María, una mujer indígena maya de Guatemala de 41 años, vive sin acceso a agua corriente.
Tres veces por semana, hace un viaje de ida y vuelta de dos horas para recoger agua de un pozo o barranco, a veces acompañada de sus hijos.
"A veces, sólo bebemos un vaso de agua [al día]. No hay más agua que esa", dice.
La falta de agua afecta a casi todos los aspectos de la vida de María. Con tan poca agua disponible, sólo puede bañarse una vez a la semana. En su casa no hay retrete, sino un pozo que comparten siete personas. Sus hijos suelen tener diarrea o síntomas gripales. La comida es escasa: sólo comen dos veces al día, sobre todo frijoles o fideos. La falta de agua les impide cultivar sus propios alimentos.
Como María, millones de guatemaltecos se enfrentan a una lucha diaria por el agua y carecen de acceso a un servicio de saneamiento digno.
Los indígenas, que han sufrido la exclusión y el abandono durante generaciones en Guatemala, se ven desproporcionadamente afectados. Las mujeres, como María, también se ven especialmente afectadas, ya que a menudo cargan con la responsabilidad de recoger agua para ellas y sus familias.
Y nada de esto se debe a que no haya suficiente agua dulce disponible. El hecho es que Guatemala tiene más agua dulce per cápita que la media mundial. Se trata en gran medida de una cuestión estructural.
La mala gestión del agua, combinada con la persistente pobreza y desigualdad de Guatemala, han dificultado la correcta gestión del agua y han hecho difícil exigir responsabilidades cuando no se respeta el derecho humano al agua.
Las cifras son reveladoras. El 40% de los guatemaltecos no tiene acceso a agua corriente dentro de su casa. Y para los indígenas, el acceso es aún peor: Más del 50% de la población indígena vive en hogares sin conexión de agua dentro de la vivienda, frente al 33% de la población no indígena.
Personas como María a menudo deben tomar medidas extremas para recoger, racionar y conservar el agua, a menudo de fuentes inseguras, comprometiendo sus derechos humanos a la salud, la educación, los ingresos y la calidad de vida en general, como revela una nueva investigación de HRW.
Las autoridades guatemaltecas deben aprobar leyes que protejan el agua y el saneamiento como derechos humanos, entre otras cosas creando un sistema de regulación y financiación que garantice el acceso al agua para uso personal y doméstico e imponiendo un régimen claro de sanciones para quienes contaminen los recursos hídricos.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo puede y debe aprovechar esta oportunidad crítica para hacer frente a una deuda histórica e impulsar un cambio significativo.
Porque sin agua, no somos nada.
