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Chinese President Xi Jinping, front row center, stands with other officials during the singing of “The Internationale” at the closing ceremony for the 19th Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing, October 24, 2017. © 2017 AP Photo/Ng Han Guan, File

(Nueva York) – Los gobiernos de todo el mundo deberían comprometerse a presionar a Beijing para que respete los derechos humanos dentro y fuera de China durante el nuevo mandato del presidente Xi Jinping, señaló hoy Human Rights Watch. El gobernante Partido Comunista Chino se dispone a convocar su 20º Congreso del Partido a partir del 16 de octubre de 2022, durante el cual se espera que Xi consolide aún más el poder y se asegure un histórico tercer mandato como líder del partido.

“Un tercer mandato del presidente Xi, que rompería todos los precedentes, es un mal presagio para los derechos humanos en China y en todo el mundo", señaló Yaqiu Wang, investigadora principal sobre China de Human Rights Watch. “A medida que el espacio para el activismo de la sociedad civil se reduce aún más en China, es imperativo que la comunidad internacional tome medidas consecuentes para limitar los abusos de Xi”.

En un ejemplo clave del impacto del gobierno autoritario sobre los derechos, incluso cuando se dispone de terapias y vacunas eficaces para el Covid-19, el gobierno chino redobló sus restricciones relativas al Covid-19, imponiendo repetidas e impredecibles cuarentenas a cientos de millones de personas bajo su abusiva política de “Covid cero”.

Las medidas draconianas han impedido el acceso de la población a la atención sanitaria, la alimentación y otras necesidades vitales. Un número indeterminado de personas murieron tras negárseles el tratamiento médico para sus enfermedades no relacionadas con el Covid. Algunas personas se han lanzado al vacío desde los lugares de cuarentena masiva o edificios residenciales confinados. Los cierres también están causando daños económicos, obligando a las empresas a reducir su tamaño o a cerrar, recortando puestos de trabajo y salarios. Sin embargo, hay pocos indicios de que las autoridades vayan a levantar las restricciones como los confinamientos y las cuarentenas prolongadas.

En los 10 años transcurridos desde que Xi llegó al poder a finales de 2012, las autoridades han diezmado la sociedad civil china, encarcelando a numerosos críticos del gobierno, restringiendo gravemente la libertad de expresión y desplegando tecnología de vigilancia masiva para vigilar y controlar a los ciudadanos. La persecución cultural de las autoridades, la detención arbitraria de un millón de uigures y otros musulmanes túrquicos y otros abusos cometidos desde 2017 equivalen a crímenes contra la humanidad. En Hong Kong, el gobierno impuso en 2020 una severa legislación de seguridad nacional y desmanteló sistemáticamente las libertades de la ciudad. Todo ello ha dificultado que los ciudadanos pidan cuentas al gobierno y prácticamente ha eliminado cualquier espacio para que participen en la toma de decisiones gubernamentales.

En julio, la tasa de desempleo de los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad alcanzó un récord del 20 %. El anuncio de la Oficina Nacional de Estadística de que la población de trabajadores con “empleo flexible” había aumentado hasta los 200 millones en 2021 fue recibido con una burla generalizada. Los internautas acusaron al gobierno de tergiversar la realidad en cuanto a la falta de oportunidades de empleo y de protección social en una narrativa sobre la elección personal.

A Human Rights Watch le preocupan especialmente las repercusiones de las imprevisibles políticas Covid-19 de Xi en los derechos económicos y sociales de las personas que ya se encuentran en situaciones económicas precarias, que suelen estar más expuestas a las crisis financieras debido a las desigualdades socioeconómicas y a la discriminación.

Muchos trabajadores migrantes ya se encuentran en una situación de extrema necesidad, ya que la falta de empleo a menudo significa que no tienen ingresos si no están inscritos en los programas de seguridad social, que protegen contra la falta de ingresos relacionados con el trabajo, o la insuficiencia de ingresos, causada por la enfermedad, la discapacidad, la maternidad, las lesiones laborales o el desempleo, entre otras cosas.

Los trabajadores de la economía esporádica no suelen firmar contratos de trabajo formales, y muchos empleadores no pagan la seguridad social en su nombre, a pesar de que la ley lo exige. Las empresas rara vez se enfrentan a sanciones por no hacer estos pagos porque las autoridades locales han evitado durante mucho tiempo investigar el incumplimiento, debido a las preocupaciones por el desarrollo económico.

En 2021, solo se pagaron subsidios de desempleo a 6,1 millones de trabajadores, mientras que la población desempleada urbana oficial es de unos 24 millones de trabajadores, y esto no incluye a las decenas de millones de trabajadores que estaban subempleados o de baja sin sueldo a causa de la pandemia.

En Ruili, una ciudad fronteriza de la provincia de Yunnan, los residentes soportaron 7 cuarentenas distintas desde marzo de 2021 hasta abril de 2022, pasando 119 días confinados en sus hogares excepto para las pruebas obligatorias de Covid. En Shanghái, un núcleo comercial de 25 millones de habitantes, los residentes soportaron un confinamiento igualmente estricto de marzo a mayo. Chengdu, una ciudad de 21 millones de habitantes, estuvo cerrada durante dos semanas en septiembre. En octubre, las autoridades de Xinjiang prohibieron a los residentes salir de la región semanas después de su cuarentena más reciente, que en algunas partes duró más de un mes. En Lhasa, las autoridades impusieron un severo cierre desde agosto.

En toda China, numerosas personas compartieron en las redes sociales historias sobre la falta de acceso a alimentos, medicinas y otras necesidades debido a las dificultades financieras. Muchos han perdido sus empleos durante la pandemia, mientras que las cuarentenas han hecho subir los precios de las verduras y otros alimentos.

En agosto, un conductor de reparto de comida se apuñaló frente a su centro de trabajo, para protestar por la multa que le habían impuesto tras dimitir y reclamar sus salarios impagados a Ele.me, una importante empresa de reparto de comida.

En septiembre, cuando Chengdu fue sometido a un confinamiento tras detectarse varios casos, se vio en una cámara de vigilancia cómo una joven de 16 años robaba una entrega de alimentos de un vecino. Resultó que no tenía dinero porque el cibercafé para el que había trabajado se vio obligado a cerrar y no le pagaron lo que le debían. Un hombre que, al parecer, llevaba días sin comer porque estaba sin trabajo y no tenía dinero, se desmayó mientras hacía cola para hacerse un test de Covid.

Aunque incidentes como estos se están dando a conocer ampliamente a través de las redes sociales, la intensificación de la censura en Internet hace que estos sean probablemente solo una pequeña muestra de una experiencia mucho más generalizada.

En virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho de las personas a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que significa que los derechos a una alimentación y nutrición adecuadas, a la salud y al bienestar, al agua y al saneamiento, y a la vivienda están protegidos y todos pueden vivir con dignidad. El gobierno chino debe garantizar la igualdad de acceso a estos derechos para todos, sin discriminación por motivos de género, raza o etnia, edad o discapacidad.

La caída económica de China está provocando el empeoramiento de unos derechos civiles y políticos ya muy restringidos, ya que las autoridades responden a las protestas online y offline con más censura, detenciones arbitrarias y medidas represivas. En junio, las autoridades de Henan golpearon a depositantes de los bancos que pretendían retirar los ahorros de toda su vida de los bancos que habían entrado en una crisis de liquidez. Las autoridades también manipularon la aplicación del código sanitario Covid-19 de los manifestantes para restringir sus movimientos. En septiembre, las autoridades cerraron los comentarios en línea en medio de la retransmisión en directo del Foro de Cooperación Sanitaria China-ASEAN, después de que éste se viera inundado de peticiones de ayuda de los residentes de Dongxing, una ciudad de la provincia de Guangxi que había estado sometida a una prolongada cuarentena.

Dado que las vías para que los ciudadanos pidan cuentas al gobierno chino por sus violaciones de los derechos humanos son cada vez más limitadas, los gobiernos extranjeros y las instituciones multilaterales deberían tomar medidas para proteger los derechos, como pedir la liberación de los activistas de derechos humanos detenidos, invertir en tecnologías de código abierto que permitan a los habitantes de China eludir más fácilmente la censura y prohibir las importaciones fabricadas con trabajo forzado en China. Las empresas extranjeras que operan en China deberían llevar a cabo y hacer pública la diligencia debida en materia de derechos humanos, garantizando que sus operaciones se ajustan a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

“La abusiva y ampliamente impopular política china de Covid cero y su impacto en la economía demuestra que los derechos políticos y los derechos económicos están profundamente entrelazados”, señaló Wang. “Un líder político con un poder que no rinde cuentas ante los ciudadanos, a los que se les niegan sus derechos, es peligroso, no solo para China, sino para el mundo entero”.

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