(Nueva York) – Los programas piloto que ponen a prueba alternativas a la detención por motivos inmigratorios en varios países, incluido Estados Unidos, ofrecen a los gobiernos modelos para estrategias más humanas y respetuosas con los derechos, señaló Human Rights Watch en un informe que se presentó hoy.
El informe de 94 páginas “Desmantelar la detención: Alternativas internacionales a la detención de inmigrantes”, analiza alternativas a la detención que se han implementado en seis países: Bulgaria, Chipre, España, el Reino Unido, Canadá, y Estados Unidos. Human Rights Watch concluyó que las alternativas a la detención, como los servicios de gestión de casos, pueden responder con eficacia a los intereses gubernamentales en materia de control migratorio y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los migrantes y ofrecer una variedad de otros beneficios.
“Detener a personas exclusivamente en función de su condición inmigratoria es una medida nociva, costosa e ineficaz como factor de disuasión”, expresó Jordana Signer, becaria Sandler en la División de Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Human Rights Watch. “En vez de penalizar a quienes tal vez huyeron de contextos de violencia u otras injusticias, los gobiernos deberían proteger sus derechos y brindarles servicios esenciales, como asistencia legal, apoyo para la salud mental y vivienda”.
Human Rights Watch entrevistó a 27 personas que participaban en programas alternativos en los seis países, así como a proveedores de servicios, trabajadores sociales, abogados e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Según se deduce de los hallazgos, los gobiernos deberían sustituir la detención por motivos inmigratorios con programas comunitarios de gestión de casos que ofrezcan una abanico amplio de servicios, incluido el acceso a la asistencia legal y orientación sobre cómo cubrir necesidades básicas tales como vivienda y empleo, explicó Human Rights Watch. Considerando que existen alternativas menos invasivas, debería prohibirse el uso de tobilleras electrónicas y otros dispositivos que monitorean de manera constante a las personas.
Hay programas alternativos que tienen una buena relación costo-beneficio y permiten alcanzar los objetivos en materia de control inmigratorio, concluyó Human Rights Watch. En el marco del Programa de Gestión de Casos de Familia de EE. UU., el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) subcontrató a organizaciones comunitarias que brindaban alimentos, vestimenta, servicios médicos y derivaciones a otros servicios a un costo desde aproximadamente USD 38 por familia por día, en comparación con el costo de USD 319 que supone la detención, y con un nivel de comparecencia a controles del 99.4 %. Pese al éxito de la iniciativa, la administración del expresidente Donald Trump puso fin al programa.
Los programas de gestión de casos que respetan los derechos han conseguido resultados satisfactorios en países de toda Europa. Aunque en algunos países se aplican de manera generalizada las alternativas a la detención basadas en la vigilancia, son muy pocos los casos en los que estarían justificadas. Bulgaria, Chipre y Polonia iniciaron programas piloto de gestión de casos en 2017. Una evaluación que se realizó después de los primeros dos años concluyó que el 86 % de los participantes en los tres programas seguían involucrados en los procedimientos migratorios.
El Reino Unido y España también proponen modelos alternativos alentadores. En España, algunos centros de acogida ofrecen vivienda, un estipendio y acceso a clases de español, formación en habilidades básicas y otro tipo de asistencia a los migrantes indocumentados. En el Reino Unido, un programa comunitario ayuda a migrantes condenados por delitos y enfrentan largos períodos de privación de la libertad.
Cuando las autoridades de inmigración de EE. UU. liberan a las personas que estuvieron detenidas, a menudo les colocan tobilleras electrónicas. Estos dispositivos causan dolor físico y malestar psíquico y generan estigma, en parte debido a que se las asocia con el sistema de justicia penal. Esto hace que, por ejemplo, a quienes usan estas tobilleras les resulte más difícil encontrar un empleo.
“Cuando se enteran de que la tengo puesta [la tobillera eléctrica], ya no se me acercan más”, contó un hombre de 39 años procedente de México. “Sueño con el día en que alguien la corte”.
Las personas obligadas a usar tobilleras electrónicas también son objeto de vigilancia continua, lo que permite que se recaben datos que pueden almacenarse y usarse para rastrear los movimientos de personas o grupos.
Canadá utiliza tecnología de vigilancia activada por voz que también plantea consideraciones de privacidad, discriminación y confiabilidad, si bien pareciera ser un sistema menos invasivo y agobiante que otros. Las personas tienen que llamar a un número en un día determinado y repetir una frase pregrabada. El programa utiliza biometría de voz para confirmar la identidad y registra el lugar donde se encuentra la persona en caso de que esté usando un teléfono celular. Si bien la flexibilidad que ofrece el sistema basado en la tecnología de voz puede aliviar en cierta medida el estrés, también podría dar lugar a abusos si no hay limitaciones concretas y garantías procedimentales respecto de cómo se recopilan y usan los datos.
“Las alternativas han demostrado no solo ser un recurso más humano que la detención, sino que además son eficaces para lograr los objetivos de cumplimiento a un costo inferior al de la detención”, afirmó Signer. “Todos los gobiernos, incluso Estados Unidos, deben ampliar el uso de la gestión de casos en lugar de la detención, y ofrecer apoyo a las personas que a menudo están en situaciones de suma vulnerabilidad mientras atraviesan trámites y sistemas legales complejos”.
