“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El debate público es el mejor antídoto contra la información errónea o la desinformación, no encarcelar a quienes hacen críticas”.
El 25 de marzo de 2020, la presidenta interina Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el COVID-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
Altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por “desinformar”.
El decreto no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como “desinformación” o como actos que “generen incertidumbre a la población”. Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión, señaló Human Rights Watch.
El decreto prevé que quienes cometan “delitos contra la salud pública” serán pasibles de la pena de 1 a 10 años de cárcel establecida en el Código Penal boliviano. El artículo 216 del Código Penal enumera un repertorio de acciones consideradas “delitos contra la salud pública”, como propagar “enfermedades graves”, cometer actos “contrarios a disposiciones sobre higiene” y un delito con una definición sumamente imprecisa: realizar “cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”. Sin embargo, el artículo 216 no contempla delitos de opinión, como desinformar ni generar “incertidumbre a la población”, tal como se señala en el decreto, ni tampoco otras hipótesis en que se pueda incurrir cuando se hagan comentarios públicos.
El gobierno debería derogar de inmediato esta disposición del decreto, que atenta gravemente contra la libertad de expresión en el país, apuntó Human Rights Watch. A su vez, los senadores, diputados, la Defensoría del Pueblo o las autoridades de las entidades territoriales autónomas, que se encuentran legitimadas procesalmente para actuar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la corte revise la constitucionalidad de esta disposición.
El 18 de marzo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que había ordenado a las fuerzas armadas, la policía y al personal del ministerio hacer “ciberpatrullaje” de Internet para identificar a quienes “desinforman” al público sobre el coronavirus, y que el gobierno iniciaría acciones penales contra estas personas. Advirtió a los políticos, y mencionó específicamente a Luis Arce, sobre su obligación de “no desinformar”. Arce, rival político de la presidenta Áñez, encabezaba las encuestas realizadas a principios de este año para los comicios presidenciales, programados inicialmente para mayo. A causa de la pandemia del COVID-19, la elección se ha pospuesto hasta una fecha a determinar entre el 7 de junio y el 6 de septiembre.
Pocos días después, sin dar nombres ni presentar pruebas, Murillo insistió en que algunas personas hacían un “mal uso de la información” relativa al brote para conseguir “rédito político”. Instó al Ministerio Público a activar todos sus mecanismos contra las personas responsables de “desinformación”.
El 23 de marzo, Rafael Quispe, director del organismo gubernamental Fondo de Desarrollo Indígena, acusó a “la gente del MAS” (Movimiento Al Socialismo), el partido político al cual pertenecen Arce y el expresidente Evo Morales, de promover “desinformación” sobre el COVID-19.
El 27 de marzo, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, advirtió que quienes publiquen “información falsa” en las redes sociales “van a ir a la cárcel 10 años” y serán llevados a hospitales a cuidar de pacientes infectados con COVID-19.
Human Rights Watch no tiene conocimientos de casos en que el gobierno haya invocado expresamente el decreto del 25 de marzo para procesar a alguna persona por el ejercicio de su libertad de expresión.
“Si bien hasta ahora el gobierno ha acusado de ´desinformación´ únicamente a miembros del MAS, sin aportar pruebas, el decreto y las declaraciones amenazantes de algunas autoridades podrían tener un efecto intimidatorio para el resto de la población”, dijo Vivanco. “Periodistas, profesionales de la salud, personas que denuncien irregularidades y usuarios de redes sociales en general pueden razonablemente temer ser procesados penalmente si critican o dan a conocer fallas en la respuesta del gobierno al COVID-19”.
