El segundo mandato del presidente Donald Trump se ha caracterizado desde el inicio por un desprecio abierto hacia los derechos humanos y graves violaciones. Estados Unidos registró un retroceso significativo en ámbitos como migración, salud, medio ambiente, trabajo, discapacidad, género, justicia penal y libertad de expresión, entre otros.
El primer día de su segundo mandato, Trump ordenó eliminar todos los programas federales de diversidad, equidad e inclusión, la primera de una serie de medidas destinadas a desmantelar iniciativas e instituciones creadas para combatir la discriminación racial y de otro tipo. Estas acciones incluyeron una oleada de órdenes ejecutivas y cambios normativos que socavaron la aplicación efectiva de los derechos civiles en varios departamentos gubernamentales y suprimieron prácticamente todas las iniciativas federales dirigidas a reparar la discriminación histórica, incluidas las secuelas persistentes de la esclavitud. La administración también reconfiguró el programa de reasentamiento de personas refugiadas, que ahora beneficia casi exclusivamente a personas blancas procedentes de Sudáfrica.
Desde enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras fuerzas del orden, a menudo encapuchados, llevaron a cabo centenares de redadas innecesariamente violentas y abusivas en cientos de lugares. En junio, el presidente Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por autoridades del Partido Demócrata bajo el pretexto de combatir la “insurrección” y la delincuencia, pese al descenso de los índices delictivos. Al cierre de esta edición, las tropas habían sido enviadas a cinco ciudades, cuatro de ellas con alcaldes afroestadounidenses. Las protestas contra las acciones de la administración en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades fueron reprimidas con violencia por agentes federales y fuerzas policiales locales.
La administración ha recurrido a la búsqueda de chivos expiatorios raciales y étnicos, al uso de la Guardia Nacional dentro del país con fines políticos, a represalias constantes contra presuntos enemigos políticos y exfuncionarios opositores, así como a intentos de ampliar los poderes coercitivos del Ejecutivo y debilitar los controles democráticos. Todo ello consolida un giro decidido hacia el autoritarismo en Estados Unidos.
Algunos estados y gobiernos locales adoptaron medidas positivas para resistir prácticas abusivas y proteger los derechos humanos, pero estos esfuerzos resultaron insignificantes frente a la ofensiva liderada por el gobierno federal contra los derechos.
Racismo estructural y otras formas de discriminación
A comienzos de enero de 2025, antes de la investidura del presidente Trump para su segundo mandato, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe sobre la masacre racial de Tulsa de 1921, que devastó a la creciente clase media negra de esa ciudad y simboliza el impacto perdurable de la esclavitud y el racismo de las leyes Jim Crow. El informe confirmó que agentes del orden y residentes blancos fueron responsables del ataque, pero concluyó que no había una vía legal para la reparación.
Desde el día de la investidura, la nueva administración inició un retroceso drástico en materia de justicia racial, desmantelando los mecanismos de derechos civiles y eliminando los programas federales de diversidad, equidad e inclusión. También emprendió acciones para borrar la historia negra —incluida la figura de Harriet Tubman—, minimizar o encubrir injusticias raciales y evitar cualquier forma de rendición de cuentas.
Los pueblos indígenas siguieron enfrentando obstáculos para el ejercicio de sus derechos, especialmente las comunidades afectadas por la mina de litio Thacker Pass, en Nevada. El caso puso de manifiesto la necesidad de nuevas reformas federales para garantizar que los proyectos en tierras indígenas avancen únicamente con el consentimiento libre, previo e informado de las tribus afectadas, y que se evalúen adecuadamente los impactos culturales, ambientales y de salud.
El proyecto de ley H.R. 40 —una iniciativa del Congreso con más de 30 años de historia que propone crear una comisión nacional de reparaciones para estudiar las consecuencias de la esclavitud— permaneció en consideración. Varias iniciativas estatales y locales avanzaron o ya estaban en marcha para estudiar y aprobar mecanismos de reparación, lo que refleja los esfuerzos por abordar las injusticias raciales históricas.
Democracia y el derecho al voto
En 2025, los pilares fundamentales de la democracia estadounidense sufrieron graves ataques. La administración impulsó medidas para restringir el derecho al voto, incluido un decreto que buscaba imponer requisitos de prueba de ciudadanía, acortar los plazos para el voto por correo y limitar la posibilidad de corregir errores en las papeletas. Los tribunales anularon algunas disposiciones por contravenir la ley.
En el Congreso, representantes republicanos promovieron la Ley SAVE, que impondría la obligación de presentar documentación de ciudadanía para registrarse como votante, pero el proyecto no superó el Senado. Se prevé que estos y otros esfuerzos para debilitar las protecciones del derecho al voto reaparezcan antes de las elecciones legislativas de 2026.
La administración también desplegó medidas de amplio alcance para debilitar pilares fundamentales de la sociedad civil que considera contrarios a sus políticas. Entre ellas, órdenes ejecutivas para recortar fondos de investigación universitaria por supuestos desacuerdos ideológicos, restricciones de acceso al gobierno para ciertos bufetes que realizan determinados trabajos jurídicos, amenazas de retirar el estatus fiscal a organizaciones no gubernamentales y el uso indebido de la Comisión Federal de Comunicaciones y del Departamento de Justicia para intimidar y silenciar a personas críticas. Asimismo, avanzó en la erosión de los órganos de supervisión al politizar agencias federales y destituir a autoridades independientes.
Inmigrantes y solicitantes de asilo
Desde que asumió el cargo en enero, la administración Trump impulsó políticas antiinmigrantes, recurrió al perfilamiento racial en la aplicación de las leyes de inmigración, restringió las solicitudes de asilo basadas en violencia de pareja e intentó impedir que quienes acababan de llegar pudieran solicitar asilo, pese a su derecho a hacerlo en virtud del derecho estadounidense e internacional.
La administración detuvo y deportó sumariamente a un número creciente de personas migrantes, en su mayoría negros y morenos, violando el debido proceso y generando un clima de temor. Los tribunales frenaron algunos abusos graves, como el intento de deportar a niñas y niños no acompañados a Guatemala. En diferentes zonas, fuerzas del orden locales ampliaron su colaboración con agencias federales de inmigración, a menudo con consecuencias graves.
Las redadas migratorias se realizaron por todo el país –incluidos Colorado, Los Ángeles, Washington D.C. y Chicago— así como en fábricas, explotaciones agrícolas y plantas cárnicas. Las detenciones se produjeron en la vía pública, hogares, centros de trabajo, oficinas de inmigración durante controles rutinarios, tribunales, centros médicos y campus universitarios. La administración revocó la normativa federal que limitaba las operaciones migratorias en “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales y lugares de culto, lo que permitió extender las detenciones a estos espacios.
Muchas redadas fueron violentas y abusivas, aterrorizando a comunidades enteras. Mientras continúa una impugnación legal, el Tribunal Supremo permitió que las fuerzas del orden sigan utilizando la etnia y el origen nacional percibido como factores para detener a personas con fines de verificación migratoria.
Algunas operaciones migratorias incluyeron despliegues de la Guardia Nacional y provocaron protestas masivas. En ciudades como Los Ángeles y Chicago, la respuesta policial vulneró los derechos a la libertad de expresión y reunión, y recurrió al uso excesivo —y en muchos casos totalmente injustificado— de la fuerza.
En lo que constituyó un delito internacional de desaparición forzada, el Gobierno utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros —una norma de 1798 invocada solo tres veces antes y únicamente en contextos de guerra declarada— para expulsar a 252 personas migrantes venezolanas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde fueron sometidas a tortura y condiciones inhumanas y degradantes. Tras meses incomunicadas, fueron trasladadas finalmente a Venezuela.
Estados Unidos también trasladó a personas de terceros países a otros Estados —incluidos Costa Rica, Panamá, Ghana, México, Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda— en virtud de acuerdos bilaterales opacos que, en algunos casos, implicaron el envío de millones de dólares a los países receptores. Estos traslados fueron impugnados ante los tribunales por vulnerar el debido proceso y el principio de no devolución.
La administración intentó poner fin a diversas designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Afganistán, Camerún, Etiopía, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur y Venezuela, lo que amenazaba el estatus legal de miles de personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen.
Numerosos estudiantes universitarios migrantes fueron detenidos y sometidos a procedimientos de deportación debido a sus expresiones políticas, especialmente sobre Palestina, lo que generó impugnaciones judiciales. Funcionarios de alto nivel señalaron que publicaciones en redes sociales y comentarios públicos de solicitantes de visado se estaban utilizando como criterio para denegar su entrada al país.
Se abrieron nuevos centros de detención en instalaciones militares y en estados como Florida. Se documentaron condiciones abusivas —incluidas negligencia médica grave, hacinamiento y falta de saneamiento— en estos centros. A finales de agosto, ICE ya había detenido a más del triple de personas que durante todo 2024. En diciembre, la administración suspendió los trámites migratorios para nacionales de 19 países y paralizó todos los procedimientos de asilo.
Sistema penal y criminal
Estados Unidos mantiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con aproximadamente 2 millones de personas detenidas en cárceles, prisiones y centros de detención para inmigrantes cualquier día del año. La mayoría de las personas en cárceles están en prisión preventiva: no han sido condenadas, pero a menudo no pueden pagar una fianza para obtener su libertad. Las autoridades federales y algunas locales intentaron aumentar la reclusión preventiva y revertir otras medidas destinadas a reducir el encarcelamiento.
Las personas negras y latinas siguen sobrerrepresentadas en las poblaciones penitenciarias. Aunque las tasas de delincuencia en todo Estados Unidos continuaron disminuyendo —incluso en ciudades con despliegues de tropas—, la Guardia Nacional fue enviada a Los Ángeles, Chicago, Washington D.C., Portland y Memphis, posiblemente de forma ilegal y a menudo contra la oposición local. Los despliegues se justificaron formalmente como medidas para combatir la delincuencia y proteger a agentes de inmigración.
En 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos \contra personas aliadas de la administración y amenazó o procesó a quienes percibía como opositores, mientras reducía la aplicación de leyes destinadas a combatir delitos de cuello blanco, corrupción y discriminación racial.
El presidente amplió la aplicación de la pena de muerte en Washington D.C. al ordenar al fiscal federal que la solicitara siempre que fuera posible, pese a que el distrito la abolió en 1981. Los estados del país ejecutaron a 47 personas en 2025.
Según informes, tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Grants Pass en 2024, se intensificaron las políticas que criminalizan a las personas sin hogar, así como los esfuerzos para detener de forma involuntaria a personas con problemas de salud mental o que consumen drogas. La policía mató a 1.301 personas en 2025.
Aunque el encarcelamiento de menores ha disminuido en las últimas dos décadas, Estados Unidos sigue privando de libertad a niños, niñas y adolescentes a un ritmo más del doble del promedio mundial. En los 50 estados, menores siguen siendo procesados como personas adultas y persisten amplias disparidades raciales y étnicas en cada etapa del sistema de justicia penal, incluso en las fases de detención, procesamiento y condena. Este año, el presidente pidió endurecer los castigos contra menores y el Congreso avanzó una legislación para aumentar los casos en que se les procesa como adultos en Washington D.C. Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo que condena a menores a morir en prisión.
Derechos sexuales y reproductivos
Tres años después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe v. Wade, legisladores contrarios al aborto siguieron promoviendo medidas para restringir los derechos sexuales y reproductivos. Desde 2022, varios estados prohibieron el aborto y otros limitaron drásticamente el acceso. Este panorama jurídico fragmentado generó temor, provocó retrasos perjudiciales y obligó a muchas personas a viajar largas distancias para recibir atención médica.
Legisladores estatales avanzaron propuestas para restringir el aborto con medicamentos, frenar la educación sexual, procesar penalmente a personal sanitario y criminalizar a quienes ayuden a jóvenes a viajar fuera del estado para recibir atención médica.
Las leyes vigentes en 25 estados que exigen el consentimiento o la notificación parental para acceder al aborto afectaron de forma devastadora a la salud y la vida de jóvenes.
En los dos años posteriores a la anulación de Roe, se abrieron al menos 412 causas penales contra personas embarazadas, acusándolas de delitos relacionados con el embarazo, la pérdida gestacional o el parto.
La administración bloqueó los reembolsos de Medicaid, el programa público de seguro médico para personas con bajos ingresos, a Planned Parenthood, lo que dejó sin cobertura a más de un millón de personas que dependían de esta organización sin ánimo de lucro, el mayor proveedor de salud reproductiva del país.
Los amplios recortes financieros a los programas de salud reproductiva profundizaron las amenazas al derecho a la salud. La administración despidió a personal especializado en salud reproductiva, congeló fondos destinados a la planificación familiar y detección del cáncer de cuello uterino y otros servicios; y desmanteló un proyecto de investigación sobre desigualdades raciales en la salud materno-infantil.
La ley de conciliación presupuestaria aprobada en julio amplió recortes fiscales que benefician de forma desproporcionada a los sectores más ricos del país, al tiempo que redujo significativamente el gasto público en salud y otros programas esenciales para los derechos humanos. Esto dejará sin seguro médico a millones de personas en los próximos años, incluidas millones de mujeres en edad reproductiva.
Orientación sexual e identidad de género
En todo el país, autoridades de distintos niveles continúan atacando los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT). La administración intensificó los ataques contra las comunidades trans mediante medidas ejecutivas que prohíben el uso gubernamental del término “género”, definen el sexo exclusivamente según el asignado al nacer, restringen o eliminan el apoyo médico a jóvenes trans y revocan protecciones para estudiantes trans.
Veintisiete estados ya prohíben la atención de afirmación de género médicamente indicada para jóvenes, y varios imponen sanciones penales a quienes la brindan. En junio, el Tribunal Supremo avaló estas prohibiciones, que tienen efectos devastadores en la salud y el bienestar de personas jóvenes. Ocho estados obligan al personal docente a revelar la identidad de género del alumnado a sus progenitores, veinte restringen el acceso de personas trans a baños escolares y diecinueve limitan la discusión en el aula sobre orientación sexual e identidad de género.
Menos de la mitad de los estados del país prohíben la discriminación por orientación sexual e identidad de género. El Congreso no ha aprobado protecciones federales amplias para las personas LGBT en materia de educación, vivienda, acceso a bienes y servicios públicos ni en programas financiados con fondos federales.
Derechos de las personas mayores y con discapacidad
Durante los primeros 100 días de la administración, las personas mayores y las personas con discapacidad enfrentaron un aumento de la inseguridad alimentaria y de ingresos debido a retrasos evitables en los pagos de la Seguridad Social, así como a recortes en el apoyo federal para programas suplementarios de alimentación como Meals on Wheels. Las personas con discapacidad sufrieron además la eliminación de programas federales que exigían y orientaban sobre accesibilidad.
Medio ambiente y derechos humanos
En enero, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, el histórico tratado internacional destinado a limitar el aumento de la temperatura global. En julio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso revocar su determinación previa de que los gases de efecto invernadero representan un riesgo para la salud pública, lo que pondría en peligro normas clave para reducir la contaminación que agrava el calentamiento global.
El cierre de las oficinas de justicia ambiental de la EPA por parte de la administración, junto con la desregulación y los recortes presupuestarios, redujo drásticamente la capacidad de afrontar daños que afectan de manera desproporcionada a comunidades pobres, mayoritariamente racializadas, socavando su salud y sus medios de vida.
Tecnología y derechos humanos
Las medidas administrativas y la ausencia de legislación federal integral de protección de datos deterioraron aún más la privacidad. La administración ordenó un amplio intercambio de datos personales sensibles entre agencias gubernamentales, y el denominado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE, por sus siglas en inglés) centralizó la recopilación de información sensible, lo que aumentó el riesgo de vulneraciones masivas de la privacidad.
ICE adquirió tecnología para piratear teléfonos y otras herramientas de vigilancia, incluida la reactivación de un contrato para obtener spyware comercial que plantea amenazas para los derechos y agrava el hostigamiento contra periodistas, activistas y abogados.
Las agencias estadounidenses monitorearon redes sociales y emplearon otros tipos de vigilancia para identificar a personas para su deportación en función de sus expresiones, en particular las relacionadas con Palestina.
La administración revocó una orden ejecutiva destinada a garantizar el uso responsable y transparente de sistemas de inteligencia artificial (IA), y lanzó un Plan de Acción centrado en la desregulación y la inversión en IA militar.
Las plataformas digitales de trabajo clasifican erróneamente a millones de personas trabajadoras de la economía de encargos (economía “gig”), negándoles derechos laborales y pagándoles con frecuencia por debajo de los salarios mínimos estatales o locales. Las personas gestionadas mediante algoritmos desconocen cómo se asignan tareas, cuáles son los criterios de remuneración o por qué se les desactiva. En julio, legisladores federales presentaron un proyecto de leypara aportar transparencia al sector y garantizar un trato justo para quienes trabajan en estas plataformas.