La economía gig se rige por reglas ocultas. Cada día, millones de trabajadores en Estados Unidos se conectan a aplicaciones como Uber, DoorDash y Amazon Flex para ganarse la vida, sin saber cuánto se les pagará, cómo se asignan los trabajos o si pueden ser expulsados de una plataforma y por qué.
Un nuevo proyecto de ley en el Congreso podría cambiar eso.
El 24 de julio, los senadores Brian Schatz y Chris Murphy presentaron la Empowering App-Based Workers Act, una propuesta histórica para aportar a los trabajos temporales la transparencia y la equidad que tanto necesitan. Si se aprueba, obligaría a las empresas de plataformas a revelar cómo utilizan los algoritmos para gestionar, pagar, asignar el trabajo y suspender a los trabajadores.
Limitaría la fijación de salarios mediante algoritmos y establecería límites claros a los datos que pueden recopilar las empresas, incluidos los relativos a la situación migratoria, la salud, la discapacidad y la orientación sexual. También garantizaría a los conductores de vehículos compartidos al menos el 75 % de cada tarifa y prohibiría a las empresas pagar de forma diferente a los trabajadores por el mismo trabajo.
Se necesitan urgentemente reformas ambiciosas. Human Rights Watch ha descubierto que los trabajadores de plataformas que encuestamos en Texas ganan solo 5,12 dólares la hora después de gastos, alrededor del 70 por ciento menos que el salario mínimo vital. Algunos no ganan nada. No tienen seguro médico, vacaciones pagadas ni protección por desempleo. Muchos son despedidos sin previo aviso, sin explicación y sin recurso alguno.
Estados Unidos es una de las economías gig más grandes del mundo. Alrededor del 16 % de los estadounidenses han trabajado para una aplicación, en su mayoría personas de color. Debido a que muchas empresas clasifican erróneamente a los trabajadores de plataformas como contratistas independientes, estos trabajadores quedan excluidos de muchas de las protecciones laborales garantizadas tanto por la legislación estadounidense como por el derecho internacional de los derechos humanos.
Este proyecto de ley ayudaría a los trabajadores a acceder a sus derechos. Obligaría a las empresas a emitir recibos semanales y por trabajo que muestren las horas trabajadas, el salario por hora y la cantidad de cada tarifa que se queda la empresa. Obliga a informar públicamente al Departamento de Trabajo, lo que ayuda a los reguladores y al público a exigir responsabilidades a las empresas.
Es fundamental que el proyecto de ley establezca un mínimo federal, y no un máximo, lo que significa que los estados y las ciudades pueden aprobar protecciones más estrictas.
La transparencia no lo solucionará todo. Pero es un primer paso fundamental hacia la rendición de cuentas y la reducción de la desigualdad. Los legisladores deben apoyar este proyecto de ley y empezar a proteger a los trabajadores que impulsan la economía gig.
