El informe muestra que el gobierno gastó apenas entre el 2 % y el 3 % de su presupuesto anual en salud y educación en 2008 y 2011, los años para los cuales hay datos disponibles, mientras que destinó cerca del 80 % a proyectos de infraestructura a gran escala, que en algunos casos fueron cuestionables. El informe también expone cómo, según las pruebas presentadas en investigaciones sobre lavado de dinero impulsadas en varios países, altos funcionarios gubernamentales obtienen ganancias formidables mediante contratos de obras públicas adjudicados a empresas que son, total o parcialmente, de su propiedad, en muchos casos en asociación con empresas extranjeras, mediante un proceso que se distingue por la opacidad y la falta de competencia.