Los abusos de grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, continúan siendo problemas de derechos humanos preponderantes en Colombia.
El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas y alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz. Casi un año y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de “Paz Total” no ha logrado reducir los abusos de grupos armados contra la población civil.
En una decisión positiva, el presidente Petro escogió una terna para fiscal general de mujeres que cuentan con una experiencia sólida en la investigación de violaciones de derechos humanos. La Corte Suprema no había nombrado un nuevo fiscal general al momento de redacción de este informe.
Abusos por parte de grupos armados
Numerosos grupos armados operan en Colombia, impulsados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se formó en los años sesenta; más de 30 “disidencias” que surgieron de la desmovilización de las FARC ocurrida en 2017; y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se formaron a partir de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década de 2000 y que también son conocidas como “Clan del Golfo”. Muchos de estos grupos tienen vínculos fluidos y complejos entre sí y algunos son parte de conflictos armados no internacionales.
Los grupos armados siguieron cometiendo graves abusos contra civiles. En 2023, los reportes sobre reclutamiento infantil y secuestros aumentaron. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, ni garantizado un acceso suficiente a la justicia ni avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados.
El temor a minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado impidieron que 64.000 personas, en su mayoría indígenas, pudieran salir de sus comunidades entre enero y octubre, una situación conocida como “confinamiento”.
Entre enero y finales de junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó 52 “masacres”, un término definido como el asesinato intencional de tres o más civiles en un solo incidente.
En el departamento de Nariño, los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC han dado lugar al desplazamiento de miles de personas, principalmente afrodescendientes e indígenas Awá, que también sufren amenazas, confinamiento, secuestros y asesinatos.
En el departamento del Cauca, los indígenas Nasa que se oponen a los abusos cometidos por grupos armados han sido amenazados y asesinados. Los enfrentamientos entre grupos armados, principalmente en el municipio de Argelia, han dejado más de 6.500 personas desplazadas o confinadas.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
Los escasos avances en la investigación de abusos perpetrados por agentes de la fuerza pública continúan siendo un problema grave.
El 28 de marzo de 2022, 11 personas murieron durante una operación del Ejército realizada en El Remanso, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. Al menos cuatro civiles murieron. En mayo de 2023, la Fiscalía General de la Nación anunció que acusaría a 25 soldados por los asesinatos. Sin embargo, al momento de redactar este informe, la Corte Constitucional estaba analizando una petición de los abogados defensores para trasladar el caso a la justicia penal militar, que históricamente no ha sido capaz de garantizar la justicia.
La policía cometió graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas realizadas en Colombia entre 2019 y 2021.
Human Rights Watch identificó evidencias que vinculaban a policías con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, así como decenas de lesiones y arrestos arbitrarios, en el contexto de manifestaciones ocurridas en 2021. Al mes de junio, la Fiscalía había acusado a ocho policías, pero nadie había sido condenado.
El Ministerio de Defensa destituyó a 10 policías vinculados de forma creíble a violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
Igualmente, el Ministerio de Defensa inició un proceso, con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, para reformar los protocolos policiales. Sin embargo, el gobierno no avanzó en otras reformas de las fuerzas de seguridad como la transferencia de la policía fuera del ámbito del Ministerio de Defensa.
Violencia contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo
Más de 1.200 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch documentó 150 asesinatos de defensores de derechos humanos y otros líderes sociales cometidos entre enero y finales de noviembre de 2023.
El derecho colombiano incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC. Pero su implementación ha sido deficiente.
En septiembre, las autoridades anunciaron una nueva política para “desmantelar” los grupos armados que ataquen a defensores de derechos humanos, tal y como exige el acuerdo de paz de 2016.
En diciembre, tras una demanda presentada por organizaciones de derechos humanos, la Corte Constitucional ordenó que las autoridades tomen medidas robustas para proteger a los defensores de derechos humanos y asegurar justicia por los asesinatos. La Corte consideró que las acciones actuales de las autoridades eran insuficientes para abordar estas violaciones “persistentes, graves y generalizadas” de derechos humanos y describió la situación como un “estado de cosas inconstitucional”.
Los asesinatos y otros ataques contra políticos y candidatos aumentaron antes de las elecciones regionales de octubre. Entre enero y julio, 16 candidatos, políticos y otras personas implicadas en campañas políticas fueron asesinadas, según la Defensoría del Pueblo.
Negociaciones de paz, desarme negociado y rendición de cuentas
El acuerdo de paz de 2016 creó una Comisión de la Verdad; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar y procesar abusos cometidos durante el conflicto; y un organismo dedicado a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto.
La JEP hizo avances significativos en la investigación y el juzgamiento de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y acusó a los máximos excomandantes de las FARC y a varios oficiales del ejército.
Los acusados que cooperan plenamente con la JEP y confiesan sus delitos están sujetos a penas de hasta ocho años de “sanciones propias”, que incluyen restricciones a la libertad, pero no penas de prisión. Sigue siendo incierto cómo funcionarán en la práctica las “sanciones propias”.
En septiembre de 2023, la JEP inició un “macrocaso” de escala nacional en el que investiga la violencia de género, incluyendo la violencia sexual y reproductiva y otros delitos basados en prejuicios que fueron cometidos por las FARC y las fuerzas de seguridad.
En noviembre de 2022, la JEP emitió una resolución de conclusiones en contra de antiguos miembros del secretariado de las FARC por su responsabilidad en varios secuestros. Los miembros del secretariado habían reconocido su rol en estos delitos durante una audiencia celebrada en el mes de junio.
En agosto, la JEP emitió una resolución de conclusiones en contra del general (r) Mario Montoya, quien estuvo al mando del Ejército entre 2006 y 2008, por su papel en 130 ejecuciones extrajudiciales cuando dirigía una brigada.
A finales de 2022, el Congreso aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Petro que le permite al gobierno realizar negociaciones, incluidos nuevos mecanismos de justicia transicional, con algunos grupos armados, como el ELN y con grupos de crimen organizado. En noviembre, la Corte Constitucional determinó que las negociaciones con grupos de crimen organizado deben garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.
A lo largo de 2023, el gobierno continuó negociando un acuerdo de paz con la guerrilla del ELN y una coalición de disidencias de las FARC que el gobierno denomina Estado Mayor Central (EMC).
El 31 de diciembre de 2022, el presidente Petro anunció un alto el fuego bilateral de seis meses con cinco grupos armados, incluyendo el ELN, el Clan del Golfo y el EMC. El ELN no aceptó los términos del alto el fuego y la Fiscalía cuestionó la legalidad del alto el fuego con el Clan del Golfo. Los preparativos, incluyendo los protocolos pertinentes, fueron insuficientes y el alto el fuego tuvo resultados limitados.
En julio y septiembre, el gobierno acordó un nuevo alto el fuego con el ELN y el EMC, respectivamente.
Una tregua apoyada por el gobierno entre dos bandas en la ciudad portuaria de Buenaventura provocó un descenso de los asesinatos entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, seguido de un aumento entre abril y julio.
Desplazamiento interno, reparaciones y restitución de tierras
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) informó que hubo más de 56.000 personas desplazadas entre enero y octubre de 2023 como parte de “desplazamientos masivos”, es decir, de 50 o más personas o 10 o más familias.
Los gobiernos municipales y departamentales suelen no tener fondos suficientes para asistir a las personas desplazadas, y la asistencia del gobierno nacional a menudo ha sido tardía y deficiente.
En 2011, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas con el fin de asegurar la reparación a las víctimas y la restitución de millones de hectáreas que fueron abandonadas por colombianos o robadas a estos durante el conflicto. Para agosto de 2023, menos del 15 % de los más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado habían recibido reparaciones. En septiembre, el gobierno de Petro envió al Congreso un proyecto de ley para renovar y ampliar la Ley de Víctimas.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Para noviembre de 2023, más de 2,8 millones de venezolanos vivían en Colombia.
En 2021, el entonces presidente Iván Duque anunció un estatuto de protección temporal de 10 años para venezolanos. Hasta septiembre de 2023, las autoridades habían otorgado protección temporal a más de 1,8 millones de venezolanos, de los más de 2,4 millones que la habían solicitado.
En 2023, cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo cruzaron el Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá; la mayoría se dirigían a Estados Unidos. El número de personas que cruza el Darién sigue aumentando, en gran parte impulsado por la continua migración de venezolanos. Durante su caminata de varios días a través del Darién, los migrantes y solicitantes de asilo de todas las nacionalidades con frecuencia son víctimas de robos y graves abusos, incluyendo violaciones sexuales. Quienes cruzan el Darién cuentan con poca seguridad o acceso a la justicia y reciben poca asistencia humanitaria.
Violencia basada en género
La violencia basada en género, incluyendo la ejercida por grupos armados, está muy extendida en Colombia. La falta de formación en el tema y la deficiente implementación de los protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y crean obstáculos para mujeres y niñas que buscan atención y justicia tras la violencia. Los responsables de crímenes basados en género rara vez son llevados ante la justicia.
Orientación sexual e identidad de género
En agosto, la Corte Constitucional amplió las protecciones laborales durante el embarazo a los hombres trans y a las personas no binarias que estén embarazadas. A pesar de las protecciones constitucionales basadas en la orientación sexual y la identidad de género, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Colombia siguen enfrentándose a altos niveles de violencia y discriminación. En 2022, Colombia Diversa informó de 148 asesinatos de personas LGBT, 28 de ellos posiblemente basados en prejuicios. Colombia Diversa también informó de 97 casos de violencia policial que afectaron a 107 personas LGBT en 2022. Entre enero y noviembre de 2023, la Fiscalía registró homicidios contra 134 personas LGBT.
Acceso al aborto
En febrero de 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en todas las circunstancias hasta la semana 24 de gestación, y mantuvo el acceso después de ese período en casos de violación, embarazo no viable, o riesgo para la vida o salud de la persona embarazada. A principios de 2023, una sala de la Corte Constitucional emitió dos sentencias que amenazaban con socavar el acceso a los servicios de aborto. En octubre, la Corte Constitucional anuló las decisiones de la sala.
Derechos económicos y sociales
Los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, siguen siendo una preocupación grave en materia de derechos humanos.
El acuerdo de paz de 2016 estableció los “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (PDET) para aumentar la presencia de instituciones estatales en 170 municipios altamente afectados por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilegales. En 2021, el índice de pobreza multidimensional (28,7 %) en estas áreas duplicaba el índice nacional (12,9 %). Los esfuerzos orientados a implementar los PDET han sido limitados.
Entre enero y noviembre de 2023, al menos 54 niños menores de 5 años—la mayoría indígenas Wayuu—murieron en el departamento de La Guajira por causas asociadas a la desnutrición y al limitado acceso al agua potable.
Tecnología y derechos
El Ministerio de Educación no adoptó medidas después de que una investigación de Human Rights Watch demostrara que ocho productos de aprendizaje en línea recomendados por el Ministerio durante la pandemia de Covid-19 vigilaban o tenían capacidad para vigilar a los niños en línea fuera del horario escolar y se inmiscuían en su vida privada.
Políticas sobre cambio climático y sus impactos
En noviembre de 2022, el presidente Petro firmó una ley para ratificar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional que refuerza la protección de los ecosistemas y sus defensores. En el momento de redacción de este informe, la Corte Constitucional estaba analizando si el acuerdo era constitucional.
El plan nacional que adoptó Colombia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resulta “muy insuficiente” para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 centígrados por encima de los niveles preindustriales, según indica Climate Action Tracker. En el plan, Colombia se comprometió a reducir la deforestación a 50.000 hectáreas por año para el 2030. Posteriormente, Colombia se sumó a la Declaración de Glasgow, que compromete al país a “detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación del suelo para 2030”.
Las estadísticas del gobierno registraron 123.000 hectáreas deforestadas en 2022, un descenso del 29 % respecto de 2021, según la información disponible más reciente. Aproximadamente las dos terceras partes de la deforestación tenían lugar en la región de la Amazonía.
Los productores ganaderos y los grupos disidentes de las FARC son los principales impulsores de la deforestación, y presionan a los residentes para talar árboles, extorsionan a campesinos, promueven los cultivos de hoja de coca para la producción cocaína y amenazan a las personas que defienden la conservación.
Actores internacionales clave
Estados Unidos aprobó aproximadamente US$487 millones en asistencia para Colombia durante el año fiscal 2023. En mayo, el presidente Petro se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca para hablar sobre cambio climático, política migratoria, la situación de derechos humanos en Venezuela y los esfuerzos de paz en Colombia. En mayo, el gobierno de Estados Unidos designó como no aptos para ingresar a su país a tres exmilitares colombianos implicados en graves violaciones de derechos humanos.
En agosto y septiembre de 2022, el presidente Petro y el presidente venezolano Nicolás Maduro restablecieron relaciones diplomáticas y reabrieron la frontera. En septiembre de 2022, el presidente Maduro aceptó participar en las negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano.
En abril de 2023, el gobierno de Petro llevó a cabo una reunión en Bogotá con gobiernos extranjeros para buscar avances en las negociaciones políticas entre el gobierno de Maduro y la oposición en Venezuela.
En marzo, durante su diálogo sobre derechos humanos, la Unión Europea (UE) y Colombia acordaron la “urgente necesidad de reforzar las acciones preventivas” para hacer frente al alto índice de violencia contra defensores de derechos humanos. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, visitó Colombia en abril y afirmó que la UE apoyaría las negociaciones de paz con el Estado Mayor Central. En la Cumbre UE-CELAC celebrada en julio, Borrell emitió una declaración junto con los presidentes de Francia, Brasil, Colombia y Argentina, en la que instaba a Venezuela a celebrar “elecciones justas, transparentes e inclusivas” en 2024.
En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que solicitaba el nombramiento de un experto internacional en derechos humanos con el mandato de identificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz de 2016.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó su examen preliminar en Colombia en octubre de 2021, pero ha seguido observando la evolución de la situación en el país. En junio, el fiscal Karim Khan visitó Colombia y acordó prestar asistencia técnica a la JEP.
En 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció una misión política para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación, la cual fue reemplazada en 2017 por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. En agosto, el Consejo amplió el mandato de la misión para incluir la verificación del alto al fuego entre el Gobierno y el ELN. En octubre, el Consejo prorrogó el mandato de la misión por un año, hasta el 31 de octubre de 2024.
En noviembre de 2022, Colombia suscribió la Declaración de Escuelas Seguras, con lo que se compromete a proteger la educación durante conflictos armados y evitar el uso de las escuelas con fines militares.