(Nueva York) – La policía de la región china de Xinjiang se basa en una lista central de 50.000 archivos multimedia que considera “violentos y terroristas” para señalar a residentes uigures y otros musulmanes túrquicos para interrogarlos, ha denunciado hoy Human Rights Watch.
Una investigación forense de Human Rights Watch sobre los metadatos de esta lista reveló que, durante nueve meses entre 2017 y 2018, la policía realizó casi 11 millones de búsquedas en un total de 1.2 millones de teléfonos móviles en Urumqi, la capital de Xinjiang con 3.5 millones de residentes. Los sistemas automatizados de vigilancia masiva de la policía de Xinjiang permitieron este registro de teléfonos.
“El uso abusivo de la tecnología de vigilancia por parte del Gobierno chino en Xinjiang significa que los uigures que simplemente guardan el Corán en su teléfono pueden ser interrogados por la policía”, señaló Maya Wang, directora en funciones para China de Human Rights Watch. “Los gobiernos preocupados deberían identificar a las empresas tecnológicas implicadas en esta industria de vigilancia masiva y control social y tomar las medidas adecuadas para poner fin a su participación”.
Human Rights Watch ha planteado en repetidas ocasiones su preocupación por el enfoque de China para contrarrestar los actos que denomina “terrorismo” y “extremismo”. La ley antiterrorista de China define “terrorismo” y “extremismo” de una manera excesivamente amplia e imprecisa que facilita el enjuiciamiento, la privación de libertad y otras restricciones por actos que no pretenden causar la muerte o daños físicos graves con fines políticos, religiosos o ideológicos.
Las búsquedas de Human Rights Watch encontraron en total más de 1.000 archivos únicos en los teléfonos de unos 1.400 residentes de Urumqi que coincidían con los de la lista maestra de la policía. El análisis de estos archivos coincidentes reveló que más de la mitad de ellos (el 57 %) parecen ser materiales religiosos islámicos comunes, incluidas lecturas de todos los suras (capítulos) del Corán, el principal texto religioso del islam.
La lista forma parte de una gran base de datos (52 GB) de más de 1.600 tablas de datos de la región autónoma uigur de Xinjiang filtrada al medio estadounidense The Intercept en 2019. The Intercept informó de que la policía de Urumqi llevó a cabo vigilancias y detenciones entre 2015 y 2019 basándose en textos de informes policiales que formaban parte de esta base de datos.
La lista central de archivos multimedia que examinó Human Rights Watch se encuentra en una parte diferente de la misma base de datos y hasta ahora no se había analizado ni informado sobre ella. Algunas de las cifras de este informe se han redondeado para que las autoridades no puedan identificar la fuente de la filtración.
El análisis de los metadatos de esta lista revela archivos de fotos, audio y vídeo que contienen contenido violento, pero también otros materiales que no tiene ninguna conexión evidente con la violencia. Los archivos multimedia contienen materiales que:
- Son violentos o truculentos, incluidos contenidos que muestran decapitaciones o formas de tortura que parecen haber sido ejecutadas por grupos armados como los cárteles de la droga mexicanos y de otros países, combatientes chechenos o el Estado Islámico (ISIS).
- Implican a organizaciones extranjeras, como el Movimiento para la Independencia del Turquestán Oriental, grupo separatista; el Congreso Mundial Uigur, grupo dirigido por exiliados uigures; y emisiones en lengua uigur de Radio Free Asia, un medio de comunicación financiado por el gobierno estadounidense.
- Contienen contenidos audiovisuales en favor de la democracia, como “Puerta de la paz celestial”, un documental sobre la masacre perpetrada por el gobierno chino en la plaza de Tiananmén contra las protestas lideradas por estudiantes en 1989.
- Mencionan los nombres de ciudades de Siria, incluidos documentales sobre la historia siria y dos episodios de 2015 de un popular programa de viajes en chino, “On the Road” (侣行), que incluyen referencias al conflicto sirio.
- Contienen contenido religioso islámico común, incluidas lecturas del Corán y canciones de boda.
Human Rights Watch también encontró otra lista relacionada en la base de datos que tiene los mismos hashes MD5 –la firma única de estos archivos—. Al parecer, esta lista contiene el resultado de la búsqueda de Jingwang Weishi, una aplicación de vigilancia. Los resultados de la búsqueda abarcan nueve meses entre 2017 y 2018. Estos datos muestran que la aplicación realizó clandestinamente casi 11 millones de búsquedas que involucraron un total de 1,2 millones de teléfonos y encontró un total acumulado de 11.000 coincidencias de más de 1.000 archivos diferentes en 1.400 teléfonos.
El análisis de Human Rights Watch de los nombres de los archivos y del etiquetado, o codificación, de los aproximadamente 1.000 archivos por parte de la propia policía reveló lo siguiente:
- El 57 % de los 1.000 archivos son material religioso común, incluidas lecturas de todos los capítulos (sura) del Corán.
- Casi el 9 % de los archivos coincidentes incluyen contenidos violentos, como crímenes cometidos por miembros del Estado Islámico (ISIS).
- El 4 % contenía archivos que llamaban a la violencia, por ejemplo, instando a la “yihad”.
- El 28 % de los archivos coincidentes no pueden identificarse basándose únicamente en la información disponible (por ejemplo, el nombre del archivo y las etiquetas policiales).
Human Rights Watch analizó además esos 1.400 teléfonos señalados por la policía:
- Casi el 42 % de los teléfonos contenían material violento o truculento.
- El 12 % contenía material religioso islámico común.
- El 6 % contenía archivos abiertamente políticos, como un himno al “Turkestán Oriental” –nombre que algunos musulmanes túrquicos utilizan para referirse a la región que el gobierno chino denomina “Xinjiang”—, vídeos sobre la guerra de Siria y protestas a favor de la democracia en Hong Kong.
- El 4 % de los teléfonos contenían archivos que llamaban a la violencia, como la "yihad".
- El 48 % de los teléfonos contenían archivos que Human Rights Watch no pudo identificar.
El derecho internacional obliga a los gobiernos a definir con precisión los delitos penales y a respetar los derechos a la libertad de expresión y de pensamiento, incluida la defensa de opiniones consideradas ofensivas. Penalizar la mera posesión de material considerado extremista aunque el acusado no tenga intención de utilizarlo para causar daño a otros es una amenaza especialmente grave para la libertad de creencia, privacidad y expresión. Estos derechos están garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que China firmó la declaración, pero no la ratificó.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería lanzar urgentemente una investigación internacional independiente sobre las graves violaciones de derechos y la supresión de las libertades fundamentales en Xinjiang por parte del Gobierno chino contra los uigures y otros musulmanes turcos, señaló Human Rights Watch. Un número sin precedentes de expertos independientes en derechos humanos de la ONU y cientos de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han recomendado esta medida.
“El Gobierno chino confunde de forma escandalosa y peligrosa el islam con el extremismo violento para justificar sus aborrecibles abusos contra los musulmanes turcos en Xinjiang”, señaló Wang. “El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe tomar medidas que deberían haberse tomado hace tiempo para investigar los abusos del gobierno chino en Xinjiang y más allá de sus fronteras”.
