(Washington, DC) – El primer año de la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump estuvo marcado por una fuerte retroceso en las funciones del gobierno de proteger y promover una amplia gama de derechos humanos, dijo hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2018. El gobierno de Trump hizo cambios de política que han perjudicado a refugiados e inmigrantes, menoscabado la rendición de cuentas de la policía por abuso y restringido los derechos de las mujeres, incluido el acceso a importantes servicios de salud.
“El gobierno de Trump ha promovido políticas que colocan a las personas vulnerables en mayor peligro y quebrantan las protecciones constitucionales que ofrecen los derechos humanos a todos”, dijo Alison Parker, directora del programa de EE.UU. de Human Rights Watch. “Las personas más propensas a sufrir abusos a menudo son las que tienen menos posibilidades de defender sus derechos ante los tribunales o a través del proceso político y deben ser protegidas, no convertidas en objetivo de políticas abusivas”.
En la 28.a edición de su Informe Mundial, de 643 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que varios líderes políticos dispuestos a defender los derechos humanos mostraron que es posible poner límites a las aspiraciones populistas y autoritarias. Cuando estuvieron acompañados por un público movilizado y actores multilaterales que actuaron con eficacia, estos líderes demostraron que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable.
Las políticas de Trump han convertido a todos los inmigrantes deportables en blanco de deportación. La administración amplió los abusivos procedimientos de expulsión acelerada y los procesos penales por delitos de inmigración y tomó medidas para aumentar la detención prolongada de inmigrantes. Trump también derogó el programa de Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), poniendo a los cientos de miles de inmigrantes que llegaron a EE.UU. siendo niños en riesgo de deportación. En octubre, la Casa Blanca publicó principios y políticas de inmigración que debilitarían las protecciones para los niños migrantes y refugiados.
La administración también emitió nuevas y severas medidas de selección para el programa de refugiados y estableció el límite anual para admisiones de refugiados para 2018 en 45.000, el límite anual más bajo desde que el Congreso aprobó la Ley de Refugiados en 1980.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia han reducido los esfuerzos para monitorear los departamentos de policía locales involucrados en abusos sistémicos, incluyendo la suspensión de investigaciones y el monitoreo de los departamentos de policía locales que presuntamente tendrían patrones y prácticas de fuerza excesiva y violaciones constitucionales. El gobierno de Trump ha señalado la intención de volver a intensificar la desastrosa e ineficaz guerra contra las drogas. El Fiscal General Jeff Sessions rescindió la iniciativa Smart on Crime, que había dado prioridad a los enjuiciamientos federales de personas acusadas de delitos de drogas graves, había reducido las disparidades raciales en las sentencias federales sobre drogas y había mejorado las oportunidades de reintegración para las personas que habían salido de prisión.
El gobierno de Trump revocó importantes protecciones de los derechos de las mujeres con una orden ejecutiva que permitió a más empleadores y aseguradores presentar objeciones al mandato de cobertura de anticonceptivos de la Ley para la Atención de la Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).
La Casa Blanca también anunció que eliminaría una iniciativa de igualdad salarial, cuya entrada en vigor estaba planeada para 2018. La iniciativa habría requerido que los grandes empleadores y contratistas federales brindasen información sobre la compensación de los empleados desglosada por raza, etnia y género a las agencias que supervisan la aplicación de los derechos civiles. A su vez, el Departamento de Educación anunció su intención de revisar y cambiar las pautas sobre las agresiones sexuales en los campus universitarios.
Las políticas y declaraciones del gobierno de Trump también amenazaron o menoscabaron los derechos humanos de otras maneras:
- La reticencia de Trump a repudiar a los grupos de odio podría alentar una conducta discriminatoria y racista y lo elude de su responsabilidad como presidente de defender los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.
- Las reiteradas denuncias de Trump de que los periodistas son deshonestos y que tienen una agenda en su contra, además de los comentarios y videos que los denigran, generan inquietudes sobre un efecto de relajación de la libertad de expresión.
- El repentino despido por parte de Trump de James Comey, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y sus críticas a los jueces que han bloqueado algunas de las acciones de su gobierno corren el riesgo de socavar el Estado de derecho y el control sobre el poder presidencial.
- Las acciones del gobierno que afectan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) menoscaban sus derechos. Los cambios incluyen la inesperada y repentina decisión de Trump de prohibir que las personas transgénero se alisten en las fuerzas armadas de EE. UU., y la directiva del Departamento de Justicia revirtiendo la posición de que la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo sobre la base de la identidad de género.
- La presunta revisión por parte del gobierno de Trump de la política de ataques con drones fuera de las zonas de guerra convencionales permite ataques contra sospechosos de terrorismo de menor nivel en más países, con menos supervisión y mayor secretismo.
“Trump debe abandonar sus políticas abusivas y discriminatorias y respetar los derechos de todos”, señaló Parker.
