El informe exhaustivo de la administración de Obama sobre las normas aplicables a la política antiterrorista estadounidense contribuirá a que el público entienda y evalúe las medidas del gobierno de Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch.
El informe también ayudará a aclarar el cumplimiento de las obligaciones legales internacionales y nacionales de Estados Unidos. El 5 de diciembre de 2016 se publicó el informe sobre los marcos jurídicos y normativos que rigen el uso de la fuerza militar y las operaciones de seguridad nacional de Estados Unidos (Legal and Policy Frameworks Guiding the United States’ Use of Military Force and Related National Security Operations) sobre la base de un memorando presidencial emitido el mismo día, para animar a las futuras administraciones a publicar todos los años informes de esta naturaleza.
"La publicación de este informe sobre la lucha contra el terrorismo por la administración de Obama, es un avance importante hacia el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas", dijo Laura Pitter, asesora sobre la seguridad nacional de Estados Unidos de Human Rights Watch. "Aunque ciertas posiciones de Estados Unidos generan graves preocupaciones en materia de derecho internacional, esta descripción integral de sus políticas y sus prácticas establece estándares mínimos que la próxima administración debe satisfacer y mejorar".
Según altos funcionarios del gobierno estadounidense, el informe es fruto de un extenso examen interinstitucional y refleja un consenso entre las agencias. Aunque algunas de las posiciones resultan problemáticas en el marco del derecho internacional y han contribuido a abusos en el pasado, muchas son útiles y deben mantenerse.
Estándares aplicables a la fuerza letal fuera de un conflicto armado
La administración de Obama ha dicho que desde mayo de 2013 se ha venido aplicando una política basada en una orientación presidencial (Presidencial Policy Guidance, PPG) que permite a Estados Unidos emplear la fuerza letal en operaciones selectivas fuera de las "zonas de actividad de las hostilidades", sólo cuando se haya determinado que un objetivo supone un "peligro continuado e inminente" para los estadounidenses, que la captura no sea factible y que exista "certeza casi absoluta" de que ningún civil será asesinado o herido.
Aunque la PPG incluye algunas restricciones importantes de las operaciones selectivas de Estados Unidos, muchas de estas situaciones deberían regularse mediante el derecho internacional de derechos humanos. Esto significa que fuera de los conflictos armados un gobierno sólo puede utilizar la fuerza letal como un último recurso para detener una amenaza inminente contra la vida humana. Human Rights Watch ha documentado casos en los que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado la fuerza letal aparentemente en contra de las leyes de la guerra y el derecho internacional de derechos humanos. Por ejemplo, en Yemen, Human Rights Watch investigó siete ataques aéreos de Estados Unidos en los que se alegó la muerte de civiles ocurridos entre 2009 y 2013, y concluyó que al menos 57 de las 82 personas fallecidas eran civiles, posiblemente junto con otras 14 personas, 12 de ellas en un ataque contra un convoy que transportaba una boda.
Al mismo tiempo, la PPG incluye procedimientos importantes para la preparación de informes posteriores al uso de fuerza letal y requisitos para la notificación al Congreso. En julio, la administración de Obama dictó la Orden Ejecutiva 13732 para complementar la PPG, con la promesa de ofrecer pagos voluntarios y otras formas de condolencia a los supervivientes y familiares de civiles muertos en ataques letales, independientemente de si se consideran legítimos los ataques que causaron las muertes y lesiones. También exige la publicación de un resumen anual de la cantidad de ataques aéreos fuera de las zonas de actividad de las hostilidades y el número de bajas civiles resultantes. La próxima administración debe mantener estas y otras garantías.
Transferencias de detenidos a países donde existe riesgo de tortura
El informe mantiene la posición de la administración de George W. Bush de que la Convención contra la Tortura no prohíbe a Estados Unidos transferir a personas a países donde podrían sufrir tortura si el traslado se realiza fuera de su territorio. No obstante, en el informe se afirma que la administración de Obama adopta la política de no transferir a personas en dichas circunstancias.
"La administración de Obama todavía no parece dispuesta a aceptar que la Convención contra la Tortura prohíbe la transferencia de personas desde fuera de Estados Unidos a cualquier país donde corren un riesgo real de tortura", dijo Pitter. "Si bien es positivo que la administración de Obama haya respetado esta obligación, el gobierno entrante debe adoptar como mínimo la misma posición, pero que se entienda también que no es opción, sino un requisito legal".
En el informe también se describe una serie de salvaguardas que adopta la administración cuando transfiere a personas a otros países desde fuera de Estados Unidos, y se señala que en muchos casos se requieren las denominadas "garantías diplomáticas" de que, por ejemplo, los detenidos no serán sometidos a torturas antes de la transferencia y el seguimiento posterior a la puesta en libertad.
Hace tiempo que Human Rights Watch considera que las garantías diplomáticas son ineficaces para prevenir la tortura u otras formas de maltrato de los detenidos transferidos. Además, las personas bajo custodia estadounidense en el extranjero deben disponer de un proceso justo que les permita impugnar adecuadamente y de antemano la legalidad de su transferencia a otro gobierno. No está claro si el proceso que usa la administración Obama para tomar en consideración esos factores antes de la transferencia satisface esta obligación.
La obligación de indemnizar a las víctimas de tortura
En el informe se esgrime la posición de que las medidas de los Convenios de Ginebra, que disponen indemnizaciones de guerra entre estados al final de los conflictos armados sustituyen a las disposiciones de la Convención contra la Tortura que requieren a Estados Unidos compensar a personas torturadas fuera de sus fronteras. Esta posición fue descrita por primera vez en Power Wars, por Charlie Savage, donde se afirma que, según un funcionario de la administración de Obama, fue adoptada como una "vía alternativa" para evitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención contra la Tortura de indemnizar a las personas que habían sido detenidas clandestinamente por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La CIA torturó y maltrató a decenas de hombres durante los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Human Rights Watch, los medios de comunicación y otros han documentado los efectos de la tortura de Estados Unidos a los detenidos por la CIA, muchos han quedado emocionalmente y físicamente destrozados y en la miseria. En el informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de la CIA se documenta que por lo menos 119 hombres fueron retenidos clandestinamente, la inmensa mayoría de los cuales nunca fueron acusados formalmente de un delito, y que por lo menos una cuarta parte de ellos ni siquiera cumplían los criterios de la propia CIA para su detención.
"El gobierno de Estados Unidos tiene una obligación de indemnizar a las personas que fueron torturadas en centros clandestinos de la CIA", señaló Pitter. "La invocación selectiva de las normas de las leyes de guerra frente a esta disposición de la Convención contra la Tortura que, en este contexto, no son aplicables en ningún caso, revela un intento sutilmente velado de eludir obligaciones y sienta un mal ejemplo para otros estados que buscan maneras creativas de intentar eludir sus responsabilidades".
