(Nueva York) – El descarado ataque militar del gobierno de Trump podría causar un nuevo desastre para los derechos humanos de los venezolanos, señaló hoy Human Rights Watch.
En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo ataques contra Venezuela y detuvo al presidente del país, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes han sido presentados ante un tribunal federal estadounidense por narcotráfico y otros cargos penales.
“Los venezolanos tienen derecho a elegir libremente a sus propios líderes y decidir el futuro de su nación”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Muy por el contrario, Estados Unidos parece dispuesto a promover que continúe el aparato represivo de Maduro mientras este favorezca sus intereses políticos y económicos”.
El presidente Donald Trump declaró el 3 de enero que Estados Unidos “administraría” Venezuela por el momento, sin especificar qué significa ello. Funcionarios estadounidenses han indicado su intención de colaborar con Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro y asumió la presidencia interina el 5 de enero.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que utilizarán su capacidad para endurecer o flexibilizar el bloqueo petrolero en el Caribe, junto con la amenaza de nuevos ataques, para forzar al gobierno venezolano a cumplir con exigencias estadounidenses. Estas incluyen allanar el camino para las inversiones de compañías petroleras estadounidenses en el país y abordar la violencia de pandillas, entre otros objetivos.
Los ataques estadounidenses del 3 de enero habrían tenido como objetivo instalaciones militares y, según informes, causaron la muerte de decenas de oficiales militares y al menos dos civiles. El gobierno cubano, que desde hace tiempo apoya al gobierno de Venezuela, afirmó que murieron 32 oficiales cubanos. En los preparativos para estos ataques, Estados Unidos ejecutó extrajudicialmente al menos a 115 personas en embarcaciones que, según la administración Trump, traficaban drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico.
Tras los ataques del 3 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos presionará al gobierno venezolano para que facilite las inversiones petroleras de empresas estadounidenses, responda a los grupos criminales y rompa vínculos con Irán y Hezbolá. El presidente Trump declaró a la prensa el 5 de enero que, si Venezuela no se “comportaba” correctamente, Estados Unidos lanzaría un “segundo ataque”.
Trump también afirmó que Estados Unidos “administrará” Venezuela hasta que se produjera una “transición sensata”. El gobierno estadounidense no ha especificado cuándo ni cómo se llevaría a cabo la transición, ni si dicho proceso incluiría elecciones libres y justas, la liberación de presos políticos y otras reformas clave en materia de derechos humanos.
En julio de 2024, los venezolanos acudieron masivamente a las urnas a pesar de la represión del gobierno de Maduro. Observadores independientes presentaron datos que muestran que los venezolanos apoyaron abrumadoramente a Edmundo González, quien cuenta con el respaldo de la líder opositora María Corina Machado, para la presidencia. Sin embargo, las autoridades electorales anunciaron la reelección de Maduro.
Tras las elecciones, el gobierno de Maduro llevó a cabo una ola generalizada de violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos de manifestantes y detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de líderes de la oposición, críticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros.
Más de 860 presos políticos permanecen en prisión en Venezuela, según el grupo pro bono Foro Penal. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.
Durante más de una década, los venezolanos han sufrido una crisis humanitaria, que incluye una grave escasez de alimentos y medicamentos. Siete millones de venezolanos han huido del país y otros 14,2 millones tienen graves necesidades humanitarias.
Los líderes latinoamericanos, europeos, canadienses y de otros países deberían impulsar una transición democrática en Venezuela, exigir la liberación de los presos políticos y promover la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano, afirmó Human Rights Watch. Por su parte, el gobierno estadounidense debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
“Los gobiernos extranjeros deberían centrarse en proteger los derechos de los venezolanos que han sufrido durante una década a manos del gobierno de Maduro”, declaró Goebertus. “La decapitación del gobierno venezolano por parte de Trump no ha hecho nada para proteger a los venezolanos de nuevos abusos”.
