Canadá goza de reputación a nivel global por su rol en la defensa de derechos humanos, a lo cual se suma un firme reconocimiento de derechos civiles y políticos fundamentales garantizados por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. No obstante, en 2014, la mayoría en el parlamento se negó a adoptar medidas básicas para abordar graves situaciones de derechos humanos, especialmente en lo que atañe a la violencia contra mujeres indígenas, la condición legal del trabajo sexual y el impacto de las industrias extractivas canadienses en el extranjero.

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