(Yakarta) – A finales de 2022, personas de toda China salieron a las calles para protestar pacíficamente contra las draconianas restricciones impuestas por el Gobierno durante la pandemia de Covid-19 y reclamar libertad y derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2023.
El presidente Xi Jinping consolidó su poder al conseguir en octubre un tercer mandato sin precedentes como líder del gobernante Partido Comunista Chino. A lo largo del año, las autoridades chinas impusieron en repetidas ocasiones confinamientos impredecibles a cientos de millones de personas en virtud de la política de “cero Covid”, impidiendo el acceso de la población a la atención sanitaria, los alimentos y otras necesidades.
“Personas de toda China asumieron riesgos extraordinarios al manifestarse públicamente en defensa de sus derechos humanos”, señaló Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch. “Los gobiernos de todo el mundo deben apoyar los derechos de las personas a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, y hacer que el Gobierno chino rinda cuentas por los abusos de derechos cometidos en su país y en el extranjero”.
En la 33ª edición del Informe Mundial 2023, de 712 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, la directora ejecutiva en funciones, Tirana Hassan, afirma que en un mundo en el que el poder ha cambiado, ya no es posible confiar en un pequeño grupo de gobiernos, en su mayoría del Norte Global para defender los derechos humanos. La movilización mundial en torno a Ucrania nos recuerda el extraordinario potencial que existe cuando los gobiernos cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos a escala global. Es responsabilidad de cada país, grande o pequeño, aplicar un marco de derechos humanos a sus políticas, y luego trabajar conjuntamente para proteger y promover los derechos humanos.
A lo largo del año, el gobierno chino continuó con sus desproporcionadas y draconianas restricciones Covid-19, sometiendo a la población de todo el país a abruptas y prolongadas cuarentenas. Numerosas personas denunciaron dificultades para obtener alimentos y atención médica, lo que en algunos casos causó muertes. También hubo informes generalizados de poblaciones vulnerables que carecían de acceso a alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Vídeos en Internet muestran a policías y trabajadores de control epidémico golpeando y arrastrando a personas que se resistían a las restricciones impuestas por el Covid-19.
Manifestantes dentro y fuera de China protestaron contra los abusos, las dificultades económicas, la censura y la ampliación de poder del presidente Xi Jinping. En octubre, en Beijing, un hombre colocó dos pancartas sobre un puente para pedir el fin del gobierno de Xi. En noviembre, cientos de residentes de Guangzhou salieron a la calle y derribaron barreras en desafío a las abusivas órdenes de confinamiento. El incendio de un edificio de apartamentos cerrado en Xinjiang, en el que murieron al menos 10 personas, desencadenó protestas que comenzaron en noviembre en Shanghái, Beijing y muchas otras ciudades.
El gobierno chino nombró jefe ejecutivo de Hong Kong a John Lee, un ex funcionario de policía abusivo. Las autoridades acusaron sin fundamento a periodistas de sedición y detuvieron a manifestantes pacíficos por supuesta violación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional. Muchos ciudadanos de Hong Kong siguieron conmemorando la matanza de Tiananmen de 1989 y cantaron públicamente la canción de protesta prohibida “Gloria a Hong Kong”.
El gobierno impuso una represión cada vez mayor contra los tibetanos, incluso con una amplia campaña de tomas por la fuerza de muestras de ADN. En marzo, un cantante tibetano, Tsewang Norbu, se inmoló en señal de protesta.
En junio, entró en vigor en Estados Unidos la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, que establece la presunción de que los productos procedentes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzado y no pueden importarse. En agosto, la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público su informe sobre Xinjiang, en el que concluía que los abusos en la región “pueden constituir crímenes contra la humanidad”.
La presión internacional sobre el gobierno chino por las violaciones de derechos humanos se intensificó. Ocho gobiernos emprendieron un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. La Unión Europea presentó un proyecto de ley para establecer normas mundiales de diligencia debida en materia de derechos humanos para las empresas, impulsada en parte por los abusos en Xinjiang.
El hecho de que Beijing no condenara los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, los ataques de diplomáticos chinos a órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y la agresión física de funcionarios del consulado chino a un manifestante prodemocrático de Hong Kong en Reino Unido provocaron la censura generalizada de los gobiernos.
