Más tarde, sus familiares se enteraron de rumores que aseguraban que había sido trasladado al Helicoide. Sin embargo, cuando su madre preguntó a los guardias de la prisión al día siguiente, estos lo negaron. Más tarde ese mismo día, un guardia del Helicoide entregó a la familia de Armas una lista escrita de su puño y letra de artículos que él necesitaba. La lista incluía ropa, una silla y un recipiente de plástico, entre otras cosas.
“Desde que lo trasladaron a Helicoide, no ha tenido ningún contacto con el exterior”, dijo Rivas. La única información que su familia ha recibido sobre él es a través de su ropa sucia y pequeñas notas de papel que un guardia lee en voz alta sobre los artículos que Armas Monasterio pide. “A veces, pide cosas que ya le llevamos, lo que nos hace pensar que podría no estar recibiendo todo lo que le llevamos”, dijo Rivas.
Armas padece asma, por lo que ha solicitado medicamentos e inhaladores.
Luis Palocz
El 14 de diciembre de 2024, Luis Palocz, líder político y activista del municipio Chacao de Caracas, colgó una llamada con su pareja. “Ya te llamo”, le dijo, pero nunca lo hizo. Preocupada, su pareja llamó al restaurante donde Palocz estaba almorzando y el personal le dijo que algo había pasado. Según contó, testigos le contaron a su pareja que ocho hombres encapuchados vestidos de negro lo rodearon, lo golpearon cuando Palocz se resistió y lo obligaron a subir a un coche blanco, que luego se alejó del lugar.
Esa noche, su familia presentó una denuncia por desaparición forzada ante el Ministerio Público, ya que se lo habían llevado sin una orden judicial. En los días siguientes, presentaron múltiples denuncias en diversos lugares y buscaron en todos los centros de detención conocidos sin éxito. Los funcionarios del Helicoide les dijeron que no estaba allí.
El 20 de diciembre, su pareja regresó al Helicoide, donde los funcionarios le dijeron que había sido trasladado allí el día anterior, tras permanecer detenido en Maripérez.
En una audiencia virtual celebrada en marzo, las autoridades acusaron a Palocz de terrorismo, incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir, según habría informado un defensor público a su familia. La familia dice que no ha tenido acceso al expediente del caso y no se permite que abogados privados lo representen.
Su pareja dijo que la única confirmación de que Palocz está vivo proviene de las ocasionales notas escritas que los funcionarios le permiten entregar, en las que él solicita artículos personales. “La primera vez que vi su letra, fue un alivio”, dijo su pareja. Las notas son vagas y se centran en solicitudes de artículos, pero en otras ocasiones no le entregan ninguna nota. Su pareja dice que ha deducido los problemas de salud de Palocz a partir de los medicamentos que le pide que le compre.
Un duro golpe para ella fue cuando el SEBIN cambió sus normas de entrega de paquetería, reduciéndola a una vez por semana. “No se puede explicar lo que significa que nos quiten ese contacto cuando no tenemos ni visitas ni cartas. Es algo psicológico también, juegan con ellos”, dijo su pareja.
La detención de Palocz ha tenido graves consecuencias económicas y psicológicas para la familia, según informó su pareja.
Luis Somaza
Cinco hombres no identificados armados con armas largas sacaron a Luis Somaza, líder opositor de Voluntad Popular, de su casa la tarde del 12 de febrero de 2025. Su hermana llegó a su casa justo cuando los hombres encapuchados obligaban a su hermano a subir a un vehículo sin placas. Las fuerzas de seguridad también se llevaron su vehículo y sus pertenencias personales sin una orden judicial, según ella.
El 27 de febrero, un defensor público informó a la familia que Somaza estaba detenido en El Helicoide y dijo que este había sido presentado en una audiencia virtual y acusado de rebelión y asociación ilícita. No se le ha permitido designar un abogado privado, dijo su hermana.
Human Rights Watch y CLIPPVE revisaron varias denuncias y escritos que la familia presentó ante diversas instituciones gubernamentales, entre ellas la Defensoría del Pueblo y la dirección de derechos humanos del Ministerio Público. Según la hermana de Somaza, no han recibido ninguna respuesta.
La familia dice que no ha tenido contacto directo con él desde el día de su detención. Su hermana dijo que la única prueba que han recibido de que está vivo son las pequeñas notas que Somaza ha escrito solicitando artículos personales. Dijo que puede reconocer que la ropa sucia que le han entregado es de su hermano por las manchas causadas por la enfermedad inflamatoria crónica que padece Somaza.
Su hermana no sabe si lo ha visto un médico o si le han recetado medicamentos específicos. Cuando observa manchas más prominentes en su ropa, envía más medicamentos, sabiendo que el estrés prolongado y la falta de higiene pueden agravar su condición médica.
La familia vive en una angustia constante, atrapada entre el desconocimiento de cómo se encuentra y el temor a represalias por hablar públicamente del caso, según dijeron. Han tenido que tranquilizar a los hijos de Somaza asegurándoles que su padre sigue vivo.
