Protesters march on a street during a rally against the extradition law proposal on June 9, 2019 in Hong Kong. 

© 2019 Anthony Kwan/Getty Images
(Nueva York) – La fuerte represión del gobierno chino enfrentó una resistencia sin precedentes por parte del pueblo de Hong Kong mientras que por su parte, el Partido Comunista Chino celebraba el 70 aniversario de su mandato. Durante este año surgieron también crecientes críticas de gobiernos preocupados por la situación, dijo Human Rights Watch hoy en su Informe Mundial 2020.

Estas reacciones fueron evidente durante los meses de manifestaciones contra la intrusión de Pekín en las libertades de Hong Kong y en las declaraciones públicas de los países que criticaron la opresión de los musulmanes turcos en Xinjiang.

En la 30.a edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.

El gobierno chino continuó sometiendo a uigures y otros musulmanes turcos en la región noroeste de Xinjiang a una severa represión. Se estima que un millón de musulmanes están recluidos indefinidamente en campamentos de “educación política”, donde se ven obligados a negar su identidad y jurar lealtad al Partido Comunista. Las autoridades también separaron por la fuerza a algunos niños de sus familias ya que sus padres están detenidos o en el exilio, y los retuvieron en instituciones e internados estatales de “protección de menores”. También están imponiendo sistemas de vigilancia masiva, equipados con las últimas tecnologías, sobre los residentes de la región, examinándolos detenidamente y restringiendo su movimiento.

En abril, en Hong Kong, un tribunal condenó a Benny Tai y Chan Kin-man, los académicos que lideraron la “Revolución de los Paraguas” a favor de la democracia en 2014, a una pena de16 meses prisión de por cargos de alteración del orden público. En junio, la ira por las modificaciones propuestas a las leyes que permitirían la extradición de sospechosos criminales a China continental provocó que un millón de personas salieran a las calles a protestar. La negativa inicial del gobierno de Hong Kong a retirar el proyecto de ley y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía intensificaron las manifestaciones. Las autoridades de Hong Kong rechazaron repetidamente los llamamientos para una investigación independiente de las denuncias de abuso policial. Desde junio, las autoridades arrestaron a más de 7.000 personas y denegaron al menos 17 solicitudes de protestas.

En el Tíbet, las autoridades continúan restringiendo severamente las libertades de expresión, reunión y religión. Entre mayo y julio de 2019, miles de monjes y monjas fueron presuntamente expulsados ​​de un monasterio en Sichuan y sus viviendas fueron demolidas. En noviembre, Yonten, un ex monje budista, se convirtió en el 156º tibetano en autoinmolarse desde marzo de 2009.

En 2019, las autoridades continuaron tomando severas medidas contra activistas de derechos humanos, periodistas y abogados. En julio, dos meses después de salir de prisión, el activista Ji Sizun murió por causas no identificadas, continuando un patrón en los últimos años en el que prominentes defensores de los derechos humanos mueren bajo custodia o poco después de su liberación. Los tribunales de Hubei y Sichuan condenaron a los activistas Liu Feiyue y Huang Qi a 5 y 12 años de prisión, respectivamente. Las autoridades de todo el país también detuvieron a activistas y cibernautas por apoyar las protestas de Hong Kong, incluido el periodista Huang Xueqin.

Las autoridades intensificaron su asalto a la libertad de expresión. La policía en todo el país detuvo o convocó a cientos de usuarios de Twitter, obligándolos a eliminar los tweets que criticaban al gobierno o a cerrar sus cuentas. El gobierno lanzó una campaña de desinformación que representaba a los manifestantes de Hong Kong como violentos y extremistas, lo que llevó a Twitter y Facebook a suspender cientos de cuentas originarias de China sospechosas de ser parte de la campaña.

Pekín continuó silenciando las críticas en el extranjero monitoreando a los estudiantes chinos en los campus universitarios, hostigando a los familiares de detractores que viven en China, censurando plataformas de redes sociales chinas que son populares entre la diáspora y aprovechando la influencia económica de China. En octubre, después de que un gerente del equipo de la Asociación Nacional de Baloncesto de EE.UU. (NBA) tuiteara su apoyo a las protestas de Hong Kong, las autoridades chinas cancelaron las transmisiones de los partidos de la NBA en China y exigieron el despido del gerente. La NBA no lo despidió.

Varios gobiernos denunciaron con mayor insistencia la represión de China, particularmente a través de las intervenciones relacionadas con Xinjiang en las Naciones Unidas. En respuesta, China organizó una coalición de estados que violan los derechos y cuya influencia es notoria a fin de refutar las acusaciones. El gobierno de EE.UU. sancionó a 28 entidades chinas por los abusos cometidos en Xinjiang. Pocos gobiernos pasaron de las condenas retóricas por las atroces violaciones de los derechos humanos cometidas por Pekín a tomar medidas concretas.

“Las políticas del presidente Xi Jinping han sido cuestionadas durante las protestas masivas en Hong Kong y las declaraciones conjuntas en las Naciones Unidas”, señaló Sophie Richardson, directora del Programa de China de Human Rights Watch. “Los gobiernos y las instituciones internacionales deben apoyar a quienes defienden los derechos humanos en China y reaccionar contra las políticas represivas de Pekín”.