El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. El gobierno, tanto durante la presidencia interina de Jeanine Áñez (noviembre de 2019 - noviembre de 2020) como durante la gestión del actual presidente Luis Arce, ha usado una definición excesivamente amplia de “terrorismo” en los procesos contra opositores políticos. No se ha identificado a los responsables de los 37 asesinatos en el contexto de las protestas sobre las elecciones de 2019, incluyendo 20 personas que murieron en dos masacres cuando, según testigos, fuerzas estatales dispararon contra manifestantes. Las mujeres y las niñas siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia. Los pueblos indígenas continúan enfrentando obstáculos para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre medidas que pueden afectarlos.

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