Jeanine Áñez asumió como presidenta interina de Bolivia en noviembre de 2019 tras la dimisión de Evo Morales en medio de acusaciones de fraude electoral y después de que las fuerzas armadas le pidieran que dejara el cargo. El gobierno de Morales había generado un entorno hostil para los defensores de los derechos humanos y promovió reformas judiciales que supusieron una seria amenaza al estado de derecho. La presidenta Áñez trató de eximir a militares de rendir cuentas por abusos y asumió poderes que amenazan la libertad de expresión. Las investigaciones sobre 35 muertes ocurridas durante las protestas en 2019, la mayoría de ellas en el contexto de las operaciones del ejército y la policía, aún no han llegado a identificar sospechosos en la mayoría de los casos.

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