La crisis de violencia en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes. En los últimos cinco años, la tasa de homicidios del país ha aumentado un 430%. Grupos de delincuencia organizada extorsionan a barrios enteros, reclutan a niños, asesinan a jueces, fiscales y candidatos políticos, y se infiltran en las instituciones gubernamentales.
Aunque el gobierno de Daniel Noboa ha logrado reducir la tasa de homicidios, no ha hecho el trabajo menos glamuroso de fortalecer el debilitado sistema de justicia del país para combatir a los criminales dentro del marco de la ley. Es este fortalecimiento, y no la retórica belicosa ni el uso desproporcionado de la fuerza que amenazan los derechos humanos, lo que debería priorizarse en el futuro. Hay mucho que Noboa, o quien gane las elecciones del próximo mes, puede hacer al respecto.
La Fiscalía General necesita un cuerpo técnico de investigación propio para no depender exclusivamente de los investigadores policiales, los fiscales y jueces requieren medidas básicas de seguridad, y el gobierno debe integrar mejor sus esfuerzos de lucha contra el crimen con el sistema de justicia. Implementar medidas de sentido común como estas podría marcar una verdadera diferencia en la lucha de Ecuador contra el crimen organizado y al mismo tiempo asegurar el respeto de los derechos humanos.
Hacia el abismo
Poco después de que Noboa asumiera el cargo, grupos de delincuencia organizada tomaronun canal de televisión estatal y el líder de un prominente grupo criminal escapó de prisión. Noboa respondió anunciando que el país se encontraba en un “conflicto armado interno”, suspendiendo algunos derechos constitucionales básicos y desplegando a las fuerzas armadas para luchar contra el crimen organizado en las calles y controlar las cárceles.
El gobierno reporta que la tasa de homicidios disminuyó aproximadamente 17 por ciento en comparación con 2023, pero las mismas cifras del gobierno muestran un aumento de las extorsiones y los secuestros en comparación con 2023. Expertos en crimen organizado y fiscales me dijeron durante mi visita a Ecuador en noviembre que, aunque los grupos de delincuencia organizada están más fragmentados, sus líderes, control territorial y economías ilícitas permanecen en gran medida intactos.
Noboa no ha hecho lo suficiente para fortalecer el débil sistema de justicia del país, plagado de acusaciones de corrupción y presiones indebidas sobre los tribunales. Varios fiscales y jueces me dijeron, uno tras otro, que no se sentían seguros y que carecían del apoyo y las herramientas básicas para hacer su trabajo.
Al mismo tiempo, han aumentado las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Desde enero, los fiscales están investigando más de 200 denuncias de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, 80 de tortura, 8 de desapariciones forzadas y 15 de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, un claro aumento en comparación con 2023. En diciembre, cuatro niños desaparecieron en Guayaquil y posteriormente fueron encontrados muertos tras ser apresados por personal militar. El gobierno ha tachado a los críticos de “antipatrias” o defensores de delincuentes.
Noboa ha anunciado como solución al crimen organizado un plan de seguridad llamado “Plan Fénix”. Pero los fiscales y expertos en seguridad con los que hablé no ven allí una estrategia viable y concreta. Los jueces de la Corte Constitucional han declarado inconstitucional en repetidas ocasiones el anuncio de “conflicto armado interno” de Noboa porque el gobierno no ha aportado pruebas que lo respalden. Los fiscales me dijeron que desconocían el contenido del “Plan Fénix” y si este impacta de alguna manera la forma en que deben investigar al crimen organizado.
Un sistema de justicia vulnerable
Desde 2022, al menos 15 jueces y fiscales han sido asesinados. Sin embargo, incluso en algunas de las provincias más peligrosas, muchos fiscales y jueces, incluyendo aquellos en situación de riesgo, carecen de medidas básicas de seguridad, como vehículos blindados, para desplazarse entre los juzgados y sus despachos. En una provincia gravemente afectada por la violencia, me sorprendió poder llegar directamente al despacho de un fiscal de alto rango, encargado de investigaciones sobre crimen organizado y otros casos sensibles, sin que nadie me detuviera ni me preguntara a dónde iba.
Las cortes y las fiscalías siguen sufriendo de una grave falta de personal. Funcionarios de la Fiscalía General nos dijeron que tienen 600 puestos vacantes, entre fiscales y asistentes, en parte debido a la falta de presupuesto. La Corte Nacional de Justicia, el más alto tribunal de apelaciones, tiene menos de la mitad de los magistrados que necesita.
En algunas provincias, ni siquiera hay personal suficiente para retirar los cadáveres de las escenas del crimen o realizar análisis balísticos. Los fiscales en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador y un punto crítico en la lucha contra el crimen organizado, me dijeron que deben enviar las evidencias forenses a la capital, Quito, para que se lleven a cabo las pruebas, lo que retrasa significativamente sus investigaciones.
Además, varios fiscales y jueces señalan que no hay suficiente coordinación con la policía y otras instituciones para garantizar investigaciones eficaces sobre los grupos de delincuencia organizada.
Ante estas deficiencias del sistema de justicia penal, no resulta sorprendente que los grupos de delincuencia organizada actúen con impunidad. Un abogado que representa a clientes acusados de lavado de dinero nos comentó que su trabajo es “fácil” debido a la cantidad de errores que cometen fiscales y jueces, quienes suelen estar mal capacitados y trabajan con personal insuficiente para adelantar los procesos penales.
Un sistema penitenciario en crisis
El sistema penitenciario sigue en crisis. Expertos en cárceles y abogados de derechos humanos me dijeron que los soldados desplegados allí se han visto cada vez más implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas. Los grupos criminales siguen utilizando las prisiones para extorsionar y reclutar a otras personas privadas de la libertad. La falta de un control adecuado de las cárceles ha permitido a estos grupos asesinar a cientos de personas en una serie de masacres ocurridas en los últimos años.
Hacer frente a la crisis
Por supuesto estos son problemas de larga data que no se resolverán de la noche a la mañana, pero hay medidas concretas que las autoridades pueden tomar. El gobierno de Noboa, o su sucesor, debería restablecer el Ministerio de Justicia, cerrado en 2018, una entidad clave para coordinar la política criminal con la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario. Aprovechando las experiencias de Colombia y otros países de la región, el presidente debería trabajar con la Asamblea Nacional para crear un cuerpo técnico de investigación en la Fiscalía General, para que los fiscales no tengan que depender de policías quienes a menudo están sobrecargados de trabajo y a veces mal capacitados para investigar delitos.
Cuando nombren a un nuevo Fiscal General este año, las autoridades ecuatorianas deberían elegir a un candidato que tenga planes serios para mejorar la condiciones de seguridad de los fiscales y dar prioridad a la investigación de casos de corrupción de alto nivel y lavado de activos.
El gobierno también debería restablecer la tabla de drogas derogada en 2023, que facilitaba a los fiscales dar prioridad a investigaciones estratégicas de alto nivel, en lugar de sobrecargar el sistema de justicia con casos de posesión de drogas de bajo nivel. También se deben solucionar los retrasos en la concesión de los beneficios penitenciarios previstos en la ley, lo cual reduciría el hacinamiento en las cárceles.
La crisis de Ecuador exige una acción urgente y eficaz. Desplegar a los militares no es la respuesta adecuada. Contar con políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos humanos es posible, pero exige centrar los recursos y los esfuerzos en aumentar la capacidad de administrar justicia de manera efectiva.