A un niño de seis años con una discapacidad auditiva se le impidió que tuviera sus audífonos después de ser puesto bajo custodia de las autoridades junto con su madre y su hermano de cinco años, al presentarse a un control inmigratorio ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (Immigration and Customs Enforcement, ICE) el día 3 de marzo en San Francisco.
La madre del niño se presentó a la cita según lo requerido como parte de los procedimientos de inmigración que estaban en curso y llevó a sus dos hijos con ella. Las autoridades de inmigración detuvieron a los tres, los trasladaron a otro lugar dentro de Estados Unidos y luego iniciaron procedimientos para deportarlos a Colombia.
Las deportaciones aceleradas pueden menoscabar el acceso a recursos jurídicos eficaces. Alejar a las personas detenidas de sus abogados inmediatamente después del arresto puede dificultar de manera considerable la posibilidad de recurrir a un control judicial o de presentar recursos legales de emergencia antes de que se lleve a cabo la expulsión.
Las autoridades de inmigración no permitieron a los familiares esperar a que les entregaran los audífonos del niño durante el proceso de detención y deportación, según informó el representante legal de la familia.
Para los niños y las niñas con discapacidades auditivas, los audífonos no son simplemente dispositivos médicos, sino que suelen ser su principal medio para comunicarse con el mundo. Ser privado de ellos de un momento a otro puede implicar que un niño o una niña sea incapaz de escuchar la voz de su madre, entender lo que está ocurriendo, comunicarse e interactuar con otras personas y recibir información y explicaciones durante situaciones estresantes o desconocidas.
Las investigaciones demuestran que separar a los niños y las niñas con discapacidades auditivas de sus medios de comunicación puede causar confusión intensa, temor, ansiedad y una sensación profunda de aislamiento.
Este caso se produce poco después de otro incidente alarmante que involucra a migrantes con discapacidad que están bajo custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos. El 19 de febrero, agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. liberaron a una persona refugiada de la comunidad rohinyá que prácticamente estaba ciega, y la dejaron sola frente a una cafetería cerrada, en horas de la noche, con temperaturas bajo cero. Este lugar se encontraba a varias millas de su casa, sin que se notificara a su familia ni a su abogado que estaba siendo liberado. Aparentemente nunca regresó a casa, y su cuerpo fue hallado cinco días después.
Estos casos plantean una profunda consternación acerca de si las autoridades de inmigración estadounidenses están cumpliendo con sus obligaciones de garantizar la accesibilidad y los ajustes razonables para las personas con discapacidad en cada etapa del cumplimiento de los controles inmigratorios.
En todos los casos, las autoridades deben dar prioridad a las alternativas comunitarias a la detención de las personas migrantes con discapacidad, en vez de situarlas en entornos de detención que, a menudo, no toman en cuenta sus necesidades básicas de accesibilidad.
