(Washington D.C.) – El proyecto de ley de conciliación presupuestaria que aprobó hoy el Senado de Estados Unidos establecería recortes impositivos que benefician desproporcionadamente a las familias más ricas del país, y a la vez reduciría el gasto en salud y otros programas públicos esenciales para los derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. De promulgarse, despojaría a millones de personas de la cobertura del seguro de salud y menoscabaría los derechos de muchas otras formas.
“Es desolador que el presidente Trump haya hecho campaña prometiendo arreglar la economía, y ahora proponga un presupuesto que hace que las personas de a pie paguen con su salud los beneficios fiscales para los millonarios”, opinó Matt McConnell, investigador sobre justicia y derechos económicos de Human Rights Watch. “Estados Unidos merece un sistema sanitario que asegure el derecho humano a la salud de todas las personas, y un presupuesto que lo haga posible”.
El proyecto de ley, que tiene una extensión de casi 1.000 páginas y que recibe el nombre oficial de One Big Beautiful Bill Act (Un gran y hermoso proyecto de ley), propone reconfigurar la forma en que el gobierno estadounidense recauda y gasta fondos. Prevé ampliar y profundizar los cuantiosos recortes impositivos que, según concluyó la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo de investigación gubernamental apartidista, benefician por diferencia abrumadora a los sectores ricos, y reducirían drásticamente el apoyo federal a los programas y servicios públicos, incluidos aquellos esenciales para el derecho a la salud.
Estados Unidos debería alinear sus políticas fiscales y presupuestarias con los estándares de derechos humanos. Eso implica priorizar la protección y el cumplimiento de todos los derechos, incluido el derecho a la salud, y diseñar sistemas tributarios que sean compatibles con esos imperativos. Este proyecto de ley haría justamente lo contrario, expresó Human Rights Watch.
Funcionarios de la Oficina de Presupuesto estimaron que la versión del proyecto que aprobó la Cámara de Representantes reduciría en USD 1600 por año los recursos económicos disponibles para el 10 % de los hogares con ingresos más bajos. Esto disminuiría sus ingresos en un promedio de, aproximadamente, el 4 %. La Oficina de Presupuesto también concluyó que los cambios a las disposiciones fiscales federales que incluye el proyecto de ley, en particular la extensión de las disposiciones de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017, que se promulgó a través de la conciliación presupuestaria durante la administración anterior de Trump, aumentarían los recursos económicos para el 10 % de los hogares más ricos, en alrededor de USD 12.000 por año, y elevarían sus ingresos en un promedio de alrededor del 2,3 %.
Este aumento drástico de la carga económica que soportan los hogares más pobres en EE. UU. es, en gran parte, el resultado de medidas no tributarias que también se incluyeron en el presupuesto, como recortes importantes en el gasto para atención de la salud, asistencia alimentaria y otros programas públicos críticos. Estos recortes disminuirían la disponibilidad de la atención de la salud, y harían que sea más costosa y de peor calidad para millones de personas.
Medicaid, el programa público que proporciona seguro médico a más de 71 millones de personas de bajos ingresos, sería el más afectado por esta austeridad. La cobertura de otros seguros de salud públicos y de gestión pública, incluido el Programa de Seguro de Salud Infantil, también se vería notablemente restringida, sobre todo para inmigrantes. A través de una reducción contundente de los fondos federales y una multiplicidad de cambios en leyes y políticas, que incluyen expandir requisitos laborales que son costosos e injustificados, el proyecto disminuiría radicalmente el número de personas con cobertura de seguro de salud en EE. UU.
Un informe de la Oficina de Presupuesto determinó que, en la versión del proyecto que aprobó hoy el Senado, hay disposiciones que implicarían que cerca de 11,8 millones de personas pierdan la cobertura de seguro de salud y queden sin seguro para el año 2034. Esto aumentaría en casi un 50 % la cantidad de personas sin seguro en EE. UU., y expondría a millones de personas a costos elevados de medicamentos y hospitalarios, lo cual obligaría a muchas a renunciar a la atención médica o racionarla.
Los cambios vinculados con Medicaid también podrían reducir radicalmente el financiamiento que reciben muchos proveedores de atención de la salud, en particular los hospitales rurales y los denominados hospitales de “red de seguridad”, que brindan atención a comunidades mayormente de ingresos bajos, lo cual podría empeorar la disponibilidad de atención de la salud en muchos lugares. Esto perjudicaría de manera desproporcionada a los hogares de ingresos bajos y conformados por personas negras e hispanas.
El proyecto de ley también establece otras medidas que tendrían impactos negativos profundos para la salud. Limitaría sustancialmente el financiamiento federal destinado a servicios esenciales para el derecho a la salud de mujeres, jóvenes y las comunidades de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, lo que incluye bloquear los pagos de Medicaid a Planned Parenthood, un importante proveedor de servicios de salud sexual y reproductiva y afirmación de género. Asimismo, eliminaría el financiamiento para programas destinados a reducir la contaminación del aire, uno de los principales factores que propician los resultados deficientes sanitarios y que contribuyen a profundizar las desigualdades raciales en materia de salud.
El proyecto legislativo también ajustaría incluso más el gasto del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que es el programa contra el hambre más importante del país, y esto conllevaría que más de 3 millones de personas pierdan la asistencia alimentaria, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto.
En conjunto, estos recortes y cambios pondrían en riesgo la salud de millones de personas en EE. UU. y la vida de muchas otras. En junio, investigadores de la Universidad de Yale y la Universidad de Pensilvania estimaron que estos cambios podrían causar 51.000 muertes más cada año.
El proyecto de ley presupuestaria también establece otras disposiciones que son perjudiciales para los derechos. Procura destinar decenas de miles de millones de dólares de fondos públicos —y tal vez muchos recursos más— a ampliar la detención inmigratoria, incluso para familias. Las violaciones ya informadas ocurridas en el contexto del control inmigratorio no harían más que agravarse, entre otras cosas, mediante la detención arbitraria, la denegación del debido proceso y las condiciones de detención inhumanas.
El Senado debe ahora trabajar con la Cámara de Representantes de EE. UU. para conciliar las diferencias entre las dos versiones de la ley aprobadas en ambas cámaras. Los miembros de la Cámara de Representantes deben aprovechar esa segunda oportunidad para rechazar el proyecto de ley, manifestó Human Rights Watch.
“Este proyecto impone recortes draconianos y la transferencia masiva de riqueza, que pasaría de los bienes públicos a manos privadas, no es una solución a la desigualdad económica ni tampoco para gestionar los procedimientos de inmigración y asilo”, afirmó McConnell. “Es, más bien, un modelo para la crueldad”.
