La sociedad civil y las instituciones democráticas más fuertes de Estados Unidos se vieron puestas a prueba durante el primer año de gobierno del presidente Donald Trump. En una amplia gama de temas, EE.UU. protagonizó en 2017 un retroceso en su historial de derechos humanos, tanto en el propio país como en el extranjero.

Trump ha convertido a los refugiados e inmigrantes en blancos de sus políticas discriminatorias, llamándolos delincuentes y refiriéndose a ellos como una amenaza para la seguridad; ha envalentonado la política racista al adoptar una postura ambigua frente al nacionalismo blanco; y ha defendido consistentemente ideas y políticas antimusulmanas. Su gobierno ha adoptado políticas que restringirán el acceso de las mujeres a la atención de salud reproductiva; ha abogado por cambios en los seguros de salud que dejarían a muchos estadounidenses sin acceso a servicios de salud asequibles; y ha socavado la rendición de cuentas de la policía por abuso. Trump también ha expresado su desdén por los medios de comunicación independientes y por los tribunales federales que han bloqueado algunas de sus acciones. Además, ha mimado repetidamente a los líderes autocráticos y ha mostrado poco interés o liderazgo en promover el respeto por los derechos humanos en el extranjero.

Las personas más propensas a sufrir abusos en EE.UU. –incluidos los miembros de minorías raciales y étnicas, inmigrantes, niños, pobres y prisioneros— a menudo son las que tienen menos posibilidades de defender sus derechos ante los tribunales o a través del proceso político. Muchos grupos vulnerables sufrieron nuevos ataques a sus derechos durante el año. Otras leyes y prácticas estadounidenses arcaicas, particularmente las relacionadas con la justicia penal y juvenil, la inmigración y la seguridad nacional, continuaron violando los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Condenas severas

En EE.UU. hay 2,3 millones de personas en prisiones y cárceles estatales y federales, que representan la mayor población penitenciaria del mundo. Las preocupaciones sobre el exceso de población en las cárceles, en parte debido a sentencias mínimas obligatorias y condenas excesivamente largas, han llevado a algunos estados y al Congreso de EE.UU. a proponer reformas. En el momento de redacción de este informe, una propuesta bipartidista para la reforma del sistema penitenciario y de sentencias ganaba impulso en el Congreso, pero la administración Trump no había dado indicios de apoyo.

En 31 estados todavía se permite la pena de muerte. Al momento de la preparación de este documento, 23 personas en ocho estados habían sido ejecutadas en 2017, todas mediante inyección letal. El debate sobre los protocolos de inyección letal continuó mientras varios estados de EE.UU. continuaron usando combinaciones de fármacos experimentales y se negaron a revelar su composición.

Disparidades raciales, política de drogas y vigilancia policial

Las disparidades raciales impregnan todo el sistema de justicia penal de EE.UU., incluida la aplicación de las leyes sobre drogas. Las personas afroamericanas constituyen el 13 por ciento de la población y el 13 por ciento de todos los adultos que consumen drogas, pero el 27 por ciento de todos los arrestos por drogas. En este grupo, los adultos tienen seis veces más probabilidades de ser encarcelados que los blancos.

La policía continúa matando a personas afroamericanas en números desproporcionados en comparación con el total de la población y tienen 2,5 veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los blancos. Una persona negra desarmada tiene cinco veces más posibilidades de ser asesinada por la policía que una persona blanca desarmada.

El gobierno de Trump ha expresado un apoyo casi incondicional a las prerrogativas de los agentes del orden público, reduciendo o eliminando por completo los mecanismos de supervisión de la actuación policial. El Departamento de Justicia de EE.UU. comenzó a suspender las investigaciones y el monitoreo de los departamentos de policía locales que, según informes, tendrían patrones y prácticas de fuerza excesiva y violaciones constitucionales.

El gobierno revocó una orden del gobierno de Obama que limitaba la adquisición de armamento militar ofensivo por parte de los departamentos de policía locales. En un discurso en julio, el presidente Trump alentó a los oficiales a hacer uso innecesario de la fuerza contra sospechosos. El Congreso introdujo la Ley de Apoyo a las Fuerzas Policiales (Back the Blue Act), que restringiría severamente los derechos de los civiles a demandar a los agentes de policía que los perjudiquen ilegalmente.

A pesar de expresar su preocupación por la crisis de los opiáceos, el gobierno de Trump dio indicios de querer volver a intensificar la “guerra contra las drogas” y restar importancia a los enfoques bipartidistas de salud pública a la política de drogas. El Fiscal General Jeff Sessions rescindió la iniciativa Smart on Crime de su predecesor, que había dado prioridad a los enjuiciamientos federales de personas acusadas de delitos de drogas de alto nivel, había reducido las disparidades raciales en las sentencias federales sobre drogas y había mejorado las oportunidades de reingreso.

Menores en el sistema de justicia penal

Casi 50.000 jóvenes de 17 años y menos están recluidos en cárceles juveniles u otras instalaciones de confinamiento en EE.UU., y aproximadamente 5.000 más están confinados en cárceles o prisiones para adultos. Cada año, 200.000 menores de 18 años tienen contacto con el sistema penal de adultos, y muchos menores son juzgados automáticamente como adultos.

EE.UU. continúa condenando a niños a cadena perpetua sin libertad condicional, aunque los estados rechazan cada vez más su uso: hasta 2017, 25 estados y Washington DC habían prohibido o no habían utilizado la sentencia para menores de edad.

Pobreza y justicia penal

Los acusados ​​con menos recursos en todo EE.UU. son encerrados en prisión preventiva porque no pueden pagar la fianza. Un informe de 2017 de Human Rights Watch demostró que la detención preventiva, a menudo como resultado de no pagar la fianza, coacciona a las personas, algunas inocentes, a declararse culpables sólo para salir de la cárcel. En EE.UU. está creciendo un movimiento para reducir el uso de la libertad bajo fianza, con varios estados implementándolo y otros considerando reformas.

Muchos estados y condados financian sus sistemas judiciales, incluidos los jueces, los fiscales y los defensores públicos, en parte o en su totalidad mediante tasas y multas impuestas a acusados por delitos de tráfico y penales. La privatización de los servicios de libertad condicional por delitos menores por parte de varios estados del país ha llevado a abusos, como tarifas estructuradas por empresas privadas de libertad condicional para penalizar a los delincuentes pobres.

Derechos de ciudadanos extranjeros

Una semana después de su investidura el 20 de enero de 2017, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para suspender el programa de refugiados de EE.UU., reducir el número de refugiados que podrían reasentarse en EE.UU. en 2017 y prohibir temporalmente el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Esta versión y otras versiones posteriores de la orden que prohíbe la entrada desde varios países han sido objeto de litigios federales todavía en curso.

En octubre, Trump firmó una orden ejecutiva para reanudar el programa de refugiados pero con nuevas medidas de escrutinio. El límite anual para las admisiones de refugiados para 2018 se fijó en 45.000, el máximo anual más bajo desde que el Congreso aprobara la Ley de Refugiados en 1980.

Basándose en la retórica que confunde falsamente la inmigración ilegal con el aumento de la delincuencia, Trump también tomó medidas para que todos los inmigrantes deportables se conviertan en objetivos “prioritarios” de deportación, penalizar a las llamadas “ciudades y estados santuario” que tienen una participación limitada de la policía local en la aplicación de la inmigración federal; ampliar los procedimientos abusivos de deportación acelerada y los procesos penales por delitos de inmigración; así como aumentar la detención prolongada de inmigrantes, a pesar de la evidencia, documentada por Human Rights Watch y otros, de las condiciones abusivas que imperan en el sistema de detención inmigratoria.

En agosto, el presidente Trump revocó un programa que protegía a inmigrantes que llegaron a EE.UU. cuando eran niños, poniendo en riesgo de deportación a cientos de miles de personas que se criaron en el país. El presidente Trump señaló que apoyaría una legislación que ofreciera estatus legal para los inmigrantes indocumentados traídos a EE.UU. cuando eran niños. Sin embargo, en octubre, la Casa Blanca divulgó un conjunto de principios y políticas de inmigración de línea dura, incluyendo el debilitamiento de las protecciones para los niños migrantes y refugiados, que considera componentes necesarios de cualquier acuerdo legislativo.

Algunas ciudades y estados buscaron aumentar las protecciones para los inmigrantes mediante la creación de fondos para servicios legales, limitando la participación de la policía local en la aplicación de la ley federal de inmigración y oponiendo resistencia a los esfuerzos para desfinanciar a las ciudades “santuario”. Otros trataron de aprobar leyes que castigaran a estas localidades.

En diciembre, Human Rights Watch publicó un informe sobre el impacto del gobierno de Trump en las políticas de inmigración, elaborando perfiles de decenas de residentes que llevaban años viviendo en EE. UU.  y que tenían fuertes lazos familiares o de otro tipo en el país y que fueron sumariamente deportados. La ley de EE.UU. rara vez permite audiencias individualizadas que sopesen dichos vínculos y la mayoría de los inmigrantes carecen de abogados que los ayuden a luchar contra la deportación.

En el momento de redactarse este informe, las aprehensiones para deportación de personas indocumentadas sin condenas penales en EE.UU. casi se habían triplicado a 31.888 entre la investidura de Trump y finales de septiembre de 2017, en comparación con las 11.500 que se produjeron durante aproximadamente el mismo período de 2016.

Derecho a la salud

Hasta la fecha, los intentos en el Congreso de revocar la Ley para la Atención de la Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), que ha ampliado en gran medida el acceso a la atención médica para millones de estadounidenses, han fracasado. Sin embargo, el programa de Medicaid, los subsidios para seguros privados, las protecciones contra la discriminación para lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y otros elementos clave de la ley seguían siendo vulnerables a la acción reguladora del gobierno de Trump.

La comisión de opiáceos designada por Trump publicó un informe preliminar que avala numerosos enfoques de salud pública, pero no recomendó proteger Medicaid, que actualmente cubre el tratamiento para la drogodependencia. La comisión respaldó un mayor acceso a la naloxona, la medicación de reversión de la sobredosis, pero no recomendó que esté disponible sin receta médica, un potencial punto de inflexión para abordar las más de 90 muertes diarias por sobredosis de opiáceos en EE.UU.

Aproximadamente 1,5 millones de estadounidenses viven en residencias de ancianos, donde el uso inapropiado y no consensual de medicamentos antipsicóticos –para la conveniencia del personal o para disciplinar a los residentes sin un propósito médico— está muy extendido. Hasta la fecha, los organismos gubernamentales no han tomado suficientes medidas para poner fin a esta práctica.

Derechos de las personas con discapacidad

Los recortes propuestos por el gobierno de Trump a la ACA, que brinda servicios fundamentales a las personas con discapacidad, y la propuesta de disminuir las obligaciones de accesibilidad bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, podrían menoscabar los derechos de las personas con discapacidad. En julio de 2017, un hombre con discapacidad psicosocial, William Charles Morva, fue ejecutado en Virginia, a pesar de las peticiones de legisladores y expertos de la ONU para conmutar su sentencia.

Un estudio de la Fundación Ruderman de 2017 reveló que entre un tercio y la mitad de todo el uso de la fuerza por parte de la policía en EE.UU. involucra a personas con discapacidades psicosociales o intelectuales.

Derechos de las mujeres y las niñas

El presidente Trump, los funcionarios designados por su gabinete y el Congreso controlado por los republicanos revocaron algunas protecciones importantes de los derechos de las mujeres, a nivel nacional y en política exterior, y se comprometieron a desmantelar otras. Algunos gobiernos estatales también socavaron los derechos de las mujeres al introducir nuevas leyes con restricciones absurdas a los derechos reproductivos de las mujeres. Varias revelaciones en medios de comunicación por parte de personas de alto perfil relacionadas con el acoso y la conducta sexual inapropiada reavivaron las discusiones sobre los abusos sufridos por las mujeres en el trabajo y en lugares públicos.

El Congreso aprobó una ley para desmantelar una regla que protege los fondos de planificación familiar de Título X, un programa nacional que financia servicios a más de 4 millones de estadounidenses, garantizando el acceso a la atención de salud reproductiva. La nueva legislación facilita a los estados restringir las subvenciones a Título X mediante la creación de requisitos de elegibilidad que podrían excluir a ciertos proveedores de planificación familiar, como Planned Parenthood. Esto dejará a muchas mujeres sin acceso asequible a pruebas de detección de cáncer, métodos anticonceptivos y exámenes y tratamientos para infecciones de transmisión sexual.

Las propuestas del Congreso para revocar la ACA habrían supuesto un duro golpe para los servicios esenciales de salud de la mujer, al impedir incluso que la organización no gubernamental Planned Parenthood reciba fondos federales y permitiendo a los estados limitar la cobertura de seguro para una serie de beneficios esenciales para la salud de la mujer. El presupuesto federal propuesto por Trump también exigía recortes masivos al programa de Medicaid.

Trump también emitió una orden ejecutiva para “promover la libertad de expresión y la libertad religiosa”, que impedirá que las mujeres tengan acceso a servicios de salud reproductiva. Además, invita a las agencias a emitir regulaciones que permitan a más empleadores y aseguradores alegar “objeciones basadas en la conciencia” al mandato de cuidado preventivo de la ACA, que incluye la anticoncepción. Los empleadores religiosos ya están exentos, y las organizaciones religiosas sin fines de lucro y ciertas empresas que no cotizan en bolsa también tienen adaptaciones. Tras la orden de Trump, el Departamento de Salud y Servicios Humanos revirtió de manera efectiva el mandato de cobertura de anticonceptivos al ampliar las exenciones para cubrir a casi cualquier empleador que objeta.

La Casa Blanca anunció en agosto que eliminaría una iniciativa de igualdad salarial que entraría en vigor en 2018. Como resultado, los grandes empleadores y contratistas federales no estarán obligados a proporcionar información desglosada sobre la compensación de los empleados a las agencias que supervisan la aplicación de los derechos civiles. También revocó las órdenes ejecutivas que exigían que los contratistas federales cumplieran con las medidas de pago justo y la prohibición del arbitraje forzado de denuncias por acoso sexual y discriminación. El Departamento de Educación anunció su intención de revisar y cambiar las pautas sobre las agresiones sexuales en los campus universitarios, en particular las directrices de la era de Obama sobre el Título IX de la Ley de Enmiendas de Educación de 1972.

Varios estados adoptaron leyes altamente restrictivas del aborto y la salud reproductiva. Estas incluyen nuevas prohibiciones al aborto en ciertas circunstancias u otras medidas restrictivas en Texas, Arkansas, Kentucky, Iowa y Tennessee. Algunos estados aumentaron sus esfuerzos para denegar fondos públicos de planificación familiar a proveedores que también ofrecen servicios de aborto.

A pesar de estos ataques significativos contra los derechos humanos de las mujeres, el panorama no fue completamente sombrío. El Congreso aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2017, que incluye nuevas protecciones para denunciantes en casos de agresión sexual militar y requiere capacitación para prevenir la agresión sexual. Trump aprobó la Ley de Mujeres, Paz y Seguridad de 2017, que tiene como objetivo aumentar la participación de las mujeres en la prevención y seguridad de conflictos.

La reforma de la ley de 2017 del estado de Nueva York sobre el matrimonio infantil reduce drásticamente las circunstancias bajo las cuales los menores de edad pueden casarse.

Millones de personas se reunieron para manifestarse en las Marchas de las Mujeres en Washington, DC, y en ciudades de todo el mundo para exigir igualdad y justicia.

Orientación sexual e identidad de género

En los primeros cinco meses de 2017, los legisladores de varios estados presentaron más de 100 proyectos de ley que atacarían o menoscabarían los derechos de las comunidad LGBT. En marzo de 2017, Carolina del Norte derogó parcialmente una ley de 2016 que exigía que las personas transgénero utilizaran las instalaciones del gobierno según su sexo asignado al nacer y prohibía a los gobiernos locales prohibir la discriminación contra las personas LGBT. Las disposiciones de 2017 prohíben que los gobiernos locales aprueben políticas que tengan en cuenta a los transexuales e impiden que las ordenanzas locales contra la discriminación protejan a las personas LGBT hasta 2020.

En abril, Mississippi promulgó una ley que protege a las personas que discriminan en base a sus convicciones religiosas el matrimonio entre personas del mismo sexo, el sexo extramatrimonial y las personas transgénero.

Tennessee promulgó una ley que permite que terapeutas y psicólogos se nieguen a tratar a las personas LGBT en función de sus creencias religiosas.

En el momento de redactarse este informe, 20 estados tienen leyes que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo y la vivienda basada en la orientación sexual y la identidad de género, mientras que dos estados prohíben la discriminación basada en la orientación sexual pero no en la identidad de género.

Seguridad nacional

El presidente Trump hizo declaraciones, durante su campaña electoral y una vez que asumió la presidencia, apoyando el uso de la tortura para interrogar a detenidos y otras políticas antiterroristas que constituirían violaciones de las leyes estadounidenses e internacionales. Trump más tarde se retractó de estas propuestas asegurando que dejaba en manos del Secretario de Defensa James Mattis, que se había pronunciado abiertamente contra la tortura, los temas de interrogación de detenidos.

En noviembre, la Oficina del Fiscal para la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó autorización judicial para abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Afganistán, incluso por el personal estadounidense en centros secretos de detención en Afganistán y otras partes.

En el momento de redactarse este documento, los medios de comunicación habían informado que las fuerzas estadounidenses interrogaron a detenidos en cárceles secretas dirigidas por fuerzas extranjeras en Yemen. Funcionarios del Departamento de Defensa negaron que se hubieran producido abusos cuando las fuerzas estadounidenses estaban presentes, aunque sus declaraciones no excluyeron la posible complicidad de EE.UU. en la tortura. Después de los informes, el Comité de Servicios Armados del Senado envió una carta a Mattis exigiendo una investigación sobre el asunto. La respuesta de Mattis permanecía clasificada al momento de escribirse el informe.

Trump prometió mantener abierta la prisión de EE.UU. en la Bahía de Guantánamo y enviar a nuevos detenidos allí. EE.UU. mantiene encarcelados por tiempo indefinido a 31 hombres en la instalación, la mayoría de los cuales llevan allí más de una década. El gobierno de Obama no liberó a cinco a los que había dado el visto bueno para ser puestos en libertad. Afirmó que los 26 restantes no podían ser procesados ​​ni liberados, pero no explicó adecuadamente la base de estas determinaciones, ni permitió que los detenidos las pudieran apelar de manera significativa.

EE.UU. sigue procesando a siete hombres por delitos terroristas, incluidos los ataques del 11 de septiembre en el país, en el sistema fundamentalmente defectuoso de comisiones militares de Guantánamo, que no cumple con los estándares internacionales de garantías procesales. También retiene a tres hombres que ya han sido condenados por las comisiones.

Vigilancia

Durante todo 2017, EE.UU. continuó llevando adelante programas de vigilancia a gran escala con fines de inteligencia sin transparencia ni supervisión. Las autoridades utilizaron el artículo 702 de la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Surveillance Act) para monitorear a no ciudadanos (excepto residentes permanentes legales) fuera de sus fronteras para la vigilancia sin orden judicial de sus comunicaciones y para recopilar “incidentalmente” un gran número de comunicaciones para o de personas en EE.UU.

Estaba previsto que la vigencia del artículo 702 concluyera a fines de 2017 a menos que el Congreso la renovara; en el momento de redacción de este documento, las cortes federales de apelaciones habían llegado a diferentes conclusiones sobre la constitucionalidad de ciertos aspectos de la ley.

Mientras tanto, las prácticas de vigilancia por parte de EE.UU. de comunicaciones globales al amparo de la directiva conocida como Decreto 12333 siguen rodeadas de hermetismo, sin que el Congreso ni los tribunales hayan asumido una verdadera función de supervisión. En enero, el gobierno reveló procedimientos para que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) comparta datos con las agencias locales de cumplimiento de la ley obtenidas mediante la vigilancia bajo la orden. Documentos revelados a Human Rights Watch durante el año revelaron una política del Departamento de Defensa bajo la orden para sancionar formas prohibidas de monitoreo de personas dentro de EE.UU. designadas como “extremistas violentos nacionales”. El Departamento de Defensa no ha revelado cómo designa a “extremistas” o qué tipos de monitoreo pueden resultar.

En mayo de 2017, el gobierno de Trump aprobó una propuesta que pide a los solicitantes de visas de EE.UU. direcciones y cuentas de sus redes sociales de los últimos cinco años como parte de su proceso de investigación mejorado. EE.UU. también continúa ejerciendo una amplia autoridad para inspeccionar dispositivos electrónicos y copiar datos en la frontera sin ninguna sospecha de irregularidades.

Libertad de expresión y asamblea

En uno de sus últimos actos en el cargo, el presidente Obama conmutó la sentencia de Chelsea Manning, un soldado que había sido condenado a 35 años de prisión por revelar telegramas diplomáticos de EE.UU. a WikiLeaks y sufrió abusos estando bajo custodia militar. Sin embargo, el gobierno de EE.UU. continuó impulsando la extradición desde Rusia de Edward Snowden, el denunciante que reveló el alcance de las acciones estadounidenses de vigilancia masiva en 2013.

En junio de 2017, el Departamento de Justicia imputó formalmente a la contratista de la NSA Reality Winner por presuntamente divulgar información clasificada sobre la posible interferencia del gobierno ruso en las elecciones estadounidenses de 2016. Conforme a la legislación actual de EE.UU. y al contrario de las leyes internacionales de derechos humanos, Winner no tendrá la posibilidad de argumentar que reveló esa información en interés del público.

El presidente Trump criticó repetidamente a los periodistas y publicó comentarios y videos denigrándolos a lo largo del año, lo que generó inquietud sobre la relajación de la libertad de expresión. En agosto de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el hecho de que la “libertad de prensa” en EE.UU. estaba “bajo el ataque del presidente”.

Dos expertos de la ONU manifestaron su preocupación sobre las propuestas legislativas estatales que buscan “criminalizar las protestas pacíficas” y un tercero describió “una escalada, a veces violenta, de la fuerza militarizada...” contra los manifestantes que se oponen al oleoducto Dakota Access. En agosto, una mujer que protestaba en una manifestación convocada por supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, fue asesinada cuando un hombre presuntamente condujo un automóvil contra la multitud; el conductor fue acusado de asesinato.

En julio de 2017, el Departamento de Justicia de EE.UU. entregó una orden judicial a una compañía que gestionaba un sitio web utilizado para coordinar protestas en la investidura de Trump, exigiendo información que incluye más de 1,3 millones de direcciones de IP (Internet Protocol) que podrían identificar a los visitantes del sitio.

Política exterior

Durante su discurso inaugural, Trump articuló una visión de la política exterior que colocó a “EE.UU. en primer lugar”, prometiendo derrotar al terrorismo, fortalecer el ejército de EE.UU. y adoptar la diplomacia basada en los intereses de EE.UU. Algunos dignatarios extranjeros invitados a la Casa Blanca al comienzo de su presidencia incluyeron a aquellos con mala reputación en materia de derechos humanos, entre ellos el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el primer ministro malasio Najib Razak y el presidente turco Recep Erdoğan.

En su primer día completo en el cargo, el presidente Trump restableció y amplió drásticamente la “Política Ciudad de México” o “Ley Mordaza Global”. Esta disposición retira fondos a organizaciones no gubernamentales extranjeras que reciben asistencia estadounidense en salud si utilizan fondos de cualquier origen para suministrar información sobre abortos, brindar servicios de aborto o promover la liberalización de leyes de aborto. La Ley Mordaza Global ampliada tendrá consecuencias desastrosas más allá otras normas de mordaza anteriores porque restringirá unos US$8.800 millones en asistencia extranjera para servicios de salud tales como planificación familiar, salud materna y servicios para tratar el VIH, la malaria y la tuberculosis en 60 países.

Las organizaciones afectadas no pueden reemplazar fácilmente estos fondos, que ayudan a prevenir millones de embarazos no deseados, abortos inseguros y decenas de miles de muertes maternas. El gobierno de EE.UU. también redujo el apoyo al Fondo de Población de las Naciones Unidas, lo que limita la capacidad de la agencia para brindar atención imprescindible para salvar las vidas de numerosas mujeres y niñas, a menudo en zonas de crisis.

El Secretario de Estado Rex Tillerson ha intentado reformar la estructura del Departamento de Estado de EE.UU. reduciendo drásticamente la dotación de personal y el papel global del órgano, incluso solicitando una disminución del 29 por ciento en fondos para el Departamento de Estado y ayuda internacional.

En abril, EE.UU. llevó a cabo un ataque militar selectivo contra el aeródromo sirio de Al Shayrat en respuesta a un ataque con armas químicas que causó la muerte de más de 80 civiles. El ataque de abril no estuvo acompañado por una estrategia clara para una actuación continua en Siria.

Durante su primer viaje al exterior en mayo, que comenzó en Arabia Saudita, Trump anunció un acuerdo de armas por US$110.000 millones con Arabia Saudita y se comprometió a abordar las preocupaciones de derechos humanos mediante “reformas graduales”. Durante el mismo viaje, el secretario Tillerson expresó preocupación por la falta de libertad de expresión en Irán, tras ignorar restricciones igualmente onerosas en Arabia Saudita.

En junio, el Senado de EE.UU. votó 53-47 en contra de una propuesta que habría prohibido US$510 millones en ventas de armas a Arabia Saudita debido a su papel en el conflicto en Yemen; una iniciativa similar obtuvo sólo 27 votos en 2016. También ese mismo mes, el gobierno de Trump anunció que podría retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) por su presunta parcialidad contra Israel, entre otras preocupaciones.

En julio de 2016, el Congreso de EE.UU. amplió hasta 2019 su autoridad para congelar activos y prohibir visas a funcionarios venezolanos acusados ​​de abusos contra manifestantes antigubernamentales. En 2017, el gobierno de Trump impuso sanciones adicionales a funcionarios venezolanos, incluido el presidente Maduro, y sanciones económicas que prohíben las transacciones en nuevos valores que emitan el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal. La amenaza de agosto del presidente Trump de usar la fuerza militar contra Venezuela fue ampliamente criticada en la región.

En agosto, el Departamento de Estado anunció que había reasignado parte de la asistencia estadounidense de Egipto y había congelado fondos adicionales y asistencia militar, sujetos a condiciones respecto a la democracia y los derechos humanos.

Sin embargo, los ejercicios militares conjuntos que habían sido interrumpidos se reanudaron al día siguiente. Después de meses de revisión, el presidente Trump anunció la nueva política de su gobierno sobre Afganistán, exigiendo más tropas estadounidenses, más ataques aéreos y reglas de enfrentamiento más flexibles que rijan las operaciones de combate contra los talibanes. La política también hace un llamado a Pakistán para que tome más medidas para evitar que los terroristas se refugien allí, y a India para que juegue un papel más influyente en la región.

En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, Trump reafirmó su compromiso de una agenda basada en una ideología de “Estados Unidos primero” y amenazó con “destruir totalmente a Corea del Norte” y se refirió a Irán como una “nación deshonesta” y al acuerdo nuclear con Irán como una “vergüenza”.

EE.UU. no apoyó públicamente los llamamientos al CDHNU para crear una comisión de investigación sobre los abusos en Yemen, pero estuvo activo durante las negociaciones y finalmente se unió al consenso sobre una resolución para lanzar una investigación internacional.

En noviembre, Trump viajó a Asia, donde visitó China, Japón, Corea del Sur y Vietnam mientras se encontraba en la región para la cumbre de la ASEAN en Filipinas. Durante el viaje, Trump se jactó de sus buenas relaciones con líderes autoritarios y no hizo ningún comentario público sobre problemas fundamentales de derechos humanos, incluida la crisis Rohingya.

Conforme continuaban los combates contra el grupo extremista Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria, la cantidad de ataques aéreos estadounidenses y el número de víctimas civiles aumentó significativamente con poco reconocimiento por parte del Pentágono. Los ataques también se reanudaron en Libia y aumentaron en frecuencia en Somalia. Se dice que Trump habría modificado la política de EE.UU. para los ataques con drones fuera de las zonas de guerra convencionales para permitir ataques contra sospechosos de terrorismo de menor nivel en más países, con menos supervisión y mayor secretismo. Según los informes, la CIA recibió autorización para llevar a cabo ataques encubiertos con aviones no tripulados en Afganistán.

El gobierno de Trump estaba considerando retirarse del CDHNU, principalmente debido a las preocupaciones sobre la membresía del organismo y su punto específico de la agenda sobre los Territorios Palestinos Ocupados. Si bien la membresía del Consejo incluye a algunos violadores en serie de los derechos, esto no le ha impedido abordar con éxito una amplia gama de cuestiones de derechos humanos.