Los actos violentos perpetrados por organizaciones no estatales contra la población general con fines políticos son delitos aberrantes que, cuando tienen carácter generalizado o sistemático, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Human Rights Watch repudia estos actos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger [a personas/a quienes estén en su jurisdicción] de ataques extremistas, pero deben asegurar que todas las medidas contra el terrorismo respeten los derechos humanos. Human Rights Watch observa las acciones de gobiernos y organismos intergubernamentales contra el extremismo violento, para asegurar que no cercenen los derechos a la vida, a no sufrir tortura ni maltrato, y a un juicio justo. También condenamos a los gobiernos cuando persiguen a minorías o reprimen los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica invocando para ello motivos de seguridad. Tales medidas no solo son ilegítimas conforme al derecho internacional, sino además contraproducentes. 

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