(La Haya) – La decisión de los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de detención contra altos líderes israelíes y un funcionario de Hamás en un contexto de fuerte oposición a esa medida — incluso por parte de Estados Unidos e Israel — amerita el apoyo internacional, señaló hoy Human Rights Watch.
El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant de Israel, así como contra Mohammed Diab Ibrahim al-Masri (“Mohammed Deif”), comandante en jefe del brazo militar de Hamás, las Brigadas Qassam.
“Las órdenes de detención de la CPI contra altos líderes israelíes y un funcionario de Hamás derrumban la percepción de que algunas personas están fuera del alcance de la ley”, expresó Balkees Jarrah, directora asociada de Justicia Internacional de Human Rights Watch. “Esto es incluso más importante ante los intentos temerarios de obstruir la acción de la justicia en la corte. Que la CPI pueda cumplir eficazmente su mandato dependerá de la voluntad de los gobiernos de apoyar la justicia, con independencia de dónde se cometan los abusos y quiénes los cometan”.
Los magistrados de la corte concluyeron que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza desde, al menos, el 8 de octubre de 2023, que incluyen hambruna de civiles, ataques deliberados contra la población civil, homicidios y persecuciones. Los magistrados determinaron que había motivos razonables para creer que Deif es responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Israel y Gaza desde, al menos, el 7 de octubre de 2023, que incluyen exterminio, homicidio y toma de rehenes.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, había anunciado el 20 de mayo que había pedido a los magistrados de la corte que emitieran órdenes de detención contra Netanyahu, Gallant, Deif, el entonces jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y el ex jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh. La Fiscalía que dirige Khan retiró la solicitud contra Haniyeh después de que fuera asesinado, el 31 de julio, mientras visitaba Teherán para asistir a la asunción presidencial en Irán. Los magistrados también informaron que el fiscal retiró la solicitud contra Sinwar luego de que se confirmara su muerte.
El análisis por los magistrados de la CPI de las solicitudes de Khan se aplazó cuando el Reino Unido pidió autorización, el 10 de junio, a efectos de presentar un memorial en calidad de amicus curiae (“amigos del tribunal”) para sostener que los Acuerdos de Oslo —el acuerdo de 1993 entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina— excluían la competencia de la corte respecto de nacionales israelíes. La iniciativa parecía tener como objetivo retrasar una decisión, dado que otro panel de magistrados de la CPI había confirmado previamente el mandato de la corte, señaló Human Rights Watch.
Los magistrados accedieron a la petición del Reino Unido y, posteriormente, permitieron que otros 63 Estados, organizaciones intergubernamentales, académicos, funcionarios de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil presentaran también informes en calidad de amicus sobre el tema. Palestina participó en el proceso, pero Israel no hizo una presentación en ese momento.
El Reino Unido desistió de su iniciativa tras el cambio de gobierno en julio, pero el proceso que puso en marcha finalmente demoró la decisión de los magistrados con respecto a las órdenes. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y REDRESS habían exhortado en julio al nuevo secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, a que desistiera del plan del gobierno anterior del Reino Unido de presentar un memorial de amicus.
En agosto, las organizaciones también presentaron un memorial de amicus junto con Open Society Justice Initiative y el European Center for Constitutional and Human Rights, en el que afirmaron que los Acuerdos de Oslo son irrelevantes para la decisión y que no impiden que el tribunal ejerza su competencia.
El 23 de agosto, la Fiscalía dirigida por Khan presentó su contestación a todos los memoriales de amicus y pidió a los magistrados de la corte que tomaran una decisión con respecto a su solicitud de órdenes de detención con el “máximo sentido de la urgencia”. Israel presentóun memorial el 23 de septiembre, en el cual impugnó la competencia de la CPI y pidió a los magistrados de la corte que desestimaran las solicitudes de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant. La Fiscalía de Khan respondió el 27 de septiembre instando a los magistrados de la CPI a que rechazaran el recurso de Israel. El 21 de noviembre, los magistrados consideraron que tal recurso era “prematuro” y lo desestimaron.
El anterior panel de magistrados de la CPI llegó a la conclusión, en febrero de 2021, de que la CPI tiene competencia respecto de la situación en Palestina tras una solicitud planteada en enero de 2020 por la ex fiscal, Fatou Bensouda, en la que requería su orientación sobre el tema. En diciembre de 2019, la Fiscalía a cargo de Bensouda concluyó una investigación preliminar que se extendió durante casi cinco años sobre la situación palestina, y determinó que se habían cumplido todos los criterios necesarios para dar curso a una investigación formal. Su Fiscalía abrió una investigación en marzo de 2021.
Palestina se convirtió en miembro de la CPI en 2015 y dio a la corte un mandato desde el 13 de junio de 2014, para abordar crímenes graves cometidos en su territorio o por sus nacionales desde esa fecha, incluidas las hostilidades de 2014 en Gaza. En mayo de 2018, Palestina pidió formalmente a la fiscal de la CPI que investigara y reafirmó su compromiso de cooperar con la corte. Israel suscribió el tratado de la CPI, pero no lo ha ratificado, y en 2002 anunció que no tenía intención de convertirse en miembro de la corte.
En noviembre de 2023, Bangladés, Bolivia, Comoras, Yibuti y Sudáfrica, todos países miembros de la CPI, remitieron la situación en Palestina al fiscal de la corte, alegando numerosos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio.
Ese mismo mes, varias organizaciones no gubernamentales palestinas presentaron un escrito instando al fiscal de la CPI a considerar la posibilidad de incluir los crímenes de apartheid y genocidio como parte de su investigación en curso. México y Chile también remitieron la situación de Palestina al fiscal de la corte en enero de 2024.
La decisión de emitir las órdenes de detención se produce en momentos en que la corte enfrenta una presión sin precedentes, indicó Human Rights Watch. En abril, en medio de especulaciones sobre la inminencia de las órdenes, 12 senadores estadounidenses amenazaron con sancionar a Khan si impulsaba casos contra altos funcionarios israelíes. Netanyahu también instó a los gobiernos a actuar para que la corte no emitiera órdenes de detención. La Fiscalía de Khan denunció las amenazas, y señaló que la CPI también puede procesar a personas por obstruir la justicia.
A finales de mayo, The Guardian, +972 Magazine y Local Call informaron que, durante nueve años, funcionarios israelíes han realizaron tareas de vigilancia de altos funcionarios de la CPI como parte de una operación secreta para frustrar la investigación de la corte sobre Palestina. El 4 de junio, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley destinado a imponer sanciones contra la CPI, sus funcionarios y aquellos que apoyen investigaciones en la corte que involucran a ciudadanos estadounidenses o aliados.
El 14 de junio, 94 países miembros de la CPI expresaron su “apoyo indeclinable” a la corte ante estas amenazas. La declaración conjunta se produjo tras expresiones similares de apoyo por parte de varios países miembros de la CPI, incluidos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, el alto representante de la Unión Europea, expertos de la ONU y organizaciones no gubernamentales. Los países miembros de la CPI deben reafirmar una vez más su compromiso de defender a la corte, a sus funcionarios y a quienes cooperan con ella frente a toda injerencia y presión política, indicó Human Rights Watch.
El 17 de noviembre, el líder de la mayoría entrante en el Senado, John Thune, pidió una acción inmediata respecto de la legislación de la Cámara de Representantes de EE. UU. y prometió impulsar sanciones como una de “las principales prioridades del próximo Congreso”.
Además de mensajes políticos enérgicos en defensa de la justicia, los miembros de la CPI también deberían adoptar medidas concretas para limitar o, cuando sea posible, anular los efectos de las posibles sanciones contra la corte. Esto debería incluir la adopción o implementación de leyes de bloqueo nacionales o regionales, como el Estatuto de Bloqueo de la UE.
Debido a que la CPI no cuenta con una fuerza de policía propia, depende de los Estados para colaborar con las detenciones. Todos los países miembros de la CPI están obligados a cooperar en la detención y entrega de las personas buscadas por la corte.
La ausencia de rendición de cuentas por crímenes perpetrados en el contexto de las hostilidades entre Israel y grupos armados palestinos ha propiciado abusos en todo Medio Oriente, incluidos el Líbano y Yemen. El Líbano debe otorgar competencia a la CPI con urgencia para que el fiscal pueda investigar los crímenes internacionales graves que se cometieron allí, indicó Human Rights Watch.
“Estas órdenes de detención deberían movilizar finalmente a la comunidad internacional para que aborde atrocidades y asegurar justicia para todas las víctimas en Palestina e Israel”, indicó Jarrah. “Después de más de medio siglo de impunidad endémica, los responsables de algunos de los crímenes más graves deben asumir las consecuencias para que tanto víctimas como sobrevivientes puedan conseguir algún grado de justicia a la que, por mucho tiempo, no han tenido acceso”.
Abusos desde el 7 de octubre de 2023
El 7 de octubre de 2023, grupos armados palestinos liderados por Hamás, en hechos que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, atacaron el sur de Israel y mataron a más de 800 civiles y tomaron como rehenes a 251 personas. Estos grupos han seguido lanzando proyectiles de manera indiscriminada contra centros de población en Israel.
Las fuerzas israelíes han atacado ilegalmente edificios de viviendas, establecimientos médicos y a personal humanitario, y habrían cometido presuntos crímenes de guerra. También restringieron las evacuaciones por motivos médicos, bloquearon la ayuda humanitaria y utilizaron la hambruna como arma de guerra en la Franja de Gaza, lo que equivale al crimen de guerra de castigo colectivo. Las autoridades israelíes también han causado el desplazamiento forzado, de carácter masivo y deliberado, de civiles palestinos en Gaza desde octubre de 2023 y son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Al menos 44.056 personas han perdido la vida en Gaza desde octubre de 2023, según datos del Ministerio de Salud de Gaza. Las autoridades israelíes han detenido en régimen de incomunicación y han maltratado a miles de palestinos, incluido personal sanitario palestino de Gaza, y hay señalamientos persistentes de torturas.
En la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes siguen utilizando fuerza excesiva, que comprende ataques aéreos, y al menos 736 personas palestinas murieron desde el 7 de octubre. Los ataques por parte de colonos siguen estando en aumento y han desplazado a comunidades palestinas enteras y destruyeron viviendas y escuelas, con el presunto respaldo de soldados israelíes y autoridades israelíes de mayor jerarquía, y confiscaron así terrenos palestinos.
Estos abusos, ya sea en Gaza o en Cisjordania, se producen en un contexto de represión constante de Israel contra la población palestina, emprendida como parte de una política que procura mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos, y que es constitutiva de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución.
La impunidad de estos y otros presuntos delitos sigue siendo la norma. Desde hace tiempo, esto pone de relieve la importancia de que la CPI lleve a cabo una investigación para suplir la brecha en materia de rendición de cuentas, explicó Human Rights Watch.
Otras respuestas internacionales de rendición de cuentas
La Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel han señalado que había “evidencias claras” de crímenes de guerra en Israel y Gaza y que transmitiría información a las autoridades judiciales pertinentes, en particular la CPI. La comisión concluyó, en un informe de octubre, que Israel ha impulsado una política concertada para destruir el sistema de salud de Gaza como parte de un ataque más general contra Gaza, y que cometió crímenes de guerra y el crimen de lesa humanidad de exterminio. Los gobiernos deberían presionar a las autoridades israelíes y palestinas para que cooperen con la CPI y con la comisión.
La investigación de la CPI sobre Palestina se diferencia de los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que resuelve controversias entre Estados y emite opiniones consultivas sobre derecho internacional. La CIJ actualmente está examinando un caso presentado por Sudáfrica en el que se alega que Israel está violando la Convención sobre el Genocidio de 1948.
Si bien es muy probable que un fallo sobre el fondo de ese señalamiento demore años, la CIJ ha ordenado en tres oportunidades a Israel que tome una serie de medidas, entre ellas permitir que se brinden servicios básicos y asistencia humanitaria a Gaza. Las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que Israel continúa haciendo caso omiso de las órdenes de la corte, y que esto tiene consecuencias devastadoras para la población palestina en Gaza.
En julio, la CIJ también emitió una opinión consultiva con múltiples hallazgos sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, como por ejemplo, que la presencia continua de Israel allí es ilegal. La opinión tiene consecuencias significativas para la protección de los derechos humanos en Palestina bajo la ocupación israelí, que lleva 57 años. La opinión surge de una solicitud, planteada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU, de que se consideren las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.
Las conclusiones de la CIJ resultan jurídicamente y moralmente persuasivas y estipulan obligaciones para todos los Estados y para la propia ONU. Dos de sus conclusiones importantes se refieren al apartheid y las reparaciones. Aunque la opinión principal no abordó de manera directa crímenes internacionales, las conclusiones fácticas y jurídicas de la corte, y algunas de las declaraciones separadas de sus jueces, deberían ser consideradas por el fiscal de la CPI en la investigación de crímenes como los de apartheid, persecución, desplazamiento forzado y delitos relativos a asentamientos ilegales en los territorios ocupados.
