Informe Mundial 2024

El sistema de Derechos Humanos está bajo amenaza: Un llamado a la acción

Basta observar los desafíos de derechos humanos que se presentaron en 2023 para entender qué deberíamos hacer de otra manera en 2024. Fue un año excepcional no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino también por la indignación selectiva de los gobiernos y la diplomacia basada en transacciones que conllevaron profundos costos para los derechos de quienes no están entre los favorecidos. Sin embargo, en medio de las tinieblas, pudimos ver destellos de esperanza que mostraron la posibilidad de un camino diferente.

La reanudación de las hostilidades entre Israel y Hamás, y también en Sudán, infligió un enorme sufrimiento, al igual que la persistencia de los conflictos en Ucrania, Myanmar, Etiopía y el Sahél. A los gobiernos no les resultó fácil lidiar con el año más caluroso registrado hasta el momento y una sucesión de incendios forestales, sequías y tormentas que causaron estragos para millones de personas en Bangladesh, Libia y Canadá. En todo el mundo se acentuó la desigualdad económica, pero también el enojo ante decisiones políticas que han dejado a muchas personas en una situación en la que apenas pueden subsistir. En muchos lugares, los derechos de mujeres y niñas y de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) se toparon con retrocesos severos, ejemplificados por la persecución de género de los talibanes en Afganistán.

Los factores detrás de estas crisis de derechos humanos y sus consecuencias a menudo trascienden las fronteras y no pueden ser resueltos por gobiernos que actúen por sí solos. Comprender estas amenazas y responder a ellas es algo que debe hacerse sobre la base de los principios universales del derecho internacional de los derechos humanos y el Estado de derecho. Estas ideas se forjaron a partir de historias humanas que, hace 75 años, fueron consensuadas y plasmadas por naciones de todas las regiones en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye la base de todas las convenciones y tratados contemporáneos de derechos humanos.

Estos principios se necesitan ahora más que nunca. Sin embargo, este mismo sistema al que apelamos para proteger los derechos humanos de las personas en todas partes se encuentra amenazado. Cada vez que un gobierno desestima o desprecia estos principios universales globalmente aceptados, alguien paga un precio, ya sea en términos de libertades y derechos, en su salud o medios de subsistencia, y a veces incluso con su vida.

Los gobiernos que podrían contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos a menudo adoptan un doble criterio al momento de aplicar el marco de derechos humanos, lo cual carcome la confianza en las instituciones encargadas de defender y proteger los derechos. Los gobiernos que condenan abiertamente los crímenes de guerra que comete el gobierno israelí contra civiles en Gaza, pero mantienen silencio con respecto a crímenes de lesa humanidad del gobierno chino en Xinjiang; o que reclaman el procesamiento internacional de crímenes de guerra rusos en Ucrania, pero, al mismo tiempo, frustran la posibilidad de rendición de cuentas por abusos pasados de Estados Unidos en Afganistán, debilitan la creencia en la universalidad de los derechos humanos y la legitimidad de las normas diseñadas para protegerlos.
 
En la diplomacia basada en las transacciones, los gobiernos pasan por alto los beneficios de las relaciones a largo plazo, basadas en principios de derechos humanos, con el fin de lograr beneficios inmediatos y a corto plazo en las áreas de comercio o seguridad. Cuando los gobiernos eligen cuáles obligaciones se respetan, perpetúan la injusticia, no solo en el presente sino también en el futuro, para aquellos cuyos derechos han sido sacrificados, y podrían animar a gobiernos abusivos a extender el alcance de su accionar represivo. El sustento moral de los derechos humanos internacionales exige coherencia y constancia.
 
A algunos gobiernos les ha resultado más fácil ignorar cuestiones de derechos humanos en el ámbito internacional, en parte porque la comunidad internacional no cuestiona sus violaciones de derechos humanos en sus propios países. En todas las regiones, los autócratas se han esmerado en erosionar la independencia de instituciones clave que son cruciales para proteger los derechos humanos, y en reducir el espacio para las expresiones de disenso con el mismo propósito: ejercer el poder sin restricciones.
 
Sin embargo, así como estas amenazas están interconectadas, también lo está el potencial que tiene el marco de derechos humanos para hacer realidad la promesa de proteger la libertad y la dignidad de las personas, con independencia de quiénes sean o dónde vivan. La protección de los derechos humanos ha avanzado en muchos frentes.
 
Después de tres años de negociaciones diplomáticas y una década de campañas por parte de organizaciones de la sociedad civil, 83 países adoptaron una declaración política para proteger con mayor eficacia a los civiles frente al uso de armas explosivas en zonas pobladas durante los conflictos armados. Este compromiso internacional es el primero que aborda formalmente la práctica de larga data de las partes beligerantes consistente en utilizar bombardeos aéreos, artillería, cohetes y misiles en aldeas, pueblos y ciudades, la principal causa de víctimas civiles en los conflictos armados en todo el mundo. 

La declaración va más allá de tan solo exigir una mayor observancia de las leyes de guerra, y compromete a sus signatarios a adoptar políticas y prácticas que prevengan y aborden los daños. Seis de los ocho principales exportadores de armas del mundo –Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Corea del Sur– han adoptado la declaración, así como 25 de 31 Estados miembros de la OTAN. 

Algunos países abordaron los derechos de comunidades que estaban marginadas desde hace mucho tiempo. Tras años de presiones por parte de la sociedad civil, el parlamento japonés aprobó la primera ley para proteger a las personas LGBT frente a “discriminación injusta”. El Tribunal Supremo de Nepal dispuso que las autoridades debían reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo mientras analizaba un caso en el que se reclamaba plena igualdad de derechos matrimoniales. En México, una coalición de la sociedad civil persuadió al Congreso de aprobar una ley que establece la plena capacidad jurídica y el derecho a la toma de decisiones con apoyo para todas las personas mayores de 18 años, una medida que benefició a millones de personas con discapacidad y personas mayores. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que el Congreso debe eliminar las penas federales al aborto, lo que implica que todos los establecimientos federales de salud deberían brindar servicios de aborto.

Las crisis humanitarias y de derechos humanos han provocado que algunos cuestionen la eficacia del marco de derechos humanos como modelo de protección y de cambio positivo, sobre todo ante la indignación gubernamental selectiva, la diplomacia transaccional que busca logros a corto plazo, la represión transnacional creciente y la disposición de los líderes autocráticos a sacrificar derechos para consolidar su poder.

Pero esto no es fundamento para renunciar al marco de derechos humanos, que sigue siendo la hoja de ruta para construir sociedades prósperas e inclusivas. Los gobiernos deben respetar, proteger y defender los derechos humanos con la urgencia, el vigor y la tenacidad necesarios para enfrentar y abordar los desafíos mundiales y existenciales que amenazan a nuestra humanidad común.

El costo de la indignación selectiva

Los ataques perpetrados el 7 de octubre por combatientes liderados por Hamás contra Israel constituyeron una agresión aterradora contra civiles. Hamás y otros grupos armados palestinos mataron deliberadamente a cientos de civiles, dispararon a familias en sus hogares y tomaron como rehenes a más de 200 personas, incluidos niños y niñas, personas con discapacidad y personas mayores. Grupos armados palestinos lanzaron miles de cohetes contra comunidades israelíes. Muchos países condenaron de manera rápida y justificada estos actos nefastos.

En respuesta, el gobierno de Israel interrumpió el suministro de agua y electricidad a los 2,3 millones de civiles en Gaza y efectuó un bloqueo prácticamente total, excepto por un volumen ínfimo de combustible, alimentos y ayuda humanitaria, lo que implica una forma de castigo colectivo constitutiva de crimen de guerra. El Ejército israelí ordenó a más de un millón de personas en Gaza que abandonaran sus hogares y bombardearon zonas densamente pobladas utilizando armas pesadas, lo que provocó la muerte de miles de civiles, incluidos niños y niñas, y redujo zonas enteras a escombros. Los ataques contra zonas pobladas que utilizan armas explosivas con efectos de amplio alcance plantean una posibilidad concreta de que haya ataques indiscriminados, que constituyen presuntos crímenes de guerra. Israel utilizó fósforo blanco, un producto químico que quema la carne humana y puede causar sufrimiento de por vida, tanto en Gaza como en el sur del Líbano.

Muchos de los gobiernos que condenaron los crímenes de guerra de Hamás han mostrado reservas cuando tuvieron que responder a los cometidos por el gobierno israelí. La falta de predisposición de estos gobiernos a denunciar los abusos del gobierno israelí se produce luego de que EE. UU. y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea se negaran a instar a que termine el cierre ilegal de Gaza por parte del gobierno israelí, que lleva ya 16 años, y a reconocer los crímenes de lesa humanidad continuos de apartheid y persecución contra los palestinos.

Hay concesiones en materia de derechos humanos que se realizan en nombre de la política, y se hacen evidentes cuando muchos gobiernos no se pronuncian sobre la represión creciente por parte del gobierno chino, la detención arbitraria de defensores de derechos humanos y su control cada vez más estricto sobre la sociedad civil, los medios de comunicación e Internet, especialmente en Xinjiang y el Tíbet. La persecución cultural y la detención arbitraria de un millón de uigures y otros musulmanes túrquicos por parte de las autoridades chinas constituyen crímenes de lesa humanidad; sin embargo, muchos gobiernos, incluso en países de cultura predominantemente musulmana, guardan silencio ante esto.

Esta indignación selectiva menoscaba los derechos humanos no solo de las personas palestinas en Gaza y uigures en China, sino también de cualquier persona que necesite protección en cualquier lugar del mundo. Transmite el mensaje de que la dignidad de algunas personas merece ser protegida, pero no la de todos, y de que algunas vidas importan más que otras.

Los efectos multiplicadores de estas incongruencias sacuden la legitimidad del sistema de reglas en el que confiamos para que se protejan los derechos de todos. Así, gobiernos como los de Rusia y China pretenden usar esta legitimidad debilitada para reconfigurar el orden basado en reglas, despojándolo de los valores de derechos humanos y socavando el sistema que podría obligarlos a rendir cuentas por sus innumerables abusos.

Todos los gobiernos tienen la responsabilidad de aplicar los principios de derechos humanos para hacer frente a crisis de derechos humanos. El pueblo de Sudán ha sufrido como resultado de la falta de atención, compromiso y liderazgo internacionales para responder a abusos generalizados durante el conflicto del país.

En abril de 2023, estalló un conflicto armado en Sudán cuando los dos generales más poderosos del país comenzaron a disputarse el poder. La pugna de poder entre el líder de las fuerzas armadas, el general Abdelfattah al-Burhan, y el líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el general Mohamed “Hemedti” Hamdan Dagalo, desató combates en el contexto de los cuales se cometieron abusos masivos contra civiles, sobre todo en la región de Darfur. Estos busos han sido un reflejo de los cometidos a lo largo de las dos últimas décadas por las fuerzas leales a ambos generales, respecto de los cuales no ha habido prácticamente ninguna rendición de cuentas.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado órdenes de detención por crímenes cometidos en Darfur en el pasado, y el fiscal de la CPI anunció en julio que los crímenes actuales en Darfur están dentro de su competencia. Sin embargo, las autoridades sudanesas han obstruido repetidamente los esfuerzos de la CPI, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha hecho prácticamente nada para sortear la intransigencia del gobierno. La impunidad que esto ha generado, salvo por el proceso contra un líder de una milicia en la CPI, ha fustigado la repetición de los ciclos de violencia en Sudán, incluido el conflicto actual. En 2023, mientras los países africanos en el Consejo de Seguridad incluían a Gabón, Ghana y Mozambique, la ONU concluyó su misión política en Sudán ante la insistencia del gobierno sudanés, y terminó así con lo poco que quedaba de la capacidad de la ONU en el país para proteger a civiles e informar públicamente sobre la situación de los derechos.

Los llamamientos para que se priorice la rendición de cuentas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras la reanudación de la violencia en Sudán encontraron una fuerte resistencia por parte de los Estados árabes y un amplio rechazo por los gobiernos africanos. En un primer momento, los gobiernos occidentales se mostraron reacios a impulsar un mecanismo de rendición de cuentas en Sudán, y no estaban dispuestos a destinar los recursos ni los esfuerzos que sí habían dedicado a un organismo similar para Ucrania inmediatamente después de la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

Un grupo de países finalmente reunió suficientes votos para crear un mecanismo que pueda recopilar y preservar pruebas de delitos, pero la propuesta no recibió ni un solo voto de gobiernos africanos, si bien algunos se abstuvieron. El Gobierno sudanés ha dejado en claro que no está dispuesto a cooperar con el mecanismo, el cual funcionará fuera del país.

Sin embargo, los gobiernos africanos sí toman medidas positivas para los derechos humanos en algunas cuestiones. En general han apoyado de manera abrumadora resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que abordan la situación de los derechos humanos en Palestina, mientras que Estados occidentales se oponen a ellas. En noviembre, el gobierno de Sudáfrica lideró una iniciativa, con el apoyo de Bangladesh, Bolivia, Venezuela, Comoras y Yibuti, que son países miembros de la CPI, para respaldar una investigación de la fiscalía en Palestina. Y en diciembre, el gobierno sudafricano pidió a la Corte Internacional de Justicia que determinara si Israel violó sus obligaciones conforme a la Convención sobre el Genocidio de 1948 durante sus operaciones militares en Gaza. También solicitó a la corte que estableciera medidas provisionales en las que se ordene a Israel poner fin a actos que puedan resultar violatorios de la Convención sobre el Genocidio, mientras el tribunal delibera sobre el fondo.

Todos los gobiernos pueden demostrar su liderazgo en derechos humanos para proteger a civiles. El desafío – y lo imperioso– es hacerlo de manera congruente y acorde con los principios, independientemente de quién sea el autor o la víctima.

La miopía de la diplomacia transaccional

Los gobiernos deberían centrar el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho en sus políticas internas y en las decisiones sobre política exterior. Lamentablemente, incluso gobiernos que normalmente respetan los derechos a veces tratan a estos principios fundacionales como optativos, y buscan “soluciones” políticamente convenientes y de corto plazo en vez de construir las instituciones que serían beneficiosas para la seguridad, el comercio, la energía y la migración en el largo plazo. Elegir la diplomacia transaccional conlleva un costo humano que se paga no solo dentro de las fronteras de un país, sino cada vez más fuera de ellas.

Abundan los ejemplos de diplomacia transaccional.

El presidente de EE. UU. Joe Biden ha mostrado escaso interés en responsabilizar a los que violan los derechos humanos y que son clave para su agenda interna o son vistos como salvaguardas frente a China. Aliados de EE. UU. como Arabia Saudita, la India y Egipto cometen violaciones a gran escala de los derechos de su población, pero no han tenido que superar dificultades para profundizar los vínculos con Estados Unidos. Vietnam, Filipinas, la India y otras naciones con las que EE. UU. quiere contar para contrarrestar a China han sido agasajadas en la Casa Blanca sin tener en cuenta las violaciones de derechos humanos que ocurren en esos países.

Del mismo modo, en materia migratoria, Washington se ha mostrado reacio a criticar a México, en el cual se apoya para impedir que migrantes y solicitantes de asilo ingresen en Estados Unidos. El gobierno de Biden y el del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador han trabajado en conjunto para expulsar o deportar hacia México a decenas de miles de migrantes en EE. UU. e impedir que miles más lleguen a EE. UU. en busca de seguridad, aun cuando saben que son blanco de secuestros, extorsiones, agresiones y otros abusos. Biden ha permanecido mayormente en silencio mientras López Obrador procuró socavar la independencia del poder judicial mexicano y otros órganos constitucionales, demonizó a periodistas y activistas de derechos humanos, y dejó que las fuerzas militares obstaculicen rendición de cuentas por abusos aberrantes.

La UE tiene un tipo propio de diplomacia transaccional centrada en eludir sus obligaciones de derechos humanos para con solicitantes de asilo y migrantes, sobre todo los procedentes de África y Oriente Medio. La respuesta predilecta de los Estados miembros es la devolución “en caliente” de personas a otros países o forjar acuerdos con gobiernos abusivos como Libia, Turquía y, más recientemente, Túnez para mantener a las personas migrantes fuera del bloque europeo. En un gesto perverso, algunos Estados miembros de la UE, como Francia, Grecia, Hungría e Italia, incluso han adoptado medidas para castigar a quienes prestan asistencia y ayuda humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo que llegan por medios irregulares.

Gobiernos democráticos de la región de Asia y el Pacífico, incluidos Japón, Corea del Sur y Australia, repetidamente relegan derechos humanos a cambio de establecer alianzas militares con socios de seguridad como Tailandia y Filipinas, e intentan contrarrestar la influencia del gobierno chino con los gobiernos de Sri Lanka y Nepal, y asegurar acuerdos comerciales y económicos que prevén pocos compromisos de derechos humanos —o directamente ninguno— en economías de rápido crecimiento como Vietnam e Indonesia.

Ejercer la diplomacia transaccional con los ojos vendados es peligroso. Intentar separar los derechos humanos y el Estado de derecho de decisiones más “pragmáticas” implica desaprovechar oportunidades valiosas para incidir en las prácticas y políticas de gobiernos que violan derechos. También puede contribuir a nuevas violaciones de derechos humanos, incluida la represión transnacional.

El alcance alarmante de la represión transnacional

Los gobiernos incurren en actos de represión transnacional, también conocida como represión extraterritorial, cuando cometen violaciones de derechos humanos contra ciudadanos suyos que viven en el extranjero o contra familiares de esas personas que están en el país. Si bien este es un fenómeno de larga data, el aumento de las comunicaciones, los viajes y las nuevas tecnologías han facilitado mayores prácticas ilegales, incluidas deportaciones arbitrarias, secuestros y asesinatos.

Durante el gobierno del primer ministro Narendra Modi, la democracia de la India ha retrocedido hacia una situación de autocracia, en la que se emplean facultades contra minorías, se endurece la represión y se desmantelan instituciones independientes, incluidos organismos federales de investigación. Durante cumbres que compartieron con Modi, sus homólogos de EE. UU., Australia, el Reino Unido y Francia no plantearon públicamente sus inquietudes relacionadas con los derechos, sino que priorizaron el comercio y la seguridad. El presidente francés Emmanuel Macron incluso otorgó a Modi la más alta orden de mérito de Francia, la Legión de Honor, durante los festejos por el Día de la Bastilla.

El silencio ante el agravamiento de la situación de los derechos atribuible al gobierno indio parece haber animado al gobierno de Modi a extender las tácticas represivas más allá de las fronteras, lo que incluye intimidar a activistas y académicos de la diáspora o restringir su ingreso a la India.

En marzo, las autoridades indias bloquearon los mensajes de varios usuarios canadienses de Twitter de alto perfil que critican al gobierno indio. En septiembre, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, refirió “señalamientos creíbles” de que agentes del gobierno indio estaban implicados en el asesinato de un líder separatista sij en Canadá, una afirmación que fue negada por funcionarios indios. Y en el mes de noviembre, las autoridades estadounidenses acusaron formalmente a un hombre en relación con un complot fallido con un funcionario del gobierno indio para asesinar a un líder separatista sij en EE. UU.

La represión transnacional por parte de la India no es un ejemplo aislado. Las tres décadas de impunidad por la represión de derechos civiles y políticos en el país por el gobierno de Ruanda han facilitado que este acalle la disidencia incluso fuera de sus fronteras. A medida que Ruanda ha cobrado más prominencia en el escenario internacional, al liderar instituciones multilaterales y convertirse en uno de los mayores contribuyentes africanos de tropas de mantenimiento de la paz, las Naciones Unidas y los socios internacionales de Ruanda no han reconocido de manera congruente el alcance ni la gravedad de sus violaciones de derechos humanos.

El gobierno de Ruanda ha llevado a cabo más de una decena de secuestros consumados o en grado de tentativa, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas y asesinatos, así como acoso contra ciudadanos ruandeses que se perciben como críticos del gobierno y que viven en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, el Reino Unido y EE. UU. Sus familiares que viven en Ruanda también están sometidos a un intenso escrutinio y son vulnerables a violaciones de derechos humanos.

Del mismo modo, muchos países no han opuesto resistencia a los abusos del gobierno chino y esto ha permitido de manera tácita que Pekín lleve a mayor escala y exporte la represión que ejerce contra la población china y no china y contra instituciones que critican al partido gobernante, el Partido Comunista Chino. Estudiantes y académicos que defienden la democracia en universidades occidentales han sido blanco de hostigamiento, vigilancia e intimidación por hablar sobre los abusos del gobierno chino en Hong Kong, el Tíbet o Xinjiang. El gobierno chino ha presionado a gobiernos para que dispongan el retorno forzoso de defensores de derechos humanos, como el abogado Lu Siwei, de Laos. Y en un esfuerzo flagrante por acallar las críticas internacionales ante el desmantelamiento de la democracia por parte del gobierno chino en Hong Kong, las autoridades allí emitieron órdenes de detención infundadas y recompensas de HK 1 millón (USD 128.000) contra ocho activistas pro democracia y ex legisladores en el exilio.

Si los gobiernos represivos pueden emplear impunemente tácticas de mano dura para silenciar a defensores de derechos humanos, políticos exiliados, periodistas y críticos más allá de sus fronteras, entonces no hay ningún lugar seguro.

Sacrificar los derechos humanos para consolidar el poder

Este año, casi la mitad de la población mundial podrá votar en las elecciones de todo el mundo. Cuando se llevan a cabo de manera libre y justa, las elecciones pueden ser una expresión crucial de la voluntad popular en cuanto a las prioridades y los valores de un país. Pero la gobernanza con rendición de cuentas —en la cual los gobiernos reconocen a los derechos humanos y el Estado de derecho un lugar central en sus políticas y sus decisiones— depende de mucho más que de acudir a las urnas.

Las instituciones independientes que respetan los derechos, como el poder judicial, defensorías del pueblo y comisiones de derechos humanos, pueden ser una salvaguarda eficaz contra la adopción errática de decisiones, eliminar la extralimitación legislativa y defender el Estado de derecho. Una sociedad civil activa e independiente es fundamental para que las decisiones de quienes ejercen el poder político respondan al interés público. Pero la sociedad civil y las instituciones necesarias para proteger a los derechos y a las sociedades libres se han convertido en nuevos frentes de batalla para líderes autocráticos de todo el mundo que pretenden que no haya ningún escrutinio de sus decisiones y acciones.

En Túnez, el presidente Kais Saied, que resultó electo en 2019, ha eliminado de manera sistemática los sistemas de pesos y contrapesos institucionales, entre otras cosas, al debilitar al poder judicial, reprimir a opositores políticos y a quienes se perciben como críticos, y atacar la libertad de expresión y de prensa.

El presidente Nayib Bukele de El Salvador ha empleado la detención masiva de personas de sectores de bajos ingresos como una solución aparente para los altos niveles de criminalidad que hay en el país. Esta ofensiva le ha permitido hacerse del poder y consolidarlo, esfuerzo que se ha visto facilitado por la purga que realizó en la Corte Suprema y los esfuerzos incesantes para cooptar al poder judicial. El Congreso de Perú ha adoptado medidas orientadas a socavar a otras instituciones democráticas y limitar la rendición de cuentas por parte de los legisladores, lo que incluye tratar de destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia, un órgano que resulta crucial para proteger la independencia de jueces, fiscales y autoridades electorales.

En Guatemala, un poder judicial en gran medida funcional a políticos y otros actores corruptos amenazó con invalidar la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo, quien basó su campaña en una plataforma contra la corrupción. En Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, prácticamente no enfrentan ningún freno a su poder, el gobierno ha empleado leyes abusivas para cerrar más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, o cerca del 50% de las organizaciones registradas en el país.

La lenta destrucción de estos pesos y contrapesos vitales puede tener consecuencias alarmantes para los derechos humanos y el Estado de derecho.

En Tailandia, el Tribunal Constitucional políticamente comprometido subvirtió la voluntad del pueblo tailandés en las elecciones de 2023 cuando expulsó del parlamento al principal candidato a primer ministro sobre la base de señalamientos falsos. En Bangladesh, el gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina dispuso el arresto de más de 10.000 líderes y simpatizantes de oposición en el período previo a los comicios de enero de 2024, y un poder judicial obsecuente ha inhabilitado a cientos de candidatos.

Si bien las elecciones en Polonia marcaron el comienzo de un nuevo gobierno a finales de 2023, el anterior gobierno del partido Ley y Justicia erosionó de manera sistemática el Estado de derecho al debilitar la independencia judicial y silenciar a organizaciones independientes de la sociedad civil y otros críticos, incluso recurriendo a los tribunales y la policía. El control del sistema de justicia por parte del partido Ley y Justicia posibilitó los ataques insignia del gobierno anterior contra los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres.

El costo de esto se puede medir en vidas: tras un fallo dictado en 2020 por el Tribunal Constitucional, que se encuentra sometido a influencias políticas, por el cual prácticamente se prohibió el aborto legal en Polonia, al menos seis mujeres murieron como consecuencia de que los médicos no interrumpieran los embarazos que cursaban, a pesar de que presentaban complicaciones. En mayo de 2023, una activista por los derechos de aborto fue condenada a prestar ocho meses de servicio comunitario por ayudar a una mujer a obtener pastillas abortivas, en el primer procesamiento penal de este tipo del que se tiene conocimiento en la UE. El nuevo gobierno de Polonia enfrentará la difícil tarea de restablecer la independencia de instituciones clave, incluido el poder judicial, algo que probablemente lleve años.

En Estados Unidos, las legislaturas y los tribunales de algunos estados han debilitado las leyes dirigidas a prevenir la discriminación racial en las votaciones, como la Ley de Derechos de Voto, casi el punto de privarlas de eficacia. En Florida y otros estados de EE. UU., la censura educativa está limitando la posibilidad de las personas de aprender sobre sexualidad e identidad de género, así como sobre la historia de esclavitud y racismo de ese país. Los políticos saben que la información fidedigna sobre estos temas es uno de los factores que movilizan a las personas a participar en activismo cívico y a exigir que las autoridades rindan cuentas. Cerca de 4,6 millones de personas en EE. UU., casi todas negras, fueron privadas del derecho de voto en virtud de las leyes estadounidenses desde el año 2022, después de haber sido condenadas por un delito penal.

Mientras tanto, el aumento del activismo cívico en respuesta a la urgencia de la crisis climática ha provocado un uso nefasto de leyes imprecisas para atacar a activistas y dificultar que puedan expresar disenso. En toda Europa, en EE. UU., Australia y Vietnam, los gobiernos están imponiendo medidas severas y desproporcionadas para castigar a activistas y disuadir al movimiento por el clima. En 2023, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los mayores productores de petróleo del mundo, fueron sede de la COP28, la Conferencia de la ONU sobre el Clima, en una aparente maniobra para limpiar su imagen mientras, al mismo tiempo, impulsa la expansión de los combustibles fósiles y frustra esfuerzos para enfrentar la crisis climática. Las personas que intentan dar a conocer la situación en los EAU se enfrentan al riesgo de vigilancia ilegal, arresto arbitrario, detención y malos tratos.

Los gobiernos usan progresivamente las plataformas tecnológicas para silenciar a críticos y censurar a la disidencia. Especialmente en países que carecen de un sistema judicial independiente o algún tipo de supervisión, los gobiernos pueden imponer leyes que, básicamente, se convierten en trampas para críticos, activistas y usuarios de Internet desprevenidos. Un ejemplo particularmente aberrante es la pena de muerte impuesta en Arabia Saudita contra el docente retirado Muhammad al-Ghamdi, de 54 años, por violar la ley antiterrorista del país debido a sus expresiones pacíficas vertidas en X y YouTube.

Meses antes de las elecciones de mayo de 2023, el parlamento de Turquía endureció el control en las redes sociales y estableció un nuevo delito abusivo de discurso delictivo, supuestamente para combatir la propagación de noticias falsas en línea. En la práctica, las leyes se suman al arsenal existente de leyes sobre censura en línea, incrementan las posibles restricciones al acceso a la información y prevén severas sanciones para las empresas de tecnología que incumplan los requisitos relativos a datos de usuarios y eliminación de contenidos. Como resultado de esto, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan se valió de más recursos para seguir limitando opiniones disidentes en línea antes de las elecciones y durante estas, en las cuales finalmente resultó ganador el partido gobernante.

En qué medida las instituciones protegieron los derechos humanos

A pesar de todos los retrocesos que se produjeron durante 2023, también vimos ejemplos alentadores de instituciones y movimientos que obtuvieron victorias para los derechos humanos. De hecho, estos éxitos ilustran por qué políticos egoístas y gobiernos oportunistas se empeñan tanto en cercenarlos, y por qué todos los gobiernos deberían reconocer y apoyar estos frágiles éxitos.

En marzo, la CPI emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y su comisionada para los derechos del niño, María Lvova-Belova, por crímenes de guerra relacionados con la deportación a Rusia de niños y niñas desde territorios ocupados de Ucrania y el traslado forzoso de niños y niñas a otros territorios ucranianos ocupados por Rusia. La orden generó un dilema diplomático para el gobierno sudafricano, que organizó una cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en el mes de agosto. Tras meses de mensajes contradictorios por parte de las autoridades sudafricanas acerca de las obligaciones del país, como miembro de la CPI, de arrestar a Putin si ponía un pie en Sudáfrica, se supo que Putin no asistiría personalmente a la cumbre. Dos días después, el Tribunal Superior de Gauteng dictaminó que Sudáfrica tenía la obligación de arrestar a Putin y que la orden de detención de la CPI debía ejecutarse en el país.

En noviembre, la Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno sirio que adoptara todas las medidas a su alcance para prevenir actos de tortura y otros abusos. El caso ante la corte internacional se contrapone de manera fundamental al apremio que sienten varios países árabes por normalizar los lazos con el gobierno sirio, a pesar de la continuidad de los abusos a los derechos, y a que la rendición de cuentas por crímenes pasados mientras el presidente Bashar al-Assad ocupó el poder ha sido escasa o nula. También se están impulsando esfuerzos ante los tribunales en Alemania, Suecia y Francia para que haya rendición de cuentas por torturas y otras atrocidades cometidas en Siria. Estas causas son fundamentales para que las víctimas puedan ver que sus agresores son llevados ante la justicia y pueden contribuir a que se establezca que las personas refugiadas en estos países no deben ser enviadas de regreso a un país donde enfrentan riesgos concretos para sus vidas.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó los derechos de todos los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, y frustró así intentos del estado de Santa Catarina para impugnar los reclamos de tierras de las comunidades indígenas xokleng si no demostraban que ocupaban físicamente las tierras al 5 de octubre de 1988, fecha en que se adoptó la Constitución actual de Brasil. El fallo significó un fuerte impulso para los pueblos indígenas en la lucha por preservar su estilo de vida. También fue relevante en términos del combate al cambio climático, ya que la demarcación de los territorios indígenas ha probado, una y otra vez, ser uno de los frenos más eficaces a la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, el poderoso lobby agrícola en el Congreso reaccionó aprobando un proyecto de ley que limita los reclamos de tierras indígenas y que contraviene la decisión del Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, el Congreso anuló el veto presidencial al proyecto de ley. Grupos indígenas y otros actores expresaron que presentarían recursos ante el Supremo Tribunal para que se invalidara la ley.

En noviembre, el máximo tribunal del Reino Unido determinó de forma unánime que Ruanda no es un tercer país seguro para que el gobierno envíe a solicitantes de asilo, y anuló así un acuerdo por el cual se delegaban y desviaban a Ruanda las responsabilidades del Reino Unido en materia de asilo. Al analizar los antecedentes de Ruanda en derechos humanos, incluidas las amenazas a personas ruandesas que viven en el Reino Unido, el tribunal concluyó que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda estarían sujetos a un riesgo real de ser devueltos a sus países de origen, donde podrían enfrentar malos tratos. Se determinó que el acuerdo era violatorio de las obligaciones asumidas por el Reino Unido en virtud del derecho internacional y nacional.

Desde entonces, el gobierno del Reino Unido ha presentado al parlamento un proyecto de ley sobre Seguridad de Ruanda (asilo e inmigración) con el propósito de eludir lo dispuesto por el tribunal. Sin embargo, el Reino Unido no puede recurrir a legislación para evadir el hecho de que Ruanda responde a las críticas con violencia y abusos, incluso contra personas refugiadas.

Estas victorias ponen de relieve el inmenso poder que tienen la sociedad civil y las instituciones que son independientes, inclusivas y respetan los derechos para interpelar a quienes ejercen el poder político a fin de que estén al servicio del interés público y trazar un camino en el que se respeten los derechos. Todos los gobiernos, en sus relaciones bilaterales y a nivel multilateral, deberían redoblar sus esfuerzos para dar preponderancia a instituciones clave y proteger el espacio cívico en cada ámbito donde se encuentre amenazado.

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Estas crisis de derechos humanos ponen de manifiesto la urgencia de que los gobiernos respeten en todas partes los principios del derecho internacional de los derechos humanos que se encuentran afianzados y fueron acordados entre todos. La diplomacia basada en principios, en la cual los gobiernos asignan un lugar central a sus obligaciones de derechos humanos en las relaciones que mantienen con otros países, puede influir para contrarrestar conductas opresivas y tener un impacto significativo para las personas cuyos derechos estén siendo violados. El apoyo a instituciones que afianzan la protección de los derechos humanos ayudará a promover gobiernos que respeten los derechos. Defender los derechos humanos de manera sistemática, en todos los ámbitos, con independencia de quiénes sean las víctimas o dónde se cometan las violaciones de derechos, es la única forma de construir el mundo en el que queremos vivir.