(Washington, DC) – Las acciones más recientes del gobierno de Trump en materia migratoria parecen surgir de una hostilidad punitiva hacia personas de determinadas nacionalidades y muestran también un claro trasfondo racista, señaló hoy Human Rights Watch. La administración suspendió los trámites migratorios para nacionales de 19 países incluidos en su actual lista de prohibición de viaje y congeló los procedimientos de asilo pendientes para todas las nacionalidades, en una escalada drástica de su agenda antiinmigrante.
“Ninguno de los 19 países tiene un vínculo real entre sí más allá de la estigmatización y la exclusión oportunista que impulsa la administración en función del lugar de nacimiento de las personas”, afirmó Tanya Greene, directora del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Este cambio tan amplio no tiene que ver con la seguridad. Se trata de convertir a nacionalidades enteras en chivos expiatorios para justificar políticas discriminatorias”.
Poco después de un incidente mortal ocurrido en Washington, D.C., el 26 de noviembre de 2025 —en el que un inmigrante afgano presuntamente atacó a dos integrantes de la Guardia Nacional, causando la muerte de uno de ellos—, el presidente Donald Trump anunció[cf1] que “pausaría permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo”, junto con otros comentarios cargados de connotaciones raciales y despectivos, [cf2] especialmente dirigidos contra personas somalíes.
Tras estas declaraciones, se anunciaron nuevas medidas que suspenden múltiples trámites migratorios, incluida la emisión de tarjetas de residencia permanente (green cards) y la concesión de ciudadanía, para personas procedentes de los siguientes países: Afganistán, Burundi, Chad, República del Congo, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Myanmar, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen. Además, se suspenden todas las solicitudes de asilo pendientes, con independencia de la nacionalidad de quienes buscan protección.
Las autoridades estadounidenses no han presentado evidencia alguna de que las personas solicitantes de asilo o las nacionales de estos 19 países representen un riesgo mayor para la seguridad pública en comparación con personas de cualquier otra parte del mundo. Por el contrario, la nueva política dirigida contra estos grupos de nacionalidades revive y amplía la lógica de la notoria “prohibición musulmana” impuesta durante la primera administración Trump, señaló Human Rights Watch.
Estas nuevas restricciones socavan los compromisos de Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos sus deberes de garantizar el derecho a solicitar asilo.
“Estas políticas separarán familias, pondrán en peligro a personas que huyen de la persecución y dañarán aún más la credibilidad estadounidense en materia de derechos humanos”, afirmó Greene. “La administración debería revocarlas de inmediato”.
