El 4 de agosto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió una orden de detención domiciliaria contra el expresidente Jair Bolsonaro y le prohibió utilizar el celular por presuntamente violar las medidas cautelares impuestas por un proceso relacionado con coacción contra el Tribunal y otros delitos. Esta medida se produjo después de las sanciones impuestas a los ministros del Supremo Tribunal Federal y de los aranceles contra Brasil por parte de la administración Trump bajo el pretexto de defender la libertad de expresión.
Brasil necesita un debate abierto, civilizado e informado sobre la libertad de expresión y la regulación de las redes sociales. Sin embargo, el doble rasero de Trump en materia de libertad de expresión y sus medidas inaceptables para coaccionar al Supremo Tribunal Federal de Brasil con el propósito de ayudar a Bolsonaro, empañan aún más un debate fundamental sobre el futuro de la libertad de expresión en Brasil.
En los últimos años, Brasil ha sufrido los efectos de la desinformación y las noticias falsas, incluyendo acusaciones infundadas de fraude electoral y ataques a las instituciones democráticas que circularon en internet incluso después de haber sido desmentidas.
Ante la inacción de las plataformas de redes sociales y del Congreso para frenar el flujo de desinformación en línea, el Supremo Tribunal Federal de Brasil intervino. Como parte de su accionar, el juez Alexandre de Moraes y el pleno del Supremo Tribunal han tomado decisiones problemáticas, incluyendo la suspensión de cuentas de redes sociales sin la transparencia adecuada, la transformación del régimen de responsabilidad de Brasil de manera que podría incentivar a las plataformas a censurar contenidos legítimos y, en algunos casos, lo que podría ser una prohibición excesivamente amplia del uso de las redes sociales.
Sin embargo, los brasileños que valoran el papel del Supremo Tribunal Federal, pero no están de acuerdo con algunas de las sentencias, se han mostrado reacios a expresar sus opiniones por temor a que sus preocupaciones sean tomadas por los seguidores de Bolsonaro como una herramienta para atacar la independencia judicial.
El Supremo Tribunal Federal fue un contra peso clave frente a las tendencias autoritarias de Bolsonaro cuando era presidente (2019-2022), al anular o suspender políticas contrarias a los derechos humanos. El 8 de enero de 2023, tras la derrota electoral de Bolsonaro y su salida del poder, una multitud de seguidores descontentos con los resultados de las urnas irrumpió en el imponente edificio del Supremo Tribunal Federal, así como en las sedes de los otros dos poderes, mientras clamaban por un golpe militar.
Hasta la fecha, los partidarios de Bolsonaro parecen decididos a desmantelar el Supremo Tribunal Federal o sustituir a sus ministros por aliados complacientes. Sus ataques se centran en el ministro Alexandre de Moraes, relator del juicio contra Bolsonaro y otras personas involucradas en una supuesta conspiración para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva, elegido democráticamente, asumiera el cargo en 2023. Los fiscales alegan que la conspiración incluía un plan para asesinar a Lula, Moraes y al vicepresidente Geraldo Alckmin.
Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y miembro del Congreso, se mudó a Washington D. C. a principios de este año y ha estado presionando al gobierno de los Estados Unidos para que tome medidas que obliguen al Supremo Tribunal Federal de Brasil a tomar decisiones que beneficien a su padre.
Trump se ha mostrado receptivo.
El 18 de julio, su administración revocó el visado estadounidense de Moraes, “sus aliados en el tribunal” y sus familiares. La prensa brasileña informó que Estados Unidos eximió de sanciones a dos jueces nombrados por Bolsonaro y a un tercer juez que ha emitido opiniones favorables al expresidente en los casos contra él y en el caso sobre el ataque a las instituciones democráticas en 2023. El mensaje era claro: si un juez vota en contra de Bolsonaro, corre el riesgo de ser sancionado por Trump.
El 30 de julio, el gobierno estadounidense emitió un decreto ejecutivo que impuso aranceles del 50 % a Brasil, sin siquiera pretender alegar motivos económicos. El decreto argumenta que Brasil merece ser castigado por perseguir a Bolsonaro y por violaciones a la libertad de expresión, incluyendo acciones que supuestamente perjudicaban a empresas estadounidenses. El gobierno estadounidense también se burló de la Ley Magnitsky, creada para sancionar a funcionarios corruptos y a los responsables de torturas, asesinatos y otros graves abusos de derechos humanos, al utilizarla contra Moraes.
Las acusaciones de Trump sobre que el proceso contra Bolsonaro tiene motivaciones políticas ignoran la realidad: el juicio se basa en pruebas sustanciales. Son más bien las acciones de Trump las que tienen motivaciones políticas y no responden al interés de la justicia. El presidente estadounidense ha utilizado cínicamente la Ley Magnitsky para intentar proteger a Bolsonaro, en lugar de utilizarla contra los funcionarios que son realmente responsables de violaciones muy graves de derechos humanos. Al mismo tiempo, Trump ha hecho uso de otras facultades que le confiere la legislación estadounidense para proteger a sus aliados de procesos judiciales en su contra, en lugar de impulsar que los autores de graves violaciones de derechos humanos rindan cuentas. Un ejemplo de ello es la imposición de sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional, que ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y un exministro de Defensa israelí.
Además, la defensa de la libertad de expresión de Trump suena vacía cuando su administración detiene arbitrariamente y trata de deportar a personas que no son ciudadanas estadounidenses y sanciona a una experta en derechos humanos de la ONU como represalia por su trabajo en torno a Palestina. Por otra parte, Trump y sus aliados políticos, entre los que se encuentran los dirigentes de algunas importantes empresas tecnológicas, han tachado de censura cualquier intento de moderar el contenido o de exigir responsabilidades a las empresas tecnológicas por sus acciones y en algunos casos han impuesto restricciones a la concesión de visados.
Sin duda, las decisiones del Supremo Tribunal Federal han afectado la libertad de expresión de los brasileños. Pero el hecho de que un país extranjero utilice sanciones para presionar a los jueces para que cambien sus decisiones erosiona los derechos de los brasileños a tener un poder judicial independiente y a la igualdad ante la ley. Las sentencias del Supremo Tribunal Federal suponen una oportunidad para que los brasileños y el Congreso debatan una regulación de las redes sociales que respete estos y otros derechos.
Los brasileños tienen derecho a debatir cuáles deben ser los límites razonables de la libertad de expresión y cómo garantizar que las redes sociales sean espacios seguros para todos, incluyendo las minorías. Deben poder estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones del Supremo Tribunal Federal o con los proyectos de ley del Congreso sin temor a que sus opiniones sean usadas y explotadas por quienes quieren desmantelar las instituciones democráticas.
*Una versión de este artículo se publicó en portugués en Correio Braziliense.
