El gobierno y el Ministerio Público han debilitado la independencia judicial y las garantías de derechos humanos en un aparente intento de impedir que haya rendición de cuentas por corrupción generalizada en las altas esferas de poder. También han intimidado a periodistas y defensores de derechos humanos. El Ministerio Público ha impulsado cargos penales dudosos contra jueces y fiscales que investigan hechos de corrupción y contra periodistas que informan sobre violaciones de derechos humanos, además de destituir a fiscales que investigaban casos de corrupción de alto nivel. El Congreso también ha demorado o bloqueado el nombramiento de cientos de jueces. El hostigamiento y la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas siguen siendo graves problemas. Las autoridades han restringido el acceso a la información, incluyendo acerca de la adquisición de vacunas y otras medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19. El Congreso ha aprobado leyes que limitan los derechos reproductivos y los derechos de las personas LGBT, y el gobierno ha estado implicado en políticas de migración abusivas, incluyendo el despliegue de las fuerzas armadas en la frontera y la expulsión de migrantes a Honduras. La violencia que ejercen las pandillas, los eventos climáticos extremos y la pobreza motivan a muchas personas a irse del país.

Noticias

Our people