Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado el poder judicial de Ecuador. Si bien las reformas llevadas a cabo durante el gobierno de Lenín Moreno –orientadas a reparar el daño infligido a las instituciones democráticas por el expresidente Rafael Correa– mejoraron la independencia de instituciones claves, incluida la Corte Constitucional, otras medidas continuaron debilitando la independencia judicial. Ecuador enfrenta graves problemas de derechos humanos, como el uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones deficientes y violencia en centros de detención; restricciones al acceso a atención en salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas; y escasa protección de los derechos de personas indígenas y refugiadas. Ecuador ha sido fuertemente golpeado por la pandemia de Covid-19, y esta situación ha dificultado todavía más el acceso a derechos básicos.

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