El presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el retroceso democrático en Guatemala en un aparente esfuerzo por evitar la rendición de cuentas por la corrupción generalizada de alto nivel. Las autoridades, a menudo actuando en coordinación con algunos empresarios, han socavado el Estado de derecho y debilitado las garantías de los derechos humanos. La Fiscalía General ha bloqueado investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos y ha iniciado procedimientos arbitrarios contra periodistas, fiscales y jueces independientes. Periodistas y defensores de derechos humanos siguen sufriendo acoso y violencia. Siguen siendo motivo de grave preocupación los abusos contra migrantes, la escasa protección de las personas LGBT y los altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades indígenas.

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