Manifestantes opositores que rechazan la reelección del presidente Evo Morales, reunidos a metros del palacio presidencial en La Paz, Bolivia, el sábado 9 de noviembre de 2019. 

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(Nueva York, 12 de noviembre de 2019) – La reunión de los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Bolivia que se llevará a cabo hoy, 12 de noviembre, debería enviar un mensaje contundente a las autoridades bolivianas de que deben garantizar el pleno respeto a los derechos humanos en el país, expresó Human Rights Watch hoy.

El presidente de Bolivia Evo Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 luego de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, General Williams Kaliman, le solicitara la renuncia después de protestas masivas y de un informe de la OEA que detalla una “clara manipulación” del sistema electoral durante las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró que Morales había ganado las elecciones en primera vuelta. El 10 de noviembre, luego de que la OEA presentara su informe, Morales anunció que convocaría a nuevas elecciones y renovaría los miembros del TSE. El 11 de noviembre, Morales viajó a México, luego de que el gobierno le otorgara asilo en el país.

“Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis en Bolivia, los estados miembros de la OEA deben propugnar fórmulas que permitan el inmediato restablecimiento del estado de derecho y garanticen los derechos fundamentales, incluidos a la protesta pacífica y a votar en elecciones transparentes, competitivas y justas”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Morales renunció luego de semanas de disturbios y enfrentamientos violentos. Desde su renuncia, ha habido más violencia, incluyendo saqueos, incendios intencionales y otros ataques violentos.

Después de las elecciones, al menos tres personas han muerto y cientos han sido heridas y arrestadas. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza y sostuvo que la policía atacó a los manifestantes y utilizó gas lacrimógeno “de un modo que puede violar los principios básicos sobre el uso de la fuerza”. Numerosos medios de comunicación fueron atacados o sufrieron amenazas y al menos cuatro tuvieron que interrumpir temporalmente su trasmisión.