Con frecuencia EE.UU. ha invocado la seguridad nacional para justificar políticas que violan el derecho internacional como la tortura de los detenidos en la llamada "guerra contra el terror" que emprendió Estados Unidos, los asesinatos selectivos secretos en el extranjero y la detención indefinida sin acceso a un juicio en Guantánamo. En el interior de EE.UU., el gobierno ha llevado a cabo investigaciones sobre terrorismo injustas que en algunos casos han atrapado a personas indigentes y enfermos mentales. La vigilancia a gran escala por la Agencia de Seguridad Nacional está obstaculizando la capacidad de los periodistas y abogados para hacer su trabajo lo que al mismo tiempo corroe la democracia estadounidense. Constantemente hemos pedido a las autoridades de EE.UU. que brinden juicios justos en tribunales civiles a todos los sospechosos de terrorismo, que garanticen la rendición de cuentas por los abusos del pasado, incluyendo aquellos cometidos por los más altos niveles de gobierno, y que todas las políticas de seguridad nacional estén en consonancia con las obligaciones en virtud de los derechos humanos y las leyes humanitarias.

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