- Agentes de las fuerzas del orden respondieron con fuerza excesiva y brutalidad deliberada a las protestas contra las redadas migratorias realizadas en Los Ángeles y sus alrededores entre el 6 y el 14 de junio.
- La respuesta agresiva de agentes locales, estatales y federales a estas manifestaciones reprimió de forma violenta el derecho legítimo de la población a expresar su indignación y el derecho de los medios de comunicación a informar con seguridad.
- Todas las agencias involucradas deben respetar el derecho a la protesta y garantizar que quienes cometieron abusos rindan cuentas por sus actos.
(Los Ángeles, 18 de agosto de 2025) – Agentes de las fuerzas del orden respondieron con uso excesivo de la fuerza y una brutalidad deliberada a las protestas contra las redadas migratorias llevadas a cabo en Los Ángeles, California, y sus alrededores entre el 6 y el 14 de junio de 2025, señaló hoy Human Rights Watch.
Los agentes dispararon gases lacrimógenos, proyectiles de gas pimienta, balas de espuma dura y granadas aturdidoras directamente contra manifestantes, periodistas y otras personas que se encontraban en el lugar a menudo a corta distancia y, en muchos casos, sin previo aviso ni provocación. Decenas de personas resultaron heridas, con lesiones que iban desde hematomas y laceraciones graves hasta fracturas, conmociones cerebrales, la amputación de un dedo y lesiones oculares severas.
“Las redadas migratorias masivas han sembrado el terror en comunidades de todo Los Ángeles y han llevado a miles de personas a salir a la calle en señal de protesta”, afirmó Ida Sawyer, directora del departamento de crisis, conflicto y armas de Human Rights Watch. “La respuesta agresiva de las fuerzas del orden locales, estatales y federales ha reprimido violentamente el derecho de la población a expresar legalmente su indignación y el derecho de los medios de comunicación a informar con seguridad”.
Las protestas estallaron tras una fuerte intensificación de las redadas migratorias en Los Ángeles y sus alrededores, como resultado de las órdenes del gobierno de Trump al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de aumentar las detenciones diarias de personas inmigrantes en situación irregular. Agentes federales fuertemente armados irrumpieron en tiendas, almacenes, hoteles, restaurantes, granjas, centros de lavado de autos, puestos de tacos y otros centros de trabajo, deteniendo a personas sospechosas de no tener documentos, con el objetivo de deportarlas.
Entre el 10 y el 14 de junio, Human Rights Watch estuvo presente en varias protestas y visitó lugares donde se llevaron a cabo redadas del ICE en Los Ángeles y sus alrededores. Entrevistó a 39 personas, entre ellas manifestantes, periodistas, observadores legales, personal voluntario médico de calle, defensores de los derechos de las personas migrantes, organizadores comunitarios y otras personas afectadas por las redadas. Los investigadores analizaron demandas judiciales, documentos del Club de Prensa de Los Ángeles, informes de los medios de comunicación, así como fotos y videos que se grabaron durante las protestas y se publicaron en las redes sociales o se compartieron directamente con los investigadores.
Human Rights Watch documentó 65 casos en los que agentes de distintas fuerzas del orden —a nivel local, estatal y federal— causaron lesiones a manifestantes, periodistas y otras personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, es probable que el número real sea mucho mayor. En las tres semanas posteriores al 6 de junio, más de 280 personas se pusieron en contacto con La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) del sur de California, la mayoría para denunciar que habían resultado heridas a manos de agentes mientras participaban en actividades de protesta.
Las primeras protestas de gran escala comenzaron el 6 de junio, cuando agentes del ICE llevaron a cabo redadas en varios lugares, entre ellos dos instalaciones de Ambiance Apparel en el distrito de la moda de Los Ángeles. El 7 de junio, un grupo de manifestantes se enfrentó a agentes federales armados y agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) en el suburbio de Paramount, frente a una tienda Home Depot cercana a un parque de oficinas donde se había informado de una redada inminente.
Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una directiva en la que afirmaba que las protestas en Los Ángeles “constituyen una forma de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”, ordenó la intervención de la Guardia Nacional y autorizó el despliegue de “cualquier otro integrante de las Fuerzas Armadas regulares que resultara necesario”. El 9 de junio, su administración movilizó a 700 infantes de marina en servicio activo para unirse a varios miles de soldados de la Guardia Nacional, que en su mayoría se encargaban de custodiar edificios federales. Aunque las autoridades locales y estatales expresaron su rechazo a estas acciones, la policía local reprimió las protestas con agresividad.
Desde el 6 de junio y al menos hasta el 14 de junio, manifestantes se congregaron a diario frente al Centro Metropolitano de Detención, donde permanecían retenidas muchas personas en situación irregular. También se realizaron protestas frente a otros edificios gubernamentales en el centro de Los Ángeles y sus alrededores.
Human Rights Watch fue testigo en múltiples ocasiones y documentó cómo agentes de las fuerzas del orden obligaban a manifestantes a abandonar determinadas zonas, a menudo sin justificación aparente y sin emitir órdenes de dispersión claras, audibles o con antelación. Los agentes apuntaban y disparaban con frecuencia armas de “letalidad reducida” directamente contra los manifestantes, en algunos casos a corta distancia, utilizando gases lacrimógenos, pelotas de pimienta, proyectiles de espuma dura y granadas aturdidoras. Aunque estas armas no son tan letales como las balas, pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.
Human Rights Watch documentó 39 casos de periodistas heridos por las fuerzas del orden, la mayoría de los cuales llevaban cámaras y credenciales de prensa visibles. Varios habrían sido blanco de ataques deliberados. El 8 de junio, un oficial de policía disparó un proyectil de impacto cinético directamente a Lauren Tomasi, periodista australiana de 9News, mientras informaba en vivo por televisión desde el centro de Los Ángeles, dejándole un moretón en la pierna.
El 9 de junio, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) disparó a tres personas —todas reconocidas por su activismo a favor de la rendición de cuentas policial— a muy corta distancia con proyectiles de impacto cinético, provocándoles un dolor intenso durante varios días, según relataron dos de las víctimas y según muestran las grabaciones revisadas por Human Rights Watch. Antes de disparar a una de ellas en la ingle, el agente le dijo: “Te voy a reventar porque me estás distrayendo”.
Un voluntario médico de calle, que él mismo tuvo que ser hospitalizado tras recibir el impacto de un proyectil de espuma dura que le causó una herida profunda y abierta, contó que pasó varias horas en el centro de Los Ángeles el 14 de junio respondiendo a los gritos de auxilio de personas heridas. Entre ellas había manifestantes alcanzados por proyectiles y con sangrado en la cabeza o en la cara, una persona con una pierna fracturada, y otras con dificultades para ver u oír debido a las granadas aturdidoras y los gases lacrimógenos.
Durante las protestas se registraron algunos actos de violencia contra la policía y daños a la propiedad, principalmente en los primeros días. Human Rights Watch halló pruebas de que la mayoría de los actos violentos por parte de manifestantes se produjeron después de los actos de violencia ejercida por las fuerzas del orden, y que solo una pequeña parte del total de personas presentes participó en actos destructivos. En los casos en que algunas personas recurrieron a la violencia o causaron destrozos, la respuesta de los agentes no se dirigió únicamente contra quienes cometieron esos actos, sino que fue generalizada y desproporcionada.
Human Rights Watch concluyó que agentes de las fuerzas del orden cometieron violaciones claras del derecho internacional de los derechos humanos. Estas conclusiones también tienen implicaciones para la protección de los derechos civiles contemplada en la Constitución de Estados Unidos, así para la legislación del estado de California, recientemente modificada, que impone restricciones estrictas sobre cuándo y cómo pueden usar la fuerza los agentes durante protestas, además de establecer protecciones para periodistas que las cubren.
El 31 de julio, Human Rights Watch se dirigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al LAPD y al LASD, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
En una declaración del 23 de junio, el jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, afirmó que el departamento llevaría a cabo “una evaluación exhaustiva de cada incidente en que se utilizó la fuerza” y que actuaría contra cualquier agente “que no haya cumplido” con los estándares del cuerpo. Si bien reconoció que las protestas “en su mayoría se caracterizaron por una expresión pacífica”, señaló que en ocasiones fueron “secuestradas por la violencia, el vandalismo y la agresión criminal” y que “los agentes estaban justificados al actuar con rapidez y mesura para evitar más daños y restablecer la seguridad pública”.
Periodistas, manifestantes y observadores legales han presentado varias demandas contra la ciudad y el condado de Los Ángeles, así como contra el DHS, por los daños sufridos durante estas protestas. Demandas anteriores por abusos cometidos por las fuerzas del orden en protestas en Los Ángeles han supuesto millones de dólares en acuerdos extrajudiciales pagados por la ciudadanía, pero han tenido escaso o nulo impacto en cuanto a la rendición de cuentas de las agencias implicadas y de las autoridades responsables, ni han generado cambios significativos en las prácticas policiales.
“Los agentes de las fuerzas del orden en Los Ángeles emplearon una fuerza brutal, excesiva e injustificada contra personas defensoras de los derechos humanos y contra quienes informaban sobre las protestas”, afirmó Sawyer. “Todas las agencias involucradas deben respetar los derechos a la libertad de expresión y de protesta, proteger a los periodistas y garantizar que quienes cometieron abusos rindan cuentas”.
Marcos legales aplicables
Derecho internacional
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Estados Unidos es parte, protege los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las obligaciones de Estados Unidos en virtud de este pacto se extienden a todas las autoridades del país, tanto federales como estatales y locales. En consecuencia, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todo el personal de las fuerzas del orden respete los derechos fundamentales.
El PIDCP solo permite imponer restricciones limitadas al derecho de reunión pacífica, y únicamente cuando sean “necesarias en una sociedad democrática” para proteger ciertos intereses fundamentales, como el orden público, la seguridad pública o los derechos de otras personas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano internacional de expertos encargado de supervisar el cumplimiento del pacto, emitió en septiembre de 2020 una Observación General con directrices detalladas y prácticas sobre cómo los Estados deben garantizar el respeto del derecho a la reunión pacífica.
La Observación destaca que cualquier restricción a este derecho debe estar cuidadosamente justificada y ser tanto necesaria como proporcional al objetivo permitido por el que se impone. Además, indica que cuando las restricciones se justifican en nombre de la seguridad pública, las autoridades deben demostrar “un riesgo real y significativo para la seguridad de las personas (vida e integridad física) o un riesgo similar de daños materiales graves”.
Incluso cuando las fuerzas del orden tengan una base legítima para intervenir o dispersar a personas manifestantes, el uso de la fuerza debe ser cuidadosamente calibrado. Según los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los agentes deben agotar medios no violentos antes de emplear la fuerza, y deben evitar su uso para dispersar protestas no violentas, independientemente de que las autoridades las consideren ilegales.
El uso de la fuerza solo es apropiado cuando otras medidas para hacer frente a una amenaza real han resultado ineficaces o no tienen posibilidad alguna de lograr el resultado previsto. En caso de utilizarse la fuerza, los agentes deben emitir advertencias previas y claras, actuar con moderación y de manera proporcional, teniendo en cuenta tanto la gravedad de la amenaza como el objetivo legítimo que se pretende alcanzar.
Derecho federal
La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y considera estos derechos como pilares fundamentales del sistema de gobierno del país. Los tribunales estadounidenses han desarrollado una jurisprudencia extensa sobre la regulación legítima y las limitaciones permitidas al ejercicio de estos derechos. La Cuarta Enmienda protege contra registros e incautaciones arbitrarias por parte de las fuerzas del orden, lo que incluye el uso excesivo de la fuerza durante una detención o cualquier otra forma de retención.
Derecho estatal
Tras las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020, California aprobó leyes que restringen el uso de armas de letalidad reducida durante manifestaciones y protegen los derechos de periodistas y otras personas presentes en el lugar. La Sección 13652 del Código Penal de California prohíbe a las fuerzas del orden el uso de “proyectiles de energía cinética” para dispersar una concentración, protesta o manifestación, salvo en casos en los que sea necesario “para defenderse de una amenaza a la vida o la integridad física grave”, o bien para “controlar de forma segura una situación objetivamente peligrosa e ilegal”.
Incluso en esas circunstancias, el uso de la fuerza solo está permitido si se cumplen una serie de requisitos, como hacer esfuerzos razonables para identificar a las personas violentas y evitar disparar de forma indiscriminada contra la multitud; no apuntar a la cabeza, el cuello ni a órganos vitales; emitir advertencias claras y audibles; permitir que las personas se retiren del lugar; e intentar aplicar técnicas razonables de desescalada. Las fuerzas del orden no pueden utilizar estas armas únicamente para responder a violaciones del toque de queda, amenazas verbales o actos de desobediencia civil a órdenes policiales. Esta misma disposición exige además minimizar el uso de estas armas contra personas presentes de manera circunstancial, periodistas, personal médico y otras personas que se encontraban en el lugar.
La Sección 409.7 del Código Penal establece que los periodistas tienen derecho a acceder a zonas restringidas por las fuerzas del orden durante las protestas y que los agentes no deben expulsar ni interferir de ningún modo con quienes se encuentren legalmente cubriendo los hechos con fines informativos.
Los departamentos de policía y del sheriff de Los Ángeles emitierondirectrices a finales de 2021 que detallan cómo deben cumplir los agentes con estas disposiciones legales.
Agencias de seguridad desplegadas en las protestas de Los Ángeles
Entre el 6 y el 14 de junio, se desplegaron en la zona de Los Ángeles diversas agencias de seguridad de nivel federal, estatal y local para responder a las protestas.
Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y del Departamento del Sheriff estuvieron presentes en casi todas las manifestaciones y encabezaron los operativos de vigilancia o dispersión. Agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) se centraron principalmente en bloquear los accesos a la autopista 101 en el centro de Los Ángeles.
Agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), participaron en las redadas migratorias y fueron desplegados en las inmediaciones del Centro Metropolitano de Detención —una instalación federal— y de otros edificios federales en el centro de la ciudad.
Tras la directiva emitida por el presidente Trump el 7 de junio, aproximadamente 2.000 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a Los Ángeles bajo autoridad federal. El 9 de junio, el Gobierno envió 2.000 soldados adicionales y movilizó a 700 infantes de marina en servicio activo para reforzar el operativo. Su labor principal fue proteger edificios federales. Desde entonces, todos fueron retirados, salvo unos 250 miembros de la Guardia Nacional.
Uso de armas de letalidad reducida contra manifestantes y observadores
Los agentes dispararon diversos tipos de armas de letalidad reducida contra los manifestantes. Entre ellas se encontraban agentes químicos como gases lacrimógenos, espray de pimienta y pelotas de pimienta, todos diseñados para incapacitar temporalmente mediante una intensa irritación de ojos, nariz, rostro, pulmones y piel. También utilizaron proyectiles de impacto cinético, como balas de esponja o espuma dura, diseñadas para causar dolor sin penetrar la piel, y granadas aturdidoras, cuyo propósito es desorientar temporalmente alterando la vista y el oído.
Además, la policía utilizó caballos, porras, escudos y las manos para empujar, golpear o derribar a manifestantes y personas presentes en el lugar.
Uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden
Human Rights Watch documentó 65 casos de personas heridas por agentes de seguridad durante las protestas, a partir de entrevistas con víctimas y testigos, análisis de fotografías y videos, y revisión de demandas judiciales, informes de prensa creíbles y documentos proporcionados por el Club Prensa de Los Ángeles.
La mayoría de las víctimas recibieron impactos de proyectiles de impacto cinético, como balas de espuma dura, pelotas de pimienta o los propios botes que contenían gases lacrimógenos o granadas aturdidoras. En muchos casos, los agentes dispararon directamente contra las personas, a veces desde muy corta distancia, apuntando a la parte superior del cuerpo, la cabeza o la zona de la ingle. Otras personas resultaron heridas por agentes a caballo, que usaron sus monturas para arrollar o empujar a la gente y usaron las porras para golpear desde lo alto. También hubo casos de personas golpeadas por agentes a pie con porras o con las manos.
Las lesiones incluyeron hematomas severos, cortes, hematomas internos, conmociones cerebrales, fracturas (de costillas, manos, dedos y nariz), casi amputación de un dedo en un caso y amputación completa en otro, lesiones oculares graves que derivaron en pérdida de visión en un ojo, y heridas profundas y abiertas provocadas por proyectiles que impactaron o penetraron las piernas.
De estos casos documentados, se atribuyen 36 a agentes de la policía, 13 a agentes federales, 8 a agentes del sheriff y 1 a la Patrulla de Caminos. En 7 casos, no se pudo determinar con certeza cuál fue la agencia responsable.
Human Rights Watch también documentó numerosos casos en los que agentes dispararon gases lacrimógenos y otros irritantes químicos contra multitudes, provocando incapacitación temporal. Estos casos no están incluidos en el recuento de las 65 personas heridas.
Es probable que el número real de personas heridas sea mucho mayor, incluidas aquellas personas que sufrieron lesiones leves y no buscaron atención médica ni denunciaron los hechos públicamente.
El 10 de julio, Los Angeles Times informó que el departamento de policía estaba investigando 86 denuncias contra sus agentes relacionadas con las protestas recientes, incluidas 59 por posible uso excesivo de la fuerza y 3 en las que las personas afectadas fueron hospitalizadas.
El equipo de investigación observó y documentó en repetidas ocasiones a agentes del orden utilizando la fuerza para dispersar a manifestantes y otras personas que se encontraban en el lugar, sin emitir órdenes de dispersión claras y audibles ni ofrecer la oportunidad razonable de retirarse. Varias personas manifestantes y observadoras expresaron su frustración ante la falta de claridad sobre qué zonas estaban permitidas. En muchos casos, un cordón de seguridad de agentes empujaba a la multitud en una dirección, mientras otra línea la forzaba en sentido contrario. En al menos un caso, los agentes emplearon claramente la táctica del kettling —encerrar a los manifestantes sin dejar vías de salida— antes de detenerles.
Violencia por parte de personas manifestantes
Investigadores de Human Rights Watch estuvieron presentes los días 11, 12 y 13 de junio y no observaron actos de violencia por parte de personas manifestantes. En protestas anteriores esa semana, particularmente el 8 de junio, algunas personas lanzaron botellas de agua y piedras en dirección a agentes de las fuerzas del orden, encendieron fuegos artificiales, prendieron fuego a un neumático y escribieron grafitis en edificios gubernamentales, según los testimonios de manifestantes y observadores, así como videos revisados por Human Rights Watch. Ese mismo día, un pequeño grupo incendió cinco vehículos Waymo vacíos, de conducción autónoma. Algunas personas lanzaron objetos contra coches patrulla en la autopista. El incidente más grave documentado también ocurrió el 8 de junio: en un vídeo analizado por Human Rights Watch se ve a una persona lanzando una piedra desde un paso elevado sobre la autopista 101, cerca del Ayuntamiento, que impacta contra la protección facial de un agente. El agente corre a ponerse a salvo bajo el paso elevado. Según testigos y una periodista de Los Angeles Times que cubría la protesta, la concentración había sido pacífica hasta que la policía empezó a usar la fuerza.
El 14 de junio, Human Rights Watch observó y documentó algunos casos en los que manifestantes arrojaron botellas a agentes, después de que la policía cargara contra la multitud con caballos y disparara grandes cantidades de munición de letalidad reducida. Puede haber habido incidentes aislados cometidos por personas a título individual más temprano ese día, pero, en general, la protesta no fue violenta ni destructiva.
El jefe de la policía de Los Ángeles, McDonnell, afirmó que 52 agentes sufrieron lesiones que requirieron atención médica, aunque no especificó la gravedad de las heridas ni cómo ocurrieron.
Selección de incidentes documentados por Human Rights Watch
A continuación, se presenta una selección de los incidentes documentados en los que agentes de seguridad utilizaron la fuerza contra personas manifestantes.
Almacén y tienda de Ambiance Apparel, 6 de junio
A media mañana del 6 de junio, agentes federales —incluidos efectivos del ICE y del FBI— llevaron a cabo varias redadas coordinadas en centros de trabajo. Con el rostro cubierto y equipados con uniformes tácticos, acudieron a la sede central de Ambiance Apparel en la calle 15 y a su sala de exhibición y almacén en la calle Towne, ambos ubicados en el distrito de la moda, cerca del centro de Los Ángeles. Arrestaron a más de 40 personas, las esposaron y las trasladaron en furgonetas y camionetas tipo SUV al Centro Metropolitano de Detención en el centro de la ciudad.
Según la Fiscalía del Distrito Central de California, las autoridades federales contaban con una orden judicial para registrar la empresa en busca de “documentos ficticios de empleados”. No está claro cómo decidieron a quiénes detener y trasladar desde esos centros de trabajo.
A medida que se difundía la noticia de las redadas, personas comenzaron a concentrarse frente a las instalaciones de Ambiance Apparel para apoyar a las personas trabajadoras y expresar su rechazo a las detenciones, entre ellas familiares de las personas arrestadas, personas que viven y trabajan en la comunidad local, y activistas laborales y por los derechos de los inmigrantes. Human Rights Watch entrevistó a varios testigos que vieron a los agentes federales subiendo a personas a furgonetas sin distintivos y relataron que no les dejaron hablar con sus familiares. Una de ellas, que vio cómo se llevaban a su padre, dijo que los agentes actuaron con agresividad a pesar de que las personas detenidas no ofrecieron resistencia. Las personas defensoras les gritaban en español a los trabajadores detenidos, instándoles a ejercer su derecho a guardar silencio.
En las instalaciones de la calle 15, algunas personas se colocaron frente a las furgonetas del ICE que intentaban acceder al recinto por la entrada principal. David Huerta, presidente del sindicato Service Employees International Union – United Service Workers West (SEIU-USWW), se colocó en la puerta hasta que agentes federales lo empujaron al suelo, le causaron lesiones y lo detuvieron. La Fiscalía presentó cargos penales contra Huerta por “conspiración para obstruir la labor de un agente”. A continuación, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles formaron un cordón de seguridad y desalojaron a las personas manifestantes de la entrada, colaborando así con los agentes federales para facilitar su salida del recinto.
También hubo concentraciones de familiares y manifestantes frente a las instalaciones ubicadas en la calle Towne. Agentes del FBI con el rostro cubierto, cascos, equipamiento militar y rifles de asalto desalojaron por la fuerza a la multitud, empujando y golpeando con porras y escudos a las personas para permitir que los agentes del ICE y sus vehículos pudieran abandonar el lugar con las personas detenidas. Después de que las furgonetas salieran, los agentes del FBI se retiraron del área mientras la multitud los seguía. Algunas personas lanzaron botellas de plástico contra los agentes, que iban fuertemente armados y protegidos con escudos, y estos respondieron disparando granadas aturdidoras mientras abandonaban la zona.
Paramount, 7 de junio
El 7 de junio, agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidos efectivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fueron desplegados con equipo táctico completo en un parque comercial situado frente a una tienda Home Depot en Alondra Boulevard, en Paramount, un suburbio del sur de Los Ángeles. A medida que se corrió la voz sobre su presencia, personas del vecindario y de otras zonas de Los Ángeles se congregaron en señal de protesta. Desde finales de la mañana hasta la noche, los agentes federales dispararon repetidamente gases lacrimógenos, pelotas de pimienta y proyectiles de espuma dura contra la multitud, que en su mayoría permaneció al otro lado de la calle, a menudo ocultándose tras los árboles, según relatos de testigos y grabaciones revisadas por Human Rights Watch.
Un defensor de los derechos de las personas migrantes relató que, alrededor del mediodía, los agentes federales le dispararon repetidamente con munición de letalidad reducida: “Acababan de lanzar una ronda de gas lacrimógeno. Yo llevaba una máscara antigás y nadie más tenía una, así que fui... a mover el bote de gas lejos de las familias que estaban protestando”. Contó que colocó el cartucho en un contenedor y que, al darse la vuelta para regresar, “empecé a oír muchos disparos y sentí los impactos en la espalda”.
Recibió al menos cuatro impactos de lo que habrían sido proyectiles de espuma de 40 mm con tapa azul, que le dejaron grandes hematomas en los glúteos, el muslo izquierdo, detrás de la rodilla derecha y en el tobillo derecho, según las lesiones observadas y las fotografías revisadas por Human Rights Watch. También contó que recibió disparos de pelotas de pimienta en la espalda, que no le causaron marcas permanentes, pero le hicieron sentir como si tuviera “la espalda en llamas”.
El defensor afirmó que no se emitió ninguna orden de dispersión antes de que los agentes abrieran fuego contra él, que él les daba la espalda y que “ni siquiera me dirigía hacia ellos”, lo cual le llevó a considerar el ataque como arbitrario e injustificado.
Los agentes federales también hirieron a Ryanne Mena, reportera de Los Angeles Daily News, al dispararle en la cabeza, justo por encima de la oreja, con un proyectil de letalidad reducida, tras lo cual lanzaron una gran cantidad de gas lacrimógeno. “Me han rociado con gas lacrimógeno en varias ocasiones”, afirmó. “Pero nunca así. Tengo asma así que me costó muchísimo respirar y ver. Mi amigo —otro periodista, que también recibió un impacto encima del ojo— me ayudó a dar la vuelta a la esquina para alejarnos de esa gran nube de gas. Estábamos tosiendo y no podíamos respirar”. Mena sufrió una conmoción cerebral y compartió su informe médico con Human Rights Watch.
Agentes del sheriff fueron desplegados en las calles cercanas, donde también se habían reunido manifestantes.
Nick Stern, fotoperiodista británico afincado en Los Ángeles, llegó a la zona hacia las 15:00 h y observó un cordón de agentes del sheriff enfrentándose a un grupo de unas 150 personas más al oeste, a lo largo de Alondra Boulevard. “Llegamos al lugar al oír disparos de munición de letalidad reducida”, explicó. Stern indicó que los agentes parecían estar disparando proyectiles contra la multitud y que algunas personas respondieron lanzando botellas de agua de plástico. Más tarde, según relató, algunas personas también arrojaron piedras y encendieron fuegos artificiales. No obstante, precisó que quienes protestaban se encontraban a entre 45 y 60 metros de distancia de los agentes, por lo que los objetos que arrojaban caían al suelo sin llegar a alcanzarlos.
A partir de las 19:30 h, Stern contó que “el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles lanzó una lluvia de munición de letalidad reducida: proyectiles de espuma dura, granadas aturdidoras, pelotas de pimienta. Parecía una zona de combate”. Stern afirmó que se encontraba claramente identificado como periodista, con su credencial de prensa visible y una cámara profesional de gran tamaño. A las 20:50 h, estaba de pie en medio de la calle, cerca de un grupo de personas. En ese momento, relató: “Nadie cerca de mí tenía piedras, botellas ni fuegos artificiales. Solo ondeaban banderas”. Entonces, de pronto, “sentí un dolor insoportable en el muslo derecho. Instintivamente puse la mano y noté algo sólido clavado en mi pierna”.
Un transeúnte grabó el momento. En el vídeo, Stern está de pie en medio de la calle, a unos 45 metros del cordón policial, cuando se oye una explosión y se ve un destello a solo un metro de distancia. A continuación, se le ve sujetándose la pierna, tambaleándose y alejándose del lugar.
Un grupo de manifestantes lo llevó hasta la acera, donde una persona voluntaria le cortó el pantalón y le aplicó un vendaje para detener la hemorragia. Stern perdió brevemente el conocimiento. “Fue muy angustiante”, dijo. “Cuando volví en mí, no sabía dónde estaba ni quiénes eran esas personas”. Lo trasladaron de inmediato al hospital. Al día siguiente fue operado para extraerle un objeto de plástico duro de 7,5 cm de largo que, al parecer, contenía un dispositivo explosivo o una granada aturdidora.
Stern permaneció hospitalizado durante tres noches. Cuando Human Rights Watch lo entrevistó una semana después del incidente, seguía con dolores y mayormente postrado en cama.
Centro de Los Ángeles, del 6 al 14 de junio
Después de que las personas detenidas en Ambiance Apparel fueran trasladadas al Centro Metropolitano de Detención el 6 de junio, manifestantes se congregaron cada tarde y noche, hasta al menos el 14 de junio, frente al centro y en los alrededores. El tamaño de las protestas varió, siendo las más numerosas las del 8 y el 14 de junio. A continuación, se detallan algunos de los incidentes documentados por Human Rights Watch.
8 de junio
Miles de personas se manifestaron en el centro de Los Ángeles el 8 de junio. Soldados de la Guardia Nacional se desplegaron frente al Centro Metropolitano de Detención, agentes de policía formaron cordones en toda la zona circundante y numerosos efectivos de la Patrulla de Caminos de California se ubicaron en la autopista 101 y sus alrededores. Human Rights Watch entrevistó a seis personas que participaron en la protesta.
Según dos testigos, la Guardia Nacional comenzó a lanzar gas lacrimógeno contra la multitud a primera hora de la tarde. Un reportero de Los Angeles Times que se encontraba en el lugar describió la protesta como “pacífica” hasta que integrantes de la Guardia Nacional cargaron contra la multitud y lanzaron granadas de gas lacrimógeno y humo. Para las 14:00 o 15:00 h, grandes grupos de personas manifestantes se habían reunido en la calle Alameda, entre las calles Temple y Aliso, a ambos lados del centro de detención. En la intersección de Alameda y Temple, la policía llegó con equipo antidisturbios y comenzó a disparar proyectiles de letalidad reducida contra la multitud, según relataron tres testigos.
Las acciones de la policía dispersaron a las personas, justo cuando otro grupo aún más numeroso se dirigía a la zona. Algunas se dirigieron hacia las calles Los Angeles y Temple, cerca del Ayuntamiento, donde agentes dispararon proyectiles de impacto cinético y usaron caballos para empujar a las personas manifestantes. Dos testigos dijeron haber visto a agentes golpear a una persona con porras.
Mientras tanto, otro grupo de manifestantes se encontraba cerca de la autopista 101, al norte del Centro Metropolitano de Detención. Una persona que se encontraba en esa zona relató que, en un primer momento, agentes de la Patrulla de Caminos bloquearon el acceso a la autopista, pero luego se retiraron. Una vez libre la rampa, unas pocas decenas de manifestantes descendieron y accedieron a la autopista, donde desplegaron una pancarta. La Patrulla de Caminos estableció un cordón policial y expulsó a las personas de la autopista mediante el uso de la fuerza, incluidos gases lacrimógenos, y detuvo a algunas de ellas.
Mientras la policía disparaba contra manifestantes cerca del Ayuntamiento y atendía la situación en la autopista, otro grupo vandalizó e incendió cinco vehículos autónomos de la empresa Waymo que se encontraban vacíos en la calle Alameda, apenas al norte de la protesta. No hubo respuesta por parte de la policía. Más tarde ese día, y ya entrada la noche, después de que la mayoría de las personas manifestantes se hubiera dispersado, pequeños grupos vandalizaron edificios gubernamentales con grafitis y algunas personas, desde una calle elevada sobre la autopista, lanzaron objetos —incluidos trozos de hormigón— contra coches patrulla y agentes ubicados en la autopista.
Dos personas voluntarias del equipo médico de calle afirmaron haber atendido a múltiples personas heridas por proyectiles el 8 de junio. Una de ellas describió los cartuchos vacíos de munición propulsora que vio esparcidos por las calles. La otra relató que, tras atender decenas de lesiones —muchas de ellas en la cabeza—, recibió un impacto en la cabeza por un proyectil mientras se encontraba en su coche cerca del Edificio Federal, alrededor de las 18:00 h. Durante casi una semana, sufrió dolores de cabeza, náuseas, visión borrosa y dificultad para concentrarse. También contó que agentes dispararon a su esposo en el pie, lo que le provocó dolor durante varias semanas.
9 de junio
El 9 de junio, las protestas continuaron en el centro de Los Ángeles. Human Rights Watch documentó varios casos en los que agentes dispararon municiones de letalidad reducida a corta distancia y sin justificación, causando lesiones.
Jeremy Lindenfeld, reportero, estaba grabando a la policía mientras corría hacia un grupo de manifestantes cerca de Little Tokyo, alrededor de las 19:30 h. “Llevaba puesto mi casco de prensa, mi credencial visible, y estaba grabando cómo detenían a un manifestante justo frente a mí”, relató. “Lo derribaron, lo redujeron y lo esposaron, y, pocos segundos después... uno de los agentes del LAPD apuntó directamente hacia mí con un lanzador de proyectiles de espuma y disparó”. En un vídeo se le ve retrocediendo después de la detención, y un agente que está a pocos metros le dispara sin previo aviso. Lindenfeld dijo que el impacto le dejó un hematoma en el abdomen.
Alrededor de las 21:30 h, un agente disparó contra tres personas, todas reconocidas por su activismo a favor de la rendición de cuentas policial, a muy corta distancia y con proyectiles de letalidad reducida, justo frente a la sede del cuerpo policial. “Uno de los agentes tenía su lanzador de 40 mm apuntándonos mientras caminábamos junto a la comisaría”, relató una de las personas. “Le preguntamos: ‘¿Qué haces? ¿Nos vas a disparar ahora mismo?’ Al cabo de un minuto, le disparó a mi compañero en la pierna. Tenía las manos en alto cuando recibió el disparo… Yo retrocedí hacia la calle, claramente sin representar ningún tipo de amenaza”, y el agente entonces le apuntó “directamente al estómago y disparó”.
El agente no llevaba visible su nombre ni número de placa en el casco, por lo que la tercera persona se le acercó mientras grababa y le pidió que se identificara. El agente respondió: “Te voy a reventar porque me estás distrayendo”, y le disparó a corta distancia en la zona de la ingle. Pocos segundos después, volvió a dispararle mientras se alejaba.
Días después, las tres personas seguían con dolores. Una de ellas explicó: “Fue como si me hubieran golpeado con una pelota a 150 kilómetros por hora en el estómago. Me duele hasta moverme o levantarme cuando estoy sentado”.
11 de junio
El 11 de junio, manifestantes marcharon desde Pershing Square hasta Grand Park, frente al Ayuntamiento. Para cuando llegaron, alrededor de las 18:15 h, ya se encontraban en el lugar agentes de la policía y del Departamento del Sheriff, estableciendo cordones de seguridad en las escaleras del Ayuntamiento y en el extremo norte de la manzana, en la intersección de las calles Temple y Spring. Las personas coreaban consignas y se encontraban en el parque y en la calle. Un testigo afirmó que la policía emitió una orden de dispersión en la intersección de Temple y Spring, pero no se escuchó el parque, donde estaba la mayoría de las personas, y no se repitió.
Hacia las 18:30 h, Human Rights Watch observó cómo agentes formaban cordones para cerrar el acceso a la zona y disparaban granadas aturdidoras. Alrededor de las 18:45 h, agentes de policía y del sheriff comenzaron a disparar, aparentemente, pelotas de pimienta y otros proyectiles de impacto cinético contra personas en el parque.
A las 18:53 h, Human Rights Watch vio a agentes montados a caballo avanzar contra manifestantes que huían de esa zona del parque. Uno de los agentes embistió con su caballo a una manifestante que se alejaba caminando de espaldas, derribándola. Inmediatamente, varios agentes montados se dirigieron hacia ella. Otras personas manifestantes corrieron hacia allí para ayudarla. Un agente desenfundó su porra, la blandió y golpeó al caballo de otro agente en la cabeza, para luego golpear a una persona manifestante. Otro agente disparó un proyectil a corta distancia hacia el grupo.
Los agentes continuaron expulsando a la multitud de la zona. Hacia las 19:20 h, en la intersección de Hill Street y 1st Street, investigadores observaron cómo los agentes formaban un cordón de seguridad en 1st Street, bloqueando a las personas manifestantes que eran empujadas por otra línea de agentes desde el parque por Hill Street, atrapándolas en una táctica conocida como kettling. Los agentes detuvieron a decenas de personas, incluidas varias observadoras legales identificables por sus gorras verdes, y las trasladaron a una comisaría a más de 11 kilómetros de distancia. Una de las personas arrestadas y una abogada que representaba al grupo señalaron que fueron multadas y liberadas esa misma noche.
Protesta “No Kings”, 14 de junio
El 14 de junio, decenas de miles de personas se congregaron en el centro de Los Ángeles para protestar contra el Gobierno de Trump en general —algunas como parte de la movilización nacional “No Kings”— y, en particular, contra las redadas del ICE en la región.
Un investigador de Human Rights Watch que llegó a primera hora de la tarde describió un ambiente festivo hasta aproximadamente las 15:30 h. En ese momento, una línea de agentes comenzó a avanzar hacia el sur por la calle Alameda en dirección al Centro Metropolitano de Detención, mientras otro grupo establecía un cordón de seguridad en la calle Temple, lo que parecía indicar una posible intención de encerrar a las personas manifestantes mediante kettling. El investigador de Human Rights Watch y otras personas abandonaron la zona por Temple Street para evitar posibles detenciones.
Entre las 16:00 y las 16:06 h, Human Rights Watch observó cómo un cordón de seguridad de agentes montados cargó contra una multitud que coreaba consignas en la calle Los Angeles, justo al noreste del Edificio Federal. No se escuchó ninguna orden de dispersión ni se observó ningún acto violento o destructivo que pudiera justificarla legalmente. Los agentes empujaron a las personas que huían por la calle Los Angeles, apuntándoles con armas de letalidad reducida, mientras los caballos estuvieron a punto de atropellar a varias personas. En la intersección de las calles Los Angeles y Temple, los agentes dispararon gases lacrimógenos y proyectiles de letalidad reducida contra la multitud.
En las calles Temple y Spring, los agentes formaron un cordón de seguridad y dispararon una andanada de proyectiles de espuma dura. Durante varias horas, la policía continuó disparando armas de letalidad reducida mientras avanzaba por diferentes calles del centro.
Un manifestante comentó que le había sorprendido ambiente “alegre” de la protesta hasta que la policía, sin emitir una orden de dispersión clara, atacó a la multitud aparentemente al azar. Mientras huía, giró desde Broadway hacia la calle 4. En ese momento, un agente le disparó en la cabeza con un proyectil de letalidad reducida. Dijo que sintió como si le hubieran golpeado con un bate de béisbol. Cayó al suelo y perdió el conocimiento. Otras personas le ayudaron a alejarse y un médico voluntario le prestó primeros auxilios. Al día siguiente, en urgencias, le diagnosticaron una conmoción cerebral con hematomas cerebrales extensos, además de un corte en la oreja y entumecimiento en un brazo.
Otro manifestante, Sergio Espejo, ingeniero de datos y artista de 28 años, se unió a la protesta ondeando una bandera estadounidense y coreando “¡Protesta pacífica!” junto con otras personas. Al llegar al Palacio de Justicia junto al Ayuntamiento, vio llegar a agentes del sheriff con escudos al otro lado de la calle. Espejo relató que los agentes gritaron algo ininteligible por los altavoces y, acto seguido, lanzaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra la multitud. Alrededor de las 17:00 h, un agente disparó un artefacto que explotó al impactar en la mano de Espejo. “En cuanto me dieron, caí al suelo, y enseguida me alcanzó el gas lacrimógeno”, explicó. “No podía respirar”. Un médico voluntario le atendió antes de que lo llevaran de urgencia al Hospital General de Los Ángeles, donde fue operado ese mismo día. La explosión le amputó los cinco centímetros superiores del dedo índice izquierdo. Espejo es zurdo, y su capacidad para trabajar y crear arte quedó gravemente afectada. Human Rights Watch revisó su informe médico, así como fotos y videos de la lesión.
Christopher Fernández, enfermero de cuidados intensivos en un hospital local, acudió a la protesta con un carrito lleno de material médico para atender a personas heridas. Relató que todo se mantuvo tranquilo hasta las 16:00 h, cuando la policía empezó a usar gas lacrimógeno y disparar proyectiles de letalidad reducida contra la multitud. Durante varias horas, trató a entre 20 y 30 personas, incluidas una docena de personas con lesiones provocadas por proyectiles de impacto, cinco de ellos con heridas en la cabeza —una de ellas era una mujer embarazada—. Un hombre había perdido la audición y sangraba por el oído derecho a causa de la explosión de una granada aturdidora. Fernández usó un asta de bandera como férula improvisada para un hombre con una pierna rota y ayudó a muchas personas a enjuagarse los ojos tras la exposición a irritantes químicos.
En medio de todo esto, un agente disparó contra Fernández con lo que parecía ser un proyectil de espuma dura de 40 mm, que le impactó en la parte posterior del muslo izquierdo y le provocó una herida abierta de unos 5 por 7,5 cm que alcanzaba el músculo.
Desde que llegó a la protesta, alrededor de las 11:00 h, hasta que se fue poco antes de las 20:00 h, Fernández solo observó dos incidentes de violencia por parte de manifestantes: en ambos casos, se lanzaron botellas de agua vacías hacia el cordón policial. “Ambas veces, mucha gente gritó: ‘¡Eh, no hagas eso!’ Nunca vi que se hiriera a ningún agente ni que se usara la fuerza contra ellos”.
La violencia abrumadora por parte de la policía hizo que Fernández sintiera que estaba en “una película de guerra”. Relató: “El caos. El estruendo de todo. Solo iba de un grito a otro: ‘¡Médico, médico!’, una y otra vez, durante horas... Gente sangrando de la cabeza o la cara, que necesitaba orientación sobre si debían acudir al hospital. Nunca había vivido algo así”.
Fernández nunca oyó a los agentes emitir órdenes de dispersión ni advertencias sobre el uso de la fuerza. Tampoco respondieron cuando él y otras personas les preguntaron adónde podían ir con seguridad. “Fue realmente frustrante”, dijo. “No recibimos ninguna orientación, y todo resultaba muy confuso”.
Cuando Human Rights Watch habló con él, Fernández llevaba seis semanas sin poder trabajar y aún tenía dificultades para caminar o doblar la rodilla.
