- Los gobiernos deberían expresar públicamente su objeción a los ataques ilegales de la administración Trump contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico.
- El orden internacional basado en normas depende de que los países denuncien las violaciones, incluso cuando son cometidas por aliados poderosos.
- Los gobiernos que colaboran con Estados Unidos en esfuerzos contra el narcotráfico deben adoptar medidas para garantizar que no sean cómplices de estas ejecuciones extrajudiciales.
(Washington, DC, 9 de diciembre de 2025) – Los gobiernos que cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico deberían sumarse a los países que se han opuesto públicamente los ataques ilegales de la administración de Donald Trump contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas, señaló hoy Human Rights Watch.
Estos gobiernos —Canadá, Reino Unido, Francia, Países Bajos y otros— también deberían examinar si parte del intercambio de inteligencia con Estados Unidos podría implicarlos en los ataques. Deberían publicar cualquier evaluación jurídica interna sobre si los ataques estadounidenses violan el derecho internacional, utilizar sus relaciones bilaterales para plantear preocupaciones directamente a las autoridades estadounidenses y promover la rendición de cuentas penal individual de las personas responsables.
“El Reino Unido, Canadá y otros países aliados que cooperan con Estados Unidos en esfuerzos contra el narcotráfico cuentan con abundante evidencia de que Estados Unidos está matando ilegalmente a personas en el mar”, afirmó Sarah Yager, directora para Washington de Human Rights Watch. “El orden internacional basado en normas depende de que los países denuncien estas violaciones, incluso cuando son cometidas por aliados poderosos”.
Desde mediados de septiembre de 2025, la administración Trump ha llevado a cabo al menos 23 ataques militares letales contra embarcaciones en el mar Caribe y zonas cercanas del océano Pacífico, que han provocado la muerte de 87 personas, alegando que se trataba de “narcoterroristas” que amenazaban la seguridad de Estados Unidos. Solo se tiene constancia de dos sobrevivientes. Estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales que violan los derechos fundamentales a la vida y al debido proceso, señaló Human Rights Watch. Tanto en virtud del derecho estadounidense como del derecho internacional, las personas acusadas de delitos deben ser detenidas y juzgadas, no ejecutadas sumariamente.
Reino Unido, Francia y Países Bajos tienen una influencia significativa en el mar Caribe debido a sus territorios de ultramar en la región. Los tres gobiernos participan también en la Operación Martillo, una operación multinacional de detección, vigilancia e interdicción contra el narcotráfico que incluye buques de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos, junto con unidades militares y policiales de una docena de países, entre ellos Canadá. Estos países deberían ejercer la debida diligencia y evaluar su cooperación marítima con Estados Unidos para asegurarse de que no corren el riesgo de verse implicados en la campaña de ejecuciones extrajudiciales de la administración Trump, señaló Human Rights Watch.
Australia y Nueva Zelanda, que forman parte de la comunidad de intercambio de inteligencia “Five Eyes” junto con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá —en la que los gobiernos comparten por defecto inteligencia de señales y geoespacial—, también podrían verse involucradas en los ataques y deberían evaluar sus propios riesgos. Según Privacy International, organización que trabaja en la intersección entre tecnología y derechos, los países del marco Five Eyes “dirigen conjuntamente centros operativos donde agentes de múltiples agencias de inteligencia trabajan codo a codo”, y “el nivel de cooperación es tan completo que el producto nacional suele ser indistinguible”.
Autoridades de Barbados, Belice, Brasil, China, Colombia, Francia, Irán, México y Rusia han sido contundentes al afirmar que los ataques estadounidenses violan el derecho internacional. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio declaró públicamente que ningún diplomático presente en una reciente reunión del Grupo de los Siete en Canadá le expresó preocupación alguna directamente. Consultados por la prensa, las ministras de Relaciones Exteriores de Canadá y Australia sugirieron que correspondía a Estados Unidos determinar la legalidad de sus propias acciones.
El 31 de octubre, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos afirmó que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales, señalando que “ninguna de las personas que estaban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificar el uso de fuerza letal en su contra”.
El 2 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por los ataques y exhortó a Estados Unidos a “abstenerse de emplear fuerza militar letal en el contexto de operaciones de seguridad pública; garantizar que cualquier operación contra el crimen o de seguridad cumpla plenamente con los estándares internacionales de derechos humanos; realizar investigaciones prontas, imparciales e independientes sobre todas las muertes y detenciones resultantes de estas acciones; y adoptar medidas efectivas para evitar su repetición”.
Los gobiernos que cooperan con Estados Unidos en esfuerzos contra el narcotráfico deberían adoptar medidas para asegurarse de que no corren el riesgo de ser cómplices de estas ejecuciones extrajudiciales, incluida su cooperación en materia de inteligencia, señaló Human Rights Watch.
“El narcotráfico es un delito grave, pero los gobiernos del mundo han desarrollado formas mejores de enfrentarlo”, afirmó Yager. “Los gobiernos deberían condenar estos ataques contra embarcaciones por ser ilegales e ineficaces.”
