Desde que finalizó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, el ritmo de las investigaciones ha desacelerado, limitando la posibilidad de rendición de cuentas en casos de corrupción a gran escala y abuso de poder. Existen importantes demoras en el nombramiento de jueces y magistrados de las altas cortes, marcados por denuncias de corrupción que amenazan la independencia judicial. El hostigamiento y la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Las autoridades han restringido el acceso a la información sobre casos confirmados de Covid-19 y las medidas para enfrentar la pandemia. La violencia que ejercen las pandillas motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a salir del país. 

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