Imagen de alumnas en práctica de fútbol en Villa Ingenio, en los suburbios de El Alto en La Paz, Bolivia, 1 de junio de 2018.

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La campaña mundial para resguardar a escuelas y estudiantes de los estragos de la guerra cobró renovado impulso hoy con una sucesión de cuatro nuevas adhesiones a la Declaración sobre Escuelas Seguras. Los anuncios efectuados por Yibuti, Macedonia, San Marino y Perú durante el debate abierto sobre los niños y los conflictos armados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eleva a 79 la cantidad de países que apoyan la declaración, un compromiso político que asumen los países de tomar mayores medidas para proteger a estudiantes, docentes y escuelas en tiempos de guerra.

La adhesión de Perú cambia particularmente el panorama. Implica que, ahora, la mayoría de los miembros actuales del Consejo de Seguridad se han comprometido con los pasos lógicos establecidos en la declaración para mitigar las consecuencias negativas de la guerra para la educación.

Perú es además el decimosegundo país latinoamericano en sumarse a la declaración. Sin embargo, Bolivia, el otro país latinoamericano que integra el Consejo de Seguridad, no ha adherido a la declaración.

Esto contradice el rol que Bolivia ha tenido históricamente de promoción de las garantías para los niños y las niñas en contextos de guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja de Bolivia convocó a un grupo de 15 expertos, incluidos enseñantes y profesionales de la salud, para mejorar la protección de los niños y niñas en épocas de guerra. Estas personas propusieron redactar un tratado internacional que, por primera vez, prohibiera el uso de niños soldados, reconociera el derecho a la educación de los niños afectados por conflictos y estableciera zonas de protección especial para los establecimientos que se destinen exclusivamente para el bienestar de niños y niñas, excluyendo todo uso militar.

Aunque la propuesta de la Cruz Roja boliviana no recibió suficiente apoyo internacional para prosperar, los ideales que planteó cobraron igualmente impulso. Los Convenios de Ginebra de 1949 estipularon que las partes beligerantes tenían la obligación de facilitar el trabajo de las instituciones dedicadas al cuidado y la educación de los niños. En 1977, finalmente se logró una prohibición global de los niños soldados, cuando se reconoció internacionalmente como crimen de guerra el uso de niños menores de 15 años en conflictos armados.

No obstante, la idea de que debía protegerse a establecimientos como las escuelas del uso militar no despertó demasiado interés hasta 2015, cuando la Declaración sobre Escuelas Seguras propuso que los países se abstuvieran de usar las escuelas para fines militares, como convertirlas en bases y cuarteles militares.

Casi 80 países apoyan actualmente esa aspiración y han expresado el compromiso de lograr que las escuelas sean más seguras para los niños y las niñas de todo el mundo. Bolivia debería actuar en forma acorde con su labor precursora en materia de protección infantil durante los conflictos armados y ser el próximo país en sumarse a esta comunidad.