El incremento del populismo autoritario pareciera ser menos inevitable que hace un año. En ese entonces, parecía imparable el fenómeno de los políticos en todo el mundo que pretendían hablar en nombre “del pueblo”, pero ganaban adeptos demonizando a minorías relegadas, atacando principios de derechos humanos y fomentando el descreimiento en las instituciones democráticas. Hoy se observa una reacción popular en numerosos países, impulsada en algunos casos por líderes políticos que tienen la valentía de defender los derechos humanos, y esto ha posibilitado que el futuro de las aspiraciones populistas sea más incierto. Cuando la resistencia es firme, los avances populistas han sido limitados. Pero cuando se combinan la capitulación con el mensaje de odio y exclusión, los populistas se imponen.

Este forcejeo ha conseguido que muchas potencias occidentales, en particular, se aislen más, y generen así un mundo cada vez más fragmentado. Con Estados Unidos gobernado por un presidente que muestra una proximidad perturbadora con líderes autoritarios que avasallan derechos, y el Reino Unido abocado a cuestiones relacionadas con el Brexit, a menudo estos dos defensores históricos —aunque imperfectos—de los derechos humanos han estado ausentes.

Presionados por fuerzas políticas racistas y antirrefugiados en el país, Alemania, Francia y sus socios de la Unión Europea no siempre han estado dispuestos a hacerse cargo de la situación. Democracias como Australia, Brasil, Indonesia, Japón y Sudáfrica pocas veces —en el mejor de los casos— han alzado la voz en defensa de los derechos humanos.

China y Rusia han intentado sacar ventaja de este vacío. Mientras priorizaron acallar las protestas en sus países por la desaceleración de la economía y la corrupción oficial generalizada, los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin han impulsado enérgicamente una agenda antiderechos en foros multinacionales, y han forjado sólidas alianzas con gobiernos represivos. El modo en que han eludido el escrutinio público les permitió ganarse la admiración de populistas y autócratas occidentales en todo el mundo.

El repliegue de numerosos gobiernos que podrían haber defendido los derechos humanos ha allanado el camino a líderes homicidas y a quienes los apoyan. En países como Yemen, Siria, Birmania y Sudán del Sur, han proliferado las atrocidades en masa, con una impunidad casi absoluta. Se han puesto en tela de juicio las normas internacionales destinadas a prevenir los abusos más aberrantes y las instituciones que han surgido para responder a estas atrocidades, como la Corte Penal Internacional.

En este contexto hostil, algunos países pequeños y medianos han empezado a asumir roles de mayor liderazgo. Generando coaliciones amplias, han demostrado que son capaces de ejercer una enérgica presión en defensa de los derechos humanos. En algunos casos, han recibido el respaldo de un público cada vez más movilizado. Aunque no pueden sustituir completamente a las potencias que se han retirado, su aparición demuestra que la tendencia en defensa de los derechos humanos sigue vigente y activa.

Responder al populismo

En muchas partes del mundo, hay problemas concretos detrás del aumento del populismo: la fractura económica y la desigualdad provocadas por la globalización, la automatización y el cambio tecnológico; la aversión a los cambios culturales debido a que mayor acceso a movilidad y transporte propicia la migración desde contextos de guerra, represión, pobreza y cambio climático; las grieta social entre las élites cosmopolitas que acogen favorablemente y se benefician con estos cambios y quienes sienten que sus vidas son ahora más precarias; y el efecto traumático de los atentados terroristas, que es usado por los demagogos para propagar la xenofobia y la islamofobia.

Abordar estos problemas no es una tarea fácil, pero en general los populistas no responden planteando soluciones genuinas, sino culpando arbitrariamente a minorías vulnerables y sectores desfavorecidos de la sociedad. El resultado ha sido un ataque frontal a los valores de inclusión, tolerancia y respeto que son centrales a los derechos humanos. Efectivamente, algunos populistas parecen regodearse de romper los tabúes asociados con estos valores. Invocando una interpretación oportunista de los deseos de la mayoría, estos populistas pretenden reemplazar el régimen democrático —un gobierno electo, limitado por derechos y por el estado de derecho— por las ambiciones sin freno del mayoritarismo.

Responder a este desafío populista exige no solo abordar los reclamos legítimos que lo sustentan, sino además reivindicar los principios de derechos humanos que repudian los populistas. Requiere proclamar las ventajas de que los gobiernos rindan cuentas a su población, en vez de estar al servicio del enriquecimiento y la acumulación de poder de sus funcionarios. Exige demostrar que todos nuestros derechos están en riesgo si permitimos que los gobiernos decidan qué personas merecen que se respeten sus derechos. Y requiere recordarles a los ciudadanos de a pie que necesitan los derechos humanos tanto como los disidentes y los sectores vulnerables.

La voluntad de los líderes democráticos de hacer frente a este desafío y defender los derechos humanos no ha sido constante. Hace un año, cuando los populistas parecían tener viento a favor, eran pocos los que se atrevían. Sin embargo, en el último año, esto ha empezado a cambiar, y los efectos son tangibles.

Defender los derechos

Francia

Francia representó el punto de inflexión más notable. En otros países europeos —principalmente Austria y los Países Bajos— los políticos de centro y centroderecha competían con contrincantes populistas adoptando muchas de sus posturas nativistas. Buscaban anular el atractivo populista, pero terminaron reafirmando su mensaje.

Emmanuel Macron adoptó un enfoque distinto durante su campaña presidencial. Adhirió abiertamente a los principios democráticos, y rechazó enérgicamente los esfuerzos del Frente Nacional por fomentar el odio hacia musulmanes e inmigrantes. Su posterior victoria y el éxito de su partido en las elecciones parlamentarias demostraron que los electores franceses rechazan de manera abrumadora las políticas del Frente Nacional, que propician la fractura social.

Todavía está por verse cómo Macron llevará adelante su gobierno. Su decisión de dar carácter permanente a muchos aspectos alarmantes de la ley de emergencia francesa ha sido una primera medida preocupante. En cuanto a política exterior, ha asumido liderazgo oponiéndose a los regimenes autocráticos en Rusia, Turquía y Venezuela, y ha demostrado estar dispuesto a apoyar medidas más enérgicas de la Unión Europea para contrarrestar la embestida de Polonia y Hungría que vulnera derechos. Pero se ha mostrado renuente a abordar los abusos generalizados en China, Egipto y Arabia Saudita. Pese a este desempeño mixto, dejó en claro durante su campaña que la defensa enérgica de los principios democráticos puede atraer un amplio apoyo público.

Estados Unidos

En respuesta a la elección de Donald Trump, en Estados Unidos hubo una amplia reivindicación de los derechos humanos desde numerosos ámbitos. Trump accedió a la presidencia con una campaña de odio contra inmigrantes mexicanos, refugiados musulmanes y otras minorías raciales y étnicas, así como un desprecio evidente por las mujeres. Esto provocó una firme respuesta de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, jueces, numerosos ciudadanos de a pie y, a veces, miembros electos del propio partido de Trump.

Trump logró, igualmente, adoptar medidas regresivas por decreto, deportó a numerosas personas sin tomar en cuenta sus fuertes vínculos con Estados Unidos, reflotó una política cruel y desacreditada de encarcelamiento masivo de quienes cometen delitos, moderó el control de abusos policiales y redujo el financiamiento global destinado a la salud reproductiva de la mujer.

Pese a esto, la resistencia logró contener el daño que podrían haber causado los intentos de Trump por discriminar a miembros de la comunidad musulmana que pretendían visitar Estados Unidos u obtener asilo en ese país, expulsar a personas transgénero de las fuerzas militares e, incluso, en algunos casos, deportar a personas que residían en el país desde hacía muchos años.

El secretario de Estado Rex Tillerson rechazó en gran medida la promoción de los derechos humanos como un elemento de la política exterior estadounidense, y, a la vez,limitó más ampliamente el rol de EE. UU. en el exterior, al encabezar un desmantelamiento sin precedentes del Departamento de Estado. Se negó a nombrar a numerosos altos cargos, despidió a varios diplomáticos con años de servicio, redujo fuertemente el presupuesto y dejó al Departamento de Estado a la deriva. Frustrados por la situación, numerosos diplomáticos de carrera y funcionarios de rangos medios renunciaron.

Sin embargo, a medida que Trump se acercó a un autócrata después de otro, algunos funcionarios del Departamento de Estado, en ciertos casos con apoyo del Congreso, hicieron lo posible para impedir el abandono absoluto de los principios de derechos humanos que han tenido algún tipo de influencia en la política exterior estadounidense a lo largo de cuatro décadas. Consiguieron que Washington siga ejerciendo ocasionalmente un rol útil; por ejemplo, al amenazar con sanciones específicas a los militares birmanos que serían responsables de la limpieza étnica de la minoría rohinyá.

Alemania

Durante el último año, Alemania generó titulares cuando la Alternativa para Alemania (AfD) se convirtió en el primer partido de extrema derecha en llegar al parlamento en décadas. Este acontecimiento obstaculizó el apoyo a la coalición gobernante que incluye al partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Angela Merkel y complicó su misión de formar una coalición gobernante. El interés de Merkel por cuestiones de política interior, y su defensa constante de su valiente decisión, en 2015, de acoger a un gran número de solicitantes de asilo en Alemania, paradójicamente han privado a Europa de una voz firme en defensa de los derechos de refugiados e inmigrantes, el tema que hoy genera más controversia en el continente. Eso también dejó a Macron sin su socio europeo más natural para resistir al populismo autoritario.

No obstante, la elección alemana también dejó una enseñanza sobre cómo lidiar con la extrema derecha. Además de las regiones con recesión económica en la parte oriental del país, donde los problemas extendidos de racismo y xenofobia no han sido abordados desde la caída del Muro de Berlín, la AfD consiguió la mayor cantidad de votos en la próspera región de Bavaria, donde el socio gobernante de Merkel, la Unión Social Cristiana, adoptó muchas más de las premisas nativistas de la AfD que la CDU de Merkel. La confrontación basada en principios, en vez de la imitación interesada, resultó ser una respuesta más efectiva.

Polonia y Hungría

Europa Central se ha convertido en un terreno sumamente fértil para los populistas, y algunos líderes aprovechan el temor a la migración en el resto de Europa para socavar los controles institucionales al poder que ejercen en su país. Sin embargo, también allí los populistas encontraron resistencia.

En Polonia, en un clima de multitudinarias protestas y fuertes críticas internacionales, incluso por parte de instituciones de la UE, el presidente Andrzej Duda vetó el intento inicial del gobierno polaco de socavar la independencia judicial y el estado de derecho, si bien la alternativa que Duda impulsó posteriormente también presentó deficiencias.

En Hungría, la amenaza de acciones legales de la UE —así como el repudio internacional, incluso de EE. UU.— frenó los planes del gobierno de cerrar la Universidad Centroeuropea, un bastión del librepensamiento que opuso resistencia a la “democracia antiliberal” propugnada por el primer ministro Viktor Orbán. Al menos en el caso de Polonia, hay un reconocimiento cada vez mayor por parte de las instituciones de la UE y algunos de sus Estados Miembros de que las ofensivas en Polonia contra el orden democrático suponen una amenaza para la misma UE. Y en vista de la posición de Polonia y Hungría como principales beneficiarias de fondos de la UE, se está iniciando un debate acerca de si esa asistencia debería estar supeditada al respeto de los valores básicos de la UE.

Venezuela

En América Latina, el presidente Nicolás Maduro siguió destruyendo la democracia y la economía venezolanas con la excusa de estar protegiendo a los indefensos frente a quienes él califica de imperialistas. Pero a medida que su gobierno se volvió más despiadado y autocrático, su gestión corrupta e incompetente de la economía se convirtió en una realidad triste e inocultable. Esta nación potencialmente rica quedó en las ruinas pese a sus vastas reservas petroleras, mientras muchas personas buscan desesperadamente comida y medicamentos en un contexto de hiperinflación rampante.

Multitudes salieron a las calles en señal de protesta. Algunos funcionarios desertaron del gobierno. Una cantidad sin precedentes de países latinoamericanos vencieron su renuencia histórica a criticar la represión en naciones vecinas. Otros también alzaron la voz, incluida la UE.

Maduro consiguió mantenerse en el poder, en gran medida mediante la violenta represión que estuvo dispuesto a desplegar. Aprovechandose de un Tribunal Supremo de Justicia servil y de la Asamblea Nacional Constituyente que creó para quitarle y asumir las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, donde hay mayoría opositora, llevó a cabo una brutal arremetida contra opositores. Sin embargo, en tanto el pueblo venezolano sigue sumiéndose en la pobreza y la miseria, no resulta claro por cuánto tiempo permitirán que Maduro se aferre al poder.

Una lucha que debe ser apoyada

Ninguno de estos ejemplos de resistencia ante líderes populistas tiene el éxito garantizado. Una vez en el cargo, los populistas tienen una ventaja sustancial pues pueden explotar el poder del Estado. No obstante, la resistencia muestra que a esto se contrapone una lucha, y que muchas personas no se quedarán de brazos cruzados mientras los autócratas avasallan sus derechos y libertades fundamentales.

Los populistas y autócratas llenan un vacío

En cambio, en los contextos en los cuales se suprimió la resistencia interna y no hubo preocupación internacional, los populistas y otras fuerzas que desprecian los derechos consiguieron prosperar. El presidente Recep Tayyip Erdoğan, por ejemplo, diezmó impunemente el sistema democrático turco, mientras la UE priorizó conseguir su apoyo para detener la llegada de refugiados a Europa. El presidente Abdulfatah al Sisi reprimió el disenso público en Egipto sin que EE. UU. o la UE intercedieran demasiado. Se dejaron convencer por su discurso de lucha antiterrorista y estabilización, pese a que su implacable supresión de todas las opciones islámicas en el proceso político del país era justamente lo que pretendían los islamistas.

El príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed bin Salman, presuntamente con la venia de aliados occidentales, encabezó una coalición de Estados árabes en guerra contra rebeldes hutíes y sus aliados en Yemen, que bombardeó y asedió a civiles, lo cual agudizó seriamente la mayor crisis humanitaria del mundo. El interés por detener la migración en embarcaciones a través de Libia llevó a la UE —en particular, a Italia— a capacitar, financiar e instruir a guardias costeros libios para que hicieran lo que ninguna embarcación europea podía hacer legalmente: devolver por la fuerza a migrantes y refugiados desesperados a contextos inhumanos de trabajo forzado, violación sexual y maltrato extremo.

Las medidas adoptadas por Putin para reprimir a quienes se oponen a su prolongado gobierno despertaron escasa resistencia de parte de gobiernos extranjeros, que están más enfocados en su actuación en Ucrania y Siria que dentro de Rusia. Xi Jinping tampoco encontró demasiada resistencia cuando llevó a cabo la represión más intensa desde el sofocamiento brutal del movimiento democrático de la Plaza de Tiananmén, en 1989, pues muchos países temen que se frustrarán sus lucrativos contratos con contrapartes chinas si defienden los derechos del pueblo chino.

De hecho, cuando la comunidad internacional no repudió su comportamiento en su propio territorio, los gobiernos represivos se sintieron animados a manipular y obstruir a las instituciones internacionales que podrían defender estos derechos.

China detuvo a ciudadanos que intentaron transmitir a órganos de las Naciones Unidas información sobre las violaciones de derechos en el país. Rusia emitió al menos 11 vetos para frenar todo intento de que el Consejo de Seguridad de la ONU abordara los crímenes de guerra del gobierno sirio. Rusia también amenazó con retirarse de un órgano europeo clave de supervisión de los derechos humanos si este mantenía las sanciones por la ocupación de Crimea, mientras que Azerbaiyán intentó sobornar a miembros de ese órgano y Turquía amenazó con no hacer su aporte económico al presupuesto. Burundi amenazó con tomar represalias contra investigadores de derechos humanos de la ONU.

Birmania y los rohinyás

El costo de no hacer frente a los ataques populistas contra los derechos humanos fue tal vez más notorio en Birmania. La corrosiva retórica nacionalista difundida progresivamente por budistas radicales, altos mandos de las fuerzas militares birmanas y algunos miembros del gobierno civil contribuyó a propiciar una campaña de limpieza étnica contra musulmanes rohinyá, tras los ataques lanzados por una milicia contra puestos de seguridad. Una campaña impulsada por el Ejército, en la cual se perpetraron masacres, violaciones sexuales generalizadas e incendios masivos en al menos 340 aldeas, obligó a más de 640.000 refugiados rohinyás a huir a la vecina Bangladesh para salvar sus vidas. Estos son los mismos delitos que la comunidad internacional se había comprometido a no volver a tolerar jamás.

Sin embargo, los países occidentales que durante mucho tiempo habían tenido un activo interés en Birmania se mostraron renuentes a actuar, incluso a través de la aplicación de sanciones económicas y restricciones de viaje específicas a los generales del Ejército responsables de estos delitos de lesa humanidad. Esa reticencia se debió, en parte, a la competencia geopolítica con China por la predilección del gobierno birmano.

También incidió la improcedente deferencia hacia la líder civil de facto de Birmania Aung San Suu Kyi, pese a que carece de control real sobre las fuerzas militares y no mostró disposición alguna a afrontar el costo político de defender a una minoría segregada. El resultado fue el más rápido desplazamiento masivo y forzado de personas desde el genocidio de Ruanda. Existen escasas esperanzas de que los rohinyás puedan regresar en forma inmediata de manera segura y voluntaria, o de que los responsables de las atrocidades que obligaron a estas personas a huir sean llevados ante la justicia.

Finalmente, los Estados de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) convocaron a una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cual apoyaron una resolución que condena los crímenes de lesa humanidad cometidos por Birmania. Se trató de una iniciativa notable y una instancia poco común en la cual miembros de la OCI respaldaron una resolución que critica a un país específico.

La resistencia puede funcionar

África y la CPI

Una de las respuestas más alentadoras contra los autócratas que desprecian los derechos humanos podría ser la de África. Ya había sido un año destacable por la caída de dos dictadores que estuvieron largo tiempo en el poder. El presidente de Gambia Yahya Jammeh perdió ante Adama Barrow una elección celebrada en forma libre y justa y, al rehusarse a aceptar los resultados, fue obligado a dejar su cargo bajo la amenaza de intervención de tropas de África Occidental. El presidente de Zimbabwe Robert Mugabe fue desplazado del poder en un golpe de Estado, aunque lo reemplazó su exvicepresidente Emmerson Mnangagwa, un jefe militar que también tiene extensos antecedentes de abusos. En ambos países se desarrollaron manifestaciones multitudinarias contra dictadores que se perpetuaban en el poder.

La defensa de derechos que tuvo lugar en África fue particularmente notable en la respuesta a los ataques populistas contra la justicia internacional. Hace apenas un año, numerosos líderes africanos, algunos de ellos responsables de muertes y acorralados por la posibilidad de ser enjuiciados, se complotaron para lograr el éxodo masivo de sus países de la Corte Penal Internacional. Utilizando la retórica populista contra lo que calificaron de neocolonialismo, intentaron caracterizar a la CPI como antiafricana debido a que, al haber intervenido en graves delitos contra el pueblo africano, la corte había centrado su atención en los líderes africanos responsables. (Su alcance también se vio limitado por la negativa de algunos gobiernos a ratificar el tratado de la CPI y por la renuencia del Consejo de Seguridad de la ONU a remitir otras situaciones para que fueran investigadas).

Pero el éxodo masivo se convirtió en un fracaso rotundo cuando solamente Burundi se retiró, en un esfuerzo finalmente infructuoso por paralizar la investigación por la CPI de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Pierre Nkurunziza, mientras este apeló a la violencia para extender su mandato presidencial. Pese a haber anunciado su retiro, Gambia dio marcha atrás luego de que asumiera el presidente Barrow. Y los tribunales sudafricanos impidieron, al menos temporalmente, el intento del presidente Jacob Zuma de retirarse de la corte luego de haber ignorado una orden judicial que impedía que el presidente de Sudán, Omar al-Bashir —contra quien la CPI había emitido órdenes de arresto—, huyera a Sudáfrica durante una visita para evitar su detención.

El apoyo masivo a la CPI por parte de organizaciones cívicas en toda África contribuyó a persuadir a la mayoría de los gobiernos africanos de que siguieran apoyando a la corte. La fiscal de la CPI también procuró extender el alcance de la corte solicitando a sus magistrados que le permitieran investigar delitos cometidos por todas las partes en Afganistán, incluidas torturas perpetradas con impunidad en ese país por soldados y agentes de inteligencia estadounidenses.

El importante papel de los Estados pequeños

El último año, los Estados pequeños y medianos mostraron una notable disposición para asumir roles de liderazgo cuando las principales potencias guardaron silencio ante atrocidades masivas o incluso obstaculizaron los esfuerzos para abordarlas.

Esta no es la primera vez que los Estados más pequeños asumen el liderazgo en cuestiones de derechos. La CPI, el Tratado sobre la Prohibición de Minas, la Convención sobre Municiones en Racimo, el Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados y la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas fueron posibles, en gran parte, gracias a coaliciones globales de Estados pequeños y medianos que actuaron sin la colaboración de las principales potencias, o aun con su oposición. Sin embargo, la disposición de estas voces alternativas para asumir un rol protagónico cobró especial importancia el año pasado, cuando las grandes potencias prácticamente se alejaron de la escena o incluso intentaron complicar la situación.

Yemen

El intento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de iniciar una investigación internacional independiente sobre los abusos cometidos en Yemen fue un ejemplo de esto. Una coalición de Estados árabes encabezada por Arabia Saudita atacó duramente a civiles de Yemen; efectuó bombardeos aéreos contra viviendas, mercados y hospitales; y bloqueó la asistencia humanitaria, que se necesitaba con urgencia, y la llegada de otros bienes. Como resultado, 7 millones de personas sufrieron hambruna, y hubo en el país casi 1 millón de presuntos casos de cólera.

Fuerzas hutíes opositoras y sus aliados también utilizaron minas terrestres, reclutaron a niños soldados y bloquearon la asistencia. A pesar de esta grave situación, la posibilidad de una investigación fue, en el mejor de los casos, recibida tibiamente por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que están entre los principales países que venden armas a Arabia Saudita. Ninguno de estos países se mostró dispuesto a adoptar una postura pública. Ante esa abstención, los Países Bajos tomaron la iniciativa, seguidos más tarde por Canadá, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo.

La tarea no fue sencilla. Arabia Saudita amenazó con cortar los lazos diplomáticos y económicos con cualquier país que apoyara la investigación. No obstante, en parte debido a esa amenaza, y a su mensaje implícito de que los países ricos deberían estar exentos de escrutinio cuando cometan atrocidades, Arabia Saudita se vio obligada a aceptar una investigación de la ONU una vez que quedó claro que, muy probablemente, perdería en una votación reñida. Actualmente, la esperanza reside en que un grupo de investigadores que vigila el accionar de los combatientes en Yemen los obligue a tener una mejor actuación.

Siria

En el caso de Siria, los reiterados vetos y amenazas de veto por parte de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, y en ocasiones también de China, obstaculizaron la única vía directa hacia la Corte Penal Internacional. Pese a un esfuerzo internacional cada vez mayor para desalentar el veto en situaciones de atrocidades masivas, Rusia y China, al igual que Estados Unidos, no han adherido a estas iniciativas.

Para salir de ese estancamiento, se planteó la idea de eludir el sistema de veto del Consejo de Seguridad intentando que se tomaran medidas en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde ningún Estado tiene poder de veto. Esta iniciativa estuvo liderada por el pequeño Estado de Liechtenstein, que formó una amplia coalición de gobiernos. Con su apoyo, el resultado en la Asamblea General fue de 105 votos a favor, y 15 en contra, de establecer un mecanismo para reunir pruebas y fundamentar los procesos cuando haya jurisdicciones disponibles, lo cual supuso un importante compromiso de justicia. También deja abierta la posibilidad de que la Asamblea General cree un tribunal especial para Siria, si Rusia continúa bloqueando la posibilidad de justicia en la CPI.

La importancia de esta rendición de cuentas se hizo evidente con el uso persistente, por el gobierno sirio, de agentes neurotóxicos prohibidos, como el sarín; pese a que supuestamente había renunciado a todas sus armas químicas después del resonado incidente de uso de sarín en Guta oriental, en agosto de 2013. Rusia ofreció una explicación falaz sobre un episodio ocurrido en abril de 2017 en la localidad siria de Khan Sheikhoun, en el noroeste del país. Según dijo, una bomba convencional siria habría caído en un depósito donde fuerzas rebeldes almacenaban gas sarín. Esa teoría fue desacreditada de manera concluyente y Rusia, en respuesta, vetó la continuidad de una investigación de la ONU. Cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad está dispuesto a usar su poder para encubrir las atrocidades de un aliado —en este caso, mientras también proporcionaba apoyo militar— es muy importante que se analicen vías alternativas para defender los derechos fundamentales.

Filipinas

Filipinas fue un ejemplo especialmente descarado y letal de una embestida populista a los derechos humanos. Como ya lo había hecho cuando fue alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte asumió la presidencia alentando a la policía a matar a personas presuntamente implicadas en delitos relacionados con drogas. Esto desencadenó una ola de ataques armados policiales —a menudo presentados como “enfrentamientos armados”, aunque se demostró reiteradamente que se trató de ejecuciones sumarias— con más de 12.000 muertos en el escaso año y medio transcurrido desde la asunción de Duterte. La gran mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes de barrios marginados de grandes ciudades, que no despertaban la compasión de numerosos filipinos.

La disputa territorial en curso entre China, Estados Unidos y Filipinas por el Mar de la China Meridional no dejó mucho margen para interesarse por las ejecuciones. Donald Trump, como lo ha hecho en otras oportunidades, pareció en gran medida admirar los atributos de “hombre fuerte” de Duterte.

En cambio, surgió una fuerte presión para detener esta matanza de un grupo de Estados, encabezados por Islandia, que emitieron declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Duterte intentó descalificar estas “sensiblerías”, pero terminó, bajo presión, transfiriendo la autoridad antinarcóticos, al menos por un tiempo, de la policía homicida a un organismo de control de drogas mucho más respetuoso de la ley. Cuando se retiró a la policía de los operativos antidroga, la cantidad de ejecuciones se redujo drásticamente.

Derechos de la mujer

Varios de los populistas de ahora muestran una tendencia misógina. El año pasado, Rusia despenalizó ciertos actos de violencia doméstica. Polonia, que ya contaba con una de las leyes sobre aborto más restrictivas de Europa, ahora limita el acceso a la anticoncepción de emergencia.

Con la asunción de Trump, el gobierno estadounidense restableció una versión ampliada de la “Norma de Mordaza Global” (Global Gag Rule), que reduce significativamente el financiamiento para la atención de la salud esencial de mujeres y niñas en el extranjero.

Sin embargo, surgieron voces que se expresaron contra esto. La Marcha de las Mujeres, convocada inicialmente como una respuesta estadounidense a la elección de Trump, se convirtió en un fenómeno mundial, que convocó a millones de personas en apoyo a los derechos humanos de la mujer.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Macron se identificaron como feministas: Canadá integró la lucha por la igualdad de género como elemento central de sus programas de asistencia y Francia anunció nuevas medidas para luchar contra la violencia de género y el acoso sexual. Los gobiernos holandés, belga y escandinavos impulsaron iniciativas para crear un fondo internacional de derechos reproductivos que reemplace el financiamiento estadounidense que se perdió a raíz de la Norma de Mordaza Global, y Suecia implementó una “política exterior feminista” que prioriza los derechos de las mujeres y las niñas en lugares como Arabia Saudita.

En gran medida en respuesta a las campañas impulsadas por activistas por los derechos de la mujer, tres Estados de Medio Oriente y África Septentrional —Túnez, Jordania y el Líbano— derogaron disposiciones de sus códigos penales que permitían a quienes violaban a mujeres eludir la pena si contraían matrimonio con sus víctimas.

Derechos de personas LGBT

Las minorías sexuales y de género fueron un blanco común de gobiernos que intentaban atraer adeptos conservadores, a menudo para desviar la atención de la gestión deficiente del gobierno. Ya sea Putin en Rusia, Al-Sisi en Egipto o Mugabe en Zimbabwe, estos líderes intentaron provocar pánico moral contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT), para su propio rédito político. Policías en Indonesia, Tanzania y Azerbaiyán agredieron a personas LGBT en público e irrumpieron impunemente en espacios privados.

Independientemente de la forma que adopte, la persecución intensificada de personas LGBT es un claro indicio de que el gobierno no está cumpliendo con las expectativas públicas. Sin embargo, está perdiendo fuerza la presunción de que el público aprobaría indefectiblemente que se persiga a las personas LGBT.

La mayoría de los países latinoamericanos han avanzado con firmeza a favor de los derechos de las personas LGBT en los foros internacionales, al igual que Japón, y varios países de América del Norte y Europa. En los últimos años, Mozambique, Belice, Nauru y Seychelles han despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo.

Este cambio se manifestó incluso en Rusia. La detención, tortura, desaparición forzada y homicidio de hombres gay por miembros de fuerzas del gobierno del presidente checheno Ramzan Kadyrov despertó tal indignación que Putin se vio obligado a ponerle freno a su cruento aliado, y terminar con la purga en esta república del sur de Rusia. Sin embargo, en otros lugares, siguieron interponiéndose otras prioridades, como en la respuesta a la represión de personas LGBT en Egipto, cuando los donantes se mostraron renuentes a plantear el problema, para no ofender a un aliado en la lucha contra el terrorismo.

Tiempo de acción, no de desazón

La principal enseñanza que dejó el último año es que, a pesar de los considerables obstáculos, la defensa de los derechos humanos puede ser exitosa si median los esfuerzos adecuados. Los populistas proponen respuestas superficiales a problemas complejos, pero es posible convencer a amplios sectores de la sociedad, cuando se les recuerda los principios de derechos humanos que están en riesgo, de que repudien los intentos populistas de culpar arbitrariamete a minorías segregadas y minar los sistemas de frenos y comprapesos institucionales que impiden los abusos gubernamentales.

La orientación aislacionista de las potencias occidentales propiciada por la cuestión populista ha generado un mundo cada vez más fragmentado, donde a menudo se permiten atrocidades en masa. Aun así, los países pequeños y medianos comprometidos con los derechos humanos pueden marcar una diferencia cuando aúnan fuerzas y actúan de manera estratégica.

Una evaluación justa de las perspectivas mundiales para los derechos humanos debería generar preocupación en vez de facilitar la aceptación, y un llamado a la acción, en vez de desazón. A medida que nos acercamos al 70.aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el desafío consiste en aprovechar las oportunidades no menores que todavía quedan para oponer resistencia a quienes pretenden revertir los progresos que tanto costó lograr.

Los estándares de derechos humanos proporcionan orientación, pero solo se vuelven operativos cuando hay personas que los promueven en los gobiernos y la población en general. Cada uno de nosotros tiene un papel por desempeñar. El último año demuestra que es posible resguardar a los derechos de las arremetidas populistas. El desafío, ahora, consiste en fortalecer esa defensa y revertir el avance del populismo.