Resumen

Entre la oleada de órdenes ejecutivas sobre migración que marcaron el inició de la segunda administración del presidente Donald Trump, se encuentra la Orden Ejecutiva 14159, que establece la política de detener a quienes hayan sido aprehendidos bajo la sospecha de que violaron las leyes de migración, durante todo el proceso de expulsión y “en la medida que la ley lo permita”. El llamado del presidente Trump a las deportaciones masivas estuvo acompañado por un aumento, a nivel nacional, de las detenciones de migrantes. En consonancia con este llamado, Trump emitió decenas de órdenes y acciones ejecutivas relacionadas con la migración y promulgó la Ley Laken Riley como parte de un retroceso más amplio de los derechos de los migrantes en Estados Unidos.

Un mes después de la toma de posesión, el número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a aumentar. Durante 2024, Estados Unidos tuvo un promedio diario de 37.500 personas detenidas por motivos relacionados con la migración.[1] Al 20 de junio de 2025, más de 56.000 personas permanecían detenidas en todo el país, un 40 % más que en junio de 2024; la cifra más alta de personas detenidas por motivos migratorios en la historia de Estados Unidos. Al 15 de junio, el número de personas detenidas por motivos migratorios era de un promedio de 56.400 al día. Casi el 72 % de estas personas no tenía antecedentes penales.

Entre enero y junio de 2025, miles de personas estuvieron detenidas en el Centro de Procesamiento de Servicios de Norte de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés), en el estado de Florida, en condiciones que violan flagrantemente los estándares internacionales de derechos humanos y las propias normas del gobierno de Estados Unidos sobre detención por motivos migratorios. En marzo, el número de personas detenidas por motivos migratorios en Krome había aumentado un 249 % en comparación con los niveles anteriores a la toma de posesión de Trump en enero. En algunos momentos de marzo, la cantidad de detenidos en Krome era tres veces superior a la capacidad operativa de este centro. Al 20 de junio de 2025, el número de personas detenidas por motivos migratorios en los tres centros era un 111 % superior en comparación con los niveles registrados antes de la toma de posesión.

El cambio en las condiciones de detención fue tanto cuantitativo como cualitativo. Personas que estuvieron detenidas en los tres centros de detención dijeron a Human Rights Watch que los agentes del ICE y los guardias de seguridad de empresas privadas los trataban de manera degradante y deshumanizadora. Algunos permanecieron esposados dentro de buses, durante largos periodos, sin comida, agua ni baños funcionales. Las celdas tenían un hacinamiento extremo. Los detenidos tenían que dormir en el suelo de cemento, que estaba helado, bajo una luz fluorescente constante. A muchos se les negaba el acceso a servicios básicos de higiene y a atención médica.

En abril de 2020, Human Rights Watch, junto con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Justicia para la Migración (NIJC, por sus siglas en inglés), documentó las condiciones en los centros de detención de migrantes durante la primera administración Trump. Human Rights Watch, junto con entidades gubernamentales y no gubernamentales de expertos y monitoreo, ha llevado a cabo numerosas investigaciones sobre las condiciones de detención de migrantes en Estados Unidos. Este informe documenta cómo, aunque la segunda administración Trump está utilizando prácticas abusivas similares a las de su primer gobierno, sus efectos se ven agravados debido al grave hacinamiento causado por las nuevas políticas estatales y locales, incluyendo en Florida, donde se centra este informe. Si bien estos últimos hallazgos en Florida sirven de base para algunas de las recomendaciones sobre política pública que figuran en este informe, las recomendaciones también se basan en años de investigaciones y documentación.

Este informe documenta cómo el personal de tres centros de detención en los que investigamos sometió a los detenidos a una atención médica peligrosamente deficiente, hacinamiento, tratos abusivos y restricciones de acceso a asistencia legal y psicosocial. Los funcionarios les negaron medicamentos esenciales a los detenidos y algunos detenidos estuvieron aislados en régimen de incomunicación como aparente castigo por pedir atención de salud mental. Funcionarios de los centros de detención regresaron a algunos detenidos directamente desde los hospitales en los que fueron atendidos, sin brindarles tratamientos de seguimiento. A otros los detuvieron en aislamiento o los trasladaron sin previo aviso, lo que fue un obstáculo para su representación legal. Los detenidos fueron obligados a dormir en suelos de cemento, fríos, sin ropa de cama, y recibían comida que a veces era de mala calidad. En muchas ocasiones, los funcionarios ignoraron las necesidades médicas de los detenidos. Algunos funcionarios trataron a los detenidos de forma inhumana.

Estos hallazgos coinciden con los de un informe presentado en abril de 2025 por la organización Americans for Immigrant Justice (AIJ) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su informe, AIJ documentó graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Krome. Junto con años de investigaciones realizadas por Human Rights Watch y otros expertos y organizaciones independientes en Estados Unidos, estos hallazgos muestran el panorama de un sistema de detención migratoria que degrada, intimida y castiga a los migrantes.

Este informe se basa en entrevistas con 11 personas que están detenidas o estuvieron detenidas recientemente, algunas entrevistas tuvieron lugar en Krome y BTC; familiares de 7 detenidos; y 14 abogados de migración, así como en análisis de datos. Los centros de detención Krome y BTC son operados por contratistas privados bajo la supervisión del ICE. El 20 de mayo de 2025 y el 11 de junio de 2025, Human Rights Watch envió cartas a los directores de los tres centros de detención, al director en funciones del ICE, al director de la Oficina Federal de Prisiones y a los directores de las dos empresas que operan Krome y BTC. Las cartas incluían un resumen de nuestros hallazgos y algunas preguntas. Al momento de la publicación de este informe, Human Rights Watch solo había recibido una respuesta de Akima Global Services, LLC (Akima), la empresa que opera Krome, en la que afirmaba que “no podemos comentar públicamente los detalles de nuestro compromiso”.

“Andrea”

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En febrero de 2025, agentes del ICE detuvieron a Andrea, una mujer argentina de 31 años que tenía una Green Card (un permiso de residencia permanente), pues vivía en Estados Unidos desde que tenía tres años, después de que llamara a la policía por una discusión doméstica con su pareja. La policía la llevó a una cárcel del condado de Orlando y, desde allí, agentes del ICE se la llevaron. Andrea compartió su historia con Human Rights Watch, al igual que una mujer que estuvo detenida con ella en Krome.

Después de la detención, un juez aprobó la libertad de Andrea bajo fianza con la firma de un compromiso ante la cárcel del condado de Orlando. El juez exigió una fianza de 1.000 dólares, que su familia pagó, nos dijo. A pesar de ello, no fue puesta en libertad. El ICE ordenó a la cárcel que la mantuviera bajo custodia (o “orden de retención de migrantes”, que permite a los funcionarios estatales mantener bajo custodia, durante 48 horas, a los migrantes, más allá del plazo habitual para su puesta en libertad) y luego la trasladaron a la custodia de los servicios de migración. Los funcionarios del ICE la trasladaron a ella y a otras mujeres que estaban en la cárcel del condado de Orlando, todas con grilletes, en un viaje de varias paradas en autobús hasta Krome. Cuando llegaron, Krome estaba cerrado, por lo que tuvieron que pasar la noche en el autobús con los grilletes puestos. No está claro por qué los agentes llevaron a las mujeres a Krome, un centro de detención solo para hombres.

Andrea dijo que su estancia en Krome estuvo marcada por unas condiciones terribles. Los primeros cinco días estuvo detenida en una pequeña sala de visitas con hasta 30 mujeres, sin camas, sin privacidad para ir al baño y sin acceso a teléfonos o duchas. “Había cámaras justo encima del inodoro, que no tenía paredes”, nos dijo. “Los hombres lo podían usar de pie, pero para nosotras, las mujeres, era humillante”. Cuando las mujeres se quejaron de las condiciones, al cuarto día les permitieron ducharse en un ala diferente. Durante todo el tiempo que Andrea estuvo allí, los funcionarios les negaron la atención médica. Las detenidas no tuvieron acceso al aire libre porque, según les dijeron, “este es un centro de detención para hombres”.

Después de una semana en Krome, los funcionarios les dijeron a las detenidas, incluyendo a Andrea, que las trasladarían al BTC. Sin embargo, las llevaron al otro extremo del país. El ICE envió a Andrea al Centro de Procesamiento de Houston, donde estuvo dos meses. Si bien allí tenía acceso a cama, ducha, quiosco y teléfono, los funcionarios se comportaban de forma poco profesional y en repetidas ocasiones no les informaron a los detenidos que tenían audiencias en el tribunal o que sus audiencias habían sido aplazadas, nos dijo. “Un día me despertaron y me dijeron: ‘Hoy hay juicio’. No tuve tiempo de prepararme”, relató Andrea. Nos dijo que, en un periodo de 48 horas, los agentes le negaron a ella y a otras detenidas todo contacto con sus abogados y familias. CoreCivic, empresa privada que opera y presta servicios como contratista del ICE para el Centro de Procesamiento de Houston, dijo en una carta a Human Rights Watch el 24 de junio que desconocía las acusaciones específicas incluidas en la carta y solicitó más información para poder investigar a fondo.

En el momento de su detención, Andrea estaba en periodo posparto, pues había dado a luz apenas tres meses antes. Hasta ese momento, había estado amamantando. Su madre tuvo que ir a Florida para cuidar de sus nietos. Otra mujer que estuvo detenida con Andrea había dado a luz apenas tres semanas antes de su detención. “Un agente del ICE intentó que nos dejaron libres a las dos con localizadores de tobillo, para que pudiéramos estar con nuestros bebés”, dijo, “pero el juez se negó”.

El caso de Andrea se resolvió una vez que las autoridades recibieron la documentación de la cancelación de una condena, por parte de las autoridades de Nueva Jersey, que tenía en relación con cannabis. A finales de abril fue dejada en libertad.

Harpinder Chauhan

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Harpinder Singh Chauhan, un emprendedor británico de 56 años y padre de dos hijos, vivía en Estados Unidos desde 2016. Él, su hijo y su abogado compartieron su historia con Human Rights Watch.

Chauhan entró en Estados Unidos con un visado de inversor E-2 y puso en marcha varios pequeños negocios, incluyendo una franquicia de Dickey’s Barbecue Pit en Florida en 2020. Posteriormente, solicitó la residencia permanente a través de un visado EB-5 que le había sido aprobado. La franquicia lo llevó a la quiebra, tuvo problemas con sus impuestos y fue detenido por agentes del ICE el 11 de febrero.

A pesar de su presencia legal, de la falta de motivos evidentes que indicasen que se podría fugar y de su grave estado de salud (padecía de diabetes, pancreatitis, asma y tenía problemas cardíacos), Chauhan fue sometido a una prolongada detención y tratos degradantes, nos dijo.

Después de su detención, fue esposado y trasladado a Krome, en un viaje de siete horas. Cuando llegó, pasó casi cuatro días en celdas de procesamiento hacinadas y muy frías, sin camas, ni duchas, ni privacidad. “Utilizaba mis zapatos como almohada. No teníamos vasos para el agua, solo un inodoro con media pared para tener intimidad”, dijo. El ICE se quedó con sus medicamentos, incluyendo la insulina que debe inyectarse cuatro veces al día y un inhalador para el asma, y no se los devolvió, a pesar de que su familia los había entregado directamente en el centro.

Durante el mes siguiente, el ICE trasladó a Chauhan por tres centros de detención: Krome, FDC y BTC. Cuando estaba en Krome, contrajo una enfermedad respiratoria durante un brote incontrolado de tuberculosis. A los detenidos recién llegados les asignaban celdas pequeñas y hacinadas, donde no tenían acceso a mascarillas o a exámenes de salud, nos dijo. Los funcionarios le negaron el acceso a una dieta que tenía prescrita y a medicamentos esenciales. Su salud se deterioró.

En el FDC, las condiciones empeoraron. Los agentes lo encerraron en una celda sin inodoro ni aire acondicionado y, cuando él y su compañero de celda pidieron que los trasladaran a una celda que estaba vacía, donde tanto el aire acondicionado como el inodoro estaban funcionando, los amenazaron. “Nos dijeron que, si seguíamos pidiendo un inodoro funcional, nos meteríamos en un problema que no nos gustaría”, relató.

El 20 de abril, tras ser trasladado al BTC, Chauhan se desplomó mientras estaba en la fila para recibir la cena. Los agentes le negaron su insulina durante casi una semana y, después del desmayó, tuvieron que hospitalizarlo por síntomas de insuficiencia cardiaca. Aaron, hijo de Chauhan, contó a Human Rights Watch que un familiar del compañero de celda de su padre lo llamó y le dijo que su padre se había desmayado y había sido trasladado al hospital. El personal del BTC no le dio ninguna información a Aaron sobre estaba su padre. Entonces llamó al departamento local del sheriff, donde alguien le dijo que el BTC había enviado una ambulancia al Broward Health North Hospital. Aaron relató que comenzó a llamar sin pausa, en repetidas ocasiones, al hospital para tratar de averiguar por el estado de salud de su padre. Finalmente, un funcionario del hospital le dijo que su padre estaba allí, en el quinto piso, y transfirió su llamada a la enfermera que estaba a cargo de Chauhan. Sin embargo, la enfermera le dijo que no había nadie en el hospital con el nombre de “Harpinder Chauhan”.

Aaron siguió llamando a los mismos números y finalmente pudo hablar con un supervisor que le dijo que el ICE había comunicado al personal que no podían compartir nada de información sobre su padre porque estaba bajo custodia y porque la “información es confidencial”. Uno o dos días después, durante otra llamada al servicio de urgencias del hospital, un funcionario le confirmó a Aaron que su padre seguía allí y volvió a pasar la llamada a la enfermera del quinto piso, que volvió a negarle la presencia de Chauhan en el lugar. Aaron llamó de nuevo al empleado del servicio de urgencias, le preguntó por qué sabía que su padre estaba en el quinto piso y el empleado le respondió que Chauhan aparecía en el sistema como “Hank Campbell”, con su nombre real entre paréntesis. Aaron volvió a llamar a la enfermera del quinto piso y preguntó por “Hank Campbell”. Ella le colgó inmediatamente.

Después de estar tres días en el hospital, los agentes volvieron a trasladar a Chauhan al BTC.

Durante todo el tiempo que permaneció detenido y después de cada traslado, Chauhan pidió al personal del centro de detención, incluyendo a través de un dispositivo que tiene funciones exclusivas de comunicación con el personal, que le confirmaran que tenían sus pertenencias personales, incluyendo su pasaporte. La respuesta fue dar por concluidas sus consultas y, luego, cuando siguió pidiendo aclaraciones, le respondieron en mayúsculas, con mensajes que incluían: “TENDRÁ QUE ESPERAR. USTED NO ES EL JEFE Y NO HABLA A LA GENTE COMO LE DA LA GANA. NO SÉ NADA DE TUS PERTENENCIAS. ASÍ QUE HASTA QUE NO AVERIGÜE QUÉ ESTÁ PASANDO, NO HAY NADA MÁS QUE HACER”.

A finales de mayo, un agente se burló de él durante la toma de lista, refiriéndose a él como “Chihuahua” en lugar de Chauhan. El agente se burló de los apellidos de otros detenidos en celdas vecinas. Más tarde, después de que el abogado del compañero de celda de Chauhan presentara una queja ante el BTC, un agente se le acercó a Chauhan para preguntarle por qué había considerado aquello como un comportamiento burlón y le dijo que solo se trataba de un error. Chauhan relató que otro funcionario le dijo que el agente que se había burlado de su nombre había sido suspendido unos días, pero que no tardó en verlo de nuevo de servicio.

Finalmente, a mediados de mayo, después de que un juez dictaminara su expulsión al Reino Unido, los funcionarios del centro de detención le dijeron a Chauhan que habían perdido su pasaporte, lo que retrasó aún más su regreso a casa. Finalmente, fue expulsado al Reino Unido en junio.

Josué Aguilar Valle

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En mayo de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron y deportaron a su país de origen a Josué Aguilar Valle, un hondureño de 27 años que trabajaba como supervisor de un restaurante, después de intentar regularizar su situación legal mediante un matrimonio con su esposa, ciudadana estadounidense. Él y su esposa nos compartieron su historia.

Aguilar dijo que llegó a Estados Unidos cuando era un niño y tenía aproximadamente 15 años. El propósito era reunirse con sus padres, que ya estaban allí. Aguilar asistió al colegio, destacó como jugador de fútbol y obtuvo una beca para estudiar en el St. Charles College de Misuri. Solicitó asilo y obtuvo una autorización de trabajo. Sin embargo, tras perder su caso de asilo, recibió una orden definitiva de expulsión y su autorización de trabajo se venció. Aguilar apeló la orden de expulsión, pero el caso fue desestimado. Aguilar dijo a Human Rights Watch que nunca llegó a entender completamente lo que ello significaba.

Aguilar permaneció en Estados Unidos sin documentación y, finalmente, se casó con Jessica, una ciudadana estadounidense, en 2022. Presentó una petición I-130 para que se reconociera su relación como primer paso para ajustar su situación migratoria en función de su matrimonio. La pareja tuvo un hijo en 2023.

Durante una entrevista en una oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en Kendall, Florida, el 8 de abril de 2025, su matrimonio fue oficialmente reconocido y la petición I-130, aprobada. Sin embargo, al poco tiempo de recibir la aprobación, agentes de migración sacaron a Aguilar del edificio y comenzaron un proceso de deportación debido a la anterior orden definitiva de expulsión.

“Queríamos hacer las cosas bien”, dijo a Human Rights Watch. “Pero básicamente todo [parecía] una trampa para detenerme para deportarme”. Aguilar no tenía antecedentes penales y había vivido en Estados Unidos durante más de una década.

Lo que siguió fue un ciclo de traslados entre cinco centros de detención: primero en dos de Florida (inicialmente estuvo en la celda de procesamiento de Krome y, luego, en BTC), tras lo cual fue trasladado a Texas (primero al Centro de Procesamiento del Condado de Karnes, luego al Centro de Detención Regional La Salle en Encinal y, por último, al Centro de Procesamiento de Inmigración del Sur de Texas en Pearsall), desde donde fue deportado. Las condiciones en todas las instalaciones eran “terribles”, relató. Aguilar describió las celdas de procesamiento como muy frías, con luces brillantes que se mantenían encendidas todo el tiempo y hombres durmiendo en pisos de concreto. “Pensé que me iba dar hipotermia”, nos dijo.

En La Salle, estaba detenido con otros 50 hombres en una pequeña celda, donde le daban comida de mala calidad. Aguilar relató una ocasión en que un compañero de celda sufrió una picadura de una araña, que no fue tratada, y tuvo un proceso de necrosis (muerte localizada del tejido). A pesar de que sus compañeros de celda pidieron desesperadamente a los funcionarios que le consiguieran atención médica, tuvo que esperar cuatro días hasta que lo atendió un médico. “Todo en ese centro de detención estaba podrido”, dijo Aguilar.

Su esposa tuvo dificultades para saber dónde estaba, pues lo trasladaron en repetidas ocasiones. A menudo, a ella le avisaban que Aguilar habían sido trasladado justo después de solicitar una visita. “Cada vez que intenté visitarlo, lo trasladaron”, dijo. “Es como si intentaran desgastar a las familias”. A pesar de que el abogado de Aguilar presentó una solicitud de suspensión de la orden de expulsión y una moción para reabrir su caso mientras estaba detenido, el ICE se negó a suspender la deportación. Aguilar fue finalmente deportado a Honduras el 7 de mayo, desde donde se entrevistó con Human Rights Watch. Su esposa se fue a Honduras y dejó temporalmente a su hijo con sus abuelos, mientras la pareja intenta encontrar vivienda y trabajo.

Reflexionando sobre su experiencia después de la deportación, Aguilar nos dijo:

Para mí, el mejor país del mundo es Estados Unidos. He pasado la mitad de mi vida en Estados Unidos y siento que es mi país. Lo siento así porque es donde estudié, donde trabajé, donde aprendí a ser independiente.

Además de separarte de tu familia, ahora Estados Unidos te trata de una manera inhumana… Nunca me había visto en la situación de estar en la cárcel… Es realmente horrible.

Maksym Chernyak

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Maksym Chernyak, de 44 años, llegó a Estados Unidos procedente de Ucrania en agosto de 2024, bajo el programa de parole humanitario United For Ukraine, un mecanismo de migración del gobierno del entonces presidente Joe Biden que permite a los ucranianos entrar en Estados Unidos como “parolee” en lugar de tener que solicitar asilo. Chernyak y su esposa, Oksana Tarasiuk, encontraron vivienda en Florida después de recibir autorización de trabajo y un número de la Seguridad Social. Su esposa compartió su historia con Human Rights Watch, al igual que su abogado y un compañero de celda que estuvo presente cuando Chernyak tuvo una emergencia médica crítica.

El 26 de enero de 2025, la vida de la pareja se vio alterada tras una discusión doméstica, por la que un vecino llamó a la policía. La policía detuvo a Chernyak, que no hablaba inglés y no pudo comunicarse con los agentes, y lo entregó al ICE. Los agentes del ICE la trasladaron a Krome.

Chernyak solo pudo llamar a su esposa cuatro días después de llegar a Krome, relató Tarasiuk. Chernyak le describió la celda de detención como muy fría, sin comida, ni acceso a una ducha. Él y otros detenidos tenían que dormir en esteras sobre el suelo, usar zapatos como almohadas y compartir el agua y comida de mala calidad. Según Tarasiuk, sin ayuda de traductores ni instrucciones claras, el personal del centro obligó a Chernyak a firmar documentos que no entendía. Luego lo trasladaron a una celda hacinada. Chernyak le dijo a su esposa que estaba sufriendo un gran estrés emocional.

A los pocos días de su detención, Chernyak le dijo a su esposa que tenía síntomas de alguna enfermedad grave, incluyendo fiebre, dolor en el pecho, tos e hipertensión. Según Tarasiuk, el personal médico del centro de detención le dijo a Chernyak que tenía hipertensión. A pesar de sus súplicas, Chernyak únicamente recibió analgésicos y antihistamínicos básicos, dijeron a Human Rights Watch un compañero de celda y su esposa. Cuando Chernyak les dijo a los agentes que tenía sangre en las heces y palpitaciones, se negaron a brindarle atención médica inmediata, según el relato de ambos. El 18 de febrero, un agente notificó a Tarasiuk que Chernyak había sido hospitalizado, pero no le dio más detalles. Tarasiuk se fue tan rápido como pudo al HCA Florida Kendall Hospital, donde un agente del ICE le dijo que su esposo había sido ingresado, pero que no podía visitarlo. El 20 de febrero, el ICE le comunicó al abogado de Chernyak que había fallecido.

Unas semanas después, Tarasiuk recibió las cenizas de Chernyak en una urna. “Era el alma de cualquier grupo”, nos dijo. “Le encantaba la música y hacía que la gente se sintiera viva. Era amable, atento y muy buen esposo. Me resulta difícil hablar de él porque yo estoy aquí y él no”.

“Pedro”

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Pedro, un guatemalteco de 21 años, vive en Estados Unidos desde los 13 años. Llegó a Miami con sus padres en noviembre de 2017 con un visado de turista. Más tarde, la familia solicitó asilo. Pedro y sus padres compartieron su historia con Human Rights Watch.

Los padres afirmaron haber participado en un movimiento de protesta anticorrupción en Guatemala en 2015 contra el gobierno. El caso migratorio de la familia se encuentra en proceso. La vida de Pedro cambió drásticamente después de un incidente menor de tráfico que llevó a su detención y posterior desvinculación de la solicitud de inmigración familiar. El 11 de febrero de 2025, la policía detuvo a Pedro por exceder la velocidad en una zona escolar con su motocicleta. Presa del pánico por no tener en ese momento su licencia de conducir y recordando una detención anterior relacionada con un reporte erróneo de robo de vehículo, Pedro huyó. La policía lo identificó posteriormente por la matrícula y fue a su casa. Pedro estaba descalzo y no estaba vestido adecuadamente cuando la policía lo detuvo. Lo acusaron de huir de la policía y tener la matricula vencida Su abogado logró un acuerdo con la fizcalia para retirar los cargos pero esta no puede efectuarse.

El acuerdo con la fiscalía pretendía liberar a Pedro, siempre que asistiera a una escuela de manejo y cumpliera un número determinado de horas de servicio comunitario. Sin embargo, en lugar de dejarlo en libertad, las autoridades lo transfirieron a la custodia del ICE. Por estar detenido, Pedro no puede asistir a la escuela de conducción ni hacer las horas de servicio comunitario, lo que significa que ha “violado” su acuerdo con la fiscalía y que los cargos originales se mantienen, incluyendo el de huir de la policía, un delito grave.

Pedro dijo que el ICE lo llevó primero al Centro de Detención de Krome, donde lo colocaron en una celda de procesamiento con temperaturas extremadamente bajas. Durante casi dos semanas, estuvo detenido allí con más de 50 personas.

El ICE luego trasladó a Pedro al FDC, donde pasó dos meses en condiciones igual de desoladoras. Estuvo en una celda con 70 hombres y, luego, en una habitación más pequeña con otros 20. Las comidas estaban frías, a veces la carne llegaba todavía congelada, y muchos de los detenidos sufrieron una pérdida de peso significativa. La atención médica era prácticamente inexistente. “Todos éramos tratados como presos federales, aunque estuviéramos en un centro de detención de migrantes”, dijo Pedro.

Finalmente, el ICE trasladó a Pedro al BTC.

La detención de Pedro ha devastado a su familia. Su madre tuvo que dejar su trabajo habitual tras recibir la notificación de que su empleador no podría alojarla si surgía una emergencia con Pedro. Sus padres trabajan en turnos nocturnos solo para poder llegar a fin de mes y pagar sus gastos legales. Debido a su estatus migratorio sin resolver debido a su caso de asilo pendiente, tienen demasiado miedo de visitarlo en detención. Cuando estuvo detenido en el FDC, se paraban afuera del edificio y gritaban a las ventanas, con la esperanza de que él los escuchara. “Vinimos aquí buscando paz y terminamos con miedo otra vez”, dijo su madre. “Nos sentimos como si estuviéramos de vuelta en Guatemala”.

“Rosa”

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Rosa, una hondureña de 32 años, vive en Estados Unidos desde 2013. Huyó de su país tras sobrevivir a una violación “correctiva” y a diversas amenazas homofóbicas contra su vida. Rosa, su pareja y su abogado compartieron su historia con Human Rights Watch.

Con la ayuda de su madre, Rosa denunció los abusos que sufrió ante la policía de Honduras, que no hizo nada para protegerla. En Estados Unidos, comenzó una nueva vida como trabajadora en el sector de renovación de casas e inició los trámites para cambiar su estatus a residente permanente legal después de casarse con un ciudadano estadounidense. El proceso se terminó después de la separación de la pareja, lo que dejó a Rosa sin estatus legal.

Rosa dijo que unos agentes la detuvieron a principios de enero de 2025, cuando se dirigía en coche a su lugar de trabajo. Los agentes le ordenaron detenerse aparentemente por exceso de velocidad, le pidieron su licencia de conducción y documentos de migración. Los agentes la detuvieron por conducir sin licencia y la entregaron al ICE. El ICE la detuvo dos días en Krome y luego la dejó en libertad. El 28 de enero de 2025, sin motivo aparente, agentes del ICE volvieron a detenerla y la llevaron a Krome. Rosa dijo que estuvo detenida brevemente en Krome y luego en BTC, donde las condiciones eran de hacinamiento y tensión. Únicamente le permitían llamar a su pareja de vez en cuando. A principios de julio fue deportada a Honduras.

Rosa dijo que los funcionarios del BTC golpeaban las puertas metálicas con sus porras, lo que, según ella, aumentaba su estrés y el de las demás detenidas.

Esta experiencia y el estrés continuo al que se ha visto sometida la han dejado aún más traumatizada, nos dijo. Mientras estaba detenida, Rosa dijo que vio a una mujer dominicana caerse y aparentemente sufrir una convulsión. La mujer fue trasladada al hospital y regresó en silla de ruedas tres días después. Rosa nos contó que la mujer dominicana le dijo a su familia en una llamada que presentaría una denuncia contra las autoridades de detención. Tres días después, Rosa vio cómo se llevaban a la mujer y le dijeron que la deportarían.

Rosa también vio cómo Marie Ange Blaise, una mujer haitiana de 44 años, se desplomaba y moría tras una respuesta muy tardía del funcionario de guardia.

Desde entonces, un psicólogo le recetó a Rosa medicamentos para dormir. Tiene miedo de hablar abiertamente de su salud mental, sobre la base de que cualquier expresión de angustia pueda implicar que la aíslen en el pabellón psiquiátrico, algo que ella ha visto que sucede.

Rosa nos contó que, debido a la calidad de la comida, había engordado 18 kilos desde que fue detenida en el BTC y había desarrollado prediabetes y esteatosis hepática.

Rosa y su pareja, que también está en situación irregular, habían planeado casarse. Su pareja teme salir a la calle, pues sabe que cualquier presencia pública (una visita al hospital, ir a la farmacia o presentar una denuncia a la policía) podría acarrear su detención y deportación. “Intentamos permanecer invisibles”, dice su pareja. “Cuando nos robaron lo que teníamos en la camioneta, todas las herramientas, no pudimos ir a la policía. No lo denunciamos. No podíamos arriesgarnos”.

Una mujer describió su llegada a Krome, un centro que normalmente solo recibe hombres, en la noche del 28 de enero. Funcionarios la mantuvieron detenida durante días, con decenas de mujeres, en una celda que normalmente solo se utiliza durante los procedimientos de ingreso en al centro de detención, sin ropa de cama, ni privacidad. “Solo había un inodoro y estaba cubierto de heces”, relató. “Les rogamos a los agentes que nos lo dejaran limpiar, pero se limitaron a responder sarcásticamente: ‘Ya vendrá la limpieza’. Nadie vino”.

Un hombre relató las gélidas condiciones de la celda de recepción en la que estuvo detenido: “Subieron el aire acondicionado... No te podías dormir porque hacía mucho frío. Pensé que me iba a dar hipotermia”.

Este informe documenta graves violaciones de estándares médicos. Los funcionarios de los centros de detención habitualmente les negaron a las personas con diabetes, asma, enfermedades renales y dolor crónico los medicamentos que tenían recetados y el acceso atención médica. En un caso ocurrido en Krome, una mujer con cálculos biliares comenzó a vomitar y perdió el conocimiento después de que se le negara la atención médica durante varios días. Después de una operación de urgencia para extirparle la vesícula biliar, los funcionarios la regresaron a la misma celda, sin medicación.

Es preocupante que mujeres hayan sido detenidas y sometidas a procesos de recepción, que podía durar días o incluso semanas, en un centro de detención destinado principal e históricamente para hombres. Los funcionarios de Krome utilizaron la condición de centro de detención para hombres para justificar que a las mujeres que estaban allí se les negara el acceso a atención médica y a condiciones sanitarias adecuadas.

Las autoridades trasladaron a un hombre con enfermedades crónicas del FDC al BTC sin la medicación que necesitaba a diario, a pesar de que en repetidas ocasiones este hombre les había alertado a los funcionarios sobre su historial médico. Después de sufrir un desmayo y ser hospitalizado, su familia se enteró de que había sido registrado en el hospital con un nombre falso. Fue devuelto al centro de detención esposado.

La atención médica deficiente podría estar relacionada con dos muertes: una en Krome y otra en el BTC.

Los funcionarios de los centros de detención se mostraron indiferentes o se comportaron de manera abusiva incluso cuando los detenidos presentaban síntomas de una crisis médica evidente. Por ejemplo, un detenido que comenzó a toser sangre dentro de una celda hacinada fue ignorado durante horas. En esa ocasión, se produjo una protesta dentro de la celda. Un equipo antidisturbios irrumpió y obligó a los detenidos a tumbarse boca abajo en el suelo húmedo y sucio mientras los agentes les ataban las manos a la espalda con amarras. Un detenido dijo que oyó a un agente ordenar que se apagara la cámara del circuito cerrado de televisión (CCTV) de la celda. Otro detenido dijo que un miembro del equipo lo abofeteó mientras le gritaba: “Cierra la puta boca”.

En otra ocasión, los agentes obligaron a los detenidos a comer esposados con las manos en la espalda después de hacerlos esperar durante horas por el almuerzo: “Tuvimos que agacharnos y comer sobre las sillas con la boca, como perros”, nos dijo un hombre.

Tanto mujeres como hombres dijeron que pedir asistencia, especialmente apoyo psicológico, podía implicar castigos. En el BTC, las autoridades aislaron durante semanas a los detenidos que expresaron sufrir estrés emocional, lo que creó un efecto intimidatorio. Una mujer no dijo: “Si pides ayuda, te aíslan. Si lloras, te pueden aislar durante dos semanas. Entonces la gente se queda callada”.

Exceptuando las visitas a la biblioteca del centro de detención en Krome y de las sesiones de pintura en BTC, las autoridades no brindan ninguna actividad educativa o profesional.

Los confinamientos, durante los cuales a los detenidos se les negaba el acceso a atención médica o a actividades recreativas básicas, en ocasiones eran impuestos porque el centro de detención no contaba con el personal suficiente. El personal les negaba a los detenidos el acceso a atención médica y la posibilidad de salir a tomar aire libre, en ocasiones, durante varios días. Los confinamientos en los centros de detención, los traslados sin previo aviso y el limitado acceso a llamadas les han impedido a los detenidos comunicarse con sus familias y sus abogados, lo que ha dificultado la preparación de sus casos y ha agravado problemas de salud mental existentes.

El trato del personal de los tres centros de detención hacia a los detenidos parece violar claramente los propios estándares del ICE, incluyendo las Normas Nacionales de Detención Basadas en el Rendimiento de 2011 (PBNDS, por su siglas en inglés), que aplican a los centros de Krome y BTC, y las Normas Nacionales de Detención de 2019 (NDS, por sus siglas en inglés), que aplican en el FDC. Las condiciones en estos centros también violaban las obligaciones de Estados Unidos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención contra la Tortura (CCT) y los estándares internacionales consignados en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela).

La política migratoria de deportaciones masivas de la administración Trump, centrada exclusivamente en las deportaciones masivas, seguirá enviando más personas a centros de detención para migrantes que no tienen capacidad para recibirlas y solo empeorará las condiciones descritas en este informe.

Cada vez hay más acuerdos (223) entre los cuerpos de seguridad locales de Florida y el ICE en relación con la detención o deportación de migrantes que llaman la atención de los cuerpos de seguridad locales o están bajo su custodia, pero que no son ciudadanos estadounidenses. Estos acuerdos son conocidos como acuerdos 287 (g) y están autorizados por la Sección 287 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Estos acuerdos, junto con las políticas estatales de Florida en materia de control de la migración y la amplia aplicación de las políticas federales de detención obligatoria, han dado lugar a un aumento drástico en el número de aprehensiones y detenciones. De todos los estados, Florida tiene, con gran diferencia, la mayor proporción de cuerpos locales de seguridad vinculados a estos acuerdos. Más del 76 % de los cuerpos de seguridad de Florida han firmado un acuerdo. El segundo estado con mayor cantidad de acuerdos es Wyoming, con solo el 11 %.[2]

En virtud de una ley federal de enero de 2025, la Ley Laken Riley, cualquier migrante acusado de una amplia gama de delitos penales, incluyendo el robo y el hurto en tiendas, es sujeto de detención obligatoria por parte del ICE.

Otras medidas adoptadas desde enero de 2025 en todo el país incluyen la designación de algunos migrantes como “enemigos extranjeros”, así como su deportación a centros de detención con condiciones abusivas y bajo régimen de incomunicación en El Salvador; la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo de terceros países a Panamá y Costa Rica, al tiempo que les impiden cualquier oportunidad de solicitar asilo; ataques al derecho de nacionalidad por nacimiento; aumento del uso de la “expulsión acelerada” (que permite la emisión de órdenes de expulsión sin garantías procesales como el derecho a un abogado, a comparecer ante un juez, a presentar evidencia o apelar); la suspensión del parole y el estatus de protección temporal de nacionales de diversos países donde existen violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo Venezuela, Haití y Afganistán; y la suspensión total de admisión de refugiados, exceptuando a los sudafricanos de etnia afrikáner u otras minorías raciales, en virtud de una política “justificada” por el temor a futuras persecuciones.

A todo lo anterior se suma la decisión del gobierno Trump de dejar sin efecto el memorándum de “lugares delicados” que anteriormente protegía a los migrantes de los procedimientos de control migratorio cuando se encontraban en escuelas, hospitales, centros religiosos y tribunales, lo que deja a más personas en riesgo de ser detenidas.

Una persona entrevistada para este informe fue detenida después de acudir a una cita programada con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y otra fue detenida mientras asistía a una cita con el ICE. Una activista que todos los miércoles brinda asistencia a migrantes que asisten a la oficina del ICE en Miramar, Florida, nos dijo que cada vez más personas no acuden a sus citas por temor a ser detenidas allí mismo. “He visto carros recogiendo polvo en el estacionamiento”, nos dijo, “porque hay personas que entraron para acudir a una cita y nunca salieron”.

El resultado de todas estas situaciones a nivel federal y estatal es un ambiente de miedo cada vez más patente. Los migrantes, muchos de ellos sin antecedentes penales, evitan la policía, las citas con autoridades migratorias e incluso hospitales, lugares de culto y escuelas por temor a ser detenidos y deportados. Ello tiene un impacto significativo en cotidianidad y, potencialmente, en sus perspectivas de futuro, así como en las de sus familias. Poner a las personas en una situación en la que temen buscar la atención médica que necesitan y practicar su religión es una violación de los derechos humanos fundamentales.

Un colombiano que fue aprehendido cuando estaba en la casa de otra persona y estuvo detenido durante 63 días sin que se le acusara de ningún delito, dijo:

Queremos estar en Estados Unidos. Nos parece un gran país. Nos parece un país de muchas oportunidades, pero desde el fondo de mi corazón, les digo que todo esto se ha manejado muy mal, a través de una campaña de odio… Se ve dentro de los centros de detención de migración: los guardias te tratan como basura. Incluso si ellos hablan español, hacen como si no te entendieran. Es como abuso psicológico… Sientes que tu vida se acabó.

Para abordar los abusos documentados en este informe, Human Rights Watch insta al gobierno de Estados Unidos a poner fin al uso de los acuerdos 287(g) que vinculan el trabajo de los cuerpos de seguridad locales con la aplicación de las leyes migratorias y, con ello, debilitan la confianza de la comunidad y la seguridad pública.

El ICE, sus contratistas y los gobiernos locales deberían utilizar la detención migratoria solo como último recurso y aumentar los programas de tramitación de casos respetuosos de los derechos, incluyendo alternativas a la detención. El ICE y sus contratistas también deberían poner fin al uso del aislamiento y garantizar atención médica y psicológica oportuna. Para garantizar que las condiciones de los migrantes detenidos cumplan con los propios estándares de Estados Unidos, el personal de los centros de detención debería recibir capacitación en derechos humanos y atención informada sobre el trauma. Los centros de detención deberían implementar políticas que garanticen el acceso de los detenidos a asistencia legal y que prioricen la seguridad, la dignidad y las garantías del debido proceso para todas las personas bajo su custodia. Los centros de detención también deberían cumplir con los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. También urge una supervisión independiente para investigar los abusos y exigir la rendición de cuentas por los abusos.

Recomendaciones

Al Ejecutivo de Estados Unidos

Adoptar alternativas a la detención basadas en los derechos humanos

• Reemplazar la detención de migrantes, en la medida de lo posible, con programas de procesamiento de casos basados en la comunidad que proporcionen servicios integrales, incluyendo asistencia legal, vivienda y asistencia para el empleo, o, según sea necesario, con las formas menos intrusivas de supervisión y vigilancia para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de migración y expulsión.

• Instar, hasta el máximo permitido por la ley, al ICE a abstenerse de detener a las personas que participen de los procesos que las autoridades han establecido para ellas.
• Evitar en la medida de lo posible detener a solicitantes de asilo.
• Evitar en la medida de lo posible la detención de personas con discapacidad.

Prevenir más daños y abusos y salvaguardar el bienestar de los migrantes durante el traslado

• Ordenar al ICE, en la medida que lo permita la ley, que utilice la detención de migrantes solo como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible.[3]

• Prohibir, al ICE y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), la detención de menores sobre la base de su estatus migratorio.

• Garantizar, cuando no se puede evitar la detención, el acceso a alojamientos adecuados y a los servicios médicos necesarios para salvaguardar la salud de los detenidos y mantener unas condiciones dignas.

Proteger el acceso los servicios y espacios esenciales

• Restablecer e implementar mejorar a las Directrices del 27 de octubre de 2021 sobre medidas coercitivas en zonas protegidas o en sus inmediaciones (también conocidas como “Memorándum sobre lugares sensibles”), que prohíben, salvo contadas excepciones, las actividades coercitivas en materia de migración en escuelas, lugares de culto, centros de salud y otros lugares protegidos.[4]
  • Codificar el contenido del memorándum en un reglamento, ley o, como mínimo, en una política vinculante mediante los procedimientos administrativos adecuados y legales.
  • Impartir cursos periódicos de formación sobre áreas protegidas y sensibles.
  • Exigir la documentación de cualquier excepción aplicada, para que sea auditada de forma rutinaria.
  • Incluir consecuencias disciplinarias para los agentes y el personal pertinente en caso de incumplimiento.
  • Ampliar las acciones prohibidas en lugares sensibles o protegidos para incluir no solo la aplicación física, sino también la vigilancia, el escaneo de matrículas y los interrogatorios.
  • Ordenar a los agentes a avisar de manera anticipada que ingresaran a zonas protegidas o sensibles, incluyendo a los propietarios de las instalaciones y a los responsables (por ejemplo, directores de escuela), salvo en circunstancias urgentes, debidamente documentadas y sujetas a revisión (por ejemplo, proporcionar seguridad adicional en una escuela durante una emergencia).
  • Clarificar que la lista de lugares que figuran en el memorándum como sensibles, protegidos o que prestan servicios esenciales no es exhaustiva.
  • Ampliar la lista de lugares mencionados para incluir los siguientes lugares en la lista no exhaustiva:
    • Transporte público e instalaciones relacionadas
      (estaciones y paradas de autobús, estaciones de tren, otros centros o terminales de transporte);
    • Tribunales y otros lugares donde las personas deben comparecer para procedimientos u obligaciones legales (por ejemplo, tribunales de migración, tribunales de familia, controles de libertad condicional, tribunales de tráfico);

    • Oficinas gubernamentales donde las personas realizan trámites administrativos (por ejemplo, oficinas locales del Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), oficinas del Seguro Social, oficinas de Mujeres, bebés y menores (WIC, por sus siglas en inglés) y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), oficinas de preparación o recaudación de impuestos));

    • Instalaciones no gubernamentales que prestan servicios de asistencia jurídica o cívica (por ejemplo, clínicas de asistencia jurídica, organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la migración, refugios para víctimas de violencia doméstica, centros de servicios comunitarios).

  • Establecer un sistema de quejas para que los miembros de la comunidad puedan denunciar la presencia o aplicación inadecuada de la ley en zonas sensibles y protegidas.

• Publicar con regularidad informes de cumplimiento, incluyendo el número de medidas de aplicación de la ley que se han llevado a cabo en zonas protegidas y sensibles o en sus proximidades, el uso de excepciones, las quejas recibidas y los resultados de las reclamaciones investigadas.
• Restablecer la Orientación del 27 de abril de 2021 para limitar las acciones de aplicación civil del ICE y la CBP en o cerca de los tribunales.[5]

Garantizar la rendición de cuentas y la supervisión independiente

• Mantener o restablecer todos los órganos de supervisión independientes designados por el Congreso, como la Oficina de Supervisión de la Detenciones de Inmigrantes (OIDO, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y solicitar financiación adicional al Congreso para reforzar su capacidad mediante la dotación de personal y recursos para monitorear las condiciones de detención, garantizar el acceso a procedimientos de denuncia adecuados, investigar los abusos y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos.
• Prohibir el uso del aislamiento en los centros de detención de migrantes, incluyendo para personas con discapacidad psicosocial (problemas de salud mental), ya que su uso prolongado constituye trato cruel, inhumano o degradante y puede equivaler a tortura.

Reconstruir y ampliar las protecciones y vías humanitarias

• Reasignar o ampliar, según proceda, el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para las personas que huyen de países donde las condiciones siguen haciendo que el retorno sea inseguro, incluyendo a Haití, Afganistán, Venezuela y Nicaragua.

• Restablecer el parole humanitario para las personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Al Congreso de Estados Unidos

• Derogar los artículos 236(c) y 235(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y cualquier otra disposición legal que exija la detención obligatoria de migrantes y garantizar que cualquier decisión de detener a una persona se base en una evaluación individualizada que esté sujeta a revisión judicial y priorice alternativas a la detención.
• Reducir inmediatamente los efectos nocivos y el número de personas detenidas de manera innecesaria, mediante:

  • La reducción y rescisión de los fondos anuales asignados a la detención de migrantes;

  • La oposición a todas las solicitudes para financiar la ampliación de la capacidad de detención;

  • La supervisión eficaz y retención de fondos en caso de que el ICE no cumpla los plazos de presentación de informes, de acuerdo con las normas de detención del ICE/DRO y las normas nacionales de detención para centros no específicos de 2019 (NDS 2019), u otras obligaciones.[6]

• Garantizar que todos los organismos de supervisión independientes designados por el Congreso, como la OIDO, la Oficina del Inspector General del DHS y la CRCL del DHS, cuenten con la financiación, capacidad, personal y recursos necesarios para supervisar de forma eficaz las condiciones de detención, garantizar que los detenidos tienen acceso a procedimientos de denuncia adecuados, investigar los abusos y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos de los detenidos.
• Restablecer y ampliar los créditos para el Programa de Orientación Jurídica y garantizar que el programa esté disponible en todos los centros de detención de migrantes donde permanezcan detenidos más de 72 horas.
• Llevar a cabo de inmediato una supervisión estricta de los procesos de detención del ICE, incluyendo mediante el uso de la autoridad de citación e investigaciones sobre las condiciones documentadas en este informe y solicitando a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) y a los Servicios de Investigación del Congreso (CRS) que investiguen las condiciones de detención de migrantes.
• Crear un comité especial o selecto del Congreso para investigar las muertes bajo custodia del ICE, los servicios de atención sanitaria, incluidos los servicios de salud mental, y el uso del régimen de aislamiento en la detención de migrantes.
• Aprobar leyes que garanticen una atención médica oportuna y adecuada, incluyendo servicios de salud mental, a todos los detenidos, con mecanismos de supervisión para evitar negligencias y abusos.
• Aprobar leyes que prohíban el uso de la reclusión en régimen de aislamiento en los centros de detención de migrantes, incluso para personas con discapacidad psicosocial (trastornos mentales), ya que su uso prolongado constituye trato cruel, inhumano o degradante y puede equivaler a tortura.

Al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

• Poner fin al uso del Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés), otras prisiones federales y estatales, cárceles locales y otros centros de reclusión penal, incluyendo los de propiedad y gestión privadas, para la detención civil de migrantes.

• Abstenerse de detener a personas con problemas médicos y mentales graves.
• Garantizar que todas las operaciones de detención del ICE se ajustan a los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y a las normas nacionales de detención de migrantes.

Remediar las deficiencias sistémicas y persistentes en materia de salud, higiene y cuidados asistenciales, y reparar los daños ya causados

• Modificar las PBNDS 2011 y las NDS 2019 para incluir normas de tratamiento más detalladas, y restablecer las disposiciones en las Normas de Detención del ICE/DRO de 2008 en torno a las “Salas de Retención” (denominadas en este informe “celdas de procesamiento”).

• Proporcionar artículos de primera necesidad, incluyendo productos menstruales y de higiene y ropa de cama adecuada, y limitar la duración de la reclusión en las celdas de internamiento para evitar condiciones inhumanas.

• Garantizar que todas las personas detenidas por motivos de migración tienen acceso a una atención médica oportuna y de calidad, incluyendo a servicios de salud mental y de todos los medicamentos prescritos.

• Garantizar que el personal que trabaja en los centros de detención cumple las normas de atención médica oportuna y adecuada, incluyendo la atención a la salud mental, para todos los detenidos, con mecanismos de supervisión para evitar negligencias y abusos.

• Proporcionar a las personas detenidas con discapacidad los ajustes razonables y ayudas y servicios auxiliares, incluyendo dispositivos de asistencia como sillas de ruedas, andadores y audífonos, entre otros dispositivos, y asistencia personal profesional para las tareas de la vida diaria a las personas que necesiten tales servicios.
• Capacitar al personal en la atención informada sobre traumas para apoyar de forma adecuada a los detenidos, incluyendo a los solicitantes de asilo, que hayan sufrido traumas y garantizar que los servicios de salud mental sean fácilmente accesibles, de buena calidad y no punitivos.
• Garantizar que todos los centros de detención cuentan con el personal adecuado para sus servicios sanitarios, incluyendo los servicios de salud mental, y hacer público si los puestos están ocupados o vacantes como componente de cumplimiento durante las inspecciones de las Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO) y de la OIDO del ICE.
• Como parte de las inspecciones, entrevistar directamente a los detenidos sobre todos los aspectos de sus condiciones de reclusión, incluido el acceso a servicios médicos, el hacinamiento, los malos tratos físicos y verbales y el acceso a productos de higiene.[7]

• Prohibir el uso del aislamiento prolongado o indefinido durante la detención por motivos migratorios, ya sea por motivos administrativos o disciplinarios, especialmente para personas con discapacidades psicosociales (afecciones de salud mental), con antecedentes de haber recibido tratamiento de salud mental o con riesgos identificados de morir por suicidio, y cualquier persona con una afección médica grave.

Garantizar el acceso legal y la supervisión

• Garantizar el acceso de los detenidos a asistencia legal, a través de espacios de reunión privados, acceso telefónico adecuado e información oportuna sobre derechos y procedimientos legales durante el periodo de procesamiento.

• Realizar inspecciones sin previo aviso para garantizar una evaluación precisa de las condiciones de reclusión. Tal y como exigían los congresos anteriores, poner a disposición del público las inspecciones de la ERO, las inspecciones de la OIDO y los informes sobre fallecimientos de detenidos (incluidos los realizados por la OIDO, la Oficina del Inspector General del DHS y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS) en un plazo de 60 días a partir de la inspección o, en el caso de los informes sobre fallecimientos, en un plazo de 30 días a partir del fallecimiento. Informar periódicamente al público y al Congreso sobre la frecuencia y las circunstancias de sucesos imprevistos que provoquen la muerte o lesiones físicas o psicológicas graves a uno o varios pacientes detenidos (también conocidos como sucesos centinela).

Al gobierno estatal y los gobiernos locales de Florida

• Poner fin a los acuerdos 287(g), debido a sus efectos perjudiciales sobre la confianza de la comunidad y la seguridad pública.
• Aumentar la capacidad de supervisión estatal y local, especialmente de las prisiones y cárceles subcontratadas, autorizando y financiando la supervisión y la elaboración de informes sobre las condiciones de detención de migrantes.

• Rechazar los contratos con el ICE y las empresas penitenciarias privadas para ampliar la capacidad de detención de migrantes; en caso de que se celebren, garantizar que cumplen plenamente las PBNDS de 2011 y las NDS de 2019.[8]

• Salvaguardar los derechos básicos de las personas detenidas mediante la aprobación de legislación estatal o de reformas políticas que permitan y garanticen la supervisión de las condiciones de detención por parte de las autoridades estatales y que pongan fin al aislamiento prolongado o indefinido, incluyendo la prohibición del uso del aislamiento para las personas con mayor riesgo de sufrir daños en aislamiento, incluyendo las personas con discapacidad psicosocial (problemas de salud mental).

A los contratistas privados que gestionan centros de detención

• Garantizar que los centros cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), para garantizar los derechos y la dignidad de los detenidos.
• Garantizar los centros cumplen las PBNDS y las NDS.
• Implementar políticas y procedimientos acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, la legislación y la jurisprudencia nacionales pertinentes sobre los derechos de los detenidos, las prácticas antidiscriminatorias, los procedimientos y normas de atención médica y de salud mental, el uso adecuado de la segregación y el uso adecuado de la fuerza, a fin de prevenir abusos y conductas indebidas, y formar al personal en estas políticas y procedimientos.

Al Comité contra la Tortura de la ONU, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, al relator especial de la ONU sobre la tortura, al relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes y al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados

• Investigar las denuncias de malos tratos en centros de detención de migrantes estadounidenses que figuran en este y otros informes.
• Considerar la posibilidad de realizar visitas de investigación y supervisar periódicamente el Centro de Procesamiento de Servicios de Norte de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC) y el Centro Federal de Detención (FDC) y otros centros de detención del ICE.
• Exigir responsabilidades al gobierno estadounidense por cualquier incumplimiento de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela) o de normas especializadas, como la Conclusión 44 del Comité Ejecutivo del ACNUR sobre la detención de refugiados y solicitantes de asilo y las Directrices sobre detención del ACNUR.

Metodología

Entre mayo y junio de 2025, con el apoyo y la experiencia de abogados de Americans for Immigrant Justice, Catholic Legal Services y Sanctuary of the South, Human Rights Watch documentó en detalle las experiencias de 17 migrantes detenidos en tres centros de detención de Florida.

Human Rights Watch entrevistó a ocho hombres y tres mujeres que habían estado detenidos, entre enero y junio de 2025, en el Centro de Procesamiento de Servicios de Norte de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC) y el Centro Federal de Detención (FDC) en el sur de Florida.[9] Los investigadores realizaron las entrevistas durante visitas a Krome y BTC en mayo y a través de llamadas telefónicas con migrantes detenidos, incluyendo algunos detenidos en el FDC.

Los investigadores de Human Rights Watch también hablaron con familiares de siete personas que habían sido detenidas, al menos tres de las cuales fueron deportadas posteriormente, y con una mujer cuyo marido murió bajo custodia.[10] Además, Human Rights Watch entrevistó a 14 abogados de servicios directos y de derechos civiles que trabajaban en casos relacionados con derechos de los migrantes en los tres centros de detención y revisó los Informe sobre la muerte de detenidos y más de una docena de documentos compartidos por personas detenidas y sus abogados y familiares.[11] Human Rights Watch también revisó las directrices y acuerdos aplicables del Gobierno estadounidense que rigen las condiciones de detención de migrantes, así como los estándares internacionales de derechos humanos pertinentes.

La mayoría de las entrevistas se realizaron en español, algunas con la ayuda de intérpretes, y en inglés. Los investigadores informaron a todos los entrevistados sobre el propósito y la naturaleza voluntaria de las entrevistas y explicaron cómo Human Rights Watch utilizaría la información. Todos los participantes dieron su consentimiento informado y entendieron que no recibirían ninguna compensación por su participación.

Nos reservamos el derecho de revelar los nombres de la mayoría de los entrevistados y, en algunos casos, hemos proporcionado seudónimos para proteger sus identidades y protegerlos de represalias. Los nombres completos que aparecen en el informe son nombres reales; los nombres solos son seudónimos.

Human Rights Watch también llevó a cabo un análisis exhaustivo de los datos de detención del ICE.[12] El ICE publica de forma intermitente actualizaciones de las estadísticas generales y específicas de detención de cada centro cada cierto tiempo. Cuando publicación la información, incluyen la población diaria promedio (ADP, por sus siglas en inglés) de los centros de detención individuales durante el año fiscal hasta la fecha (FYTD, por sus siglas en inglés). El ICE no proporciona datos actualizados sobre la población total actualmente detenida en centros de detención individuales. Human Rights Watch hizo estimaciones de las poblaciones diarias promedio en centros de detención individuales utilizando el método de la ADP por intervalos.[13] También estimamos las poblaciones diarias desglosadas por sexo, antecedentes penales y situación de detención obligatoria. Además, hemos realizado análisis estadísticos de los acuerdos 287(g).

El 20 de mayo de 2025, Human Rights Watch envió cartas en las que resumía nuestras hallazgos, planteaba preguntas y ofrecía la oportunidad de hacer comentarios a los directores de los tres centros de detención, al director en funciones del ICE, Todd M. Lyons, al director de la Oficina Federal de Prisiones, William “Billy” Marshall III, a la presidenta de Akima Global Services, LLC (Akima), Laura Mitchell, y al director ejecutivo del GEO Group, J. David Donahue. Akima y GEO Group operan y prestan servicios bajo contrato con el ICE para Krome y BTC, respectivamente.

Human Rights Watch envió cartas de seguimiento el 11 de junio y también las compartió con el presidente y director de operaciones de CoreCivic, (Damon Hininger), y el director ejecutivo del Centro de Detención Regional del Condado de La Salle (Rodney Cooper), en las que se detallaban otras denuncias, incluyendo las relativas a dos instalaciones de Texas: el Centro de Procesamiento de Houston y el Centro de Detención Regional del Condado de La Salle, en Texas. CoreCivic, que gestiona y presta servicios en virtud de un contrato con el ICE para el Centro de Procesamiento de Houston, respondió el 24 de junio diciendo que desconocía las acusaciones específicas incluidas en la carta y solicitó más información para poder investigar a fondo.

El 3 de junio, Akima respondió a la carta de Human Rights Watch enviada el 20 de mayo, afirmando: “De acuerdo con los protocolos federales de seguridad y los requisitos contractuales, no podemos comentar públicamente los detalles específicos de nuestro compromiso”. Decía que todas las preguntas debían ser enviadas al ICE y añadía: “Akima gestiona nuestros contratos de acuerdo con las normas más estrictas y según lo establecido por el gobierno federal. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de forma profesional, responsable y coherente con nuestros valores Iñupiat”.[14] Human Rights Watch no recibió ninguna otra respuesta a nuestras cartas.

Antecedentes

Los funcionarios federales de migración, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y sus agencias, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tienen la autoridad para hacer cumplir las leyes de migración en los Estados Unidos, lo que incluye la capacidad de aprehender y, si se justifica, detener y poner en proceso de expulsión a cualquier persona en el país o en su frontera que consideren que está presente en violación de la ley de migración de Estados Unidos, o que sea removible en virtud de la misma.[15]

La primera administración de Trump aseguró que sus esfuerzos por detener y expulsar migrantes se centraban principalmente en las personas con condenas penales graves, especialmente violentas.[16] Sin embargo, la administración ha demostrado que cualquier persona que no sea ciudadana, no solo aquellas con condenas penales, es susceptible de aprehendida y detenida.[17] La autoridad del DHS para aprehender, detener y someter a las personas a procedimientos de expulsión también incluye a cualquier persona en situación irregular, incluyendo a quienes entran en el país sin autorización o a quienes se quedan más tiempo del permitido por un visado de turista o de trabajo.[18] También incluye a quienes se les haya revocado un estatus legal, como un visado de estudiante, a quienes se beneficien del parole humanitaria o de la protección temporal tras la finalización o expiración de dichas protecciones, o a quienes hayan dejado vencer su permiso de residencia legal en el país.[19] Durante las administraciones anteriores se prestaba mucha menos atención a este tipo de migrantes para su detención y deportación.[20]

Un mes después de la toma de posesión de Donald Trump para su segundo mandato presidencial, el número de personas detenidas por el ICE comenzó a aumentar.[21] A lo largo de 2024, un promedio diario de 37.500 personas estaban detenidas por motivos relacionados con la migración en Estados Unidos. Para el 20 de junio de 2025, en un día cualquiera, había más de 56.000 detenidos en todo el país, un 40 % más que en junio de 2024.[22]

En Krome, la población detenida promedio al día se disparó. Para marzo de 2025 había aumentado casi un 240 %, es decir, más del triple con respecto a los niveles anteriores a la toma de posesión de enero y superaba en casi tres veces la capacidad de funcionamiento del centro. Para finales de junio, la población detenida en Krome seguía siendo casi el doble de la capacidad operativa de este centro de detención. Para el 20 de junio de 2025, más del 56 % de la población detenida en Krome no tenía ninguna condena penal o cargos pendientes. En el FDC, donde no había tenido detenidos por motivos relacionados con la migración antes de febrero de 2025, a finales de junio había casi 340 personas detenidas por el ICE.[23]

La rápida expansión de la participación del gobierno del estado de Florida en la aplicación de las leyes de migración desde enero de 2025, a través de nuevas leyes, acciones ejecutivas y acuerdos con las autoridades federales, ha aumentado el número de detenciones en el estado.[24] Las reformas legales y políticas han contribuido a esta tendencia, incluyendo la Ley Laken Riley, los acuerdos 287(g) y el proyecto de ley 4-C del Senado de Florida (para más detalles sobre estas iniciativas legislativas, véase más adelante “Contexto federal y estatal que ha llevado al aumento del número de detenidos en Florida”). Defensores de derechos han dicho que estas nuevas políticas han exacerbado patrones históricos de abusos en el sistema federal de detención de migrantes en Florida.[25]

Condiciones de detención

Personas que están o estuvieron detenidas describieron condiciones terribles durante su procesamiento en el Centro de Procesamiento de Servicios de Norte de Krome (Krome), y posteriormente durante su detención en Krome, en el Centro de Transición de Broward (BTC) y en el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami. Los entrevistados detallaron a Human Rights Watch un proceso de admisión inhumano, celdas hacinadas, condiciones insalubres y acceso inadecuado a servicios de higiene básica, alimentación, atención médica y asistencia legal. Estas condiciones violan la protección de los derechos humanos y las propias normas de detención del ICE y suscitan preocupación por los abusos sistémicos y la negligencia institucional.

Durante las entrevistas, Krome fue mencionado sistemáticamente como un centro abusivo y degradante, con fallos en la admisión, detención y atención médica de detenidos. Los entrevistados describieron confinamientos prolongados en celdas de procesamiento heladas y hacinadas, sin ropa de cama o vestimenta adecuada, ni acceso servicios de higiene. En Krome también estuvieron detenidas mujeres para su procesamiento, a pesar de ser un centro solo para hombres. Las mujeres no tenían duchas, ni privacidad y algunas estaban expuestas a que detenidos hombre las miraran. Sus procedimientos de detención se alargaron durante día, en lugar de horas. El hacinamiento persistía más allá de los procesos de admisión: había celdas con más del doble de su capacidad prevista. La negligencia médica parecía prevalente: a los detenidos se les negaron medicamentos esenciales y se los sometía a largas esperas para recibir atención médica. En al menos dos casos, la privación de medicamentos esenciales y los retrasos para recibir atención médica pueden haber contribuido a la muerte de los detenidos. Los entrevistados también afirmaron sistemáticamente que el centro tampoco proporcionaba alimentación adecuada, apoyo para la salud mental ni actividades estructuradas, lo que agravaba la carga psicológica de la detención.

El FDC, un centro de la Oficina de Prisiones diseñado originalmente para acusados de delitos penales en espera de juicio, comenzó a albergar a detenidos del ICE a finales de febrero, en respuesta al aumento del número total de detenidos.[26] Para finales de mayo de 2025, en el FDC había aproximadamente 400 detenidos del ICE. Los detenidos en el FDC relataron a Human Rights Watch casos de hacinamiento extremo, condiciones insalubres y tratos abusivos.[27] Los detenidos permanecían en celdas con inodoros dañados y ventilación inadecuada. También nos dijeron que se les negaba la atención médica y los medicamentos esenciales y que eran sometidos a confinamientos arbitrarios. Relataron haber sufrido acoso verbal y situaciones de humillación, incluyendo registros invasivos de cavidades corporales. El 15 de abril de 2025 se produjo un incidente especialmente violento en el que el personal del FDC usó granadas aturdidoras y fuerza física contra los detenidos que protestaban porque no tenían acceso a alimentación, agua y atención médica.

Los detenidos en el BTC dijeron que se les negó atención médica y psicológica adecuada. Algunos sufrieron retrasos en el tratamiento de lesiones y enfermedades crónicas, y respuestas despectivas u hostiles por parte del personal. El BTC no garantizaba la comunicación de los detenidos con sus familias y su asistencia legal, especialmente durante las emergencias médicas. La muerte de una mujer haitiana, Marie Ange Blaise, tras la demora en la respuesta a una situación de emergencia en abril de 2025, pone de manifiesto las consecuencias potencialmente mortales de estos fallos sistémicos.

Abusos durante la admisión/procesamiento inicial en Krome

A partir de finales de enero de 2025, el ICE detuvo a un gran número de personas en Florida, incluyendo muchas que habían vivido y trabajado en sus comunidades durante décadas, y las trasladó en autobús al centro de detención de Krome.[28]

Ocho de las personas entrevistadas por Human Rights Watch que fueron detenidas por el ICE entre finales de enero y abril de 2025 llegaron por primera vez a Krome.[29] Describieron la exposición prolongada a temperaturas muy frías, el hacinamiento y el trato degradante durante el periodo inicial en el que las personas son llevadas a las instalaciones y se someten a los procedimientos de admisión antes de ser transferidas a celdas (denominado en este informe como periodo de “admisión” o “procesamiento”).

Harpinder Chauhan, un hombre británico de 56 años, dijo que, tras ser detenido en una cita anual de rutina ante el ICE, fue esposado por agentes del ICE hasta por tres horas en un autobús que estaba estacionado fuera de Krome a la espera de comenzar el periodo de procesamiento a principios de febrero.[30] Andrea y Rosa, dos mujeres de Argentina y Honduras, respectivamente, dijeron que a finales de febrero, agentes del ICE las trasladaron a ella y a otras mujeres hacia Krome, junto con un grupo de hombres, sentadas al otro lado de una jaula metálica en el mismo autobús.[31] Tenían las manos esposadas a la cintura y los pies encadenados.[32]

Andrea nos contó que el autobús hizo varias paradas para recoger a otras personas detenidas y que, cuando llegó a Krome, el centro había cerrado porque era de noche.[33] Relató que se vieron obligados a dormir en el autobús. Aunque el autobús tenía inodoro, los funcionarios solo les quitaban las esposas de una mano cuando alguien necesitaba utilizarlo. Los guardias, según su relato, no les dieron comida ni agua durante el viaje y solo les ofrecían agua y sándwiches una vez llegaron al estacionamiento de Krome.[34]

Las condiciones detalladas en los autobuses coinciden con las que AIJ documentó en su presentación de abril ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.[35] Un hombre describió cómo se deterioró la situación en el autobús a lo largo de 17 horas:

El autobús era repugnante. Había un solo inodoro al que no le funcionaba el desagüe. Era el tipo de inodoro en el que normalmente la gente solo orina. Pero como llevábamos tanto tiempo en el autobús y no se nos permitía salir de él, algunos defecaron ahí. Debido a ello, todo el autobús tenía un fuerte olor a heces.[36]

Otro hombre dijo en una declaración escrita: “[t]odo el autobús empezó a apestar”.[37]

Juan, un hombre colombiano de 47 años que fue trasladado de Krome al FDC el 6 de marzo de 2025 y luego de regreso a Krome el 14 de marzo de 2025, aproximadamente a las 4 p.m., dijo que al volver a Krome, los agentes lo dejaron a él y a otros en el autobús, estacionado en la entrada, durante casi 24 horas.[38] No les dieron comida ni agua, ni les permitieron ir al baño. Finalmente, el sábado por la tarde, los sacaron del autobús, les dieron algo de comida y agua y losles dejaron ir al baño, pero luego los obligaron a volver al autobús, donde permanecieron casi 24 horas más hasta el domingo por la tarde, cuando los agentes los llevaron en una celda de procesamiento muy fría y hacinada. Allí estuvieron 11 días. Juan ya había estado seis días en esa celda cuando estuvo por primera vez en Krome entre el 11 y el 17 de febrero de 2025.[39]

Los ocho entrevistados dijeron que habían estado detenidos hasta 12 días seguidos en lo que ellos denominaban “la hielera”, término utilizado habitualmente para describir las gélidas celdas de procesamiento.[40] En estas celdas no había ropa de cama y no les brindaban vestimenta adecuada. Exceptuando un hombre que recibió una manta térmica, el resteo tenía que dormir en suelos frío o bancas duras sin chaquetas o mantas.[41]

“Llevábamos ropa muy ligera y ponían el aire acondicionado a 800 kilómetros por hora”, contó Josué Aguilar Valle, un hondureño de 27 años.[42] “No te podías dormir porque hacía mucho frío. Pensé que me iba a dar hipotermia”.[43]

Los entrevistados describieron un grave hacinamiento: Juan dijo de que había más de 60 hombres en una sola celda y Pedro, un guatemalteco de 21 años, dijo que había más de 50.[44] Chauhan contó que durante tres días y medio lo trasladaron en repetidas ocasiones de una celda a otra, incluyendo a una unidad médica, y que finalmente acabó en una celda con otros 40 hombres. El periodo de procesamiento es como “días en el infierno”, dijo.[45]

Andrea dijo que la celda en la que estuvo detenida durante sus primeros cinco días en Krome era diminuta.[46] En un principio, había 25 mujeres en la celda. Luego el número aumentó a 31. Durante el tiempo que estuvo en esa celda, vio cómo cinco o seis salas de visita se llenaban de hombres. “Cuando me fui, casi todas las salas de visita estaban llenas. Algunas [de esas salas] estaban tan llenas que los hombres ni siquiera podían sentarse; [todos] tenían que estar de pie”, dijo Andrea.[47]

Carlos, un hombre que lleva detenido en Krome desde 2024, dijo a finales de junio que el hacinamiento, incluyendo en las celdas de procesamiento, había continuado, algo de lo que fue testigo porque pasaba tiempo en esas celdas cada vez que salía del centro para recibir tratamiento médico.[48] El 25 de junio dijo que las salas de visita seguían utilizándose para alojar a los recién llegados y que algunos esperaban hasta dos semanas para ser procesados.

Estas condiciones de hacinamiento coinciden con las detalladas por AIJ en su presentación de abril ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyendo la descripción de este hombre:

La primera semana fue infernal. Me llevaron a una sala en la que había entre 60 y 80 hombres. La habitación estaba abarrotada y, por la noche, apenas había lugar para que todos pudiéramos acostarnos. Alguien dormía sentado en un inodoro y otros dormían justo al lado.[49]

Según la información presentada por AIJ, entre 30 y 40 personas estaban hacinadas en una celda diseñada para seis personas.[50] Alrededor de 80 personas estaban hacinadas en otra celda en la que un cartel establecía una ocupación máxima de 25 personas. Una persona fue enviada a una “celda [que] estaba extremadamente hacinada y diseñada para un uso de corta duración”.[51]

Dos videos grabados por un mexicano y publicados en TikTok aparentemente captaron la escena de hacinamiento en una de estas celdas a finales de marzo.[52] En uno de los videos, al menos 25 hombres están acostados en el suelo o sentados en bancas, intentando dormir bajo luces fluorescentes brillantes. Varias personas utilizan ropa u otros objetos como máscaras para taparse los ojos. Hay una silla de ruedas en medio de la habitación y se puede ver a una persona caminando con un bastón. Un canal de noticias de la televisión local, WPLG Local 10, hizo una publicación sobre los tres vídeos en un reportaje que salió al aire en marzo de 2025.[53] En el reportaje, un abogado de migración dice que “no tiene ninguna duda” de que los videos se grabaron en el centro. Todos los entrevistados que estuvieron detenidos en Krome confirmaron que los vídeos se grabaron allí.

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Las habitaciones no tenían acceso a duchas y contenían un único inodoro sin privacidad. En una ocasión, los funcionarios les dieron a los detenidos una cubeta para que hicieran sus necesidades delante de los demás, según AIJ.[54] Cuando las personas que dormían en el suelo necesitaban ir al baño por la noche, tenían que “despertar a todos los que nos rodeaban para abrirse camino hasta los inodoros”, dijo un detenido en su relato a AIJ.[55] Otro dijo: “La habitación olía muy mal y las personas se acostaban justo al lado del inodoro, mientras otros hacían sus necesidades justo al lado de sus cabezas. Era repugnante”.[56]

Rosa estuvo detenida durante tres días mientras se tramitaba su caso.[57] Dijo que el único inodoro de su celda estaba cubierto de heces. A pesar de que en varias ocasiones pidieron artículos de limpieza para que ella y sus compañeros de celda pudieran limpiarlo, los funcionarios les dijeron sarcásticamente: “La limpieza vendrá pronto”. Nunca vino nadie.[58]

Andrea y otra mujer que estuvo detenida con ella, María, contaron que estuvieron detenidas durante los primeros cinco días en una celda con un inodoro que se podía ver a través de las ventanas de las salas de visitas que estaban al lado. En esas salas, debido al hacinamiento, había hombres detenidos.[59] Andrea nos dijo: “Si los hombres se subían a una silla o al escritorio, podían ver directamente nuestra celda y el inodoro. A veces se subían para vernos”.[60]

Andrea nos contó que en varias ocasiones pidieron que les permitieran ducharse, pero la respuesta fue que Krome es un centro de detención solo para hombres y que habilitar una sección de duchas para las mujeres no era viable.[61] Solo después de protestar con carteles en los que decían que estaban recibiendo un trato inhumano, cuatro días después de su detención, las llevaron, encadenadas, al ala de salud mental para que se ducharan y recibieran ropa limpia. Ese recorrido fue la primera vez que salieron al aire libre en cuatro días. Ninguna de las mujeres permaneció detenida en Krome una vez finalizado el periodo de procesamiento. Fueron trasladadas al BTC.

Todos los entrevistados que accedieron a asistencia legal nos dijeron que habían tenido muy pocas oportunidades de ponerse en contacto con sus abogados durante el proceso. Andrea dijo que solo se le permitió hablar con su abogado durante cinco o diez minutos.[62] Chauhan dijo que los agentes le permitieron hacer una llamada telefónica, pero le dijeron que no podía hablar del centro de detención ni de sus condiciones y lo obligaron a hacer la llamada en altavoz, con un funcionario presente.[63] Juan dijo que durante los dos primeros días no le permitieron llamar a nadie y que su familia no sabía dónde estaba.[64]

En su relato a AIJ, un hombre dijo:

Desde mi detención... no había podido comunicarme con mi esposa, ni con mi familia, pues los funcionarios de Krome no habían abierto mi caso en el centro de detención como parte del proceso de admisión en Krome. Mi esposa no pudo depositar dinero en mi cuenta, por lo que no pude hacer ninguna llamada durante el tiempo que estuve en Krome.[65]

AIJ dijo en su escrito de abril que la estrategia del ICE estaba en parte diseñada para coaccionar a las personas detenidas para que firmaran documentos de salida consintiendo su expulsión de Estados Unidos y renunciando a otros procedimientos de migración. Algunos firmaron esas renuncias.[66] Maksym Chernyak, ucraniano de 44 años que murió más tarde en Krome, le había dicho a su esposa que le lo presionaron para firmar documentos que no tenían traducción, a pesar de haberlo solicitado. Según ella, Chernyak no entendía lo que había firmado.[67]

El hombre cuya esposa no le pudo depositar dinero la cuenta le dijo a AIJ, “Los guardias me trajeron documentación para que firmara la salida [del país]. Decidí que no quería irme y me negué a firmar el documento. Los agentes siguieron presionándome para que firmara la documentación y me negué a firmar cualquier papel relacionado con mi salida”.[68] AIJ dice que, según sus clientes, los funcionarios les dicen a las personas constantemente que más vale que firmen sus órdenes de deportación porque serán deportadas de todos modos.

Los hombres entrevistados por Human Rights Watch que fueron procesados en Krome dijeron que, durante el periodo de procesamiento, hablaban brevemente con una enfermera que les hacía algunas preguntas básicas sobre su salud y luego los regresaban a su celda.[69] En ningún momento el personal médico llevó a cabo una evaluación de su salud, dijeron. (Véase más adelante, “Acceso a atención médica”, para obtener más información sobre las experiencias relacionadas con la salud de las personas detenidas durante el periodo de procesamiento en Krome).

Human Rights Watch considera que las condiciones de admisión en Krome documentadas en este informe cumplen el umbral de trato inhumano y degradante, en particular cuando se experimentan durante varios días y de forma conjunta. Los elementos clave de ese maltrato incluyen:

· Detención prolongada a temperaturas muy frías;

· Privación de ropa de capa/mantas;

· Hacinamiento;

· Servicios de saneamiento inoperantes y exposición a inodoros llenos de heces;

· Falta de privacidad para las detenidas y los detenidos que utilizan el inodoro;

· Falta de espacios totalmente separados por sexos para la higiene personal de las mujeres;

· Falta de atención médica;

· Falta de acceso a camas, así como dormir en suelos fríos; y

· Falta de acceso a servicios de higiene básica, incluyendo la imposibilidad de limpiarse.

Estas condiciones no son meramente incómodas, sino que representan una privación de la dignidad y de las condiciones humanas que viola el artículo 7 del PIDCP, que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el artículo 16 de la Convención contra la Tortura (CCT), que amplía muchas de las protecciones y prohibiciones fundamentales de la CCT a formas de trato inhumano o degradante que no equivalen a tortura.[70] El PIDCP también garantiza un trato humano a todas las personas privadas de libertad en virtud del artículo 10(1).[71] Estas condiciones también suscitan preocupación en virtud del artículo 3 del PIDCP, que garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.[72]

Las condiciones descritas anteriormente también son incompatibles con las Reglas Mandela, un estándar internacional que establece directrices para el trato humano de los reclusos de acuerdo con los estándares de derechos humanos. Las Reglas Mandela establecen límite relativamente bajo: no trazan una visión ideal de las condiciones de detención, sino que establecen un conjunto de expectativas mínimas que todos los Estados deberían poder cumplir. En ese sentido, el incumplimiento de las Reglas por parte del gobierno estadounidense es particularmente indefendible. Las Reglas Mandela establecen que todos los alojamientos deben cumplir requisitos sanitarios como calefacción y ropa de cama adecuadas.[73] Las condiciones descritas también contravienen las reglas 12 y 15, que establecen estándares mínimos relacionados con el espacio, el saneamiento y la privacidad, la regla 18, que describe estándares mínimos aceptables relacionadas con la higiene durante la detención, y la regla 2, que prohíbe la discriminación, incluyendo por motivos de género.[74]

Las condiciones descritas por los entrevistados también evidencian un aparente incumplimiento de las Normas Nacionales de Detención Basadas en el Desempeño (PBNDS, por sus siglas en inglés) de 2011, directrices establecidas por el propio ICE para garantizar unas condiciones de detención seguras.[75] Los procesos de admisión prolongados y caóticos, caracterizados por esperas de varios días en celdas antihigiénicas, sin comida, agua o espacios de descanso adecuados, viola el requisito de procesamiento oportuno y humanitario establecido en la norma 2.1 (Admisión y puesta en libertad).[76]

No mantener un control aceptable de la temperatura de los espacios, no proporcionar ropa de cama adecuada o no tratar afecciones médicas urgentes, como las relacionadas con la exposición a enfermedades e inodoros contaminados con heces, constituye una clara infracción de las normas 4.1 y 4.3 de las PBNDS (Salud ambiental y atención médica).[77] La privación de acceso a duchas durante cuatro o más días, el acceso limitado a ropa limpia y a productos básicos de higiene van en contravía de la norma 4.5 (Higiene personal).[78] El hacinamiento en las celdas y el uso de salas de visitas para que los detenidos duerman, con detenidos obligados a permanecer de pie por falta de espacio, debe considerarse una violación de los requisitos de alojamiento seguro y adecuado establecidos en las PBNDS.

La exposición de las mujeres detenidas a ser observadas por hombres, sumada a la suciedad de los inodoros y las condiciones antihigiénicas, viola las políticas de protección de los detenidos establecidas en la norma 4.4 (Saneamiento e higiene) y en la norma 2.10 (Prevención de abusos sexuales) de las PBNDS.[79]

Condiciones de hacinamiento e inhumanas

Los hombres entrevistados por Human Rights Watch que fueron estuvieron detenidos en Krome después el periodo inicial de procesamiento y en el FDC describieron celdas con condiciones de hacinamiento peligrosas y degradantes que persistían al momento de redacción este informe a finales de junio de 2025.[80]

Condiciones de Krome

Los entrevistados que estuvieron detenidos en Krome después del 20 de enero dijeron que en sus celdas, diseñadas para 66 personas en función del número de literas según todos los hombres que estaban detenidos allí, había muchos más detenidos y que algunos durmieron en el suelo durante varios días. Uno de los entrevistados dijo que en su celda llegó a haber 155 detenidos en un momento dado; otro nos dijo que había 150; y un tercero calculó que había unos 140.[81] Los cuatro describieron las condiciones para dormir, que incluían colchones en el suelo y catres improvisados.[82] “Había colchones por todas partes. No podías caminar sin pisar a alguien”, nos dijo un hombre.[83] Aunque el número de detenidos aparentemente había disminuido a principios de mayo, los entrevistados seguían describiendo celdas con 80 o 90 personas, números muy por encima de la capacidad de las celdas, para principios de junio, al momento de redacción de este informe.[84]

Los entrevistados dijeron a Human Rights Watch que, en abril, el personal de Krome instaló una gran estructura de tiendas de campaña para alojar a los detenidos.[85] Dijeron haber escuchado que albergaba a decenas de detenidos, con una o dos divisiones en el interior. Las imágenes por satélite de las instalaciones del 14 de mayo muestran una gran estructura de tiendas de campaña blancas construida sobre el campo de deportes en la esquina norte del centro de detención. La estructura mide aproximadamente 60 metros de largo y 40 metros de ancho, aproximadamente 2.400 metros cuadrados. Un camino conecta la estructura con la carretera principal del centro de detención.

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Un hombre detenido en Krome dijo que, durante 20 días consecutivos, a él y a otras personas de su celda se les negó el acceso a agua y jabón para lavarse las manos.[86] Durante este periodo, los detenidos también se vieron obligados a improvisar ropa de cama utilizando poliestireno de bandejas y contenedores de comida debido a la mala calidad de los colchones que les daban. Sin almohadas, muchos utilizaban sus zapatos para apoyar la cabeza.[87]

Un hombre en Krome dijo que estaba en una celda con otras 70 personas a finales de mayo.[88] El aire acondicionado llevaba días sin funcionar y el personal del centro de detención les había dado un ventilador pequeño. En el sur de Florida, la temperatura promedio a mediados de mayo suele oscilar entre los 29 °C y los 31 °C (84 °F y 88 °F) durante el día.[89]

Las condiciones descritas en Krome violan el artículo 10.1 del PIDCP, que exige un trato humano a todas las personas privadas de libertad.[90] Estas condiciones también son incompatibles con los estándares establecidos por las Reglas Mandela, incluyendo la regla 12, que exige que el alojamiento proporcione espacio y ventilación adecuados, y las reglas 15 y 18, que exigen el acceso a suministros de higiene y ropa de cama.

Además, estas condiciones parecen incumplir las PBNDS 2011, norma 4.1 (Salud y seguridad ambiental), que exige que las instalaciones mantengan unas condiciones de vida seguras, higiénicas y sin hacinamiento.[91]

Condiciones del FDC

En el centro de detención, Chauhan dijo que el inodoro de su celda estaba roto y el desagüe no le funcionaba.[92] Su compañero de celda y él pidieron en varias ocasiones a los funcionarios de la Oficina de Prisiones (BOP) que les permitieran usar el inodoro de una celda vacía que funcionara. No solo no atendieron a sus peticiones, sino que un funcionario aparentemente les respondió: “Me importa un carajo”, y lo amenazó con tomar represalias: “Se meterán en un problema que no les gustará”. La mezcla de un inodoro en mal funcionamiento y una ventilación inadecuada comprometió seriamente la salud de ambos, nos dijeron.[93]

También en el FDC, Antonio, un hombre brasileño, le dijo a un familiar que le habían asignado una litera superior, a pesar de que en varias ocasiones pidió que lo cambiaran a una litera inferior debido a las graves lesiones de rodilla que sufrió mientras estuvo detenido en Krome y por las cuales debe utilizar una silla de ruedas.[94]

Acceso a atención médica

El ICE dice que “proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda la estancia”.[95] Sin embargo, algunos detenidos describieron retrasos para acceder a tratamientos médicos, lo que ponían en peligro su vida, o la privación total de los mismos. Dijeron que el personal de los centros de detención puso barreras a la atención médica básica, incluyendo la falta de atención médica durante el periodo de admisión, la privación de medicamentos y la atención inadecuada a enfermedades crónicas. Los fallos en el sistema de atención provocaron hospitalizaciones evitables y contribuyeron a la muerte de personas detenidas. Esto violaba tanto el derecho internacional como las propias normas médicas del ICE. Las fallas sistémicas previas del ICE para proporcionar a los migrantes atención médica adecuada en los centros de detención en todo Estados Unidos han sido objeto de informes anteriores de Human Rights Watch, incluso en 2017 y 2018.[96]

Las personas detenidas dijeron que se les negó el tratamiento, así como el acceso a la medicación en todas las etapas de su estancia en Krome, incluyendo durante el periodo de admisión/procesamiento, y el posterior periodo de detención. En FDC y BTC, también, la negligencia médica fue grave, nos dijeron los entrevistados.

Negativas a prestar tratamiento médico

Los entrevistados para este informe que estuvieron detenidos en Krome tras el periodo de procesamiento dijeron que solo a cinco personas por celda podían solicitar una cita con el personal médico cada mañana.[97] Por fuera de ese pequeño margen, el acceso a atención médica estaba restringido a las solicitudes de urgencia realizadas a través de un funcionario que usaba unos criterios limitados.

A pesar de las numerosas solicitudes, Carlos esperó tres semanas para recibir atención médica por síntomas gripales graves y persistentes. Sin embargo, la enfermera le dijo que su enfermedad se debía a la abstinencia de marihuana y únicamente le dio algunos analgésicos y antihistamínicos básicos, nos dijo.[98] Finalmente, otra enfermera le dio un tratamiento eficaz para los síntomas gripales.

Brian, un hombre con múltiples enfermedades crónicas, nos dijo que debía hacerse pruebas de laboratorio cada 60 días y que en un periodo de siete meses solo se las habían hecho dos veces.[99] Nos dijo que se desmayó mientras estaba sentado en una mesa a finales de abril: “Me llevaron en camilla al equipo médico. Lo único que hicieron fue sentarse conmigo durante 30 minutos y luego enviarme caminando de regreso a mi celda”. A finales de mayo, tras cuatro meses quejándose con el personal médico de un dolor en el costado, recibió un diagnóstico. “El equipo médico me dijo que tengo un problema en el riñón y que tendrían que anestesiarme para hacerme un examen”, dijo Brian. “¿Por qué tuve que esperar tanto? ¿Por qué no hicieron algo antes?”.[100]

Juan nos contó que, mientras estuvo seis días detenido en Krome, llamó a un funcionario para le diera asistencia a un compañero de celda que estaba muy enfermo:

El funcionario me respondió: “No”. No podíamos recibir atención médica hasta que terminara el periodo de procesamiento. Le dije: “Él no está bien, no está bien”. Al día siguiente, vino la enfermera, lo examinó y dijo que tenía hipertensión y que probablemente había tenido un infarto [leve].[101]

A finales de marzo o principios de abril, Antonio sufrió lesiones en la rodilla durante el tiempo de ocio en Krome.[102] A pesar de lo que su familiar describió como hinchazón visible y signos de infección, le fue negada atención médica oportuna. Cuando Antonio fue hospitalizado, el personal médico tuvo que drenar líquido de ambas rodillas y necesitó una silla de ruedas. Antonio le contó a su familiar que el personal del hospital le había dicho que cualquier retraso adicional en el tratamiento podría haber implicado una amputación.

Antonio dijo que a finales de enero hubo una pelea entre detenidos en el comedor de Krome la que se vio involucrado. Los funcionarios intervinieron para separar la pelea, lo sacaron fuera y lo golpearon. Uno de los funcionarios, relató, comenzó a asfixiarlo, por lo que mordió a los guardias en un intento desesperado de defensa propia. Uno de los guardias le tiró del brazo hacia atrás, lo que le causó una lesión grave. Antonio no recibió un cabestrillo para el brazo y solo le dieron medicación básica para el dolor y un antihistamínico durante unos días, a pesar de las múltiples peticiones para ver a un médic0.[103]

José, un cubano de 26 años, dijo que un compañero de celda desarrolló una tos aguda y no paraba de pedir asistencia médica.[104] Los funcionarios lo ignoraron durante una semana hasta que le mostró a uno de ellos un pañuelo manchado de sangre.

En su declaración a AIJ, un hombre dijo que había pedido ayuda médica por un dolor, pero los guardias “se rieron y dijeron que estaba fingiendo”. Más tarde, dijo, dio positivo en una prueba de la tuberculosis.[105]

Rosa dijo que se cayó de su litera en el BTC en marzo.[106] Aunque las radiografías no mostraron ninguna fractura, el tobillo se le hinchó y le salieron morados. Estuvo caminando con dolor durante una semana antes de recibir muletas, después de haber pedido en repetidas ocasiones algún tipo de alivio.[107]

Carlos dijo que se despertó el 28 de mayo con fuertes dolores abdominales y de espalda. Llamó a un funcionario y le pidió asistencia de un médico.[108] El funcionario se negó, diciendo que no creía que fuera una urgencia médica. Carlos relató:

Tuve que tirarme al suelo y cuando el agente me dijo que saliera para el tiempo de ocio, le dije que no podía levantarme. Finalmente, los funcionarios me llevaron en camilla hacia el lugar de atención médica, donde un doctor me dijo que probablemente solo tenía gases y me ofreció un Pepto-Bismol y dos Tylenol. Tuve que negarme a salir hasta que el médico finalmente accedió a enviarme al hospital. En el hospital, el médico me hizo un TAC y vio que tenía una hernia de pared abdominal estrangulada. El médico me dijo que, si no hubiera ido al hospital en ese momento, probablemente se me habrían roto los intestinos.[109]

A finales de junio, el acceso a la atención médica en Krome había empeorado significativamente, dijeron los entrevistados. Carlos dijo el 25 de junio que, durante seis días, el personal del centro de detención no le había permitido a ninguno de los 98 detenidos que había en su celda hacer llamadas por motivos relacionas con enfermedades.[110] Carlos nos contó que, el 24 de junio, un adulto mayor empezó a decir que tenía problemas para respirar y dolores fuertes en el pecho. “Llamé al teniente y le conté lo que estaba pasando. Me dijo: ‘Esto no es una emergencia médica, haz una llamada por enfermedad’. Le dije que desde hace seis días no nos permitían hacer esas llamadas. Me contestó: ‘¿Sí? Pues esa es la misma situación para todos ahora mismo’”. Carlos relató que sus compañeros de celda comenzaron una huelga de hambre para protestar por el empeoramiento de las condiciones y solo después de la huelga los funcionarios llevaron al adulto recibir atención médica.

Privación de medicamentos

Las once personas entrevistadas para este informe que estuvieron detenidas en Krome dijeron que se les negó el acceso a la medicación, incluyendo durante su periodo de procesamiento en Krome.[111]

Andrea y Rosa, que llegaron a Krome a finales de febrero, dijeron que los agentes se negaron a darles los medicamentos que llevaban consigo cuando fueron puestas bajo la custodia del ICE, alegando que el centro no estaba autorizado a brindar atención médica a mujeres porque Krome era un centro de detención solo para hombres.[112]

Andrea estuvo detenida junto a una mujer con diabetes que fue hospitalizada después de que los agentes se negaran a suministrarle insulina.[113] Andrea también relató el caso de otra joven que sufrió de cálculos biliares y pedía constantemente su medicación:

Al cabo de dos días, [ella] empezó a vomitar bilis verde. Empezó a perder el conocimiento y nosotras gritábamos pidiendo ayuda. Nos tomó dos horas que los funcionarios nos prestaran atención y luego se tomaron otros 20 minutos antes de llevarla al hospital. Los médicos le extirparon la vesícula. A los dos días, la devolvieron a su celda en Krome.[114]

Andrea relató que otra compañera de celda también tuvo que ser trasladada al hospital.[115] Cuando las tres mujeres regresaron a Krome, los funcionarios se negaron a darles la medicación que les habían recetado en el hospital, alegando una vez más que no estaban autorizados a proporcionar tratamiento médico a mujeres.

En su séptimo día en Krome, cuando Andrea, su compañera de celda y las demás mujeres detenidas ya habían sido trasladadas de la celda inicial a pequeñas celdas en el ala de salud mental, los agentes las trasladaron al BTC. “Llegamos a BTC y bajamos del autobús”, relató Andrea. “Luego nos hicieron en fila y alguien nos preguntó: ‘¿Se sienten bien?’. Entonces tacharon nuestro nombre de una lista y nos enviaron de vuelta a Krome”.[116]

Rosa contó que, mientras estuvo detenida en la sala de procesamiento de Krome, pidió a los agentes analgésicos para los dolores menstruales, pero se negaron a dárselos y únicamente le dieron una compresa menstrual.[117]

Sam, un hombre que lleva detenido en Krome desde mediados de 2024, dijo que le han recetado siete medicamentos diarios para dolencias que incluyen migrañas severas, pero que el personal a veces no le daba ninguno de sus medicamentos; en una ocasión durante tres días consecutivos: “Me dan las migrañas y a veces son tan fuertes que tengo que pedir atención médica de emergencia”.[118] En Krome, “pedir atención médica de emergencia” significa que los detenidos tienen buscar la manera de llamar la atención de un funcionario y luego convencerlo de que tienen un problema médico grave.

Brian ya había estado detenido durante 14 meses en Krome en 2020. Ese momento, nos dijo, había compartido su estado médico con los funcionarios y le dieron tratamiento diario para el VIH indetectable.[119] El 2 de febrero de 2025, fue detenido de nuevo y llevado a Krome. Brian estuvo detenido en una celda de procesamiento durante seis días y, a pesar de sus peticiones, no se le permitió ver al personal médico ni recibir su medicación. Después del proceso de admisión, tuvo que esperar otros seis días para que el personal le permitiera ver a un médico y retomar su medicación, a pesar de que el centro ya tenía su historial médico en los archivos. Brian mostró a un investigador de Human Rights Watch su pulsera de detenido, en la que figuraba su fecha de entrada en el centro en 2020, lo que evidenciaba que el personal conocía su historial.

José dijo que los funcionarios se negaron a darle su medicación para el VIH durante los seis días del periodo de procesamiento y la semana posterior. Su VIH era indetectable cuando fue detenido, pero por no recibir su medicación durante 13 días, la carga viral aumentó hasta niveles detectables.[120]

Carlos dijo que tenía hipertensión y que en varias ocasiones se negaron a darle la medicación y no le permitieron asistencia de un médico cuando la solicitó. Después de pedir asistencia médica de urgencia tres veces, finalmente un médico lo atendió y le restableció su medicación diaria.[121]

Otros denunciaron que varias personas perdieron el conocimiento durante el periodo de procesamiento y no recibieron atención médica.

Chauhan padece diabetes, pancreatitis y cardiopatías. Su familia entregó a Krome un suministro de medicamentos para tres meses, incluyendo la insulina que necesita cuatro veces al día, pero el personal no le dio los medicamentos de manera consistente. Chauhan dijo que empezó a defecar heces blancas, lo que, según dijo, indicaba graves problemas de salud. Cuando fue trasladado al FDC a principios de marzo, Chauhan recibió algunos medicamentos para el corazón y un mínimo de insulina, pero ningún medicamento para la pancreatitis.[122]

Durante salida del FDC el 15 de abril, los funcionarios enviaron sus medicamentos a Krome, pero lo trasladaron al BTC, a pesar de que en varias ocasiones trató de alertar a los funcionarios sobre que su medicación debía viajar con él.[123]

Al llegar al BTC, a Chauhan le negaron acceso a todos sus medicamentos. Un médico desestimó su diagnóstico de asma, diciendo: “Nadie tiene asma después de los 18 años” y se negó a revisar su historial médico. Chauhan nos dijo: “Él solo quería reprenderme por lo que yo había hecho mal en mi vida para tener estas enfermedades”.[124] Cinco días después, el 20 de abril, se Chauhan se desmayó mientras hacía la fila para cenar.

Un familiar del compañero de celda de Chauhan le dijo a su hijo, Aaron, que Chauhan había sido enviado al hospital, pero el personal del BTC se negó a darle información al respecto.[125] Aaron acabó enterándose de que Chauhan había sido trasladado al Broward Health North Hospital por el departamento local del sheriff. Tras cientos de llamadas, Aaron logró hablar con un supervisor que le dijo que el personal del hospital había sido informado por el ICE de que no podían compartir nada sobre su padre porque estaba bajo custodia y porque la “información es confidencial”.

Después de tres días en el hospital, el ICE trasladó de nuevo a Chauhan al BTC, esposado, y únicamente a partir de ese momento comenzó a recibir su medicación con regularidad.[126]

La esposa de Jesús, un nicaragüense detenido en el BTC, contó que, después de su hospitalización el 8 de mayo, le dijeron que no podría hablar con él durante dos semanas. Ella nos contó que:

La última vez que hablé con él, me dijo que iba a hacer una huelga de hambre y que se quería morir... No sé si está vivo, si está muerto, si le están haciendo daño. Siempre creí que estas cosas no pasaban en este país... Mi esposo no tiene antecedentes [penales] aquí. Es un gran trabajador, un hombre de familia. Está incomunicado. No entiendo.[127]

Las condiciones descritas por las personas detenidas violan el artículo 10.1 del PIDCP, que exige que toda persona privada de libertad sea tratada de manera humana y con el respeto debido a su dignidad, así como el artículo 7 del PIDCP y el artículo 16 de la Convención contra la Tortura, que prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes.[128]

En virtud de la regla 24 de las Reglas Mandela, los reclusos deben tener acceso rápido a atención médica.[129] La privación de acceso a atención médica por razón de género también contraviene la regla 2 de las Reglas Mandela, que prohíbe la discriminación y exige la igualdad de trato para todos los detenidos.[130] Algunos de estos incidentes contravienen la regla 26 de las Reglas Mandela, que exige la continuidad de la atención durante los traslados.[131]

Estas prácticas parecen violar las PBNDS 2011, norma 4.3 (Atención Médica) y las NDS 2019, norma 4.3, que exigen que los detenidos tengan acceso oportuno a servicios médicos adecuados, incluyendo la atención a afecciones crónicas y de emergencia.[132] Las normas exigen que las solicitudes médicas sean clasificadas por profesionales de la salud cualificados, no funcionarios, y que la atención no tenga demoras injustificadas.

La falta de acceso atención médica por parte de las mujeres detenidas en Krome también violaría las PBNDS 2011, norma 4.4 (Atención médica a las mujeres), que exigen que todos los centros que alberguen a mujeres detenidas brinden atención médica específica para cada sexo, incluyendo medicamentos.[133] La privación de atención médica por razón de género también contraviene la norma 2.2 (Sistema de clasificación de la custodia), que prohíbe la discriminación en el acceso a los servicios.[134]

Algunas de las prácticas de casos mencionados también violarían las PBNDS 2011, norma 4.3, que requieren la continuidad de la atención durante los traslados, y la norma 7.4 (Traslados de detenidos), que exige que las necesidades médicas sean comunicadas y atendidas durante el transporte.[135]

Asistencia psicosocial o de salud mental inadecuada

Las personas detenidas entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que las solicitudes de atención psicológica a menudo eran respondidas con castigos o el aislamiento. Estas prácticas disuaden la búsqueda de asistencia, violan estándares internacionales de derechos humanos e indican un enfoque punitivo, en lugar de terapéutico, de la atención de salud mental en los centros de detención.

Carlos nos contó que necesitaba asistencia psicológica, que pidió a los funcionarios de Krome, pero solo se la dieron cuando dijo que tenía tendencias suicidas. Entonces le programaron una cita con una profesional de la salud mental que le recetó medicación. Carlos nos dijo que podía hablar con ella una vez al mes durante entre cinco y diez minutos.[136] Sam, que nos dijo que le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático por haber sido secuestrado varios años en Haití, dijo que veía a la profesional de salud mental dos veces al mes durante 15 minutos.[137]

Las personas detenidas en el BTC en Florida describieron un ambiente de miedo y desconfianza en torno al acceso a la atención de salud mental. Rosa relató que, aunque en el BTC ofrecen servicios de salud mental, quienes solicitan ver a un profesional de la salud mental corren el riesgo de ser puestos en aislamiento durante largos periodos, a veces durante semanas.[138] Por ello, muchos evitan revelar sus problemas de salud mental.

“Si pides ayuda, te aíslan. Si lloras, te pueden aislar durante dos semanas. Entonces la gente se queda callada”, nos dijo Rosa. Ella nos contó que una mujer que estaba detenida con ella en el BTC había sido llevada al pabellón psiquiátrico en varias ocasiones, durante varias semanas seguidas, porque lloraba frecuentemente. Cuando regresó a su celda, esta mujer le contó a Rosa que en el pabellón le habían inmovilizado los pies y las manos y que estar semanas allí la había traumatizado aún más.[139]

Pedro describió cómo fue testigo de cómo un compañero de celda en el BTC suplicaba ayuda para su salud mental y se la negaban. El hombre empezó a autolesionarse. En respuesta, nueve funcionarios lo sacaron de su celda y lo pusieron en régimen de aislamiento durante una semana. A su regreso, el hombre le dijo a Pedro que no había recibido ningún tipo de atención médica o psicológica durante el tiempo que había estado en aislamiento.[140]

Estos relatos sugieren que el sistema no proporciona una atención de salud mental adecuada y proactiva, como exigen las Reglas Mandela 24-27, 45 y 109, que ordenan el acceso a una atención de salud mental adecuada, prohíben el aislamiento punitivo por problemas de salud mental y exigen que el apoyo psicológico se proporcione de forma terapéutica, no punitiva.[141]

El uso del aislamiento solitario como respuesta a la angustia psicológica contraviene directamente la regla 45 de las Reglas Mandela, que prohíbe el uso del aislamiento para las personas con problemas de salud mental y exige que nunca se utilice como sustituto de una atención de salud mental adecuada.[142]

Estos relatos también apuntan a aparentes violaciones de las PBNDS 2011, norma 4.6 (Autolesiones Significativas y Prevención e Intervención del Suicidio), que exige servicios de salud mental oportunos y apropiados.[143] Las medidas que tienen efectos disuasorios sobre quienes buscan de asistencia contradicen directamente las PBNDS 2011, norma 2.12 (Unidades de Gestión Especial).[144] Este uso de la detención en régimen de aislamiento como respuesta a la angustia psicológica violaría la Directiva de 2013 del ICE sobre segregación, que se incorpora tanto a las normas de 2011 como a las de 2019. También violaría las PBNDS 2011, norma 4.6, que ordena que los individuos en riesgo de autolesión reciban intervención clínica-no aislamiento punitivo.[145]

Muertes bajo custodia

Desde principios de 2025, al menos once personas han muerto bajo custodia del ICE, cinco de ellas en Florida.[146] Falencias en la respuesta médica, negligencia del personal y el monitoreo inadecuado parecen haber estado relacionados con al menos dos de las muertes. Las muertes de Maksym Chernyak y Marie Ange Blaise ponen de manifiesto las consecuencias mortales de la negligencia médica y suscitan serias preocupaciones en cuanto a la rendición de cuentas.

Maksym Chernyak

Maksym Chernyak, un ucraniano de 44 años, murió alrededor del 20 de febrero de 2025 en el HCA Florida Kendall Hospital después de ser trasladado desde Krome. Según su esposa, Chernyak tenía buena salud antes de su detención. Poco después de ser trasladado a una celda en Krome, empezó a tener fiebre, dolor en el pecho y otros síntomas. A pesar de pedir atención médica, no fue atendido durante varios días.[147]

Cuando por fin recibió atención médica, le diagnosticaron hipertensión y se dieron analgésicos básicos y un antihistamínico para un doloroso hematoma que sufrió durante su detención, según el relato de su esposa. Su hipertensión no fue tratada.[148]

El 17 de febrero, Chernyak le dijo a su esposa que el corazón le latía de manera irregular y que tenía sangre en las heces.[149] Carlos, que estaba detenido en la misma celda que Chernyak, confirmó que Chernyak había estado visiblemente enfermo y había pedido ayuda médica en repetidas ocasiones. Durante las primeras horas del 18 de febrero, Chernyak comenzó a vomitar, babear y defecar sobre sí mismo, nos dijo Carlos.[150] Quienes estaban en la celda gritaron para pedir ayuda, pero al parecer el personal tardó entre 15 y 20 minutos en responder y señalaron a Chernyak de consumo de drogas. Carlos nos dijo que un agente le gritó: “¿Qué droga estás consumiendo? Es de esas de papel, ¿no?”. Con drogas de papel se refiere a sustancias sintéticas impregnadas en trozos de papel e introducidas de contrabando en los centros de detención. Los reclusos fuman o ingieren estos papeles. Carlos dijo que podía confirmar que Chernyak no había ingerido ninguna droga.[151]

Según Carlos, Chernyak fue trasladado en camilla.[152] Más tarde se declaró su muerte cerebral. Dos días después, falleció, según el Informe de Muertes de Detenidos del ICE.[153]

Marie Ange Blaise

Marie Ange Blaise, una mujer haitiana de 44 años que estaba detenida en el BTC, murió el 25 de abril de 2025. Rosa dijo que escuchó gritos desde una celda cercana y luego vio a Blaise, de rodillas, teniendo lo que Rosa pensó que era una convulsión. Rosa nos dijo:

Empezamos a gritar pidiendo ayuda, pero los guardias nos ignoraban. Finalmente, un funcionario se acercó despacio, la miró sin hacer nada más y se fue. Pasaron ocho minutos hasta que llegó el personal médico y otros 15 o 20 minutos hasta que llegó el equipo de rescate. Para entonces, ella ya no se movía.[154]

Tras una evaluación breve, un miembro del personal dijo que sería inútil seguir tratándola, nos dijo Rosa. Poco después Blaise fue declarada muerta.[155]

Rosa relató que tras la muerte de Blaise, el personal del BTC les advirtió a ella y a las otras mujeres que “dejaran de hacer comentarios sobre cosas que no sabían”, lo que Rosa percibió como un intento de silenciarlas.[156]

Según el Informe de Muertes de Detenidos del ICE, su muerte se produjo tras una serie de problemas médicos relacionados principalmente con hipertensión crónica y enfermedad renal. A pesar de que se le recetaron medicamentos y se le realizaron revisiones médicas periódicas, con frecuencia rechazaba los tratamientos para la hipertensión y otros medicamentos recetados, según el informe. Su estado empeoró con el tiempo, con lecturas de presión arterial elevadas persistentes y signos de enfermedad renal crónica.[157]

El trato que recibieron Chernyak y Blaise parece haber violado el artículo 6 del PIDCP, que protege el derecho a la vida y obliga a los Estados a tomar las medidas adecuadas para salvaguardar la vida de las personas detenidas. También contraviene las reglas Mandela 24-27, que exigen un acceso rápido a la atención médica y prohíben los retrasos en la respuesta de emergencia.[158]

El trato dispensado a Chernyak y Blaise también parece haber infringido múltiples normas del ICE, entre ellas las PBNDS 2011, norma 4.3 (Atención médica); la norma 4.6 (Autolesiones graves y prevención e intervención en caso de suicidio), que exige la respuesta inmediata del personal a las emergencias médicas y que todas las quejas relacionadas con la salud se traten con seriedad; y la norma 2.13 (Comunicación entre el personal y los detenidos), que exige que los detenidos puedan comunicar sus necesidades urgentes al personal y recibir respuestas oportunas.[159]

Alimentación inadecuada

Los entrevistados nos describieron condiciones alimentarias inadecuadas, así como que la comida era servida de forma degradante en Krome y el FDC. Se quejaron de horarios irregulares para las comidas, raciones reducidas, mala calidad y la negativa a facilitar dietas médicamente adecuadas para personas con enfermedades crónicas como diabetes y cáncer. Estas deficiencias no solo socavan la dignidad humana básica, sino que también violan estándares internacionales y los propios requisitos del ICE en materia de adecuación nutricional y dietas médicamente indicadas.

Tres hombres detenidos en Krome desde octubre de 2024 describieron un deterioro significativo en la calidad y el acceso a alimentación después del aumento del número de personas detenidas a partir del 20 de enero de 2025.[160]

Los entrevistados nos dijeron que, debido al hacinamiento, ya no se les permitía comer en el comedor y que se veían obligados a hacerlo en sus celdas. Los horarios de las comidas comenzaron a ser irregulares. A veces el almuerzo llegaba a las 6 p.m. y la cena a las 10 p.m.[161]

Chauhan y Juan relataron cómo un francés superviviente de cáncer de páncreas solicitó en Krome una dieta especial.[162] Juan dijo que había estado con el francés, quien pidió autorización a los funcionarios tres veces para obtener la dieta especial. “Al final lo autorizaron sobre el papel, pero a la hora de comer le daban la misma comida que a nosotros”, nos dijo Juan.[163] “Él necesitaba proteínas y ellos le daban lechuga”. Chauhan dijo que oyó a un agente del ICE decirle al francés: “Yo sé más que tu médico”, cuando volvió a pedir una dieta especial.[164]

Los hombres entrevistados que estuvieron detenidos en el FDC describieron los alimentos como casi incomibles. Las comidas incluían carne que a veces aún estaba congelada. Chauhan nos dijo que el centro no le dio una dieta adecuada para su enfermedad, lo que puso en grave riesgo su salud.[165]

Estas condiciones contravienen la regla 22 de las Reglas Nelson Mandela, que exige que se proporcione a los reclusos alimentos nutritivos a las horas habituales y en cantidad y calidad adecuadas, y la regla 26, que exige que los detenidos con necesidades dietéticas especiales reciban una alimentación apropiada y que se atiendan sus necesidades médicas.[166] El artículo 10.1 del PIDCP exige además que todas las personas privadas de libertad sean tratadas con humanidad y dignidad, lo que incluye el acceso a una alimentación adecuada.

Estas condiciones también parecen violar las PBNDS 2011, norma 4.1 (Servicio de Alimentación) y el Estándar de Servicio de Alimentación NDS 2019, que requieren que los detenidos reciban comidas nutricionalmente equilibradas servidas en horarios razonables y consistentes.[167] En virtud de dicha norma, los centros deben garantizar que el servicio de comidas no se vea comprometido por cuestiones operativas como el hacinamiento, y que las comidas se sirvan de manera higiénica y humana, con tiempo y espacio adecuados para el consumo. Tanto las PBNDS 2011, norma 4.1, como las NDS 2019 exigen que se proporcionen dietas especiales cuando así lo prescriba el personal médico por razones médicas, religiosas u otras razones apropiadas. El personal médico, no el personal de seguridad, debe tomar las decisiones dietéticas en función de las necesidades clínicas. Los detenidos con enfermedades crónicas como la diabetes deben recibir el apoyo nutricional adecuado para controlar su salud.

Uso de la fuerza

Durante un hecho violento ocurrido el 15 de abril en el FDC, un equipo de control antidisturbios de la Oficina de Prisiones (BOP) hizo uso de la fuerza contra un grupo de detenidos bajo la custodia del ICE que protestaban por sus condiciones de detención y pedían atención médica e implementos de primera necesidad.[168] Brian y José nos contaron que los guardias utilizaron granadas aturdidoras, violencia física, medidas coercitivas y amenazas verbales. Sus relatos coinciden con las declaraciones escritas de otro hombre que estaba presente.[169] Brian dijo que los agentes apagaron una cámara de vigilancia.

El 15 de abril de 2025, entre 50 y 56 hombres fueron trasladados de Krome al FDC de Miami. Al entrar en el edificio, un agente de la BOP les dijo: “Bienvenidos al infierno”, antes de gritar: “De cara a la pared, hijos de puta”. José nos dijo que preguntó a los funcionarios por qué les hablaban tan irrespetuosamente y el funcionario respondió: “Esto no es Krome, esto es Federal”.[170] Brian y José nos contaron que el grupo permaneció casi nueve horas en una pequeña celda sin comida ni agua.

Durante ese tiempo, Brian, que no había recibido su dosis diaria de medicación y ni su inhalador, empezó a escupir sangre y respirar con dificultad.[171] A pesar de las múltiples peticiones de ayuda, los funcionarios ignoraron al grupo durante dos horas, hasta que Brian y José arrojaron una bandeja contra la pared para llamar la atención. Fue entonces cuando trasladaron a Brian de la celda en la que estaba a otra más pequeña, separada de la principal por barrotes.

Los hombres que quedaban en la celda principal empezaron a gritar para pedir comida y agua.[172] Cuando los volvieron a ignorar, decidieron desbordar el inodoro para inundar el lugar en el que estaban, en otro intento de llamar la atención de los funcionarios. La respuesta fue el despliegue de un equipo de control de disturbios del BOP. Brian dijo que vio al personal utilizar una escalera para desactivar el sistema de rociadores y luego vio a un segundo equipo de control de disturbios unirse al primero, y ambos entraron en la celda armados con escudos, pistolas de perdigones y granadas aturdidoras y de humo.[173]

El equipo ordenó a los hombres de la celda que agacharan la cabeza y lanzó dos granadas aturdidoras dentro de la celda. Luego, obligaron a los detenidos a acostarse boca abajo en el suelo húmedo y sucio mientras los agentes les ataban las manos a la espalda con amarras.[174] Brian dijo que oyó a un agente ordenar que se apagara la cámara de la sala y, justo después, un miembro del equipo abofeteó a José mientras le gritaba  “Cierra la puta boca”, según su relato. Otros amenazaron a los detenidos, diciendo que todos eran delincuentes y que serían deportados a El Salvador.

José se cayó hacia atrás y, debido a que tenía las manos atadas a la espalda con una amarra, el dedo meñique se le dobló al caer contra una silla. Él mismo intentó inclinarse hacia delante para evitar la presión sobre el dedo, pero un agente lo empujó contra la silla con más fuerza, lo que le fracturó el dedo.[175] Otro hombre, que no había estado presente durante el incidente, pero que compartía celda con el herido, nos dijo haber visto la lesión.[176] Más de un mes después, cuando Human Rights Watch entrevistó a José, su dedo aún le dolía y seguía hinchado.

José y los demás hombres de la celda pasaron la noche detenidos en el piso 15 del FDC sin colchones, mantas, comida ni agua. Durante el confinamiento permanecieron amarrados y sin artículos de primera necesidad. A pesar de las lesiones visibles y los problemas de salud crónicos de algunos de los detenidos, incluyendo hipertensión y diabetes, ninguno recibió atención médica durante su estancia en el FDC. Al día siguiente los regresaron a Krome.[177]

El 5 de junio, un grupo de detenidos en Krome hizo una protesta silenciosa en contra de su prolongada detención al aire libre en la cancha de baloncesto.[178] Según dos detenidos, el 6 de junio los agentes comenzaron a trasladar fuera del centro a muchos detenidos, incluyendo a los que habían participado en la protesta.[179] El día de la protesta, el módulo en el que Carlos estaba detenido albergaba a unas 140 personas, según su relato, pero al día siguiente el número se redujo a 45. Carlos dijo que el 6 de junio estaba en una celda de procesamiento, porque acababa de regresar del hospital tras una intervención médica. En la celda de procesamiento, vio cómo los funcionarios intentaban obligar a un grupo de detenidos a subir a un autobús con destino al FDC. Carlos relató que algunos de los hombres se negaron a moverse, por lo que un grupo de cuatro o cinco oficinas comenzó a saltar sobre un detenido, comenzó a golpearlo contra el suelo, luego lo amarraron y arrastraron hasta el autobús. Dijo que vio a los agentes hacer esto al menos a cuatro hombres. Durante estos hechos, Carlos escuchó que los hombres llamaban a un agente del ICE que estaba presente, para pedirle que interviniera. Carlos dijo que el agente del ICE dijo: “No importa, se tienen que subir al autobús”.

El trato descrito por estos entrevistados viola el artículo 10.1 del PIDCP, que exige un trato humano a todas las personas privadas de libertad.[180] La Regla Mandela 45 estipula que la reclusión en régimen de aislamiento solo se utilizará en casos excepcionales como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a un examen independiente, y únicamente previa autorización de una autoridad competente.[181]

En general, no parece que hubiera ninguna justificación posible para el uso de la fuerza descrito por los entrevistados en estas circunstancias, y que el uso de la fuerza fue excesivo y totalmente indiscriminado. Además, la conducta en FDC parece violar las NDS 2019, norma 2.8 (Uso de la fuerza y restricciones), que prohíbe el uso de la fuerza como castigo y exige que cualquier uso de la fuerza sea necesario, proporcionado y documentado.[182] La inutilización de equipos de vigilancia y los malos tratos físicos denunciados suscitan serias dudas sobre la rendición de cuentas y el posible encubrimiento.

La conducta en Krome parece violar las PBNDS 2011, norma 2.15 (Uso de la fuerza y restricciones), que estipula que los agentes solo utilizan la fuerza necesaria y razonable después de que hayan fracasado todos los esfuerzos razonables para resolver una situación de otra manera.

Tratos degradantes

Las personas entrevistadas para este informe relataron abusos físicos, acoso verbal y tratos degradantes por parte del personal del centro de detención. Compartieron detalles de inmovilizaciones forzadas, registros invasivos injustificados, conductas humillantes por parte de los funcionarios y traslados punitivos. Este tipo de tratos no solo puede causar daños psicológicos duraderos, sino que también viola estándares internacionales de derechos humanos y las propias directrices de detención del ICE.

Tres hombres que estuvieron detenidos en el FDC y que hablaron con Human Rights Watch dijeron que los agentes y el personal médico se burlaban de ellos.[183] Chauhan dijo que un funcionario de la Oficina de Prisiones se burló de él por haber sido propietario de un restaurante y ahora estar sirviendo comida en un centro de detención. Chauhan nos dijo que un funcionario ponía regularmente una canción soez, “Culo Con Caca”, por el interfono, y gritaba la letra. Un segundo funcionario se sumó y ponía la misma canción desde su teléfono, con lo que el sistema de sonido del centro de detención se convirtió en un instrumento de humillación.[184]

Brian había protestado por su traslado de Krome al FDC. Nos dijo que un agente le había dicho que el traslado, que tuvo lugar pocos días antes de la visita de un congresista a Krome después de recibir informes sobre el empeoramiento de las condiciones, sería temporal.[185] A su llegada al FDC, Brian empezó a escupir sangre y fue trasladado de la celda principal, donde estaba detenido con un grupo más grande, a una celda más pequeña. Luego, funcionarios del BOP lo llevaron a ver a un médico. Brian dijo que escuchó al médico decirles a los funcionarios del BOP: “Él no es nuestro problema”, de una manera que sintió profundamente degradante, y les dio instrucciones para asegurar el regreso de Brian a Krome. Después, según Brian, los funcionarios del BOP se negaron a darle los medicamentos esenciales y lo encerraron durante la noche en condiciones especialmente inhumanas, en una sala de reconocimiento médico manchada de sangre, sin comida ni agua. “Había sangre en la cama y alrededor del inodoro. Estaba enfermo, solo, y me dejaron allí... Sentí como si fuera a morir... Solo quería mis medicamentos”, dijo Brian.[186]

Chauhan y Pedro contaron que, a su llegada al FDC a finales de marzo y principios de abril, y de nuevo tras recibir visitas, incluyendo un abogado, los agentes los obligaron a someterse a registros visuales invasivos de las cavidades.[187] Pedro describió la situación de la siguiente manera: “Cuando volví a mi celda, después de una visita, tuve que desnudarme completamente delante de un funcionario, darme la vuelta, agacharme, ponerme a cuatro patas y toser”.[188]

Al parecer, estos registros fueron hechos sin alguna justificación. Chauhan dijo que, después de una visita de asesoría legal, el 6 de abril, no fue sometido a ese registro y que por casualidad escuchó que un funcionario le decía a otro que los detenidos del ICE no necesitaban someterse a tales procedimientos, lo que suscitó dudas sobre por qué se los habían utilizado inicialmente.

Chauhan y Pedro describieron un proceso de traslado a mediados de abril. A primera hora de la mañana reunieron a decenas de hombres en una celda, con los pies encadenados y las manos amarradas a la espalda.[189] Los dejaron en la habitación durante horas, dijo Chauhan:

Para cuando eran las 5 p.m. nadie había almorzado. Algunos ni siquiera habían desayunado. Podíamos ver, a través de los barrotes de nuestra celda, que la comida estaba en contenedores de poliestireno sobre un carrito. Estaba delante de nosotros, pero los funcionarios se negaban a dárnosla. A las 7 p.m., por fin nos dieron de comer, pero solo después de que otro funcionario protestó en nuestro favor. Estábamos encadenados, así que no podíamos alcanzar los platos con las manos. Teníamos que poner los platos en sillas y luego agacharnos y comer con la boca, como perros.[190]

“Teníamos que comer como animales”, también nos dijo Pedro.[191]

Los detenidos permanecieron en la celda hasta que los subieron a los autobuses para trasladarlos aproximadamente a las 10 p.m. Sim embargo, los autobuses solo comenzaron el traslado hasta aproximadamente la 1 a.m. del día siguiente.[192]

Chauhan dijo que, a principios de febrero, cuando fue trasladado por primera vez a Krome para ser procesado, presenció cómo un agente del ICE pateaba a un adulto mayor herido durante un recuento en la celda de procesamiento.[193]

A finales de mayo, un agente se burló de él durante la toma de lista, refiriéndose a él como “Chihuahua” en lugar de Chauhan. El agente se burló de los apellidos de otros detenidos en celdas vecinas. Más tarde, después de que el abogado del compañero de celda de Chauhan presentara una queja ante el BTC, un agente se le acercó a Chauhan para preguntarle por qué había considerado aquello como un comportamiento burlón y le dijo que solo se trataba de un error. Chauhan relató que otro funcionario le dijo que el agente que se había burlado de su nombre había sido suspendido unos días, pero que no tardó en verlo de nuevo de servicio.[194]

Los tratos descritos viola el artículo 10.1 del PIDCP, que exige que toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a su dignidad.

Las deshumanizadoras condiciones de traslado descritas por los entrevistados violan el artículo 10.1 del PIDCP y el artículo 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíben el trato degradante.[195] También contravienen la Regla Mandela 22, que exige que las comidas se sirvan de forma humana y digna; la Regla Mandela 47, que limita el uso de medios de coerción y prohíbe su uso como castigo o durante periodos prolongados.

Los actos de humillación y abuso verbal violarían las PBNDS 2011, norma 2.10 (Registros de detenidos) y las NDS 2019, norma 2.10, que exigen que el personal trate a los detenidos con dignidad y prohíben el abuso verbal, el acoso o la humillación.[196] El uso del equipo del centro para degradar a los detenidos refleja un fallo de supervisión y una cultura de impunidad.

Las condiciones deshumanizadoras del traslado parecen violar las NDS 2019, norma 4.1 (Servicio de comidas), que exige que las comidas se sirvan de forma humana e higiénica, y la norma 2.8 (Uso de medios de coerción), que prohíbe el uso prolongado o punitivo de medios de coerción y exige que los detenidos puedan comer y usar el baño de forma segura.[197]

El agente que patea a un detenido en el suelo también constituye una clara violación de las PBNDS 2011, norma 2.10, que prohíbe el maltrato físico en cualquier circunstancia.[198]

Confinamientos

Los entrevistados relataron que en el FDC a menudo se les imponían confinamientos frecuentes y prolongados, durante los cuales todas las personas detenidas deben permanecer en sus celdas, sin una justificación clara. El resultado era que los detenidos permanecían confinados en sus celdas durante largos periodos, a veces días, sin acceso a actividades recreativas, atención médica o espacios comunes. Pedro recordó un confinamiento que duró casi cuatro días.[199] Pedro y Chauhan contaron que estos encierros se desencadenaban habitualmente cuando faltaba personal en el centro, donde a veces solo había un funcionario de guardia, y duraban hasta que llegaba el siguiente turno.[200] Durante estos encierros, permanecían confinados en sus celdas sin excepción.

Estos encierros sugieren un uso indebido de medidas restrictivas para gestionar deficiencias operativas. Estas prácticas no solo causaron daños físicos y psicológicos significativos, sino que también violan estándares internacionales de derechos humanos y las propias directrices de detención del ICE, que prohíben el confinamiento arbitrario y exigen que todas las personas bajo custodia sean tratadas con dignidad, se les proporcione ejercicio diario al aire libre y se les conceda acceso oportuno a la atención médica y a las instalaciones comunes.

La privación de de actividades recreativas, atención médica y acceso a espacios comunes contraviene múltiples disposiciones de las Reglas Nelson Mandela, entre ellas la regla 23, que exige que todos los reclusos tengan al menos una hora diaria de ejercicio al aire libre; la regla 24, que ordena el acceso rápido a la atención médica; y la regla 43, que prohíbe el uso del confinamiento prolongado en celdas como sustituto de una dotación adecuada de personal o de la gestión de las instalaciones.[201]

Los encierros sin justificación violarían las PBNDS 2011, norma 2.12 (Unidades de Gestión Especial), que exige que cualquier restricción de movimiento o acceso a servicios se base en razones claramente documentadas y justificadas.[202] El uso de confinamientos como respuesta rutinaria a la escasez de personal socava la intención de la norma de garantizar que los detenidos no sean sometidos a confinamiento arbitrario o prolongado. La privación de actividades recreativas, atención médica y acceso a las zonas comunes contraviene además múltiples disposiciones de las NDS, entre ellas la norma 5.2 (Actividades recreativas), que exige que los detenidos dispongan de al menos una hora diaria de actividades recreativas al aire libre, si el tiempo lo permite; la norma 4.3 (Atención médica), que exige el acceso oportuno a los servicios médicos, incluso durante emergencias en el centro o interrupciones del funcionamiento; y la norma 4.1 (Salud y seguridad ambiental), que garantiza que los detenidos tengan acceso a espacios comunes limpios y seguros.[203]

Falta de actividades recreativas o educativas

Todos los hombres entrevistados que estuvieron detenidos durante periodos prolongados en Krome describieron una ausencia casi total de actividades significativas, incluyendo durante periodos de hacinamiento grave.[204] La falta de programas recreativos estructurados y de oportunidades de participación socava el bienestar mental y físico de los detenidos y vulnera tanto las normas internacionales como las propias directrices del ICE, que exigen condiciones de detención humanas y rehabilitadoras.

Durante el momento de mayor hacinamiento en Krome, en febrero y marzo de 2025, los entrevistados nos dijeron que el acceso a actividades recreativas era bastante restringido. Durante algunas semanas, dijeron, el tiempo de ocio solo se ofrecía una vez cada varios días y, en algunos casos, solo una vez a la semana durante 30 minutos. Aunque a principios de mayo se había reanudado el tiempo de ocio diario en Krome, los entrevistados dijeron que se limitaba a una hora al día. Esta única hora también era el único momento en el que podían acceder al quiosco, por lo que tenían que elegir entre la actividad física y la compra de productos básicos.[205]

Más allá de esto, los entrevistados nos describieron una ausencia casi total de actividades estructuradas. Aparte de los trabajos en prisión o las visitas a la biblioteca jurídica de la prisión, no disponían de ningún programa educativo, profesional o de rehabilitación.[206]

La regla 23(1) de Mandela establece que todos los reclusos, sin excepción, deben poder realizar al menos una hora diaria de ejercicio adecuado al aire libre.[207] La restricción del tiempo de recreo a una vez a la semana durante 30 minutos durante el hacinamiento, así como tener que decidir entre el ejercicio y el acceso al economato, está muy lejos de cumplir con este estándar de derechos humanos.

La regla 4 de Mandela hace señala la importancia de la rehabilitación y la reinserción y exige que los regímenes penitenciarios ofrezcan educación, formación profesional y programas recreativos.[208] La ausencia de este tipo de programas en Krome refleja el incumplimiento incluso de las expectativas más básicas de una detención humanitaria.

La ausencia total de programas estructurados también parece violar múltiples disposiciones de las PBNDS 2011, incluyendo la norma 5.5 (Prácticas Religiosas) y la norma 5.8 (Programa de Trabajo Voluntario), que fomentan la provisión de actividades estructuradas, incluyendo servicios religiosos y programas dirigidos por voluntarios, para apoyar el bienestar de los detenidos. La norma 5.4 (Recreación) recomienda que las instalaciones ofrezcan oportunidades educativas y vocacionales, incluyendo clases de ESL y acceso a materiales de lectura, para promover el desarrollo personal y reducir la ociosidad.[209]

Contexto federal y estatal que ha llevado al aumento del número de detenidos en Florida

Las condiciones abusivas detalladas anteriormente se produjeron en un contexto político federal y estatal más amplio, incluyendo la aprobación de la Ley Laken Riley, el desmantelamiento de los estatutos humanitarios y la proliferación de los acuerdos 287(g). Estas medidas ha incrementado drásticamente el margen para detener a personas, lo que daría lugar a muchos de los abusos descritos en este informe.

Cambios en la legislación federal

Ley Laken Riley

En enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley Laken Riley, una ley de gran alcance que obliga a detener a los migrantes indocumentados “acusados, detenidos, condenados, que admitan haber cometido o que admitan haber cometido actos que constituyan los elementos esenciales de” una serie de delitos enumerados.[210] La Ley crea un régimen de detenciones masivas injustificables y propicia otros abusos, incluyendo a través de la vinculación del poder estatal con la aplicación de las leyes federales de migración.[211]

El tipo de delitos que dan lugar a la detención obligatoria en virtud de la Ley es extremadamente amplio e incluye muchos delitos no violentos. Por ejemplo, obliga a detener a los migrantes indocumentados detenidos por delitos relacionados con el hurto, como el robo en tiendas.[212]

La ley también faculta a los fiscales generales de los estados a demandar al gobierno federal por no detener o deportar a las personas según lo dispuesto en la Ley.[213] Un estado puede emprender acciones legales si cree haber sufrido un perjuicio económico de tan solo 100 dólares debido a la inacción federal.

La ley aumentaría las consecuencias por cometer una infracción de tráfico o sufrir una acusación falsa, lo que expone a más personas a una detención indefinida.

Es probable que la Ley afecte de manera desproporcionada a las comunidades de color, en particular a los migrantes latinos y negros, que ya están excesivamente vigilados y desprotegidos.[214]

La promulgación de la Ley Laken Riley forma parte de un retroceso más amplio de los derechos de los migrantes en Estados Unidos, incluyendo la designación de algunos migrantes como “extranjeros enemigos” y su deportación a centros de detención en régimen de incomunicación y en condiciones abusivas en El Salvador;[215] la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo de terceros países a Panamá y Costa Rica, al tiempo que se les niega toda oportunidad de solicitar asilo;[216] ataques al derecho de nacionalidad por nacimiento;[217] ampliar el uso de procedimientos rápidos de “expulsión acelerada”;[218] la suspensión del parole y el estatus de protección temporal de nacionales de diversos países donde existen violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo Venezuela, Haití y Afganistán;[219] y la suspensión total de admisión de refugiados, excepto para sudafricanos de etnia afrikáner u otras minorías raciales, en virtud de una política justificada por el temor a futuras persecuciones.[220]

Revocación del estatus de protección temporal y el parole humanitario

El estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un estatus migratorio humanitaria creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros en Estados Unidos que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura debido a condiciones extraordinarias.[221] Entre estas condiciones se incluyen conflictos armados en curso, catástrofes medioambientales y otras condiciones extraordinarias y temporales que impiden un regreso seguro.

El TPS lo concede el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando determina que no es seguro regresar a un país. El parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) lo concede el secretario del DHS caso por caso y requiere un patrocinador residente en Estados Unidos. En ambos casos es necesario comprobar los antecedentes de las personas.

El TPS se diseñó para llenar algunos vacíos de protección en el sistema de asilo estadounidense, especialmente para las personas que huyen de la violencia generalizada o la inestabilidad, cuyas circunstancias individuales no se ajustan necesariamente a la definición de refugiado de la legislación estadounidense.[222] El TPS tiene deficiencias: es un estatus temporal que a menudo se prolonga durante años, pero no ofrece una vía hacia el estatus permanente. A pesar de ello, ha salvado muchas vidas al ofrecer una protección general.

Actualmente, el TPS está en peligro, ya que la administración Trump ha reanudado los esfuerzos que inició durante su primer periodo para reducir o poner fin a las designaciones de TPS para varios países, incluyendo Afganistán, Haití, Nicaragua y Venezuela.[223] La administración Trump sostiene que muchas de las condiciones que originalmente justificaban el TPS ya no existen y que el programa se ha extendido más allá de su alcance temporal previsto.[224]

El TPS de 2023 para los ciudadanos venezolanos fue revocado por la administración, sin embargo, un tribunal federal bloqueó temporalmente la revocación.[225] A partir del 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración Trump a poner fin al TPS para los ciudadanos venezolanos mientras continúan los procesos legales.[226] Florida sería el hogar de más de 200.000 venezolanos con TPS.[227]

El TPS para los nicaragüenses y hondureños vence el 8 de septiembre de 2025 y para los venezolanos vence el 10 de septiembre de 2025.[228]

[229]

El TPS para los afganos también estaba previsto que finalizara el 14 de julio de 2025, pero una orden judicial retrasó esa finalización una semana, hasta el 21 de julio de 2025.[230]

Además, la administración Trump ha revocado el parole humanitario, que ofrece una protección adicional frente a la deportación, en particular, para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, a quienes se les permitió ingresar a los Estados Unidos bajo circunstancias específicas, incluyendo tener un patrocinador en los Estados Unidos. El 30 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la orden de un juez federal que inicialmente detuvo el plan de la administración Trump de revocar el parole humanitario para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Casi medio millón de personas podrían ser afectadas por esta decisión.[231]

Cambios en la legislación estatal

Acuerdos 287(g)

El aumento de las detenciones de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida está íntimamente relacionado con el aumento de acuerdos en virtud de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA) (denominada en este informe “programa 287(g)” o “287(g)”). El programa 287(g) permite al ICE delegar la aplicación de las leyes federales de migración en las fuerzas de seguridad estatales y locales.[232] El artículo 287(g) se añadió a la INA mediante la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996. Florida fue uno de los primeros estados en participar, firmando su primer acuerdo 287(g) en 2002.[233]

En 2022, los legisladores de Florida aprobaron el proyecto de ley SB 1808, que exige que todo organismo policial que tenga a cargo un centro de detención suscriba un acuerdo 287(g) con el ICE.[234] En la actualidad, todos los condados de Florida tienen al menos un acuerdo 287(g) con el ICE.[235]

A pesar de la ley de 2022, el mayor aumento de acuerdos 287(g) en Florida se ha producido desde la segunda toma de posesión del presidente Trump. Más del 83 % de los 285 acuerdos 287(g) activos al 3 de junio de 2025 se firmaron a partir del 7 de febrero de 2025. Después de que el gobernador Ron DeSantis ordenara a la policía de Florida que celebrara un Memorando de Acuerdo con el ICE, se han firmado 234 acuerdos.[236]

La cooperación de Florida con el ICE supera con creces la de cualquier otro estado. En junio de 2025, de los 718 acuerdos 287(g) activos en todo el país, 285 se firmaron con organismos policiales de Florida, y otros 15 están pendientes en ese estado en el momento de redacción de este informe.[237] Texas, el siguiente estado con mayor número de acuerdos, ha firmado 100. Florida la tasa más alta de acuerdos en relación con la cantidad de cuerpos policiales y por población. Más del 75 % de los cuerpos de seguridad de Florida han firmado acuerdos, una proporción mucho más alta en comparación con el siguiente estado en la clasificación, Wyoming, donde el 11 % de los organismos policiales han firmado acuerdos.[238] Estos acuerdos en Florida incluyen a la policía del campus de al menos 15 instituciones educativas, 12 de ellas universidades.[239]

Ley SB 1718 del Senado de Florida

La ley SB 1718 del Senado de Florida entró en vigor en julio de 2023 y obliga a los hospitales a preguntar por el estatus migratorio. Esto parece haber disuadido a muchos de buscar atención médica, incluyendo en casos de emergencia.[240]

Un informe realizado en 2024 por la Universidad del Sur de Florida reveló que el 66 % de los ciudadanos no estadounidenses en Florida aseguraron tener una mayor reticencia a acudir a servicios médicos.[241] Esto ha dado lugar a tasas de vacunación más bajas, enfermedades crónicas no tratadas y mayores riesgos para la salud pública, icnluyendo la propagación de enfermedades infecciosas. El actual contexto, marcado por un mayor temor a la detención y la deportación, agravará estos riesgos.

Una profesional de la salud de un centro médico de Miami que atiende a personas sin hogar, entre las que se encuentran muchos ciudadanos estadounidenses sin documentos, dijo que han aumentado los índices de inasistencia de los pacientes. A principios de mayo, les dijo a los investigadores: “Ayer vino una paciente con problemas de salud mental. Cuando se marchó, vio a agentes de migración en la estación de autobuses. Tenía que volver hoy para el seguimiento, pero llamó para decir que estaba demasiado asustada”. La profesional de la salud nos dijo que los médicos se están adaptando y añadió: “Estamos debatiendo si deberíamos dar a los pacientes prescripciones de tres meses, en lugar de uno, para que no tengan que volver con tanta frecuencia”.[242]

Una mujer cuya pareja fue detenida dijo que su padre, que tiene diabetes, fue a su farmacia local a recoger medicamentos, pero se encontró con agentes del ICE allí. Tuvo que esperar a que pasaran varios días para ir cuando ya no hubiera agentes del ICE. También dijo que no iría a un hospital a menos que estuviera gravemente enfermo.[243]

Ley 4-C del Senado de Florida

La Ley del Senado 4-C (SB 4-C) es una ley estatal que impone sanciones penales a las personas que transporten migrantes indocumentados a Florida, independientemente de su intención o relación con la persona transportada.[244] En abril de 2025, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés), junto con Americans for Immigrant Justice (AIJ), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varios demandantes individuales, presentaron una demanda contra el fiscal general de Florida, James Uthmeier y contra el proyecto de ley, argumentando que es inconstitucional.[245]

En una importante victoria inicial de los demandantes, la juez de distrito Kathleen Williams emitió en abril una medida cautelar para bloquear la aplicación de la ley.[246] La corte consideró, entre otras cosas, que los demandantes habían articulado un argumento plausible sobre cómo la SB 4-C viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos al inmiscuirse en la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la aplicación de la ley de migración. Posteriormente, la corte declaró a la Fiscalía General en desacato por no cumplir la orden judicial.[247] En respuesta, el fiscal general de Florida apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en un intento por bloquear la orden judicial.

Florida ha apelado la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito. El tribunal de apelaciones confirmó la orden judicial el 6 de junio de 2025.[248] La Fiscalía General presentó una moción para suspender el orden judicial el 17 de junio de 2025.[249]

Aumento de la detención de migrantes en todo el país

A finales de junio de 2025, el número de personas detenidas por motivos de migración superaba las 56.000, un máximo histórico, y la cifra más alto desde 2019, durante la primera administración Trump. Desde la segunda toma de posesión de Donald Trump, la población diaria ha aumentado más de un 42 %.[250]

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El ICE generalmente realiza las detenciones dentro de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detiene a las personas que son inadmisibles en los puertos de entrada y a las personas que ingresan de manera ilegal por fuera de los puertos de entrada designados, generalmente a lo largo de las 100 millas de la frontera. El aumento de la población detenida a partir del 20 de enero ha sido impulsado por las detenciones del ICE en el interior del país, mientras que los “encuentros” de la CBP han disminuido.[251]

El número de personas detenidas por el ICE en mayo de 2025 era más del doble que en enero de 2025 o que en mayo del año anterior.

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El ICE publica datos sobre la población de los centros de forma intermitente, pero solo publica la población diaria promedio (ADP, por sus siglas en inglés) de cada centro de detención durante el año fiscal hasta la fecha (FYTD, por sus siglas en inglés), lo que no permite comprender los niveles de población actuales o temporales, sino solo cómo ha variado la media desde el año fiscal que comenzó el 1 de octubre. Human Rights Watch hizo estimaciones de las poblaciones diarias promedio en centros de detención individuales utilizando el método de la ADP por intervalos.[252]

Aumento de la detención de migrantes en Florida

La detención de migrantes en Florida ha seguido una dirección similar a la tendencia nacional. La población diaria estimada en los centros de Florida a finales de mayo era un 130 % superior a la de la semana previa al 20 de enero de 2025, cuando fue la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

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Del 21 al 26 de abril de 2025, las fuerzas de seguridad de Florida iniciaron la mayor operación conjunta estatal y federal de control de migración de la historia del estado, apodada Operación Maremoto.[253] La operación fue un esfuerzo coordinado entre el ICE, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos y las fuerzas del orden estatales y locales de Florida, muchas de las cuales operan en virtud de acuerdos 287(g). Durante los seis días que duró la operación, 1.120 personas fueron detenidas en todo el estado, el mayor número de detenciones relacionadas con la migración en un solo estado en una semana en la historia del ICE.[254] Según los funcionarios, el 63 % de los detenidos tenían condenas penales previas (lo que incluye a personas cuya única condena fue cruzar la frontera sin autorización o cruzar la frontera tras una deportación previa) u órdenes de expulsión pendientes. El 37 % restante no tenía antecedentes penales.[255]

El 25 de mayo de 2025, alrededor del 78 % de todos los migrantes detenidos en Florida estaban recluidos en uno de los tres centros de la zona de Miami en los que se centra este informe, incluyendo el 43 % en Krome, el 21 % en el BTC y otro 13 % en FDC.

En Krome hubo un aumento significativo en el número de detenidos y en el FDC hubo un aumento en el número de nuevos detenidos del ICE. En el año anterior a la toma de posesión de Trump, la población media diaria en Krome era de unas 580 personas, lo que se encuentra dentro de su capacidad operativa según los registros del ICE. A mediados de marzo de 2025, casi el triple de personas, aproximadamente 1.677, estaban detenidas ahí, en el mismo espacio.

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A medida que han aumentado las detenciones, una proporción mucho mayor de lo habitual de los detenidos en Krome no tiene condenas penales ni casos pendientes. Durante los 18 meses anteriores a la toma de posesión de Trump, el 20 de enero de 2025, alrededor de un tercio de los detenidos en Krome no tenían ninguna condena penal o caso pendiente, mientras que dos tercios sí la tenían. A principios de junio, dos de cada tres personas detenidas allí en un día cualquiera no tenían ninguna condena penal o caso pendiente. En los últimos datos disponibles, a 25 de mayo, en Krome había a aproximadamente 850 personas, cerca el 146 % de su capacidad, sin condenas penales ni casos pendientes.

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Muchos de los detenidos recluidos en condiciones de hacinamiento extremo en Krome no tienen que estar legalmente detenidos en virtud de la legislación sobre migración, incluyendo la Ley Laken Riley. Desde el aumento de la población detenida a principios de marzo, entre el 50 y el 62 % de los detenidos de Krome están recluidos por el ICE en virtud de un amplio abanico de estatutos, reglamentos y jurisprudencia federales. El resto podría, al parecer, ser puesto en libertad.[256]

El FDC es un centro de la Oficina de Prisiones (BOP) en el que suelen estar recluidas personas condenadas por delitos en cortes federales. Antes del 27 de febrero de 2025, durante un año o más, en el FDC no hubo ningún migrante detenido. A mediados de marzo, en el FD había más de 600 detenidos del ICE, según estimaciones de Human Rights Watch. Los datos de la ADP muestran que entre el 42 y el 52 % de los hombres detenidos por el ICE en el FDC desde marzo no tienen condenas penales ni casos pendientes.

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La detención de migrantes en el BTC se ha mantenido relativamente estable desde enero de 2025. A principios de año, había unos 700 detenidos. A finales de mayo, esa cifra se había reducido a 644. Alrededor del 20 % de los detenidos son mujeres. Aproximadamente el 77 % de los migrantes detenidos en el BTC lo están en virtud de políticas de detención obligatoria. Alrededor del 80 % no tienen antecedentes penales ni cargos pendientes.

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Estándares legales aplicables

Los centros de detención de migrantes de Estados Unidos están sujetos a los marcos jurídicos internacionales y nacionales que rigen el trato a las personas detenidas. Estados Unidos tiene obligaciones vinculantes en virtud de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura (CCT) que se relacionan directamente con el trato que dispensa a las personas detenidas. Sus políticas y prácticas también deben ajustarse a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), que ofrecen un marco detallado para las políticas y prácticas de detención que son compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

Además, las propias normas de detención del ICE, las Normas Nacionales de Detención Basadas en el Desempeño de 2011 (PBNDS 2011) y las Normas Nacionales de Detención para Centros No Dedicados de 2019 (NDS 2019), establecen requisitos mínimos en materia de alojamiento, atención médica, higiene y supervisión en los centros de detención que albergan a migrantes.[257]

Estándares internacionales de derechos humanos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Estados Unidos ratificó en 1992, exige que toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente (artículo 10).[258] Prohíbe la detención arbitraria (artículo 9), garantiza el acceso a asistencia jurídica para determinar los cargos penales y afirma el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal. Según el PIDCP, los gobiernos deben proporcionar “atención médica adecuada durante la detención”.[259] Estas protecciones se aplican a todas las personas bajo jurisdicción estadounidense, Incluyendo quienes no son ciudadanos pero están bajo custodia migratoria.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), que Estados Unidos ratificó en 1994, prohíbe la tortura y todas las formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículos 1 y 16).[260] El Comité contra la Tortura ha señalado en repetidas ocasiones que las malas condiciones de detención, la negligencia médica y el uso excesivo de la fuerza pueden constituir violaciones de la Convención.[261]

Aunque no son jurídicamente vinculantes, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (también conocidas como Reglas Mandela) están reconocidas como la referencia mundial para el trato humano de los detenidos.[262] Ofrecen orientación concreta, autorizada y práctica sobre cómo debe ser en la práctica un enfoque de la detención que respete los derechos.

Estándares nacionales aplicables en materia de detención

En los centros de detención de migrantes de Estados Unidos gestionados o supervisados por el ICE, las Normas Nacionales de Detención Basadas en el Desempeño de 2011 (PBNDS 2011) se aplican a los centros específicos del ICE y a algunos centros contratados, incluidos Krome y BTC.[263] El objetivo de estas normas es garantizar unas condiciones de reclusión seguras y humanas, adaptadas a la naturaleza civil de la detención de migrantes.[264] Las PBNDS cubren la atención médica y de salud mental, la recreación y las actividades estructuradas, el acceso legal y las visitas, los procedimientos de quejas, las adaptaciones para discapacitados y la prevención del abuso sexual en consonancia con la aplicación del Departamento de Seguridad Nacional de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA 2003), específicamente adaptada a la detención de migrantes y otros centros de detención del DHS.[265] Las PBNDS fueron revisadas en 2016 para adaptarlas a los requisitos legales y reglamentarios federales.[266]

Si una empresa privada es subcontratada por el ICE para gestionar un centro o para prestar servicios dentro de las instalaciones a los detenidos civiles de migración, dicha empresa está obligada por el ICE a seguir las PBNDS.

Las Normas Nacionales de Detención 2019 para Centros No Dedicados (NDS 2019) se aplican a las cárceles y prisiones federales, estatales y locales del sistema legal penal, pero que (como en el caso del FDC de Florida) también contratan con el ICE para mantener a los detenidos de migración del sistema civil junto con otras poblaciones.[267] El propósito es proporcionar normas simplificadas que permitan la integración con las operaciones existentes de las cárceles y prisiones del sistema jurídico penal, manteniendo al mismo tiempo los requisitos mínimos del ICE. Las NDS abarcan la atención médica y la prevención del suicidio, el uso de la fuerza y los medios de coerción, el ocio y las visitas, el acceso telefónico y jurídico, y los sistemas de reclamación y conducta del personal. En el caso de las instalaciones objeto de este informe, el FDC de Florida también está cubierto por un acuerdo interinstitucional entre la Oficina Federal de Prisiones, el departamento correccional para el sistema judicial penal federal, y el ICE, que hace referencia cruzada a las NDS 2019.[268]

Las Operaciones de Ejecución y Expulsión (Enforcement and Removal Operations, ERO) del ICE llevan a cabo inspecciones periódicas y revisiones de cumplimiento para garantizar que las instalaciones que albergan a detenidos del ICE cumplan con estas normas a través de los Gerentes de Servicios de Detención (Detention Service Managers, DSM), los Oficiales de Cumplimiento de Normas de Detención (Detention Standards Compliance Officers, DSCO), los contratistas de inspección de terceros, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS y la Oficina del Inspector General del DHS.[269]

Agradecimientos

Este informe fue investigado y redactado por Belkis Wille, directora asociada de la División de Crisis, Conflictos y Armas. Vicki B. Gaubeca, directora asociada del Programa de Inmigración y Política Fronteriza de Estados Unidos, Nīa Knighton, asociada sénior, y Robin Taylor, ayudante de investigación, ambas de la División de Crisis, Conflictos y Armas, contribuyeron a la investigación y la redacción. Brian Root, analista cuantitativo sénior de la División de Tecnología, Derechos e Investigaciones, llevó a cabo el análisis de datos y contribuyó a la investigación y la redacción.

Anagha Neelakantan, redactora sénior de la División de Crisis, Conflictos y Armas, e Ida Sawyer, directora de la División de Crisis, Conflictos y Armas, se encargaron de la edición del informe. Chris Albin-Lackey, asesor jurídico sénior, realizó la revisión jurídica. Tom Porteous, director en funciones de Programa, realizó la revisión programática.

El informe fue editado por A. Kayum Ahmed, responsable del programa de la Iniciativa Global de Salud de la División de Justicia y Derechos Económicos; Heather Barr, directora asociada de la División de Derechos de la Mujer; Michael Bochenek, asesor jurídico sénior; Sam Dubberley, director de la División de Tecnología, Derechos e Investigaciones; Carlos Ríos Espinosa, subdirector de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad; Bill Frelick, director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes; Yulia Gorbunova, investigadora sénior de la División de Europa y Asia Central; Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas; Alison Leal Parker, subdirectora del Programa de Estados Unidos; Nicole Widdersheim, subdirectora de incidencia en Washington D. C.; y Sarah Yager, directora de incidencia en Washington D. C.

Nīa Knighton, asociada sénior de la División de Crisis, Conflictos y Armas; Travis Carr, oficial de publicaciones de publicaciones; y Fitzroy Hepkins, gestor administrativo sénior.

El informe fue preparado para su publicación por Nīa Knighton, asociada sénior de la división de Crisis, Conflictos y Armas; Travis Carr, director de publicaciones; y Fitzroy Hepkins, director administrativo sénior.

El trabajo para este informe se realizó en colaboración con Americans for Immigrant Justice, Inc. (AIJ) y Sanctuary of the South (SOS).

Americans for Immigrant Justice es un bufete de abogados sin fines de lucro que lucha por la justicia para los migrantes a través de la representación directa, litigios de impacto, defensa y divulgación. En el estado de Florida y a nivel nacional en los Estados Unidos, defiende los derechos de los niños migrantes no acompañados; aboga por los sobrevivientes de la trata y la violencia doméstica; actúa como vigilante de las prácticas y políticas de detención de migrantes; lucha para mantener a las familias informadas, empoderadas y unidas; y busca reparación en nombre de grupos de migrantes con reclamos particulares y apremiantes de justicia.

Sanctuary of the South es una cooperativa de trabajadores cuya misión es la justicia y la liberación a través del amor y el apoyo comunitarios. Somos una red que presta servicios y tiene sus raíces en el sur, donde ofrecemos servicios jurídicos, ampliamos los espacios de refugio y apoyamos proyectos de base con el objetivo de romper para siempre los sistemas de opresión que nos han separado de nuestra alegría y nuestro poder colectivos. Nuestros servicios legales incluyen defensa contra la deportación, litigios civiles y campañas de defensa centradas en las personas más afectadas por los sistemas injustos de aplicación de la ley, detención y deportación.

Queremos dar las gracias a las personas que han hecho posible este informe al compartir sus experiencias con nosotros a pesar del trauma que ellas y sus comunidades estaban viviendo en el momento de las entrevistas. También queremos agradecer a los abogados de Americans for Immigrant Justice, Catholic Legal Services y Sanctuary of the South por ser tan generosos con su tiempo y experiencia. Esta investigación no habría sido posible sin el apoyo de sus equipos. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a Oliver Torres y Lissie Albornoz por ayudarnos a llevar a cabo esta investigación en Miami con consideración y compasión.