El conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno –que se prolongó por décadas– terminó luego de un acuerdo de paz firmado en 2016. Sin embargo, siguen ocurriendo graves abusos por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos de disidentes de las FARC y grupos sucesores de los paramilitares que se desmovilizaron parcialmente hace más de una década. Defensores de derechos humanos, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios enfrentan hechos de violencia y amenazas. La violencia asociada con el conflicto armado ha provocado el desplazamiento forzado de millones de personas, y muchos casos de abusos graves siguen en la impunidad. La policía ha hecho un uso excesivo –y, a menudo, brutal– de la fuerza para responder a manifestaciones mayoritariamente pacíficas que han tenido lugar desde 2019. El Covid-19 y las medidas impuestas para prevenir su propagación han tenido un impacto devastador en el goce de los derechos sociales y económicos.

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